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Además, la Ley Rosa prevé sanciones para los funcionarios públicos que omitan, retrasen o se nieguen a ejecutar las acciones inmediatas de búsqueda, pudiendo ser separados de su cargo y enfrentarse a responsabilidades administrativas, penales y civiles.

La urgencia de la implementación en Bogotá

La solicitud de los concejales Name y González busca que el alcalde Galán dé prioridad a la implementación de esta legislación, considerando la gravedad del fenómeno de las desapariciones en la capital. Hasta el momento, la administración distrital no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la petición, pero se espera que en los próximos meses se den pasos concretos hacia la adopción de este sistema.

La Ley Rosa no solo representa una herramienta para la localización de personas desaparecidas, sino también un mecanismo clave para prevenir que, tras su desaparición, las víctimas puedan ser objeto de otros tipos de violencias basadas en género. La coordinación efectiva entre las autoridades y la sociedad civil será fundamental para garantizar el éxito de esta iniciativa y, sobre todo, la protección de los menores y mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad en Bogotá.

Fallo judicial anula la creación de La Rolita: un duro golpe al transporte público en Bogotá

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió un fallo que anula la creación de la empresa distrital de transporte público La Rolita, un hecho que podría causar serias repercusiones en la movilidad de Bogotá. La sentencia, emitida por la Sección Primera del Tribunal, ratificó la decisión tomada por el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá en enero de 2022, en la que se invalidó el artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020, parte del plan de desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” de la alcaldesa Claudia López.

El artículo 91, aprobado por el Concejo de Bogotá, autorizaba a la alcaldía y a TransMilenio S.A. a participar en la creación de la Operadora Distrital de Transporte, conocida como La Rolita. Sin embargo, el abogado Germán Calderón España interpuso una demanda alegando que la norma vulneraba el artículo 39 de la Ley 152 de 1994, ya que la creación de La Rolita no había sido contemplada en el programa de gobierno presentado por López ante el Consejo Nacional Electoral.

Este fallo tiene un impacto significativo, ya que La Rolita, que comenzó a operar en 2022, cuenta con una flota de 195 buses eléctricos que prestan servicio en 11 rutas y 17 localidades de la ciudad, movilizando a unos 54,000 pasajeros al día. Además, opera el TransMicable de Ciudad Bolívar, una de las zonas más vulnerables de Bogotá, y su red de cargadores eléctricos ha realizado más de 12,000 cargas de vehículos particulares.

La decisión ha generado preocupación en distintos sectores. Deyanira Ávila, exsecretaria de Movilidad de Bogotá, se mostró conmocionada por el fallo y resaltó el impacto que tendrá en la prestación del servicio de transporte público, especialmente en las zonas desatendidas. Asimismo, señaló que la empresa cuenta con más de 700 empleados, de los cuales el 50% son madres cabeza de familia, lo que añade una dimensión social a las repercusiones del fallo.

El abogado Calderón, en conversación con medios, subrayó que el fallo tiene efectos “ex tunc”, es decir, retroactivos, lo que implica que desde el momento en que se profirió el Acuerdo 761 de 2020, la creación de La Rolita queda anulada. Aunque funcionarios de la administración anterior calificaron el fallo como “controversial” y cuestionaron que no se tomaran en cuenta los conceptos previos del Consejo de Estado, la decisión es de cumplimiento inmediato una vez sean notificadas las partes.

TransMilenio, principal socio de La Rolita, emitió un escueto comunicado indicando que aún no ha sido notificado formalmente, pero que trabajará en garantizar la prestación del servicio público a los usuarios de la Operadora Distrital de Transporte. Según fuentes cercanas al proceso, solo cabe la posibilidad de una revisión extraordinaria ante el Consejo de Estado o la interposición de una tutela.

Mientras se espera la notificación formal, el panorama es incierto para los usuarios y trabajadores de La Rolita, así como para la operación del TransMicable, cuya gestión deberá ser transferida en 2025. En los próximos días, se espera que TransMilenio comience el proceso de liquidación de la operadora y defina los planes para cubrir las rutas afectadas por la salida de La Rolita, lo que representa un reto significativo para la movilidad de la capital colombiana.

Alcalde Galán responde al Congreso tras ser citado por crisis hídrica en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, junto con otros altos funcionarios, ha sido citado a un debate de control político por la crisis hídrica que enfrenta la ciudad debido a la disminución del nivel del embalse Chingaza, que ha reducido su capacidad de surtir agua a la capital del 70% al 50%. La citación fue impulsada por el representante Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, quien destacó la necesidad de replantear la gestión de las fuentes hídricas y la infraestructura de abastecimiento de agua.
 

El embalse Chingaza, que abastece gran parte de Bogotá, ha descendido a un preocupante 44.04% de su capacidad, según el reporte más reciente de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), y continúa bajando. Las lluvias de la segunda temporada del año no han sido suficientes para revertir la situación, lo que ha agravado la crisis. “No podemos seguir dependiendo de planes reactivos. Es necesario un enfoque sostenible y planificado que priorice la conservación de nuestras fuentes hídricas”, señaló Ocampo durante la citación.

Ante este panorama, Galán se mostró dispuesto a rendir cuentas y aseguró que su administración ha estado trabajando desde principios de año en medidas tanto a corto como a largo plazo para enfrentar la crisis. Durante una rueda de prensa, Galán afirmó: "Estamos listos como administración para responder al control político y contar lo que hemos venido haciendo. Hemos tomado medidas difíciles pero necesarias, como las restricciones de agua, y estamos abiertos a fortalecer estas medidas con el control político y la participación ciudadana".

El Distrito ya ha establecido un “Día Cero”, el cual se activará cuando el embalse Chingaza alcance un nivel del 36% de su capacidad, momento en el que las medidas de racionamiento se endurecerán, pasando de cortes de agua cada 10 días a cada 5.

Opiniones de expertos

La crisis ha desatado una ola de críticas por parte de expertos que señalan una gestión deficiente y la falta de proyectos a largo plazo para asegurar el suministro de agua a la creciente población de Bogotá. Leonardo Donado, coordinador del Laboratorio de Hidráulica de la Universidad Nacional, recordó que el último embalse construido en la región fue precisamente Chingaza, hace más de 40 años, durante el gobierno de Julio César Turbay. "En todo este tiempo, las políticas se han enfocado en otros temas, y el agua no fue prioridad para las últimas administraciones", puntualizó Donado.

Por su parte, Andrés Torres, director del Instituto Javeriano del Agua, resaltó la fragmentación institucional y una visión cortoplacista como los principales obstáculos para una gestión efectiva del recurso hídrico. Según Torres, la actual crisis era previsible, dado el enfoque limitado y la falta de coordinación entre las diferentes entidades responsables.

La situación es crítica, y mientras Bogotá enfrenta una temporada de lluvias que no ha sido suficiente para mitigar la crisis, las autoridades se preparan para implementar más restricciones.

Bogotá lanza el Modelo MAS Bienestar para garantizar atención en salud sin importar la EPS

La Alcaldía de Bogotá ha lanzado esta semana el Modelo MAS Bienestar, una ambiciosa estrategia que busca transformar el sistema de salud en la capital, garantizando acceso equitativo y cobertura integral para todos los ciudadanos, sin importar la EPS a la que estén afiliados. Este nuevo enfoque fue firmado por la Secretaría de Salud, varias EPS y las subredes integradas de servicios de salud de la ciudad.

El alcalde Carlos Fernando Galán destacó que este modelo innovador tiene como objetivo mejorar la atención en salud de todos los bogotanos mediante un trabajo conjunto con las EPS. “La Secretaría de Salud y la Administración Distrital tienen una responsabilidad con la salud de todos los bogotanos y en eso trabajar con todas las EPS es fundamental”, afirmó Galán. Además, resaltó la importancia de que este modelo sea participativo, donde los pacientes también jueguen un rol en su definición y desarrollo, señalando que se trata de una propuesta integral que va más allá del sistema de salud tradicional.

El Modelo MAS Bienestar fue el resultado de casi 50 mesas de trabajo en las que participaron 234 representantes de EPS, así como Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) tanto públicas como privadas. Estas discusiones se enfocaron en crear un sistema centrado en mejorar la calidad de la atención, facilitar el acceso a los servicios y fortalecer la red de prestadores en toda la ciudad.

Fases del Modelo MAS Bienestar

El proyecto se implementará en cuatro fases. La primera fase, que comenzó el 17 de octubre de 2023 y se extenderá hasta el 15 de abril de 2025, se enfoca en priorizar 696 sectores considerados de alto riesgo en salud, que incluyen principalmente a las poblaciones rurales de Bogotá. Las siguientes fases cubrirán gradualmente las zonas urbanas, utilizando herramientas digitales para gestionar los riesgos en salud y garantizar que el sistema llegue a todas las zonas catastrales de la capital.

El modelo ha recibido el apoyo de las EPS Nueva EPS, EPS Famisanar y EPS Sanitas, que actualmente se encuentran bajo la intervención de la Superintendencia de Salud. Estas aseguradoras ven en el Modelo MAS Bienestar una oportunidad para fortalecer los equipos básicos de salud en Bogotá y mejorar la Atención Primaria en Salud (APS), tanto en zonas urbanas como rurales.

En un comunicado conjunto, estas EPS expresaron su compromiso de apoyar la estrategia para mejorar la atención extramural y asegurar que todos los habitantes de Bogotá, sin importar su EPS, régimen de afiliación o lugar de residencia, reciban una atención de calidad. Además, indicaron que trabajarán en coordinación con el Gobierno nacional, el Ministerio de Salud y las Empresas Sociales del Estado (ESE) para desarrollar los Equipos Básicos de Salud que permitirán implementar esta nueva visión de salud pública.

Con el Modelo MAS Bienestar, la Alcaldía de Bogotá busca enfrentar los problemas de acceso, distribución, calidad en la atención primaria y las inequidades en el sistema de salud, ofreciendo una cobertura universal y equitativa para todos los bogotanos.

Concejales piden a Galán implementar la Ley Rosa para enfrentar la desaparición de menores

El pasado 21 de octubre, los concejales de Bogotá María Clara Name y Rolando González enviaron una carta al alcalde Carlos Fernando Galán solicitando la implementación urgente de la Ley Rosa, una legislación que busca consolidar la información oficial sobre la desaparición voluntaria e involuntaria de personas en la ciudad, en particular menores de edad. Esta iniciativa se enmarca en la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda y protección para las víctimas.

La Ley Rosa, que se basa en la Alerta Amber, creada en Estados Unidos tras el rapto y asesinato de la niña Amber Hagerman en 1996, propone un sistema multicanal de difusión masiva que involucra a diversas instituciones públicas y privadas para la pronta localización de personas desaparecidas. Esta legislación no solo se centra en menores de edad, sino que también abarca a jóvenes y mujeres, quienes son particularmente vulnerables a otros tipos de violencia, como feminicidio, tráfico de personas y explotación sexual.

¿Qué implica la Ley Rosa?

Según los concejales Name y González, la implementación de la Ley Rosa no representaría un costo fiscal adicional para el Distrito, pues podría ser atendida con los recursos ya asignados a la Secretaría de Seguridad y dentro del programa “Bogotá avanza en seguridad”. El objetivo de esta ley es garantizar la vida, libertad, seguridad e integridad de las personas desaparecidas mediante un sistema de búsqueda inmediato y coordinado, que permita activar la difusión de información de manera oficial y no exclusivamente a través de redes sociales.

Este mecanismo, ya en funcionamiento en varios países europeos con tasas de éxito cercanas al 93%, también ha demostrado su efectividad en Estados Unidos, donde ha logrado recuperar a más del 89% de los menores desaparecidos. En Colombia, la implementación de la Ley Rosa permitiría fortalecer los esfuerzos locales para hacer frente al preocupante fenómeno de las desapariciones en Bogotá, ciudad que concentra el 40% de los reportes de personas desaparecidas a nivel nacional.

El panorama de las desapariciones en Bogotá

Las cifras de desapariciones en Bogotá son alarmantes. Durante 2023, se registraron 2.378 desapariciones en la ciudad, es decir, un promedio de seis personas por día. De estos casos, los menores de 15 años representaron el grupo más afectado, con 797 reportes, seguido por personas entre los 20 y 29 años, con 533 casos. En lo que va de 2024, hasta abril, ya se han reportado 705 desapariciones, de las cuales 19 personas aparecieron fallecidas, 264 fueron encontradas vivas, y 422 continúan desaparecidas.

Este escenario resalta la necesidad urgente de fortalecer las herramientas de búsqueda y coordinación entre las autoridades para abordar el fenómeno. La Ley Rosa propone la creación de equipos locales de búsqueda que involucren a diversas entidades, desde cuerpos de bomberos y juntas de acción comunal, hasta medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, para agilizar la localización de las personas desaparecidas.

Funcionamiento de la Alerta Rosa

Cuando se denuncia una desaparición, la Ley Rosa establece un protocolo de actuación que inicia con el registro del caso en una base de datos alojada en la página web oficial de la Alerta Rosa. De inmediato, se envía un mensaje de texto masivo a las entidades públicas y a la ciudadanía suscrita para recibir este tipo de alertas. Posteriormente, los medios de comunicación y las autoridades en puertos, aeropuertos y fronteras reciben la información para evitar la salida del desaparecido del país.

En cuanto a las responsabilidades, la Policía Nacional tiene la tarea de coordinar los equipos locales de búsqueda y asegurar que se tomen las acciones necesarias en las primeras seis horas tras la denuncia. La Fiscalía, por su parte, es responsable de financiar el Plan de Búsqueda, así como de elaborar políticas de prevención y coordinar las pruebas científicas necesarias para la localización de la persona desaparecida.