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Proyecto de ausentismo, cerca de
hundirse por inasistencia parlamentaria
En la Cámara de
Representantes, los legisladores intentan discutir el proyecto
que castiga el ausentismo parlamentario y, como era de
esperarse, el proyecto llegó a segundo debate en la plenaria de
la célula congresional. Sin embargo, fuentes cercanas a la
discusión del proyecto de ley explicaron que la iniciativa está
a punto de hundirse por falta de discusión.
Según los mismos
parlamentarios, en el momento de discutir la propuesta el quorum
se desintegra y esto no permite hacer el debate correspondiente
del proyecto. Al respecto, la representante Catherine Juvinao,
de la Alianza Verde, expresó que “es increíble lo que hizo el
representante William Aljure, de las curules de paz, quejándose
del ausentismo en un debate de control político, impidió que se
anunciara el proyecto que combate el ausentismo, el cual queda
ahora en riesgo de hundirse por tiempos”.
De igual manera la
congresista explica que “si no se aprueba la iniciativa proyecto
durante el transcurso de esta semana, se archivaría. Además, se
debe discutir el proyecto que concede la mesada 14 para los
profesores de instituciones nacionales. Representante William
Aljure, usted pidió la verificación del quorum en medio del
debate de control político sobre salud mental en niños, niñas y
adolescentes, que está causando altos índices de suicidio y su
irresponsabilidad tampoco permitió la finalización de ese
procedimiento legislativo”.
Luego, Juvinao agregó que “tristemente y también es cierto que
los jóvenes solo les sirven a algunos congresistas para buscar
votos en campaña, pero en el momento de comprometerse con
acciones concretas y hacer presencia en un control sobre su
salud mental (los jóvenes se nos están suicidando cada día más),
son pocos los parlamentarios que se quedan hasta el final, y ni
siquiera les interesa escuchar al Gobierno, al que deben
controlar”.
Origen del proyecto de ausentismo
Se trata de un proyecto de acto legislativo que debe ser
discutido en ocho debates. De la autoría de los senadores Germán
Blanco, del Partido Conservador; Alfredo Deluque, del Partido de
la U; así como los representantes Juan Carlos Lozada, del
Partido Liberal, y Alirio Uribe, del Pacto Histórico. Bajo ese
orden de ideas, los parlamentarios proponen que se modifique el
artículo 183 de la Constitución Política de Colombia (Ausentismo
parlamentario).
Presentada durante esta legislatura, julio de 2024 a julio de
2025, la propuesta advierte que “el presente proyecto de acto
legislativo tiene como finalidad combatir el ausentismo
parlamentario, especialmente en materia de asistencia a las
sesiones de las comisiones constitucionales permanentes,
mediante la modificación del numeral 2 del artículo 183 de la
Constitución Política de Colombia. Estableciendo que una de las
causales de pérdida de investidura será la inasistencia
injustificada, en una misma legislatura, a seis sesiones
plenarias o a seis sesiones de comisiones constitucionales
permanentes, en las que se discutan o voten proyectos de acto
legislativo, de ley o mociones de censura”.
De igual manera, se señala que “el ausentismo parlamentario
genera desprestigio de esta corporación y, además, limita la
formación adecuada de los proyectos de ley y los proyectos de
acto legislativo, por la falta de discusión adecuada de estos
proyectos de ley. Se plantea la pérdida de investidura (o muerte
política) al faltar a seis sesiones en las que se voten
proyectos de actos legislativos o de ley o mociones de censura a
los ministros. Por ende, este proyecto busca recuperar la
confianza ciudadana en el Congreso a partir de fortalecer las
sanciones en contra de este fenómeno que genera preocupación en
las colectividades políticas”.
¿Es mejor para autonomía fiscal de
regiones referendo o reforma a SGP?
Una interesante
situación se presenta por estos días alrededor de poder
satisfacer el clamor de las regiones por más recursos para
cumplir las obligaciones que tienen en el marco de la
descentralización administrativa. Por un lado, está cerca de
aprobarse en el Congreso la reforma al Sistema General de
Participaciones (SGP), y por el otro, la iniciativa de referendo
que impulsa el gobernador de Antioquia va rumbo a los 2 millones
de firmas de respaldo, con el fin de que los tributos de renta y
patrimonio, hoy administrados por la Nación, pasen directamente
a los departamentos.
Las dos iniciativas coinciden en el propósito de incrementar de
manera significativa los ingresos de los departamentos y
municipios; sin embargo, el medio para hacerlo y la fuente de
los recursos son distintos.
Mientras que el Congreso es la principal expresión de la
democracia representativa, pues los congresistas encarnan el
poder político del pueblo, el referendo es uno de los
principales mecanismos de la democracia participativa, con el
que los ciudadanos directamente pueden aprobar leyes y reformar
la Constitución e, incluso, derogar leyes.
En cuanto a las fuentes de los recursos que buscan estas
iniciativas, mientras que el SGP contempla los ingresos
corrientes de la Nación –cuya fuente principalmente son los
impuestos nacionales, entre otros el IVA, el gravamen a los
movimientos financieros, el impuesto de renta, el impuesto al
patrimonio–, el referendo tiene en la mira solo estos dos
últimos, que de aprobarse los recaudarían directamente los
departamentos y los administrarían.
La reforma al SGP, a la que le faltan dos de ocho debates en la
Cámara y que tiene alta probabilidad de aprobarse de aquí al
próximo 16 de diciembre –porque hay consenso en las distintas
bancadas, que se identifican en que las regiones necesitan más
plata–, incrementaría el porcentaje de los ingresos corrientes
de la Nación del 22,5% en la actualidad al 39,5% de forma
gradual en un término de 12 años, tentativamente a partir de
2027, porque antes el Gobierno debe tramitar una ley de
competencias para redistribuir con departamentos y municipios
las actuales funciones, pues si ello ocurre, la administración
nacional. El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, considera
que para la autonomía de las regiones es mejor el referendo que
la reforma al SGP.
Esto sorprende a muchos porque, como se dijo, esta iniciativa de
acto legislativo está a punto de aprobarse en el Congreso,
después de múltiples proyectos que se hundieron en todos estos
años tratando de recuperar para las regiones el porcentaje de
los recursos por SGP que estableció la Constitución del 91, pero
que por una reforma de 2001 se vio reducido del 46.5% a cerca
del 22.5% de los ingresos corrientes de la Nación. Se calcula
que en este tiempo han dejado de recibir más de $300 billones.
Rendón dijo que “hay otro camino posible, que tendría la
bendición del voto popular y que no necesitará el guiño del
Gobierno. Me refiero a la iniciativa del referendo que les
otorgaría autonomía fiscal a las regiones. Hablando con otros
colegas gobernadores, manifestaron sentirse desilusionados con
la promesa del aumento en el SGP. En mi opinión, ese sistema,
independientemente del aumento que resulte, conserva la
dependencia del centralismo”.
Las cifras
Según la DIAN en el año 2023 por el impuesto de renta se
recaudaron $50.7 billones y por patrimonio $1.2 billones, que
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pasarían
directamente a los departamentos si así los ciudadanos lo aprueban en
las urnas.
Los
promotores del referendo ‘Por las Regiones Firme’ indican que “con la
información del año 2022, la Nación recaudó, a través de renta y
patrimonio, $100 billones, y ese mismo año giró $55 billones a través
del Sistema General de Participaciones. Es decir, por un lado, dejaría
de recibir $100 billones, pero por otro lado no tendría que girar $55
billones”.
En tanto que la reforma al SGP con el 39.5% que aprobó la plenaria del
Senado en sexto debate, de forma gradual en 12 años, implicaría que en
el primer año, de ser posible en 2027, las regiones recibirían $82
billones y en 2032, por ejemplo, $163.5 billones.
Los
tiempos
La reforma al SGP debe aprobarse este año por tratarse de una reforma
constitucional; sin embargo, la misma contempla que antes de entrar en
vigor debe ser tramitada una ley de competencias para una nueva
distribución de responsabilidades a cargo de la Nación y las que
quedarían en departamentos y municipios.
Es claro que la discusión de la ley de competencias significará un duro
pulso entre el Gobierno Nacional y las regiones por definir con cuáles
funciones se quedará cada uno, conforme a los ingresos que reciba, en
donde más que elementos políticos se deben tener en cuenta aspectos
técnicos sin poner en peligro las finanzas públicas.
Por ello es previsible que la discusión de la pretendida ley de
competencias tome la mayor parte de 2025.
En tanto que el referendo debe obtener unas firmas de respaldo, en el
caso de autonomía fiscal regional se requieren mínimo 2'027.199 rúbricas
(ver recuadro), las cuales deben ser revisadas en su validez por la
Registraduría, que debe expedir una certificación si cumplen los
requisitos.
Posteriormente, el Congreso debe expedir una ley de referendo, en que
con su aprobación se entiende que da aval para su realización, la cual
tiene control previo por la Corte Constitucional.
Es probable que este trámite requiera la mayor parte del 2025 y los
ciudadanos sean llamados a las urnas en 2026.
Las críticas
A pesar de los beneficios que implica para las regiones tener más
recursos, las iniciativas también han recibido críticas. En el caso de
la autonomía fiscal regional, algunos gobernadores indican que
departamentos como Antioquia, Valle y Cundinamarca se favorecerían por
el alto número de población que tienen; en cambio no pasaría lo mismo,
por ejemplo, con Vichada y Guainía, en donde el escaso número de
habitantes no generaría un recaudo significativo de los impuestos de
renta y patrimonio.
En tanto que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal dijo sobre la reforma
al SGP que “la discusión de esta reforma comenzó por el final. Lo
primero que habría que revisar es cuáles son las competencias que el
Gobierno Nacional puede transferir a las entidades territoriales, cuál
es su capacidad de ejecución y cuáles son las necesidades de gasto
sectorial".
Los gremios también han mostrado temores sobre el porcentaje de giro a
las regiones que se apruebe en la reforma al SGP. La ANIF dijo que
debería ser máximo del 35%. “Una mala calibración de la fórmula de
descentralización podría traducirse en mayores primas de riesgo y tasas
de interés, que no solo afecten la capacidad de endeudamiento del
Gobierno y otras entidades de orden subnacional, sino del sector
privado, afectando así el crecimiento, la inversión y el empleo en todo
el país”, dijo este gremio.
Así se mueven ‘aguas’ en Senado para
elección de magistrado de C. Constitucional
La semana que comienza será
definitiva para la decisión que tomarán los partidos por el aspirante de
la terna del Consejo de Estado que votarán para magistrado de la Corte
Constitucional en reemplazo de Antonio Lizarazo, quien finaliza su
periodo el próximo 5 de febrero. Esta elección a cargo del Senado fue
agendada para el 18 del presente mes.
La terna está integrada por Claudia Dangond Gibsone, abogada de la
Universidad Javeriana con un master en Relaciones Internacionales de la
misma universidad y una maestría en Políticas de Desarrollo para América
Latina del London School of Economics and Political Science. Hoy es
profesora de la Universidad Javeriana en pregrado y posgrado.
También por Jaime Tobar, abogado de la Universidad del Rosario,
especialista en Derecho Financiero de la misma universidad, en Derecho
Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid y en
Derecho Comparado de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente,
es conjuez del Consejo de Estado y árbitro de la Cámara de Comercio de
Bogotá.
Y por Miguel Polo Rosero, abogado de la Universidad Javeriana con
maestría en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, España. Es
magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y fue magistrado
encargado de este alto tribunal mientras se posesionaba en el cargo
Vladimir Fernández, el exsecretario jurídico de la Presidencia de la
República.
El pasado 18 de agosto, el Consejo de Estado abrió una convocatoria
pública para conformar dicha terna, pues le correspondió debido a que en
el 2017 ternó a Antonio Lizarazo, quien a la postre fue elegido por el
Senado.
En el transcurrir de dicho proceso el alto tribunal reveló el pasado 9
de octubre una lista de 20 preseleccionados tras estudiar sus hojas de
vida y el cumplimiento de los requisitos para el cargo. Y el 22 de ese
mes dio a conocer que escogió a Dangond, Tobar y Polo para integrar la
terna.
Cómo se mueven ' aguas' en el Congreso
Tras ser ternados, los aspirantes iniciaron campaña y se han reunido con
las bancadas de los diferentes partidos para presentar su hoja de vida y
buscar el respaldo en esta elección.
Los 10 senadores del Partido de la U ya hablaron con los tres aspirantes
en días anteriores, pues los buscaron para presentarles sus hojas de
vida. La bancada espera reunirse el día de hoy o el próximo miércoles
para tomar una decisión sobre el nombre que apoyarán en la elección el
próximo 18 de noviembre.
En tanto que en el partido MIRA ya se entrevistaron con los aspirantes
Polo y Dangond Gibsone. El próximo martes escucharán a Tobar. Esta
colectividad en conjunto con Colombia Justa Libres cuenta con cuatro
senadores.
Mientras tanto, varios de los senadores liberales se han reunido por
separado con los aspirantes a magistrado de la Corte. Se conoció que no
se tomaría una decisión de bancada, sino que habría libertad para que
cada uno de los 13 parlamentarios vote por quién considere.
Igualmente, los congresistas del Partido Conservador se han reunido con
los aspirantes a magistrado de la Corte Constitucional y se espera en
los próximos días hacer una reunión de bancada, compuesta por 15
senadores, para tomar una decisión sobre el nombre que apoyarán. Se
conoció que los mayores respaldos los tendría en esta fuerza política la
abogada Claudia Dangond.
Otros partidos
La bancada de la coalición del Pacto Histórico, fuerza mayoritaria en el
Senado con 20 curules, tiene previsto reunirse esta semana con los tres
aspirantes a magistrado para escuchar sus propuestas y con base en este
encuentro tomar una decisión.
No obstante, circulan
rumores de que el
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nombre que más suena en el Pacto Histórico, que oficia
como partido de gobierno, es el abogado Polo Rosero, debido a que es
magistrado auxiliar en la Corte Constitucional del magistrado Vladimir
Fernández, quien antes de ser ternado por el presidente Petro, fue
secretario jurídico de la Presidencia de la República.
A su turno, el partido Cambio Radical tiene agendada una
reunión de bancada el próximo martes a las 6 de la tarde para escuchar a
los tres ternados. La colectividad en este momento tiene 10 senadores.
En las toldas de la Alianza Verde también están por definir a quién
apoyarán. Se reunirán este lunes o el martes en bancada con los ternados
para escucharlos, aunque ya los aspirantes en los días anteriores han
tenido la oportunidad de dialogar con algunos de los parlamentarios de
esta fuerza política pidiendo su respaldo.
Fuentes indicaron a este diario que probablemente los verdes, que en la
actualidad cuentan con 10 senadores, se decantarían por Tobar o por
Polo.
También algunos senadores del Centro Democrático han escuchado por
separado a los aspirantes a magistrado. Se tiene previsto en los
próximos días hacer una reunión de bancada para tomar una decisión.
Fuentes señalaron que esta colectividad, que cuenta con 13 legisladores,
se decidiría por apoyar con su voto a Claudia Dangond.
Nuevo pulso
La elección de magistrado de la Corte Constitucional será un nuevo pulso
en el Senado en el segundo semestre este año, tras la de procurador
general de la Nación, cuando el presidente Petro, ante la posibilidad de
que su ternado fuera derrotado por el voto de la oposición e
independientes, decidió que quien postulara no fuera cercano a él o a su
sector político. Propuso a Gregorio Eljach, entonces secretario del
Senado e integrante de la U, quien fue escogido para el cargo.
Es previsible que para la elección de magistrado las
bancadas de oposición e independientes se unan para votar por un nombre,
con el propósito de que quien llegue al alto tribunal sea de tendencia
ideológica conservadora, pues en este momento prima una más liberal.
Algunos han alertado que el presidente Petro supuestamente buscará
lograr mayorías en la Corte que eventualmente generen decisiones que le
favorezcan, como el fallo pendiente por las demandas a la reforma
pensional. Precisamente en mayo próximo finaliza el periodo de Cristina
Pardo y la terna para su reemplazo le corresponde presentarla a él.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras dijo hace poco que “tengo la
preocupación de que, tal como van las cosas, no sé en qué condiciones se
va a surtir el proceso democrático del año 2026. Falta que el Gobierno
tome el control de la Corte Constitucional y ahí todo se habrá perdido”.
Tumbar la reforma pensional pide
Procuraduría a la Corte Constitucional
La Procuradora General de la
Nación, Margarita Cabello, solicitó a la Corte Constitucional declarar
inexequible, es decir, declarar inconstitucional el texto que contiene
de la totalidad de la Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024), sancionada
por el presidente de la República Gustavo Petro en julio pasado durante
un evento público en Bogotá, al considerar que en la plenaria de la
Cámara de Representantes se eludió el debate sobre la iniciativa al
adoptarse, sin deliberación, y acoger lo aprobado previamente por el
Senado de la República.
Por medio de un concepto jurídico enviado al alto tribunal, la jefe del
Ministerio Público advirtió que, en la sesión del 14 de junio pasado,
ante una proposición presentada de manera repentina por la bancada de
Gobierno, la Plenaria de la Cámara suspendió la discusión detallada que
venía adelantando y tramitó apresuradamente la propuesta de acoger el
texto del Senado adoptado en segundo debate.
Según la Procuradora, aunque se habían introducido más de 60
modificaciones respecto al texto original del Senado y existían más de
500 propuestas de ajuste presentadas por las distintas bancadas, la Mesa
Directiva de la Cámara dispuso que los congresistas votaran la reforma
en bloque, sin la posibilidad de debatir individualmente cada uno de los
95 artículos. Este proceder, “cercenó la posibilidad de sus miembros de
discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”.
Además, destacó que la intempestiva presentación de la proposición para
adoptar el texto del Senado impidió que los congresistas tuvieran el
tiempo suficiente para consultar y analizar de forma racional las
disposiciones que serían objeto de deliberación, lo que comprometió la
seriedad y transparencia del proceso legislativo. La Procuradora también
subrayó que las limitaciones de tiempo para intervenir (dos minutos por
vocero de cada partido político), sumadas a la presión para votar
rápidamente, impidieron una deliberación adecuada, especialmente en un
tema tan complejo y técnico como el sistema pensional, que afecta
directamente los derechos fundamentales de la población.
Asimismo, cuestionó la negativa de la Mesa Directiva de ampliar el
tiempo para la deliberación y la falta de disposición para escuchar a la
oposición. Aunque varios congresistas solicitaron un mayor espacio para
discutir la reforma, se desestimaron esas solicitudes y se cerró el
debate de manera prematura, afectando el principio democrático, que
exige una discusión abierta y plural. La Procuradora destacó que, aunque
en la propuesta de acoger el texto aprobado por el Senado se incluyeron
una serie de afirmaciones dirigidas a justificar la rápida deliberación,
“en la práctica no existieron las condiciones mínimas para adelantar una
discusión rigurosa, meditada y democrática de la iniciativa en la
plenaria de la Cámara de Representantes”.
En ese contexto, recalcó que los debates realizados tanto en el Senado
de la República como en la Cámara de Representantes tienen el mismo peso
en el proceso de aprobación de los proyectos de ley, por lo que ninguno
de ellos puede ser eludido. En efecto, cada uno debe llevarse a cabo, ya
que ello asegura el cumplimiento de la ‘consecutividad’ que ordena
nuestra Carta Política (artículo 157). Por lo anterior, la jefe del
Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional declarar la
inexequibilidad de la ley en su totalidad, porque se configuró un vicio
que la jurisprudencia constitucional ha considerado insubsanable, al
afectar un elemento estructural del trámite legislativo, que es la
deliberación en cada cámara.
Cabe señalar que la misma Corte Constitucional confirmó que hasta el
pasado mes de septiembre se habían admitido 11 demandas en contra de
esta iniciativa gubernamental. Frente al alud de actuaciones judiciales
presentadas, los magistrados de la Corte aceptaron estudiar al menos 11
de las solicitudes, que fueron clasificadas de manera que estuvieran
relacionados con casos y argumentos similares sobre los cuales se
fundamenta la demanda.
Como se sabe, cinco de las demandas contra la reforma fueron presentadas
por congresistas de diferentes bancadas tanto independientes como de
oposición. En su mayoría del Centro Democrático como Carlos Edward
Osorio, Andrés Forero, Óscar Villamizar, Hernán Cadavid, entre otros
parlamentarios que desde esa colectividad vienen advirtiendo
principalmente que la reforma debía tener cuatro debates y se aprobó
únicamente con tres discusiones, dos en Senado y una en Cámara frente a
lo cual se violaron los principios de consecutividad y publicidad. Así
las cosas, el alto tribunal señaló que “los reproches formulados son
claros, porque los argumentos expuestos permiten comprender como la
aprobación del proyecto infringió los principales principios
legislativos que deben incorporarse en la discusión de este proyecto de
ley, así como también la elusión del debate”.
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