Bogotá, Colombia -Edición: 711

 Fecha: Viernes 25-10-2024

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NACIONAL

 

 

 

Al menos seis viviendas destruidas por un incendio en Manizales




Un incendio en el barrio Samaria de Manizales consumió al menos seis viviendas la tarde de este jueves, dejando a varias familias afectadas. El siniestro, que comenzó pasado el mediodía en la invasión Mirador de Samaria, también dañó parcialmente otras edificaciones, pero afortunadamente no hubo víctimas fatales ni heridos graves.

Los bomberos y organismos de socorro reaccionaron rápidamente al llamado de emergencia, logrando controlar el fuego tras aproximadamente una hora de intensa labor. Las llamas, que alcanzaron más de siete metros de altura, generaron pánico entre los residentes y testigos, algunos de los cuales sufrieron desmayos por la magnitud de la situación.

El comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, teniente Jorge Iván Quintero, informó que las causas del incendio aún no están claras. "Tenemos un joven afectado en vías respiratorias, quien será trasladado a un centro asistencial, aunque su condición no reviste gravedad", declaró el oficial. Además, destacó que la presencia de hidrantes en la zona, instalados hace algunos meses, facilitó el acceso al agua y permitió controlar rápidamente las llamas.

Diego Armando Rivera, director de la Unidad de Gestión del Riesgo (UGR) de Manizales, confirmó que, una vez eliminados los puntos de riesgo eléctrico y estructural, se realizará una evaluación detallada de los daños y las pérdidas materiales. Las familias afectadas recibirán ayuda humanitaria y acompañamiento psicosocial por parte de la Alcaldía.

Este es el tercer incendio que ocurre en esta zona desde que comenzó la ocupación informal en la ladera de la Ciudadela del Norte hace cuatro años. En diciembre de 2022, un incendio similar dejó tres personas fallecidas.

Las autoridades continúan trabajando para garantizar la seguridad en la zona y determinar las causas exactas del incendio.


NSO Group confirma compra de ‘Pegasus’ y dijo que fue una transacción legal




NSO GROUP, la firma israelí dueña del software espía ‘Pegasus’, confirmó ayer que vendió ese programa a Colombia, aclarando

que fue una operación legal. En este sentido esta compañía contradice al presidente Petro, quien denunció en septiembre que fue una negociación irregular en el anterior gobierno y que incluso se habrían usado dineros del narcotráfico.

La dueña de ‘Pegasus’ dijo en un escueto comunicado que “NSO es una empresa respetuosa de la ley. Como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países. Cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad”.


NSO Group hizo este pronunciamiento después de que el martes pasado Petro dio nuevos detalles, según él, de esta negociación.

“En el vuelo fletado M-ABGG viene el 25 y sale el 26 de junio del 2021 el ciudadano israelí Oded Gindi con Yehuda Lahav, director de negocios de NSO Group, propietario del software Pegasus, aterriza en el hangar de la policía antinarcóticos en el aeropuerto El Dorado, y se llevan USD 5,5 millones entregados por funcionarios del gobierno Duque para la compra de Pegasus”, aseguró el presidente.


Añadió que “en el segundo vuelo llega el avión T7CPX de Tel Aviv el 17 de septiembre del 2021 y regresa a esa ciudad el 18 de septiembre del 2021. En este vuelo, además de Oded Gindi, vienen los ciudadanos israelíes Moshe Sahar, quien posiblemente ya había hecho contratos de cyberdefensa con la DIPOL en el 2013 y ni más ni menos, que el mismísimo director Global de seguridad de NSO Group: Ran Gonen, que se lleva los otros 5,5 millones de dólares”.

El presidente anunció que enviará a la Fiscalía y a la Procuraduría los nuevos documentos que demostrarían
el ingreso y la salida irregular de cuatro ciudadanos israelíes a Colombia en dos vuelos, con destino final a la ciudad de Tel Aviv, al parecer, incurriendo en el presunto delito de lavado de activos.
 

Sin embargo, el mandatario no entregó detalles de cuál es el origen de esa nueva información o si hace parte del documento que dio a conocer a principios de septiembre pasado en una alocución televisada al país, que envió al director de la Unidad de

 

 

 

Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, la IMPA, la entidad israelí equivalente, en el que registra que en julio o agosto de 2021, un banco israelí informó un depósito de 5,5 millones de dólares en efectivo en una cuenta de NSO Group Technologies Limited, relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares para comprar el software ‘Pegasus’.

Como consecuencia, de que el jefe de Estado reveló ese documento confidencial, el Egmont Group of Financial Intelligence Units, que se ocupa de inteligencia financiera del mundo, suspendió temporalmente a Colombia por la violación a la confidencialidad de información.


Petro ha dicho que ‘Pegasus’ habría servido para hacer chuzadas ilegales e incluso para supuestamente infiltrar su campaña en 2022.

¿Qué ha dicho el anterior Gobierno?


Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en la anterior administración, reiteró en un comunicado esta semana que “el presidente Iván Duque y desde la Presidencia siempre se impartió la instrucción a los funcionarios de actuar conforme a la ley y la Constitución”. Añadió que desde la Casa de Nariño “en ningún momento se ordenó, avaló o entregó lineamiento alguno para negociar o comprar

plataformas como ‘Pegasus’”.

Enfatizó Muñoz que “es fundamental que la Fiscalía investigue y publique toda la información relacionada con este caso, y de esta forma poder desmentir la narrativa fabricada con base en especulaciones y falsas acusaciones al gobierno del expresidente Iván Duque”.

Hace pocos días, el expresidente Duque sostuvo que “desde la Presidencia de la República nunca se ordenó la adquisición del software denominado ‘Pegasus’ por parte del Estado colombiano”.

 

Indagación por hallazgos de Contraloría sobre cómo EPS usaron recursos en 2020




Una indignación ordenó abrir la Procuraduría General a funcionarios y particulares por determinar de varias EPS, con el objetivo de verificar posibles irregularidades identificadas en el informe de auditoría de actuación especial de fiscalización para el año 2020 a 24 de estas empresas, emitido por la Contraloría General.

La delegada para la Economía y la Hacienda Pública inició actuaciones disciplinarias para identificar el uso y destino que se les habría dado a los dineros de los servicios y tecnologías de salud no financiados con recursos de presupuestos máximos y la Unidad de Pago por Capitación (UPC) girados por la ADRES en el año 2020.

En el mismo sentido, el Ministerio Público verificará si a las EPS les era aplicable o no el principio de anualidad que rige en materia presupuestal.

Esta actuación disciplinaria busca individualizar a los posibles responsables, determinar la ocurrencia de la conducta, establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir  si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

La Contraloría General informó el pasado 5 de agosto que identificó hallazgos fiscales por $6 billones en 24 EPS por indebida destinación de los recursos de la UPC durante el año 2020, y $5.3 billones cuya incidencia fiscal será dilucidada en indagación preliminar.

Entre las EPS que fueron objeto de la actualización están Asmet Salud, Capital Salud, Coosalud, Famisanar, Sanitas, SOS, Sura, Nueva EPS y Salud Total.

La Contraloría explicó que adelantó la actuación especial con el objetivo de “analizar el uso y destino de los recursos de la UPC y presupuestos máximos girados por la ADRES a las EPS en la vigencia 2020; asimismo, la constitución y el comportamiento de las reservas técnicas de las EPS, utilidades y variaciones patrimoniales”.

 

Entre otros hallazgos del órgano de control en esta actuación dijo que las EPS pagaron servicios de vigencias anteriores al 2020 con los recursos de la UPC por $5.4 billones, los cuales tenían una destinación específica y no podían ser utilizados para fines distintos a los previstos en la Constitución y la ley.

La Contraloría General informó en esa oportunidad que trasladó a la Fiscalía y a la Procuraduría General los hallazgos en esta auditoría especial, que en el caso de este último derivó en la indagación que anunció ayer.

 

¿Qué han dicho las EPS?

Acemi, el gremio de las EPS del régimen contributivo, hizo el pasado 14 de agosto observaciones a la auditoría de la Contraloría General a 24 EPS.


Manifestó su disenso frente a la tesis del equipo auditor de la Contraloría General en relación con la aplicación del principio de anualidad presupuestal a la UPC, pues sostuvo Acemi que “no existe ninguna

 

 

 

norma jurídica vigente que sustente esta posición”. Agregó que “constitucionalmente, los recursos parafiscales de la salud deben usarse para el pago de servicios y tecnologías en salud, y para asumir los costos administrativos del sistema. El pago de servicios y tecnologías en salud de vigencias anteriores cumple con esta regla constitucional”.

 

Sostuvo Acemi que “de aplicarse la tesis expuesta por la Contraloría −la anualidad y demás reglas del presupuesto público− se afectará gravemente el flujo de recursos y el pago de deudas en un sistema, cada vez más inviable, entre otras razones por la inacción gubernamental frente a los demostrados problemas de suficiencia”.

Añadió sobre el uso de la UPC en 2020, “es importante hacer la claridad sobre el hecho de que dichos recursos financiaron enteramente el aseguramiento y la atención de la pandemia en ese año. Los recursos extraordinarios a que hace referencia la Contraloría provenientes del FOME, fueron girados en 2021 por valor de 1.8 billones de pesos por concepto de canastas covid, que equivalen a cerca del 2% de los ingresos corrientes del 2021”.


Entregan 35.6 km de proyecto 4G Santana – Mocoa – Neiva
 



La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entregó 35.6 km que incluyen la rehabilitación de la vía existente entre Gigante y Garzón en el Huila y la construcción de la variante de Gigante que hacen parte de la Unidad Funcional 3. Estas obras son de gran relevancia, dado que benefician a más de 3.000.000 de habitantes en tres departamentos: Putumayo, Cauca y Huila y 16 municipios de la zona de influencia.

Con una inversión de $303.347 millones (Cifras CAPEX de 2023), en la unidad funcional 3, sobresale además de la variante de Gigante de 5 kilómetros de longitud, en calzada bidirecccional, la construcción de tres viaductos, entre ellos, el puente de Gigante 3, que tiene una longitud de 206 metros y una altura máxima de 35 metros y se constituye en un hito para la región.

Además de la construcción de tres pasos a vías veredales y dos glorietas en los sectores norte y sur que conectaran con la ruta nacional 45.

Es importante señalar que, las obras de este proyecto son claves para mejorar la conectividad y la movilidad del interior del país con el Ecuador, a través del departamento del Putumayo, reduciendo el trayecto de Bogotá a Quito de 26 a 20 horas. “El corredor vial Santana – Mocoa – Neiva se configura como una autopista fundamental de movilización de pasajeros y carga desde el sur de Colombia, hacia los centros de consumo del país y de la Costa Caribe y busca fortalecer la competitividad y el desarrollo”, indicó Francisco Ospina, presidente de la ANI.

Esta iniciativa cuenta con una inversión de $2,19 billones (Cifras CAPEX 2023) y una longitud total de 456 km. A la fecha registra 4.233 empleos activos. Está conformado por siete unidades funcionales y presenta un avance ejecutado del 49,10%.

El proyecto contempla la construcción de la nueva calzada entre la ciudad de Neiva y el municipio de Campoalegre, la construcción de siete variantes en los municipios de Campoalegre, Hobo, Gigante, y Timaná en el departamento del Huila, y de Mocoa, Villagarzón y Puerto Caicedo en el departamento de Putumayo, así como la rehabilitación de la totalidad de los 456 km que conforman el corredor vial.

En el marco de los planes de Gestión Social Contractual, Responsabilidad Ambiental y Social se ha diseñado una estrategia de identificación de mujeres para la creación del círculo de mujeres del corredor vial Santana – Mocoa – Neiva, cuyo objetivo es contribuir a la promoción de la equidad de género en el área de influencia del proyecto, sumándose así, al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.


La estrategia “Ruta a la equidad – circulo de mujeres”; es un escenario que reúne un grupo mujeres del corredor vial Santana-Mocoa-Neiva, en un intercambio de saberes.

Según la entidad, en el área de influencia del corredor vial a través de la Concesionaria Ruta al Sur, se promueve el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas y proyectos productivos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y del entorno de las comunidades. Es así como 96 familias se han visto beneficiadas con estas acciones que en total alcanzan inversiones por más de $345 millones.

De esta forma, se han desarrollado proyectos dirigidos a las familias del sector de Puerto Seco, del municipio de Gigante – Huila, con el fin de fortalecer sus iniciativas productivas y económicas con la entrega de kits de pesca, agricultura y restaurantes.

 

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