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Más de 120 congresistas piden
eliminar artículo de reforma a la justicia
Más de 120 congresistas de diversas corrientes políticas
presentaron una proposición para eliminar el artículo 7 de la
reforma a la justicia, que propone rebajas de hasta el 50% en
las penas por delitos graves cometidos contra menores de edad.
La propuesta ha surgido en medio de un creciente debate sobre la
necesidad de garantizar una justicia efectiva y rápida para los
delitos que atentan contra la integridad de los niños. El
artículo en cuestión, parte de un proyecto promovido por el
Gobierno Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía,
ha suscitado preocupación debido a sus posibles implicaciones en
casos de homicidio, secuestro y abuso sexual.
La congresista Carolina Arbeláez, de Cambio Radical y una de las
principales impulsoras de la iniciativa, expresó su descontento
al afirmar: “No tiene ningún tipo de sentido que se estén
buscando beneficios de este tipo”. Su postura refleja el
consenso creciente entre los legisladores de que la justicia no
debe ceder ante la posibilidad de reducciones de pena en casos
tan graves.
La discusión se intensificó tras la reciente tragedia del
asesinato de la niña Sofía Delgado en Candelaria, Valle del
Cauca, un evento que ha puesto en el centro de la atención
pública la vulnerabilidad de los menores en el país. En este
contexto, Arbeláez hizo un llamado a toda la rama judicial para
consensuar medidas que permitan una justicia más especializada y
eficaz, enfatizando que es fundamental priorizar la protección
de los menores.
Durante una audiencia pública reciente, la fiscal general Luz
Adriana Camargo defendió la necesidad de la reforma y argumentó
que “la víctima va a encontrar respuesta inmediata a su deseo de
verdad, justicia y reparación”, mientras que el presidente de la
Corte Suprema, Gerson Chaverra, insistió en que no se busca
“darle más de lo que corresponde a nadie” y que las rebajas
planteadas son “moderadas” en un sistema que tiene penas muy
altas. Sin embargo, sus argumentos no han convencido a los
opositores, quienes continúan señalando que la reducción de
penas en estos casos podría enviar un mensaje equivocado a la
sociedad.
La reforma, que ya se encuentra en la agenda legislativa, será
debatida en los próximos días en la Comisión Primera del Senado,
donde se evaluará si el artículo 7 será modificado o eliminado.
Los parlamentarios que apoyan la eliminación del artículo
advierten que, si se mantiene, intensificarán sus esfuerzos para
que sea descartado durante el proceso de votación.
El futuro de esta propuesta aún es incierto, pero la creciente
presión de los congresistas sugiere que el debate sobre la
protección de los menores y la efectividad del sistema judicial
en Colombia está lejos de resolverse. La sociedad observa
atentamente cómo se desarrollarán las próximas discusiones en el
Congreso, con la esperanza de que se priorice la justicia y la
seguridad de los más vulnerables.
Machado revela actas electorales de Venezuela ante Senado de
Colombia
A un año de haber sido elegida como diputada de la Asamblea
Nacional de Venezuela, María Corina
Machado realizó una intervención ante la plenaria del Senado de
la República de Colombia, en la que reveló las actas originales
de las votaciones del pasado domingo 28 de julio del 2024, en el
país vecino, en las cuales se da por ganador a Edmundo González.
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"La verdad es, ustedes lo saben tan bien como yo, que no habrá paz en
Colombia mientras exista un régimen dictatorial criminal en Venezuela,
que ha transformado nuestro territorio en un santuario para las
operaciones de grupos criminales, guerrilleros", afirmó la líder de la
oposición.
En una intervención de once minutos, Machado realizó un llamado y reveló
detalles sobre la actual crisis que se vive en el país vecino, afirmado
que a los opositores que continúan en Venezuela se les ha marcado la
casa para sembrar el temor en ellos y en quienes viven en el mismo
sector. "Mientras yo les habló, hay 68 niños y jóvenes que están presos,
han sido torturados", afirmó la lideresa.
De la misma forma, la opositora remarcó el triunfo de Edmundo González
en las elecciones del pasado mes de julio, no solo mostrando las actas
originales ante los miembros de la plenaria del Congreso, sino instando
a Gustavo Petro junto con su Gobierno a apoyar y reconocer la voluntad
de los venezolanos durante el próximo 11 de enero, momento en el que se
espera que el presidente del país vecino tomé posición de su cargo.
"Al Gobierno de Colombia, en especial al presidente Petro, es momento de
deficiones, el silencio ya no es una opción frente a lo que viene
ocurriendo en Venezuela, la transición es inevitable, y con la
participación de su Gobierno, como hemos dicho, estamos dispuestos a
avanzar en una negociación constructiva, que parte desde el respeto por
la soberanía popular expresada por los venezolanos el pasado 28 de
julio", indicó Machado, agregando que "el momento es ahora y no después
de que el régimen se imponga por la fuerza".
La líder terminó su intervención de once minutos en el Congreso de
Colombia, enseñando las actas, con la colaboración de venezolanos que
asistieron, para que los políticos del país pudiera observar la voluntad
de los habitantes del país vecino.
NSO Group, dueño de Pegasus, ha
lavado activos en Colombia: Petro
En una declaración en la Casa de Nariño y llevada a cabo a través de las
redes sociales de la Presidencia, el presidente Gustavo Petro denunció
que el dueño del software de espionaje Pegasus, desarrollado por la
empresa israelí NSO Group, está involucrado en actividades de lavado de
activos en Colombia. Las acusaciones se presentan en el contexto de una
investigación que reveló la compra del software por parte del gobierno
anterior, específicamente por la Dirección de Policía (Dipol).
Durante su intervención, el mandatario expuso un documento de la agencia
de inteligencia israelí que establece que “el gobierno anterior,
exactamente la Dipol, según inteligencia de la policía, había comprado
un software que es prohibido en buena parte del mundo, el software
Pegasus”. El Jefe de Estado destacó que la transacción totalizó 11
millones de dólares, que se realizaron en dos consignaciones en el mismo
banco, específicamente a la cuenta del propietario de NSO Group.
El presidente también se refirió a la coincidencia de estas
transacciones con momentos críticos en el país. “El 26 de junio del año
2021, donde efectivamente en Colombia existía un estallido social,
partió el vuelo MABGG y el 18 de septiembre partió el vuelo T7CPX,
coincidiendo con los días en que la agencia de inteligencia israelí de
lavado de activos dice que salieron vuelos llevando el dinero en
efectivo”, señaló. Esto sugiere que los movimientos de dinero podrían
estar relacionados con los acontecimientos sociales que atravesaba el
país en ese momento.
Petro reveló detalles sobre los tripulantes de los vuelos, afirmando que
“sabemos los nombres de sus tripulaciones”, y que entre ellos se
encontraban altos ejecutivos de NSO Group. “El director de negocios de
NSO, que ya había hecho un posible contrato de software y de soluciones
tecnológicas con la Dipol en el año 2013, se va precisamente en el
primer vuelo MABGG”,
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informó el presidente. Además, destacó la llegada del CEO
de NSO Group, quien estuvo presente en el segundo vuelo y estuvo
directamente involucrado en la transacción.
“En Colombia no es posible que ningún ciudadano, ni nacional ni
extranjero, porte dinero en efectivo en una cantidad tal como cinco
millones de dólares. Eso se llama lavado de activos”, subrayó el
mandatario, enfatizando la gravedad de la situación y la necesidad de
que las autoridades investiguen a fondo estas acusaciones.
Concluyó afirmando que se entregará toda la información recabada a la
Fiscalía General de la Nación, afirmando que “la Fiscalía General de la
Nación tipifique, investigue con la documentación que este gobierno le
trasladará, como es nuestro deber”. Estas declaraciones ponen en el
centro del debate la relación entre el uso de tecnología de espionaje y
las posibles irregularidades en su adquisición por parte del Estado.
La denuncia del Jefe de Estado resuena en un contexto de creciente
preocupación por la transparencia y la ética en las transacciones del
gobierno, así como la necesidad de asegurar que los recursos del Estado
se manejen de manera adecuada y legal. La situación plantea
interrogantes sobre la responsabilidad de los gobiernos anteriores y el
papel de la tecnología en el ámbito de la seguridad y los derechos
humanos en Colombia.
Situación de orden público en Nariño es delicada: Enríquez
El momento del orden público en Nariño es preocupante, advirtió Manuel
Enríquez Rosero, exsenador por La U, por el accionar de los grupos
armados ilegales y la delincuencia común.
Expresó que ciudades como Ipiales, Tumaco y otras están en manos de la
delincuencia común y eso a la vez genera un grave problema social.
Señaló que también los campesinos y los productores de leche son
víctimas de extorsión y amenazas de secuestro de los grupos armados.
Explicó Enríquez que las empresas procesadoras de leche han tenido que
salir del territorio, y eso hace que no haya compradores suficientes y
el precio del producto baje. También ha conspirado la sequía impactando
a la agricultura y ganadería.
Sostuvo que lo único que florece en Nariño son los cultivos ilícitos,
como lo viene registrando Naciones Unidas, pues sus cifras muestran el
incremento de los sembrados de coca respecto al año anterior.
“Tristemente el departamento de Nariño ocupa el primer lugar con 60.000
hectáreas de cultivos de coca”, dijo el también exembajador en Ecuador.
Por otra parte, el excongresista dijo que a pesar de los esfuerzos que
viene haciendo el gobernador para llegar a un acuerdo con el frente
Comuneros del Sur, disidencia del Eln, hay la presencia de otros grupos
como la Segunda Marquetalia atraídos por el negocio del narcotráfico.
Enríquez Rosero señaló, además, que poco o nada es lo que ha realizado
el Gobierno por la crisis de seguridad en Nariño, así como en inversión,
a pesar de los anuncios, los compromisos y las promesas que se hicieron.
“De hecho a raíz de uno de esos anuncios el departamento de Nariño se
volcó a apoyar la propuesta de gobierno del presidente Gustavo Petro,
pero hasta hoy no hay ni una sola obra que el Gobierno le muestre al
departamento de Nariño”, dijo.
Mirando a los comicios del 2026, el exsenador dijo que hay la necesidad
de que se unan los que quieren retomar el rumbo ante el fracaso en su
opinión del Gobierno; y sobre las reformas señaló que no son soluciones.
Añadió que, por ejemplo, se acaba de aprobar la reforma laboral en
Cámara, pero que mejorará la situación de algunos trabajadores, pero no
grandes problemas como la informalidad y el desempleo que afecta a los
jóvenes y las mujeres.
Sostuvo también que no se observa en el nuevo proyecto de reforma a la
salud soluciones a problemas como la escasez de medicamentos, el
deterioro de las EPS y la carencia de una buena atención. “Las
principales apuestas del Gobierno hoy serán un rotundo fracaso”,
concluyó Enríquez Rosero.
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