Bogotá, Colombia -Edición: 722

 Fecha: Miércoles 20-11-2024

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NACIONAL

 

 

 

Las Comisarías de Familia se reinventan en tiempos de escasos recursos

 

 

Ofrecer justicia en tiempos de “vacas flacas” no ha sido un obstáculo lo suficientemente grande para que los funcionarios de las Comisarías de Familia continúen haciendo su trabajo de atender la violencia intrafamiliar. A comienzos de octubre, el Ministerio de Justicia premió a 17 comisarías por haber sorteado los retos estructurales de presupuesto, personal e infraestructura que, de acuerdo con un informe de 2022 de la Procuraduría, está presente en el 80% de estas entidades.

La situación, según reconoció Helen Ortiz, viceministra de Promoción a la Justicia, es crítica para las Comisarías, pues en los últimos 30 años han estado “huérfanas” de un Estado que las financie, acompañe y diseñe políticas públicas que les permitan realmente cumplir su función de salvar vidas y evitar violencias antes de que se conviertan en daños para toda la vida.

 

En ese evento asistieron funcionarios que no se han quedado cruzados de brazos para ofrecer la justicia. En algunos casos, han usado su propio sueldo para costear el funcionamiento de la Comisaría; en otros, diseñan rifas para recolectar recursos que podrían prevenir un feminicidio. Incluso, como en el caso de Buenaventura, buscan aliados, tanto públicos como privados, para embarcarse en el océano Pacífico y ofrecer justicia a islas a las que solo se puede llegar luego de 30 minutos en lancha.

“Las condiciones son adversas, sobre todo, en municipios considerados de quinta o sexta categoría (que tienen menos presupuesto). Pero nuestra vocación y el esfuerzo por salvar vidas es mayor a los problemas”, explica Andrea Añazco, comisaria de El Tambo (Cauca), que ha logrado ofrecer justicia gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid).

 

Emergencias por lluvias en Colombia: Casi 59.000 familias afectadas

 

 

Las intensas lluvias que azotan a Colombia han dejado un saldo preocupante de 58.800 familias afectadas en 221 municipios del país, según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esta temporada de precipitaciones, que comenzó en noviembre, ha generado 498 emergencias en diversos departamentos, con Chocó y La Guajira entre los más golpeados.

Chocó y La Guajira, las zonas más críticas

En el departamento de Chocó, 41.100 familias han resultado damnificadas por 42 eventos de emergencia en 24 municipios. En La Guajira, las lluvias han generado 39 eventualidades en 11 municipios, afectando a 7.144 familias. La situación se agrava debido al desbordamiento del río Ranchería, que ha causado problemas sanitarios en Riohacha.
 

El embalse El Cercado, que recoge aguas del río Ranchería, se encuentra al 98,82 % de su capacidad, lo que podría representar un peligro inminente para las comunidades cercanas. Manuel Olivella, gerente de Aqualia, informó que las estaciones de bombeo de aguas residuales en Riohacha operan al máximo, pero el colapso del alcantarillado sanitario agrava las inundaciones en zonas como el tradicional Barrio Arriba, donde el agua ha superado el metro de altura en algunas viviendas.

Recursos para la atención de emergencias

Carlos Carrillo Arenas, director de la UNGRD, instó a los alcaldes a registrar a los damnificados y realizar evaluaciones de daños para acceder a los recursos necesarios. “Para la respuesta inicial estimamos 1,7 billones de pesos, pero debemos priorizar las necesidades”, aseguró. En municipios como San Vicente de Chucurí, se aumentará el uso de maquinaria para mitigar los efectos del desastre.

 

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

 

 

 

(Ideam) advirtió que las lluvias podrían extenderse hasta enero en regiones como la Caribe y Andina, mientras que el Pacífico mantendrá su habitual alta pluviosidad.

Emergencias en Bolívar y otros departamentos

En Bolívar, una creciente súbita de las quebradas San Mateo y Montecristo inundó la cabecera municipal de Montecristo, dejando más de 800 familias damnificadas. La Gobernación ha activado protocolos de emergencia y enviado ayudas humanitarias, incluyendo kits de aseo y alimentos.

Santander también enfrenta serias afectaciones. La UNGRD confirmó que se destinarán recursos adicionales para atender la crisis en este departamento.

Impacto en la población y los retos por delante

Los estragos de las lluvias no solo implican daños materiales, sino también problemas de salud pública. En Riohacha, los rebosamientos de aguas residuales han generado olores insoportables y riesgos sanitarios. Mientras tanto, en Montecristo, las inundaciones han dejado a cientos de familias en condiciones precarias.

La temporada invernal plantea un desafío para las autoridades locales y nacionales, que deberán coordinar esfuerzos para atender las necesidades inmediatas y prevenir desastres mayores en las zonas vulnerables del país. La comunidad espera una respuesta efectiva ante esta crisis que, según los expertos, podría prolongarse en los próximos meses.

 

Crecimiento del PIB enciende alarmas: Así impactará en la discusión del salario mínimo en 2025

 

 

La próxima discusión sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025 se desarrolla en un contexto económico complicado, que genera preocupación en los gremios empresariales. Aunque el debate aún no comienza formalmente, las voces del sector privado ya alertan sobre los riesgos de un incremento excesivo, especialmente tras el reciente dato del Producto Interno Bruto (PIB), que muestra señales de desaceleración.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham), expresó que el débil desempeño económico obliga a adoptar una postura prudente en las negociaciones. “Desde AmCham Colombia consideramos que, ante un PIB debilitado, inflación cediendo lentamente, desempleo estancado, comercio internacional decreciendo, altas tasas de interés y un poder adquisitivo frágil, las próximas discusiones sobre el salario mínimo deben ser acordes a los desafíos actuales para fomentar un crecimiento sostenido”, afirmó.

¿Qué factores influyen en el aumento?

La definición del salario mínimo en Colombia está influenciada por varios indicadores: la inflación, el nivel de productividad laboral y el crecimiento económico. En este último aspecto, el reciente dato del PIB dado a conocer por el DANE encendió las alarmas. La Cámara Colombo Americana y otros gremios empresariales señalan que, en medio de una economía que muestra signos de estancamiento, cualquier incremento debe ser moderado.

Por su parte, los técnicos del Banco de la República estiman que un aumento del salario mínimo en torno al 6% sería el ideal, alineándose con las proyecciones de inflación para el cierre de 2025. Según los expertos, una subida en ese rango no solo permitiría mantener la estabilidad en los precios, también protegería el poder adquisitivo de los trabajadores sin comprometer las finanzas de las empresas. Además, una política prudente en este sentido ayudaría a evitar presiones inflacionarias adicionales, que podrían generar efectos negativos en el consumo y la inversión a nivel nacional.

Los empresarios insisten en que un aumento desproporcionado podría agravar los problemas actuales, especialmente en términos de empleo formal. Para Lacouture, “es crucial fortalecer la capacidad de las empresas para generar empleo formal, invertir en el largo plazo y operar con confianza”. Esta perspectiva explica la relación directa entre el nivel de ajuste del salario mínimo y la capacidad de las empresas para absorber costos adicionales sin afectar la generación de empleo. Además, se destaca la necesidad de mantener un equilibrio que garantice la competitividad del país en los mercados internacionales, algo esencial en un contexto de comercio global desafiante.
 

Otro punto que preocupa a los gremios es el impacto en la competitividad. Según los empresarios, Colombia enfrenta retos significativos en el comercio internacional, que ya muestra una caída sostenida.

 

 

 

Incrementar excesivamente los costos laborales podría reducir aún más la capacidad del país para competir en mercados globales.

Aunque los empresarios están pidiendo moderación, los sindicatos y organizaciones de trabajadores buscan un incremento que refleje las necesidades reales de las familias colombianas. Este equilibrio será clave en la próxima mesa de concertación, donde Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores buscarán llegar a un acuerdo que beneficie a todas las partes.

 

A esto se suma que varios sectores, especialmente los relacionados con exportaciones de manufacturas y agroindustria, enfrentan presiones por la baja demanda internacional y las fluctuaciones en los precios de los productos básicos. Un ajuste considerable en el salario mínimo podría aumentar los costos de producción y reducir los márgenes de ganancia en estos sectores estratégicos.

El aumento del salario mínimo para 2025 definirá los ingresos de millones de colombianos, al tiempo que tendrá un impacto significativo en la economía general, afectando la inflación, la generación de empleo y la inversión. Por ello, la discusión promete ser uno de los temas más relevantes en el cierre de este año. Con la economía colombiana enfrentando una transición hacia un crecimiento más sostenible, las decisiones sobre el salario mínimo serán un reflejo de cómo el país equilibra las demandas sociales con las realidades económicas.

 

Encapuchados saquearon la Universidad de Santander

 

 

Un grupo de encapuchados se tomó por asalto la Universidad Industrial de Santander (UIS), generando caos y preocupación entre estudiantes y personal académico. La situación se desarrolló en la tarde del lunes, cuando los intrusos ingresaron a varios edificios de la institución, culminando en el saqueo del almacén de Bienestar Estudiantil.

Según testigos, el grupo irrumpió en el campus de manera violenta, utilizando la fuerza para acceder a las instalaciones. La toma ha sido calificada como un acto de vandalismo que pone en riesgo no solo la infraestructura educativa, sino también la seguridad de los estudiantes y la comunidad educativa.

El almacén de Bienestar Estudiantil, que proporciona recursos y apoyo a los alumnos, fue uno de los principales objetivos del saqueo. Este espacio es vital para muchos estudiantes que dependen de estos servicios para su bienestar académico y personal.

Adicionalmente, fue denunciado que los violentos sacaron a los vigilantes de sus puestos de trabajo y utilizaron soldadura para sellar los portones de los parqueaderos, con el fin de usar a la comunidad universitaria como “escudos” en caso de un enfrentamiento con la fuerza pública.

Las autoridades locales han iniciado una investigación para identificar a los responsables del ataque y esclarecer las motivaciones detrás de esta acción violenta.

 

INVITACIÓN ESPECIAL

 

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