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Corea del Norte
refuerza su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania
Pyongyang ha manifestado su firme respaldo a
Moscú en el conflicto en Ucrania, asegurando su apoyo "hasta la
victoria" rusa. Esta declaración fue realizada por la ministra
de Relaciones Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, durante su
visita a Moscú, en un contexto donde las potencias occidentales
advierten de la posible intervención de soldados norcoreanos en
la contienda. La reciente reunión entre Choe y su homólogo ruso,
Serguéi Lavrov, ha despertado preocupación en Estados Unidos y
sus aliados, quienes sospechan que miles de soldados norcoreanos
podrían unirse a las filas rusas en el conflicto.
La reunión entre Choe y Lavrov tuvo lugar en un momento en que
Washington y Seúl estiman que aproximadamente 10,000 soldados
norcoreanos están en proceso de entrenamiento en territorio
ruso, en la región de Kursk, cerca de la frontera con Ucrania.
Ambos países han instado a Corea del Norte a retirar sus fuerzas
y evitar una escalada en el conflicto. Sin embargo, Choe, tras
reunirse con Lavrov, reafirmó el compromiso de Pyongyang con
Moscú, resaltando su apoyo “hasta el día de la victoria”, y
expresando plena confianza en la “sabia dirección” del
presidente ruso, Vladimir Putin.
Durante la reunión, Choe destacó que el apoyo de Corea del Norte
a Rusia no se limita al terreno diplomático, sino que también se
extiende a la esfera militar. La diplomática reiteró que
Pyongyang continuará fortaleciendo su arsenal nuclear, una
declaración que refuerza las sospechas de Occidente sobre la
posibilidad de que Corea del Norte esté exigiendo tecnología
nuclear a cambio de su ayuda militar a Rusia. Aunque tanto Choe
como Lavrov evitaron hacer comentarios sobre la presunta
participación de tropas norcoreanas en el conflicto ucraniano,
el ministro ruso elogió los “estrechos vínculos” entre los
ejércitos de ambos países y subrayó la importancia de estos
lazos para los objetivos de seguridad compartidos.
Rusia, por su parte, agradeció a Corea del Norte por su "postura
de principios" frente al conflicto. Lavrov expresó gratitud por
la postura firme de Pyongyang, destacando que la alianza entre
ambos países representa una respuesta frente a las sanciones y
la presión internacional de Occidente. El ministro ruso también
mencionó que la visita de Putin a Pyongyang en junio marcó un
punto de inflexión en las relaciones bilaterales, abriendo una
"nueva etapa" de cooperación estratégica entre ambas naciones,
que se encuentran entre las más sancionadas del mundo.
Mientras tanto, la posibilidad de un despliegue militar
norcoreano en Ucrania ha intensificado las preocupaciones de
Estados Unidos y sus aliados. Según el secretario de Defensa
estadounidense, Lloyd Austin, aunque Washington aún no tiene
pruebas concluyentes sobre la presencia de soldados norcoreanos
en el frente de combate, el arribo de tropas podría ser
inminente. Austin afirmó que el contingente norcoreano, estimado
en 10,000 soldados, no compensará las bajas significativas que
ha sufrido el ejército ruso, pero alertó sobre el impacto
potencial de esta cooperación militar en el desarrollo del
conflicto.
En Kiev, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski ha expresado
su preocupación por la inacción de los aliados frente al posible
apoyo militar de Corea del Norte a Rusia. En este sentido, ha
instado a sus socios occidentales a levantar las restricciones
sobre el uso de misiles de largo alcance contra objetivos rusos,
argumentando que la presencia de soldados norcoreanos
constituiría una "escalada real" del conflicto.
Choe Son Hui, además, reafirmó en Moscú el compromiso de Corea
del Norte con su programa nuclear, acusando a Occidente de
fomentar la inestabilidad en la península coreana. La
diplomática subrayó que la situación en su país es “explosiva” y
señaló que las maniobras de Estados Unidos y sus aliados ponen
en peligro la seguridad en la región. Ante este escenario, Corea
del Sur también ha manifestado su preocupación, advirtiendo que
el apoyo de Pyongyang a Moscú podría aumentar las amenazas a la
seguridad en la península coreana, intensificando las tensiones
en un contexto ya altamente volátil.
España
despliega 10,000 militares en Valencia tras inundaciones que
dejan 211 muertos
Las devastadoras lluvias torrenciales que
azotaron la región de Valencia, España, han dejado un saldo de
211 personas fallecidas y múltiples comunidades afectadas por
graves inundaciones. A días después de la tragedia, los equipos
de rescate siguen trabajando en la remoción de escombros y el
rescate de personas en zonas afectadas. Ante la magnitud del
desastre, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha
anunciado el despliegue de 10,000 efectivos adicionales,
incluyendo militares y fuerzas de seguridad, para reforzar las
operaciones de rescate y asistencia a la población.
Hasta el momento, los equipos de emergencia han “localizado y
registrado 211 muertos”, informó Sánchez, aunque el número de
desaparecidos sigue siendo incierto. La región de Valencia, en
particular, ha sido la más golpeada, con 204 fallecidos. Además,
la catástrofe también ha cobrado vidas en Castilla-La Mancha y
Andalucía. En su último reporte, el ministro del Interior,
Fernando Grande-Marlaska, reconoció el enorme esfuerzo de los
equipos de rescate, quienes han enfrentado duras condiciones
para llevar ayuda a los afectados.
La respuesta inicial de las autoridades ha sido
objeto de críticas, principalmente por la tardanza en activar
alertas y el lento despliegue de recursos de emergencia.
Sánchez, en un intento de reconocer estas fallas, admitió que
“la respuesta no ha sido
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suficiente” y que existen “serias deficiencias” en el
sistema de respuesta ante emergencias. En particular, la demora en la
emisión de alertas telefónicas el martes, a pesar de la “alerta roja”
emitida desde temprano por la Agencia Estatal de Meteorología, ha sido
un punto de controversia.
Operativos de rescate y ayuda humanitaria
La prioridad actual, según Sánchez, es la localización de desaparecidos
y la limpieza de rutas para facilitar el paso de ayuda humanitaria.
Hasta ahora, más de 2,000 vehículos y camiones dañados han sido
retirados, y se ha trabajado intensamente en la eliminación de toneladas
de lodo y escombros acumulados en las zonas más afectadas. En su
declaración, Sánchez prometió que el gobierno trabajará para restaurar
el orden y los servicios básicos en las áreas devastadas por el
desastre.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha señalado que
proporcionar cifras exactas sobre los desaparecidos es prematuro, dada
la complejidad de la situación. Mientras tanto, la incertidumbre ha
llevado a numerosos ciudadanos a buscar información sobre sus familiares
en redes sociales y medios locales, generando una ola de solicitudes de
ayuda y apoyo.
Solidaridad y desafíos en las operaciones de rescate
En medio del caos, la población de Valencia ha respondido con
solidaridad, movilizándose para apoyar a los damnificados. Miles de
personas han acudido a las áreas afectadas con suministros, palas y
escobas, en un esfuerzo colectivo por limpiar y rehabilitar las zonas
devastadas. Según la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Susana
Camarero, toneladas de alimentos y agua han sido enviadas a los
municipios más afectados, aunque el colapso de infraestructuras ha
dificultado el acceso a servicios básicos y comunicaciones.
Las autoridades han pedido a los voluntarios que eviten desplazarse en
vehículos hacia las áreas afectadas, para no bloquear las vías y
permitir el paso de los servicios de emergencia. Además, La Generalitat
Valenciana ha restringido temporalmente la circulación en las carreteras
hacia los municipios más perjudicados.
Aunque las previsiones meteorológicas anticipan un clima estable en
Valencia para el fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología ha
emitido una alerta naranja por fuertes lluvias en la provincia de
Castellón. Este nuevo frente climático podría agravar la situación en el
norte de la región y dificultar las labores de rescate en curso.
Harris y Trump se
enfrentan en un final de campaña lleno de tensiones y temas divisivos
La carrera presidencial de 2024 en Estados Unidos sigue
avanzando con intensidad y no sin controversias. Kamala Harris, quien
asumió la candidatura demócrata tras el retiro de Joe Biden en julio,
enfrenta al expresidente republicano Donald Trump en un contexto donde
la política nacional se ha vuelto cada vez más polarizada y los temas
clave dividen a los votantes. Harris, respaldada unánimemente por su
partido, alcanzó en tan solo 36 horas el apoyo no oficial de suficientes
delegados para representar a los demócratas. Este ascenso marca un hito
en la historia electoral del país, pues su trayectoria hacia la
candidatura presidencial fue mucho más breve y rápida que la de la
mayoría de los candidatos en el pasado.
Desde su tiempo como senadora y como vicepresidenta, Harris ha sido una
defensora de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (también conocida como
Obamacare) y de la Ley CHIPS y Ciencia, aprobada durante la
administración de Biden. Esta última legislación busca impulsar la
manufactura de semiconductores en Estados Unidos, un tema que la
vicepresidenta considera crucial para la economía y el desarrollo
tecnológico del país. En respuesta a los comentarios del presidente de
la Cámara de Representantes, Mike Johnson, quien recientemente sugirió
una “reforma masiva” al sistema de salud y expresó su interés en derogar
la Ley CHIPS, Harris acusó a los republicanos de intentar eliminar
avances significativos y afectar los empleos en el sector manufacturero,
especialmente en los estados clave para las elecciones de 2024.
La vicepresidenta también ha señalado que estas propuestas son parte del
"Proyecto 2025", una agenda conservadora que, según ella, busca revertir
muchos de los logros de la administración actual. Trump, sin embargo, ha
negado cualquier asociación con este proyecto y ha rechazado las
afirmaciones de Harris, insistiendo en que su prioridad será reducir las
regulaciones para incentivar el crecimiento económico y proteger los
intereses estadounidenses.
CISA y la batalla contra la desinformación electoral
Un tema relevante en la contienda electoral es la desinformación. La
agencia de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional,
conocida como CISA, encargada de proteger el sistema electoral, ha
tomado un enfoque menos activo para combatir la desinformación en
comparación con las elecciones de 2020. Esta agencia fue objeto de una
demanda por parte de fiscales republicanos que acusaron a CISA de
censura, lo que ha limitado su capacidad para intervenir en las
plataformas de redes sociales con la misma agresividad que en años
anteriores. Sin embargo, CISA continúa denunciando esfuerzos de
desinformación de origen extranjero, especialmente relacionados con la
injerencia rusa.
Los críticos de la agencia señalan que la falta de una
estrategia sólida para combatir la desinformación nacional podría
afectar la percepción de los votantes en estas elecciones. En contraste,
Jen Easterly, directora de CISA, ha declarado que la agencia no tiene la
tarea de supervisar el discurso en redes sociales y ha insistido en que
su prioridad es proteger la infraestructura electoral del país.
Propuestas económicas y precios de la vivienda
Otro aspecto que divide a los candidatos es el enfoque para solucionar
la crisis de vivienda en Estados Unidos. Harris ha propuesto un
ambicioso plan para reducir los costos de la vivienda, que incluye hasta
$25,000 en apoyo para el pago inicial y un
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crédito fiscal de $10,000 para
compradores primerizos. Su propuesta también busca construir tres
millones de nuevas unidades habitacionales mediante asociaciones con el
sector privado, con el fin de satisfacer la creciente demanda de
vivienda accesible en todo el país.
Trump, en cambio, ha vinculado la problemática de la
vivienda con su política de inmigración. Ha señalado que los inmigrantes
indocumentados contribuyen al aumento de los precios y ha prometido
prohibir su acceso a hipotecas si vuelve a la Casa Blanca. Aunque no ha
presentado un plan formal, el expresidente ha asegurado que reducirá las
tasas de interés para facilitar el acceso a las hipotecas, afirmando que
su objetivo es llevarlas al 3% o incluso menos. No obstante, la relación
entre las tasas de interés y las políticas presidenciales es indirecta,
ya que las tasas hipotecarias dependen del rendimiento de los bonos del
Tesoro a 10 años, fuera del control directo de la presidencia.
La retórica de Trump y la postura de Harris sobre la violencia
Las tensiones en la campaña no solo se limitan a los
temas económicos y sociales; también se ha incrementado el uso de
retórica conflictiva. Harris criticó la retórica violenta de Trump,
calificándola como “descalificadora” para un candidato presidencial,
después de que este sugiriera que la exrepresentante Liz Cheney debería
ser "atacada con nueve cañones". Trump respondió tachando a Harris de
"no calificada" y de utilizar términos que él mismo había acuñado, como
"no calificada" para competir en las elecciones.
En un evento reciente, Trump cuestionó un anuncio a favor
de Harris que alentaba a las mujeres a guardar su voto en privado, sin
comunicárselo a sus parejas, calificando esta idea de “ridícula” y
afirmando que ninguna mujer escondería su voto de su esposo. Estos
comentarios reflejan un enfoque tradicionalista que choca con la imagen
de Harris, quien defiende la independencia y privacidad en el derecho al
voto.
La contienda entre Harris y Trump se ha convertido en un
choque de valores y de visiones para el futuro de Estados Unidos.
Mientras Harris busca continuar la agenda progresista de Biden y avanzar
en temas de salud, manufactura y derechos sociales, Trump enfoca su
campaña en la desregulación y en una política de inmigración estricta.
La elección de 2024 será determinante para el rumbo del país en temas de
economía, derechos individuales y la lucha contra la desinformación,
marcando uno de los enfrentamientos más polarizados en la historia
reciente de EE.UU.
Primer mes de Sheinbaum en
la presidencia marcado por violencia e incertidumbre judicial
Claudia Sheinbaum cumple su primer mes en la presidencia
de México en un contexto de desafíos importantes. En medio de una grave
crisis de violencia, particularmente en estados como Sinaloa y Chiapas,
la mandataria enfrenta un clima de inseguridad creciente que ha cobrado
la vida de policías, periodistas y líderes comunitarios. A esto se suma
el conflicto en el sistema judicial, que ha suscitado una profunda
oposición y protestas tras la implementación de una polémica reforma.
La situación en Sinaloa es crítica: la región occidental
del país ha sido el escenario de violentos enfrentamientos entre
facciones del Cártel de Sinaloa, que se han intensificado tras la
captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio. La detención, facilitada
en parte por la colaboración de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán
con autoridades estadounidenses, desencadenó una serie de represalias
entre facciones, afectando a la población civil. Estos choques han
resultado en cientos de muertes y en un clima de inseguridad que impacta
también la economía del estado.
En el sur, Chiapas enfrenta problemas similares, exacerbados por la
muerte de figuras importantes como el Padre Marcelo Pérez, quien había
trabajado en defensa de los derechos humanos y había sido previamente
amenazado. Su asesinato, ocurrido el 19 de octubre, evidencia la
presencia de grupos armados que compiten por el control territorial en
esta zona fronteriza con Guatemala.
A nivel nacional, los ataques a fuerzas de seguridad también preocupan.
La organización civil Causa en Común informó que octubre cerró con la
cifra más alta de policías asesinados en lo que va del año, sumando 257
víctimas, lo que evidencia los riesgos que enfrentan estos funcionarios
en sus labores diarias. La violencia contra la prensa también ha
generado alarma. En Michoacán, el asesinato del periodista Mauricio Cruz
Solís el pasado martes impulsó a la organización Reporteros Sin
Fronteras a exigir mayores medidas de protección para los trabajadores
de medios. Este acto, seguido por la muerte de Patricia Ramírez,
periodista de espectáculos, eleva a seis el número de periodistas
asesinados en 2024.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Sheinbaum enfrenta tensiones con el
Poder Judicial, derivadas de una reforma impulsada por su predecesor,
Andrés Manuel López Obrador. Esta medida, que implica que los jueces
sean elegidos por voto popular en lugar de un sistema de carrera, ha
sido ampliamente criticada por organismos judiciales y la oposición,
quienes temen que se vulnere la independencia de este poder. La
presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y varios magistrados
renunciaron en rechazo a esta reforma, mientras los trabajadores
judiciales iniciaron una huelga que ha paralizado unos 13.000 casos.
Sheinbaum ha manifestado su apoyo a la reforma, calificándola como un
avance en la legitimidad y transparencia del sistema judicial. No
obstante, ha criticado la huelga, enfatizando que los empleados
judiciales están percibiendo sus salarios mientras mantienen el paro. La
implementación de la reforma enfrenta ya desafíos legales que podrían
retrasar su puesta en marcha, pero el conflicto ha polarizado aún más el
entorno político y social de México.
El primer mes de Sheinbaum en la presidencia ha estado marcado, por lo
tanto, por tensiones y desafíos significativos, con una creciente
presión para abordar la crisis de seguridad y restaurar la estabilidad
judicial en el país.
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