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40% de los requerimientos nutricionales diarios de las personas beneficiadas. Para muchos, es la única comida caliente que consumen en el día.

Sin embargo, la suspensión temporal del servicio deja a estas personas sin alternativas claras. Aunque la Secretaría indicó que los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) serían una opción, estos no están presentes en todas las localidades y no todos ofrecen comida caliente. Además, los CDC tienen requisitos de acceso, como contar con documentos en regla, lo que limita su alcance.

Ante esta situación, habitantes de sectores como Ciudad Bolívar organizaron protestas, calificando la medida de “negligente”. Una adulta mayor participante en las manifestaciones expresó su indignación: “Es un abuso que nos nieguen un plato de comida”.

Problemas en la planificación y falta de alternativas

Una de las principales críticas hacia la Secretaría de Integración Social es la ausencia de alternativas durante el período de cierre. En años anteriores, se entregaban paquetes alimentarios para suplir las necesidades de las familias mientras se completaba la legalización de los contratos. Sin embargo, este año no se contempló esa medida, lo que agrava la situación de las personas afectadas.

Operadores de los comedores han señalado que la situación era previsible y que faltó una planificación adecuada por parte de la administración. “No hubo adiciones ni se ofrecieron mercados o bonos para esta población”, indicó un operador, quien destacó que este tipo de cierres no es un hecho aislado, pero esta vez el manejo del proceso ha sido especialmente problemático.

Respuestas de las autoridades

El secretario Roberto Angulo ha asegurado que la suspensión no se extenderá más allá de cinco días hábiles, con la reapertura de los comedores programada para el próximo 3 de diciembre. Además, anunció que tres nuevos comedores comenzarán a operar en sectores como la Plaza de Mercado de Los Luceros, la Plaza de la Hoja y Patio Bonito, ampliando la cobertura del programa.

Angulo también explicó que, a partir de la reanudación del servicio, se aplicará una nueva focalización de beneficiarios. Esta incluirá no solo a personas en pobreza extrema y moderada, sino también a aquellas con inseguridad alimentaria clasificadas en categorías específicas del Sisbén.

Un sistema bajo presión

El cierre temporal de 94 de los 117 comedores comunitarios expone las vulnerabilidades de un sistema que atiende a una de las poblaciones más desprotegidas de Bogotá. Aunque las autoridades califican la suspensión como un trámite rutinario, los efectos en la calidad de vida de las personas beneficiadas son profundos.

La presión sobre el sistema de alimentación pública en Bogotá también refleja desafíos estructurales en la planificación y ejecución de políticas sociales. Si bien los comedores son un recurso valioso, su continuidad y eficacia dependen de una gestión que garantice la prestación del servicio sin interrupciones significativas.

Por ahora, las personas afectadas deberán esperar hasta la reapertura para recibir nuevamente el apoyo alimentario, mientras se hace evidente la necesidad de estrategias que eviten que la población más vulnerable quede desprotegida en momentos críticos.

Preocupación en La Esmeralda por la presencia de la comunidad emberá en el CAN

En el tradicional barrio La Esmeralda, ubicado en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, sus habitantes han expresado alarma ante la reciente llegada de más de 4.000 indígenas emberá al Centro Administrativo Nacional (CAN). Los residentes temen que esta situación derive en problemas similares a los vividos en el Parque Nacional, donde las condiciones de vulnerabilidad de esta comunidad provocaron tensiones con los vecinos y deterioro del espacio público.

La Esmeralda, conocida por su historia y su lucha ambiental, es un ecobarrio donde predomina la tranquilidad y la conservación de zonas verdes. Su comunidad ha trabajado durante décadas para preservar los parques y las tradicionales casas de dos pisos que definen su carácter. Sin embargo, desde la llegada de la comunidad emberá al CAN, los residentes han notado un incremento en el uso inadecuado de los espacios públicos y temen que las afectaciones vayan en aumento.
 

Pedro Abril, quien vive en el sector desde hace más de 30 años, narró cómo ya se han registrado actos que afectan la convivencia, como el uso de calles y parques como baños públicos. “Lo más grave es que empiecen a talar árboles para cocinar sus alimentos. Este barrio se destacó en la COP16 como un ejemplo ambiental. Nuestros parques son nuestro tesoro más preciado”, afirmó el residente, destacando su preocupación por la vulnerabilidad de estas áreas.

La situación no es nueva para Bogotá, que en años recientes ha acogido a comunidades indígenas en condiciones críticas, enfrentando desafíos para garantizar sus derechos sin afectar a los residentes locales. Zulma Jiménez, otra habitante del barrio con más de tres décadas en la zona, enfatizó la necesidad de atención por parte de las autoridades antes de que los problemas se agraven. “Nosotros no tenemos por qué pagar por los incumplimientos del Gobierno nacional. Ellos deben trabajar para que los pueblos indígenas puedan permanecer seguros en sus territorios y garantizar que nosotros también lo estemos”, expresó.

La llegada masiva de indígenas emberá al CAN es un acto de protesta liderado por Marco Fidel Guasarave, consejero del Consejo Regional Indígena del Risaralda. Esta movilización busca visibilizar la crisis humanitaria que enfrenta esta comunidad en su territorio de origen. Según Guasarave,

más de 100 niños emberá han muerto entre 2023 y 2024 debido a la falta de acceso a servicios básicos como salud, agua potable y tierras fértiles para cultivos. En Risaralda, donde habitan cerca de 43.000 indígenas, solo 2.000 hectáreas de tierra son productivas, lo que agrava la situación de hambre y precariedad.

El líder emberá enfatizó que esta protesta no es una acción improvisada, sino un llamado urgente para que el Gobierno cumpla con acuerdos previamente establecidos. “Queremos sentarnos con el presidente Petro y sus funcionarios para encontrar soluciones concretas”, declaró. Entre las peticiones destacan acceso a vivienda digna, programas educativos, proyectos productivos y protección para líderes indígenas amenazados por grupos armados.

Aunque la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, ha respaldado el derecho de la comunidad emberá a dialogar con el Gobierno, también ha señalado que las familias movilizadas actualmente no son las mismas que estuvieron en el Parque Nacional. Solano aseguró que se están realizando mesas de trabajo para activar rutas de atención y coordinar acciones con instituciones como la Agencia Nacional de Tierras.

A pesar de los esfuerzos por atender las demandas de los emberá, la situación plantea un desafío complejo: equilibrar las necesidades de esta comunidad desplazada con el bienestar de los habitantes de La Esmeralda. Los residentes, en su mayoría adultos mayores, temen por el deterioro de sus espacios públicos y el impacto en su calidad de vida. Además, los comercios en la calle 44, que atienden a trabajadores del CAN, también han expresado inquietud por posibles afectaciones a sus actividades.

La comunidad emberá, por su parte, ha dejado claro que no abandonará el CAN hasta recibir respuestas concretas del Gobierno. “Estamos dispuestos a quedarnos aquí el tiempo que sea necesario. Necesitamos compromisos serios”, afirmó Guasarave. Mientras tanto, los vecinos de La Esmeralda esperan que las autoridades tomen medidas para garantizar la protección de su ecobarrio y resolver una problemática que refleja las profundas desigualdades en el país.

La economía de Bogotá se prepara para un diciembre de reactivación con empleo y comercio

La temporada decembrina promete un impulso significativo para la economía bogotana, con proyecciones que auguran un incremento del 30% en las ventas minoristas y un alza del 15% en los ingresos del sector servicios. Este dinamismo se refleja en un panorama optimista para la industria, el comercio y el empleo, consolidando a Bogotá como un motor económico del país durante las festividades.

Según estimaciones del Distrito, la capital verá la creación de cerca de 25.000 nuevos puestos de trabajo, con mayor concentración en actividades artísticas y recreativas, que generarán 13.000 empleos adicionales. Por su parte, los sectores de alojamiento y servicios de comida contribuirán con 3.500 nuevas ocupaciones. Estas cifras confirman la relevancia de la Navidad no solo para el comercio, sino también para el bienestar laboral de miles de bogotanos.

La producción industrial también será clave durante la temporada, impulsada por la demanda de bienes como muebles, textiles, confecciones y productos metálicos. De acuerdo con la Encuesta de Navidad de Fenalco, un 35% de los hogares destina sus ingresos a la compra de vestuario, calzado y accesorios, seguidos por juguetes y videojuegos (17%). Además, los almacenes por departamento y las tiendas especializadas se perfilan como los principales canales de compra, representando el 22% y 20%, respectivamente.

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, destacó los esfuerzos del Distrito para dinamizar sectores clave. “Estas iniciativas buscan no solo beneficiar a 400 negocios locales, 170 productores y 99 empresas, sino también generar más de 2.500 empleos y fortalecer la confianza de los ciudadanos”, afirmó. Entre estas acciones se encuentra la Ruta Navideña, una estrategia que incluye mercados campesinos, ferias de empleo y eventos para emprendedores de la marca ‘Hecho en Bogotá’.

La Ruta Navideña comenzará el 7 de diciembre y recorrerá puntos estratégicos como el Parque Alcalá, el Parque Fundacional de Fontibón y la Plazoleta Lourdes. A lo largo del mes, 170 productores participarán en ocho mercados campesinos, promoviendo la economía local y brindando acceso directo a productos frescos y de calidad.

Por otro lado, las ferias de empleo organizadas por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico ofrecerán más de 2.500 vacantes en sectores como servicios, BPO y comercio. Estas ferias se realizarán en espacios emblemáticos como el Planetario de Bogotá y el Centro Comercial El Tunal, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En cuanto a las ferias ‘Hecho en Bogotá’, se destacan eventos como Expoartesanías, del 4 al 17 de diciembre en Corferias, y la Feria de Velitas, del 6 al 7 de diciembre en el barrio Pablo VI. Además, iniciativas como el Festival del Cuero y la Marroquinería, programado para el 13 y 14 de diciembre, buscan visibilizar la riqueza artesanal de la ciudad y fomentar el consumo de productos locales.

Las festividades también serán escenario de megaeventos empresariales, como el segundo festival del cuero y la marroquinería en el Parque Carlos E. Restrepo, y actividades organizadas por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) en La Candelaria.

Con estas estrategias, Bogotá no solo se posiciona como una ciudad vibrante durante la Navidad, sino también como un ejemplo de reactivación económica, integración social y fortalecimiento de la confianza entre sus habitantes.

Incautación de medicamentos vencidos en María Paz

Las autoridades de Bogotá llevaron a cabo un operativo de seguridad en el barrio María Paz, uno de los sectores más peligrosos de la capital, que dejó como resultado la incautación de tres kilos de medicamentos vencidos y la recuperación de más de 4100 metros cuadrados de espacio público.

El procedimiento, liderado por la Secretaría de Seguridad en conjunto con la Policía Metropolitana, se realizó en la madrugada del jueves 28 de noviembre. Entre los medicamentos decomisados se encontraron insulina, analgésicos, preservativos y productos oftalmológicos, dermatológicos y gastrointestinales, que probablemente iban a ser comercializados de manera ilegal.

Durante el operativo, las autoridades también intervinieron áreas que usualmente son ocupadas por vendedores informales, quienes dificultan la movilidad de los peatones y ciudadanos. La acción permitió liberar espacios clave para mejorar la circulación en este sector de alta densidad y compleja dinámica social.

El epicentro del crimen en Bogotá

María Paz, ubicado en la localidad de Kennedy, enfrenta una grave problemática de seguridad. Según datos de la Secretaría de Seguridad, en 2023 la zona ha sido escenario de múltiples homicidios, con un promedio mensual de seis casos hasta septiembre, y un aumento significativo de hurtos en comparación con el año anterior.

El territorio es disputado por al menos siete bandas criminales, entre ellas el Tren de Aragua, Los Camilos y Los Caraqueños. Estas organizaciones han convertido a María Paz en un foco de violencia debido al control territorial y las economías ilegales.

El fenómeno se ve agravado por el desplazamiento de poblaciones vulnerables, como las que anteriormente residían en el Cartucho y el Bronx, quienes han encontrado en María Paz un espacio para asentarse. Estas dinámicas, combinadas con procesos de gentrificación, han intensificado los índices de inseguridad.

Llamado a una intervención estructural

Wilton López, líder comunitario del sector, enfatizó que las problemáticas de María Paz no son recientes y que la falta de políticas de largo plazo ha permitido que las bandas criminales mantengan su influencia. “Aunque las autoridades han dado golpes contundentes, como capturas importantes, los operativos actuales generan solo resultados temporales”, afirmó.

Si bien las intervenciones recientes son un avance, expertos y líderes locales coinciden en que se requiere una estrategia integral que aborde las causas estructurales de la inseguridad en la zona. Esto incluiría mayor inversión social, control efectivo del espacio público y oportunidades para las poblaciones desplazadas.

Cierre de comedores comunitarios deja sin alimento a más de 30.000 personas en Bogotá

El cierre temporal de los comedores comunitarios en Bogotá, que afecta a más de 34.100 personas, ha generado preocupación y protestas en varias localidades de la ciudad. La medida, implementada por la Secretaría de Integración Social desde el pasado 26 de noviembre, se atribuye al proceso de legalización de contratos con los operadores del servicio. Según el secretario Roberto Angulo, esta suspensión es un procedimiento rutinario que ocurre dos veces al año, pero su impacto en la población más vulnerable ha levantado críticas y tensiones.

Impacto en las comunidades más vulnerables

Los comedores comunitarios son una fuente esencial de alimentación para miles de bogotanos en situación de pobreza extrema y moderada. De acuerdo con la Secretaría de Integración Social, estos espacios ofrecen el