Así mismo, el expresidente advierte que el actual gobierno ha llevado al país a una debacle y que la izquierda está destruyendo al país basada en reformas como la laboral o la salud. “El presidente Petro habla de cambio, pero hemos cambiado para mal. Está destruyendo el sistema de salud, lo cual perjudica sin remedio a los más pobres y a centenares de miles de la clase media. Por demás, deteriorando sectores económicos que generan empleo a los más necesitados” manifestó Gaviria.

Pero sin lugar a dudas, uno de los hechos que más incomodaron al expresidente se relaciona con las afirmaciones que hiciera Germán Vargas Lleras de que querían sacar a César Gaviria de la presidencia del del Partido Liberal para pasarlo a un frente único con el Pacto Histórico.

Frente a ese asunto, Vargas Lleras dijo en sus redes sociales: “En la Convención del Partido Liberal buscaban destituir al expresidente César Gaviria para alinear al partido con el gobierno de Petro y vincularlo al frente amplio de cara a las elecciones de 2026, en una conspiración que estaba liderada por el exministro Luis Fernando Velasco y el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo”.

Sin embargo, con la ratificación de Gaviria nuevamente en la Dirección del Partido Liberal, el mismo líder le respondió al petrismo rojo que lo daba por derrotado: “El presidente Petro ha roto los principios sagrados de la democracia, como el respeto a la independencia de la justicia y la libertad de prensa, solo para satisfacer sus objetivos personales. Intenta menoscabar las instituciones que han mostrado y seguirán mostrando su fortaleza civil y republicana, pretendiendo destruir el país”.

El liberalismo de cara a las elecciones 2026

Sobre este particular, César Gaviria propuso la consolidación con varios partidos, a la que invitó formalmente al Partido de la U y al Centro Democrático, que apunte a las elecciones presidenciales de 2026 y que tenga como objetivo elegir un candidato único a través de una consulta interpartidista que se realizaría en marzo de ese mismo año.

“Propongo una consulta abierta interpartidista durante los comicios parlamentarios de 2026, en la que elijamos a un candidato único a la Presidencia por todos los partidos. Un candidato que sea respaldado por miembros y simpatizantes de los partidos independientes, así como desde los liderazgos sociales, que defienda la Constitución Nacional, el Estado social de derecho y la democracia”, advirtió.

Para Gaviria, fue indispensable aclarar que extiende la invitación de coalición al Partido Conservador, en respuesta al respaldo expresado por el presidente del Senado a su reelección como director único liberal. Estas declaraciones generaron reacciones en Efraín Cepeda: inicialmente, el presidente del Congreso sostiene que concuerda en varios puntos con el liberal, entre los que se incluye la defensa a la democracia, al Estado social de derecho, la separación de poderes, el respeto por las instituciones y el acatamiento de las sentencias judiciales, lo que tendría a azules y rojos muy cerca el uno del otro.

Al respecto, Cepeda manifestó: “Hemos construido democracia durante 175 años el Partido Conservador y durante 176 el Partido Liberal, hemos tenido muchas gestas importantes juntos defendiendo la democracia y estamos aquí para decir que transitemos juntos en la defensa de la democracia colombiana. Además, el Partido Conservador votará por un liberal para la próxima presidencia del Congreso”.

Se oyen voces de unidad política

Otro partido que se pronunció fue el Centro Democrático, a través de la senadora Paloma Valencia, quien no despreció la invitación y le aseguró a Gaviria que “siento que es el momento de unirnos, como lo hicieron los grandes partidos en el pasado, para enfrentar la pobreza y apoyar a quienes luchan cada día. Necesitamos una revolución en educación, oportunidades para los jóvenes y respaldo para las madres cabeza de hogar. Es hora de trabajar juntos por una Colombia más grande y más justa. Esta no es una unión para el 2026, debe ser una unión mucho más larga que eso, que piense en solucionar problemas estructurales que tiene Colombia. Este país en momentos difíciles como el de la violencia política logró hacer acuerdos que le dieron la paz y la tranquilidad y hoy tenemos que recuperar la paz y las oportunidades para los colombianos”.

Por su parte, el director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, sostuvo que “desde la Convención Nacional del Partido Liberal tuve la oportunidad de destacar la importancia de reconciliar nuestra democracia, priorizar un sistema educativo que garantice oportunidades para nuestros jóvenes, fortalecer nuestros territorios mediante una política de seguridad construida desde lo social y unir a nuestra nación. Tenemos que encontrar caminos para superar diferencias, pero responderle a la gente que se siente traicionada por Gustavo Petro, quien hizo la promesa de un cambio que nunca llegó”.

Posteriormente, Alexánder Vega, copresidente del Partido de la U, sostuvo que “es importante explorar una gran coalición de cara a las elecciones presidenciales de 2026, tal y como se ha propuesto por parte del doctor César Gaviria. Debemos continuar trabajando juntos por el futuro de Colombia. Además, respaldamos al expresidente Gaviria en su reelección como presidente único del Partido Liberal para llevar adelante este propósito”.

Resultado de la Convención Liberal

Fueron pocas los cambios que dejó la IX Convención Liberal. Inicialmente se conoció que se establecieron modificaciones a unos pocos estatutos que fueron ajustados en torno a la nueva postura de la colectividad y su declaratoria en oposición. Posteriormente se ratificó la dirección única en cabeza de César Gaviria; además, la bancada hizo elección de los cargos administrativos en secretaría y tesorería. Pero sin lugar a duda lo que más llamó la atención fue el llamado del expresidente a otras colectividades para crear una coalición que garantice la salida de la izquierda de la sede presidencial en los comicios de 2026.

¿Con reforma al SGP qué funciones pasarían de Nación a departamentos y municipios?

Tras la posible aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), a la que le faltan dos debates en la Cámara, se avecina un duro pulso por la discusión de una ley de competencias para una nueva distribución de responsabilidades a cargo de la Nación y las que quedarían en departamentos y municipios, teniendo en cuenta que el giro de recursos a las regiones crecería del 22.5% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Algunos consideran que esto implicará un verdadero revolcón del Estado.

Es claro que el Gobierno central se quedará con rubros que constitucionalmente le corresponden, como la atención de la deuda pública, la defensa nacional y por ende costear el Ejército; las relaciones exteriores, y por ello seguirá con el gasto que demandan las embajadas y los consulados; y el funcionamiento de la justicia, entre una extensa lista.

Y hay otras responsabilidades del Estado que podrían quedar a cargo en su totalidad de departamentos, distritos y municipios, como la salud y la educación, que hoy parcialmente y con dificultades las asumen, porque la plata no les alcanza, a pesar de que además del SGP que reciben de la Nación, también les llegan importantes recursos por concepto de regalías.

Este proyecto de origen parlamentario busca recuperar para las regiones el porcentaje de los recursos por SGP que estableció la Constitución del 91 para avanzar en la descentralización, pero que por una reforma de 2001 se vio reducido del 46.5% a cerca del 22.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Se calcula que en este tiempo las regiones han dejado de recibir más de $300 billones.

Sin embargo, el impacto en los ingresos que hoy maneja el Gobierno Nacional que significaría hacer crecer ese porcentaje, determinó que varias administraciones dejaran de lado la reforma al SGP, mientras que crecían los reclamos de las regiones porque la plata no les alcanza para costear las responsabilidades que tienen y que en todos estos años les han ido agregando más.

El exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo dijo que “no se puede transferir un solo peso nuevo a las entidades territoriales si previamente no se expide una ley de competencias en que se diga y se cuantifiquen las transferencias”.

Agregó que “tiene que ser Planeación Nacional la que se siente mapa en mano de competencias a definirlas. Hay algunas que no son transferibles: la defensa nacional, el servicio de la deuda, el servicio exterior. Habrá otras que pueden ser objeto de transferencia”.

Por su parte, Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, dijo que “lo primero es esperar que salga el proyecto de acto legislativo 018 y después comienza ese ciclo de negociación. Porque si el acto pasa con más transferencias a las entidades territoriales, el Estado debe dejar el gasto que hoy tiene en lo que se le trasladaría”.

Agregó el directivo: “Y para ello hay que cumplir con el artículo 5 parágrafo transitorio de la Ley 2200 del 2022, porque lo que no puede quedar igual es más gasto en la Nación con competencias que se les asignen a las entidades territoriales”.

Mientras que Fernando Montenegro, consultor en temas de urbanismo y de planes de ordenamiento territorial, consideró que “Colombia históricamente fue un país que se fundamentó en regiones” y hasta la Constitución del 91 “los departamentos eran unas entidades poderosas en el sistema regional”, pero después de la misma y la “puesta en funcionamiento de un sistema basado en el municipio, en Colombia las cosas cambiaron y pasamos de un país de regiones departamentales a un país de regiones municipales”.

Agregó que “en el momento en que empiezan a hablar de repartir mucho más dinero para las regiones aparece un problema fundamental: ¿quién lo reparte?, ¿los departamentos en su antigua configuración o los municipios en su nueva configuración? Y es un problema sumamente difícil de resolver, porque ambos tienen razón”.

Continuó Montenegro que, por ejemplo, “hoy en día quién hace las carreteras secundarias o los caminos vecinales, los puede hacer el gobernador o los pueden hacer los municipios”. Por ello, dijo que de cara a la discusión de ley de competencias también “lo que hay que plantear es que las distintas escalas de gobierno hay que empezar a mirarlas para que estén armonizadas. Ya no existe un gobernador poderoso, existe un gobernador con un conjunto de alcaldes”.

En tanto que Óscar Pérez Pineda, representante a la Cámara por Antioquia, aseguró que “lo primero que hay que establecer es cuál es el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que se deberán transferir a las regiones sin poner en peligro las finanzas públicas”.

Agregó el parlamentario que la Constitución del 91 “empezó a crear una cantidad de figuras de gasto, pero nunca se preocupó por generar ingresos”.

Recordó Pérez que “se creó una misión de descentralización que hizo un estudio hace unos años y propuso el 31% de los ingresos corrientes de la nación. ¿Cuál debe ser: el 39%, el 35%, el 31%?, eso hay que estudiarlo técnicamente”.

Añadió: “¿Cuáles son las competencias que hay que trasladar, las funciones que hay que trasladar?, pues si el Gobierno central va a trasladar, no sé, $60 o $70 billones más, pues tiene que bajar sus gastos en $60 o $70 billones”.

Explicó que el primer gasto que hay que pagar es la deuda pública, también hay que pagar las pensiones, el aseguramiento en salud, la educación primaria y secundaria, la atención de los niños. “Entonces hay que recomponer el Estado completo: en cuánto se va a reducir Bienestar Familiar, en cuánto se va a reducir el Ministerio de Educación, en cuánto se va a disminuir el Ministerio de Salud, en cuánto se va a disminuir el tema de agua potable y saneamiento básico, en cuanto se va a disminuir vivienda”, dijo.

Señaló que la educación superior y la prevención en salud es posible que terminen trasladándose a los departamentos y municipios, así como vías primarias, infraestructura básica, subsidio para mejoramiento de vivienda, entre otras.

Aclarar fallo que ordena reintegrar a Amelia Cotes pide MinInterior

El Ministerio del Interior solicitará al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá una aclaración sobre el fallo que considera problemático. Según la cartera, la decisión va en contra de la protección especial que se debe dar a las mujeres que han terminado su licencia de maternidad y su periodo de lactancia. Además, el acto también ignoraría el derecho del Gobierno a elegir libremente a sus funcionarios, lo que es una parte importante de cómo se maneja la administración pública.

"La señora Amelia Rocío Cotes Cortés culminó su licencia de maternidad el pasado 16 de junio de 2024 y se declaró insubsistente el 22 de agosto de 2024. De conformidad con lo establecido en la Sentencia T-186 de 2023 de la Corte Constitucional, el periodo de lactancia corresponde a las primeras 18 semanas después del parto y hasta el sexto mes, periodo después del cual las entidades cuentan con la facultad discrecional de terminar la relación laboral con los funcionarios de libre nombramiento y remoción", se lee en el comunicado.

Así, la señora Amelia Rocío Cotes Cortés se declaró insubsistente luego de 6 meses y tres días del nacimiento de su hija, en razón a la discrecionalidad con la que cuenta el nominador de nombrar a sus funcionarios y funcionarias de confianza en cargos de nivel directivo, aspecto que ha sido evaluado con cada uno de los cargos en esta situación para consolidar el equipo de gobierno de la actual administración.

En dicha decisión se consideró que la señora Cotes no está en situación de vulnerabilidad y había cumplido los tiempos establecidos para ejercer su licencia de maternidad.

El Ministerio señaló que el cargo de Director de Asuntos Religiosos en cumplimiento de todos los requisitos legales es ocupado actualmente por Alexander Jaimes Medina, quien tomó posesión el 28 de octubre a las 10 am.

Jaimes Medina es abogado, especialista en Derecho Administrativo y derecho constitucional, Magister en Derecho Administrativo y Doctorando en administración, hacienda y Justicia en el estado Social, quien se desempeñaba como Mentor de liderazgo político del Christian Center For Public Life, con sede en Washington DC, Conjuez del Tribunal Superior del Distrito judicial de San José del Guaviare y Asesor de la Personería de Bogotá, entre otros.

Cabe recordar que la cartera reintegró a Amelia Rocío a la entidad, mediante Resolución 2019 del 29 de octubre de 2024, a un cargo de iguales condiciones al que ostentaba al momento de su desvinculación. Dicho cargo es el de Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el cual se encontraba vacante.