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(PMU) en el Parque Nacional para coordinar la respuesta. Se restringió temporalmente el acceso a la carrera Séptima en la zona y se movilizaron equipos de la Secretaría de Gobierno, Seguridad y la Policía Nacional para garantizar el orden.

El secretario de Gobierno de Bogotá enfatizó la necesidad de que el Gobierno Nacional asuma un rol protagónico en la atención a los indígenas asentados en la Agencia Nacional de Tierras. “Es fundamental que las autoridades nacionales estén presentes para escuchar y atender las demandas de esta población vulnerable”, señaló.

Mientras tanto, los indígenas emberá han manifestado su disposición de quedarse el tiempo que sea necesario, incluso meses, hasta obtener una respuesta favorable del Gobierno. Solicitan ayuda inmediata del Distrito en términos de baños, agua y alimentos para poder sostener su campamento.

Persisten los retos por crisis hídrica en Bogotá: balance tras debate en el Capitolio Nacional

El abastecimiento de agua en Bogotá sigue siendo un tema crítico. El pasado lunes, en el salón Guillermo Valencia del Capitolio Nacional, se llevó a cabo un debate liderado por la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, para analizar la gestión de la crisis hídrica en la capital. El encuentro contó con la participación del alcalde Carlos Fernando Galán, quien defendió las medidas tomadas por su administración frente a las adversidades heredadas y los desafíos climáticos actuales.

En su intervención, la senadora Pizarro criticó la respuesta de las últimas administraciones frente a los problemas de agua. Señaló que desde la primera alcaldía de Enrique Peñalosa hasta la de Claudia López, las acciones han sido insuficientes y carentes de una visión preventiva. Además, acusó al actual alcalde de actuar tardíamente frente a las advertencias. “En diciembre de 2023, la Empresa de Acueducto de Bogotá advirtió sobre niveles críticos en los embalses para marzo de 2024, pero las decisiones contundentes llegaron solo en abril, cuando la situación ya era crítica”, expresó.

Según datos de la senadora, entre enero y septiembre de 2024, la Alcaldía destinó 88.361 millones de pesos para campañas de concientización, lo que equivale a 1,9 pesos por habitante. Esta cifra, indicó, refleja una falta de pedagogía que ha dificultado mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y la disminución histórica de precipitaciones.

Por su parte, Galán subrayó que la situación actual es consecuencia de factores climáticos y estructurales. “Cuando asumimos la Alcaldía en enero, el sistema de Chingaza tenía apenas el 40,51% de su capacidad. Esto es inédito en los últimos 15 años. A pesar de la gravedad, implementamos un racionamiento progresivo y aumentamos la captación del río Bogotá para reducir la dependencia de Chingaza”, explicó.

Actualmente, el sistema de embalses se encuentra al 54%, con Chingaza un 6% por encima de 2023. Sin embargo, esta cifra sigue lejos de la meta del 80%, necesaria para finalizar los racionamientos. Galán también señaló que la reforestación inadecuada en los cerros orientales, dominados por especies como eucalipto y pino, ha agravado la sequía, intensificando los incendios y limitando la capacidad de los páramos para retener humedad.

El esquema de racionamiento, dividido en diez zonas de la ciudad, se mantiene como medida esencial para evitar un colapso total del sistema. Sin embargo, ingenieros del Acueducto han advertido que una interrupción generalizada sería inviable por el riesgo de daños en la infraestructura hídrica.

La crisis también pone de manifiesto problemas a nivel nacional, como la deforestación del Amazonas, que impacta directamente los flujos hídricos de los páramos. Esto, según expertos, enfatiza la necesidad de políticas integrales que conecten la preservación de ecosistemas con la seguridad hídrica de las ciudades.

En conclusión, aunque las medidas adoptadas han mejorado parcialmente la situación, el debate en el Capitolio dejó claro que Bogotá enfrenta retos estructurales y climáticos significativos. Tanto el alcalde Galán como los congresistas coinciden en que se requiere una acción más decidida y a largo plazo para garantizar el acceso al agua en la capital.

Procuraduría asume seguimiento al caso del homicidio de Juan Felipe Rincón

La Procuraduría General de la Nación anunció su participación activa en la investigación por el homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector general de Policía, William Rincón. El hecho, ocurrido el pasado
 

domingo en el barrio Quiroga de Bogotá, ha generado controversia por las versiones contrapuestas entre la Fiscalía y el acusado, Andrés Camilo Sotelo Torres.

Designación de agente especial

Mediante un comunicado, la Procuraduría informó que la Delegada en Asuntos Penales designó al Procurador 3 Judicial II de Bogotá como agente especial para supervisar las diligencias del caso. Este nombramiento tiene como propósito garantizar que el proceso judicial se lleve a cabo bajo los principios de transparencia y respeto a los derechos procesales.

El caso ha tomado un giro complejo, dado que Sotelo Torres, imputado por el delito de homicidio, no aceptó los cargos durante su audiencia. En su defensa, declaró que la muerte de Rincón fue causada por una bala disparada por uno de los escoltas de la víctima, una afirmación que contradice los hallazgos iniciales de la Fiscalía.

Sotelo Torres afirmó que el arma que portaba era de balines y no letal, asegurando que la Policía intenta incriminarlo con pruebas falsas. “En las evidencias del CTI se ve que mi arma es de balines, pero quieren cambiarlo todo”, manifestó a medios nacionales.

Por su parte, la Fiscalía sostiene que en la escena del crimen se encontró un revólver registrado a nombre de Sotelo Torres, el cual habría sido utilizado en el homicidio. La disputa de versiones será resuelta por un juez, quien deberá evaluar las pruebas aportadas por ambas partes.

Los hechos

El incidente tuvo lugar en la calle 32 sur con carrera 23, donde Rincón, de 21 años, se encontraba con una joven menor de edad y un escolta. Según versiones iniciales, fueron abordados por personas que, al parecer, eran familiares de la menor. Aunque la hipótesis principal apunta a una riña, se barajó la posibilidad de un intento de robo, la cual ha perdido fuerza.

En medio del altercado, el escolta de Rincón utilizó su arma de dotación para protegerlo, desatando un intercambio de disparos en el que Sotelo Torres y el escolta resultaron heridos. Actualmente, Sotelo permanece en el hospital Tunal, donde será intervenido por una bala en la pierna.

Avances del caso

La Procuraduría reafirmó su compromiso de garantizar la justicia en este caso que involucra a un miembro de alto rango de la Policía. Mientras tanto, el acusado enfrenta un panorama judicial incierto, marcado por las discrepancias entre su testimonio y las pruebas de la Fiscalía.

El proceso avanza con atención nacional, dado el impacto mediático y las implicaciones legales de este confuso episodio de violencia en Bogotá.

Habilitan tramo clave en la Avenida La Sirena: avanza el proyecto de ampliación

El Distrito de Bogotá habilitó un nuevo tramo de la Avenida La Sirena (calle 153), entre la Avenida Las Villas (carrera 58) y la Avenida Boyacá, como parte del proyecto de ampliación de esta importante vía del noroccidente de la ciudad. Esta obra, que conecta la Autopista Norte con la Avenida Boyacá, busca mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor congestión vehicular.

El anuncio fue realizado por el alcalde Carlos Fernando Galán, acompañado por el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, y la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz. “Este es un avance significativo. A partir de hoy se elimina el contraflujo en este sector, y seguiremos trabajando para entregar el tramo restante en febrero del próximo año”, declaró Galán durante la apertura oficial.

El tramo recién habilitado tiene una longitud de 650 metros y constituye un avance del 70% en el desarrollo del proyecto, que en enero de este año había sido recibido con apenas un 43% de ejecución. La obra total comprende 1,72 kilómetros de extensión e incluye elementos como tres carriles mixtos, más de 5 kilómetros de malla vial y un puente vehicular sobre el canal Córdoba. Además, contempla 15.000 metros cuadrados de espacio público y una glorieta en la carrera 58 para mejorar el flujo vehicular y peatonal.

Con una inversión de $55.731 millones, el proyecto no solo promete descongestionar el sector, sino también reducir los tiempos de desplazamiento, especialmente en horas pico, mejorando así la calidad de vida de los habitantes de la zona. El director del IDU destacó que la construcción del puente vehicular y otros tramos está en marcha, con la meta de ser finalizados en marzo de 2024.

Por otra parte, se informó sobre el avance en la ampliación del puente vehicular de la calle 153, obra complementaria que busca descongestionar el occidente de la ciudad. Actualmente, este proyecto registra un progreso del 33% y se espera que esté listo para mediados de 2026, según el Distrito.

Estas obras hacen parte de los esfuerzos por modernizar la infraestructura vial de Bogotá, apuntando a soluciones sostenibles que impacten positivamente la movilidad y el desarrollo urbano. El alcalde Galán reiteró su compromiso con la entrega de estas obras en los plazos establecidos, asegurando que su administración seguirá trabajando intensamente para garantizar los beneficios prometidos a los ciudadanos.

Crisis de los Emberá en Bogotá: 4.000 indígenas exigen respuestas al Gobierno Nacional

Más de 4.000 indígenas, liderados por Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Risaralda, llegaron a Bogotá con el objetivo de exigir el cumplimiento de compromisos asumidos por el Gobierno Nacional. Los manifestantes, pertenecientes al pueblo emberá, han instalado un campamento improvisado en el CAN, cerca de la Agencia Nacional de Tierras, declarando que no se retirarán hasta obtener soluciones concretas a sus demandas.

Una situación insostenible en Risaralda

Guasarave expuso las precarias condiciones en las que viven las comunidades indígenas en Risaralda, donde residen aproximadamente 43.000 personas distribuidas en 18 resguardos. Según el líder, de las 41.000 hectáreas que poseen, solo 2.000 son productivas, lo que limita severamente las posibilidades de desarrollo económico y genera inseguridad alimentaria. Estas condiciones han contribuido a la muerte de más de 100 niños entre 2023 y 2024, una tragedia que Guasarave describe como “un dolor inmenso para nuestras madres indígenas”.

La comunidad reclama acceso a tierra fértil, servicios básicos como agua potable, salud, educación y vivienda digna. Además, exigen la implementación de proyectos productivos que permitan mejorar su calidad de vida.

Amenazas a líderes indígenas y falta de atención

Guasarave también denunció que los líderes indígenas enfrentan amenazas constantes de grupos armados, mientras que las instituciones gubernamentales, como la Unidad para las Víctimas, no han brindado el apoyo necesario. “Nuestros compañeros están en riesgo y no hemos recibido atención adecuada. Queremos dialogar directamente con el presidente Gustavo Petro y sus ministros para asegurar compromisos reales con nuestra comunidad”, afirmó el consejero.

Los acuerdos previamente establecidos con el Gobierno Nacional, según el líder, han quedado en el papel, lo que refuerza la desconfianza hacia las instituciones y motiva la permanencia de los indígenas en Bogotá hasta obtener resultados concretos.

Respuesta del Distrito y demandas de coordinación

Ante la llegada de los indígenas emberá, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, hizo un llamado al Gobierno Nacional para reactivar los procesos de retorno a sus territorios de origen, argumentando que el 80% de estas comunidades desea regresar. Según el mandatario, aunque el Distrito ha destinado significativos recursos para atender a la comunidad, la responsabilidad principal recae en el Estado.

Desde 2021, la administración distrital ha invertido más de $20.600 millones en atención a la población emberá, cubriendo áreas como salud, educación, alimentación y vivienda. Además, se han implementado programas de apoyo económico, como el Ingreso Mínimo Garantizado, que ha beneficiado a 163 hogares con transferencias monetarias.

En el ámbito educativo, la Secretaría de Educación de Bogotá ha garantizado la matrícula de 679 niños y niñas emberá en instituciones distritales, complementando estos esfuerzos con transporte escolar, alimentación y estrategias pedagógicas diferenciadas. No obstante, estas medidas son percibidas como insuficientes frente a la magnitud de las necesidades de la comunidad.

Medidas de contingencia ante el nuevo asentamiento

Con la llegada de los 4.000 indígenas, el Distrito activó un Puesto de Mando Unificado