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para frenar el proyecto. La situación subraya la complejidad de balancear el desarrollo urbano de Bogotá con la preservación de sus espacios ambientales.

La Alcaldía de Bogotá anuncia estrategia para rescatar a La Rolita tras fallo judicial en su contra

La Alcaldía de Bogotá ha optado por no apelar la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló el artículo del plan de desarrollo que autorizó la creación de La Rolita, empresa operadora de transporte público en la capital. En respuesta, el Distrito, junto con TransMilenio y la Secretaría Jurídica, ha anunciado una estrategia para corregir el error inicial y garantizar la continuidad del servicio, buscando así preservar la empresa y su importante rol en el sistema de transporte de Bogotá.

El fallo, emitido por el Tribunal la semana pasado, declaró nula la autorización incluida en el plan de desarrollo de la administración anterior, conocido como “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI”, argumentando que no se realizó el estudio técnico necesario para su aprobación. La medida judicial impacta directamente al artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020, que permitía la creación de La Rolita. Sin embargo, la nulidad no afecta el contrato social que mantiene la operativa de la empresa, en el que TransMilenio tiene el 80% de las acciones y Enel Colombia el 20%.

Según María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, la estrategia de la alcaldía es rectificar el proceso legislativo que dio pie a la creación de La Rolita, sin poner en riesgo la operación de la empresa. Actualmente, La Rolita emplea a 737 personas, de las cuales más del 60% son mujeres, muchas de ellas madres cabeza de hogar, y opera una flota de 195 buses eléctricos en 11 rutas que cubren 17 localidades, incluyendo la operación del TransMicable de Ciudad Bolívar. Según los datos de Ortiz, cada día se transportan más de 80,000 pasajeros a través de sus servicios.

El fallo judicial fue impulsado por los juristas Felipe Bastidas Paredes y Germán Calderón España, quienes argumentaron que el artículo 91 fue aprobado sin el debido estudio técnico, lo cual, según ellos, vulneró las normas establecidas en la Ley 489 de 1998 y en la Ley 152 de 1994, que regulan la creación de entidades descentralizadas y los lineamientos para elaborar un plan de desarrollo. En consecuencia, el Tribunal determinó que al declararse nulo el artículo 91, todos los decretos y resoluciones posteriores también pierden su efecto, pero aclaró que los actos administrativos adoptados hasta ahora por la empresa se mantienen legales hasta el fallo de nulidad.

Ante la situación, el secretario Jurídico del Distrito, Mauricio Moncayo, informó que no se presentarán recursos para apelar el fallo, como el recurso de revisión extraordinaria ante el Consejo de Estado o una acción de tutela, ya que la administración admite que fue un error no presentar el estudio técnico necesario en el proceso de aprobación. Moncayo aseguró que el Distrito respetará la sentencia y tomará los pasos necesarios para corregir el error, lo que implica elaborar los estudios técnicos requeridos y llevar un nuevo proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá.

La propuesta para subsanar los errores y asegurar la permanencia de La Rolita en el sistema de transporte de la capital deberá pasar por el proceso legislativo en el Concejo de Bogotá, donde ya se discute el presupuesto de 2025. Esta situación puede retrasar la aprobación de un nuevo acuerdo en apoyo a La Rolita, a pesar de que la administración busca llevar la iniciativa “lo antes posible”.

Bogotá asegura financiación de 9,6 billones para ambiciosos proyectos de infraestructura, hábitat y seguridad

En una decisión crucial para el desarrollo de Bogotá, el Concejo de la ciudad aprobó la solicitud de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán para endeudarse por un total de 9,6 billones de pesos en los próximos cuatro años. Este endeudamiento será clave para financiar proyectos que apuntan a mejorar la infraestructura, la seguridad y la calidad de vida en la capital. Según Ana María Cadena, secretaria de Hacienda, esta inversión busca “dar dinamismo a la economía de la ciudad, permitiendo crecimiento y generación de empleo”, además de facilitar el financiamiento de los objetivos trazados en el plan de desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

Un endeudamiento con propósito estratégico

Aunque el monto aprobado asciende a los 9,6 billones de pesos, la alcaldía ha enfocado sus planes en tres sectores prioritarios: infraestructura vial, vivienda y seguridad. Este cupo de endeudamiento se distingue por estar acompañado de un análisis fiscal riguroso que busca mantener la sostenibilidad de la deuda en el largo plazo. Cadena explicó que la administración se enfocará en inversiones de “formación de capital para la ciudad”, como obras públicas y compra de bienes duraderos, en lugar de gastos de operación.
 

A los 9,6 billones se suman otros 3,5 billones que serán destinados específicamente a la empresa TransMilenio, para financiar el proyecto de ampliación de la Calle 13, lo que lleva el total del endeudamiento aprobado para Bogotá a una cifra histórica de 13 billones de pesos. Sin embargo, de este monto, aproximadamente el 77% se destinará exclusivamente a infraestructura, especialmente en movilidad.

Infraestructura vial y hábitat: Los pilares de la inversión

Los recursos que Bogotá obtendrá a través de este endeudamiento se destinarán principalmente a grandes proyectos de infraestructura vial, incluyendo la construcción y ampliación de varias avenidas y puentes estratégicos en la ciudad. Dentro de las iniciativas más destacadas, se incluyen inversiones de 1,2 billones para la vía Suba-Cota y otros 1,2 billones para la conservación de la malla vial. También se contempla un presupuesto de 200 mil millones de pesos para la fase uno de la avenida Las Villas y 270 mil millones para la avenida Jorge Gaitán Cortés.

Para la administración, esta inyección de capital en infraestructura vial no solo responde a la necesidad de mejorar la movilidad en la ciudad, sino que también constituye un motor de empleo, un sector que, según los cálculos de la Secretaría de Hacienda, contribuirá significativamente al crecimiento del PIB de Bogotá.

Además, el sector de hábitat también recibirá una importante asignación. La alcaldía planea utilizar estos fondos para otorgar subsidios de vivienda, mejorar barrios vulnerables y revitalizar los cables aéreos en San Cristóbal y Potosí. Estas medidas se proponen no solo ofrecer acceso a una vivienda digna, sino mejorar la calidad de vida en diferentes sectores de la capital.

Seguridad: un enfoque integral

En cuanto al sector de seguridad, el plan de la administración incluye la construcción de una nueva cárcel distrital y la expansión del centro de comando y control C4, el cual integrará cámaras de seguridad y monitoreo para una respuesta rápida ante emergencias. También se construirán dos nuevos centros de justicia y una nueva URI para agilizar la respuesta en el sistema judicial local.

Con estos proyectos, Bogotá busca dar una respuesta robusta a las crecientes demandas de seguridad, uno de los aspectos que más preocupan a los ciudadanos. La administración espera que estas iniciativas contribuyan a reducir los índices de criminalidad y fortalecer el sistema judicial.

Proyecciones de crecimiento económico y sostenibilidad fiscal

La alcaldía de Bogotá calcula que el endeudamiento aprobado no solo permitirá cumplir con el plan de desarrollo, sino que también impulsará la economía de la ciudad. Según los estudios de la Secretaría de Hacienda, se espera que la construcción de infraestructura y el impulso a la vivienda tengan un impacto directo en el crecimiento del PIB de Bogotá, con un aumento proyectado del 1% gracias a estas inversiones. Además, el endeudamiento ha sido planificado para no superar el 89% del indicador de sostenibilidad de la deuda, lo que mantiene un margen de maniobra financiero.

Consejo de Estado ordena medidas de protección para el humedal La Conejera

El Consejo de Estado ha emitido una orden para proteger el humedal La Conejera, en Bogotá, exigiendo a las Secretarías Distritales de Planeación y Ambiente, junto con la Alcaldía de Suba, que delimiten con precisión las áreas de protección de este ecosistema. La sentencia busca evitar futuras concesiones de licencias de construcción en zonas ecológicamente sensibles, así como fortalecer la educación y vigilancia en la comunidad para fomentar su participación en la protección del humedal.

Esta resolución es el resultado de una acción popular que alegaba la vulneración de derechos colectivos, como el acceso al espacio público y el derecho a un ambiente sano. La demanda se dirigía contra una licencia otorgada en 2014 a la constructora Praga Servicios Inmobiliarios, que permitía un proyecto urbanístico (Fontanar del Río, etapa VIII) en zonas protegidas del humedal. Aunque el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya había emitido un fallo favorable en primera instancia, el Consejo de Estado ratificó la existencia de afectaciones a los derechos colectivos, ajustando algunas medidas.

La administración distrital ha implementado iniciativas de protección, como un plan de manejo ambiental para el humedal y la regulación de usos del suelo en áreas cercanas, como el canal Afidro, que forma parte del sistema hídrico de Bogotá. Sin embargo, el Consejo de Estado determinó que hubo omisiones en la supervisión que pusieron en riesgo el ecosistema. Peritajes recientes revelaron que la licencia de construcción implicaría daños ambientales, incluyendo contaminación sonora y deterioro del hábitat de especies locales.

El fallo subraya que el humedal La Conejera, reconocido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como un parque ecológico distrital de humedales, constituye una zona protegida. Como tal, la Secretaría de Planeación debió intervenir para frenar proyectos en el área y no lo hizo. Además, se recuerda que la protección del humedal está respaldada por normativas de carácter internacional y nacional, reconociéndolo como un espacio crucial para la biodiversidad, así como un hábitat importante para aves acuáticas y otras especies que dependen de este ecosistema para su supervivencia.

Consejo de Estado revisará ampliación de la Avenida Boyacá en Bogotá

El Consejo de Estado ha admitido una demanda interpuesta por la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en la que se cuestiona la ampliación de la Avenida Boyacá, una obra esencial para conectar el proyecto urbanístico de Lagos de Torca con el resto de Bogotá. La demanda fue presentada como respuesta a la omisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) en revisar una licencia ambiental que permite el avance del proyecto entre las calles 183 y 235, afectando 20 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen.

Contexto de la demanda

En diciembre de 2023, la CAR otorgó una licencia ambiental para la sustracción de una parte de la reserva, lo que habilitó la ejecución de la obra. Sin embargo, defensores de la reserva, entre ellos la ministra Muhamad, solicitaron a la CAR revisar esta licencia, alegando la necesidad de una evaluación más profunda sobre el impacto ambiental del proyecto. La CAR no respondió al recurso de apelación, lo que llevó a Muhamad a presentar la demanda ante el Consejo de Estado.

Al aceptar la demanda, el Consejo de Estado ha asumido el caso, desplazando a la CAR como autoridad responsable. A pesar de esto, no se han impuesto medidas cautelares que frenen la obra, aunque el proyecto está sujeto a la presentación de soportes técnicos que validen su cumplimiento de los estándares ambientales y justifiquen el impacto sobre la reserva.

Posición de la Alcaldía de Bogotá

La aceptación de la demanda generó una fuerte reacción del alcalde Carlos Fernando Galán, quien en redes sociales expresó su descontento con la intervención del gobierno nacional en proyectos clave para Bogotá. En un trino, Galán manifestó: “Otra intromisión más del Gobierno Nacional en asuntos que deben ser definidos por Bogotá y que, por cierto, la ciudad ya definió. Con esta demanda, el Gobierno Nacional está haciendo todo para bloquear la posibilidad de que se avance en una obra estratégica para la movilidad de Bogotá”.

La ampliación de la Avenida Boyacá ha sido parte de una serie de fricciones entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, junto con otros proyectos de infraestructura, como la construcción del metro y las conexiones energéticas necesarias para la ciudad.

Desafíos legales y ambientales de Lagos de Torca

El proyecto Lagos de Torca, con siete años de desarrollo, busca expandir la ciudad hacia el norte mediante una alianza público-privada. Este plan de ordenamiento zonal abarca 1.803 hectáreas y está diseñado para crear una nueva ciudadela en el extremo norte de Bogotá. Sin embargo, la cercanía del proyecto con la reserva Thomas van der Hammen y los humedales Torca y Guaymaral ha generado resistencia por parte de activistas ambientales, quienes argumentan que las obras podrían fragmentar ecosistemas críticos de la región.

Sabina Rodríguez Van der Hammen, defensora de la reserva y nieta del promotor de su creación, sostiene que el proyecto representa una amenaza para el legado ambiental de su abuelo. “La extensión de la avenida Boyacá es una vía nueva y preocupa, porque introduciría una nueva fragmentación en la reserva. Dicen que ya existen vías, pero eso exige ser más riguroso con la discusión sobre un nuevo corredor en la zona”, afirmó Rodríguez, destacando la necesidad de realizar estudios ambientales alternativos.

Futuro de la ampliación y próximos pasos

Los promotores de la ampliación de la Avenida Boyacá tienen un plazo de 30 días para presentar pruebas técnicas que respalden el respeto ambiental del proyecto. La resolución final del Consejo de Estado sobre la obra, no obstante, podría demorarse varios meses o incluso años, dejando el avance de esta iniciativa en incertidumbre.

Mientras tanto, los defensores de la reserva continúan buscando mecanismos legales