Ejército continúa bombardeando a las disidencias de las FARC en El Plateado

El 12 de octubre de 2024, el Gobierno nacional junto al Ejército Nacional implementó la operación Perseo, una estrategia militar con la que busca disuadir la presencia de las disidencias de las FARC en las zonas críticas del departamento del Cauca, como El Plateado.

La operación, que lleva más de un mes, logró recobrar el control estatal del territorio tras cinco años bajo el dominio de la estructura Carlos Patiño, disidencia liderada por alias Iván Mordisco. Hasta ahora, se mantiene la presencia de los uniformados para evitar una reconquista del lugar.

Para reducir la influencia de este grupo ilegal en la región, las Fuerzas Militares desplegaron varias unidades que vigilan la zona. Asimismo, se ordenaron bombardeos en las zonas aledañas al corregimiento, donde se cree que están resguardados los miembros de las disidencias.

La zona está siendo vigilada por varios helicópteros del Ejército Nacional de Colombia, mientras que esperan información de inteligencia para realizar ataques a dichas células y obligarlas a abandonar el territorio.

Con esta estrategia, autorizada por el presidente de la República, Gustavo Petro, el Estado busca que las disidencias de alias Iván Mordisco estén alejadas de este corregimiento para el final de 2024, y así garantizar que los habitantes de El Plateado logren pasar unas fiestas navideñas libres de violencia.

A pesar de las acciones militares del Gobierno para mantener a raya a las disidencias de las FARC, miles de habitantes de la región tienen miedo de que se recrudezca el conflicto armado en la región, por lo que decidieron abandonar el corregimiento con rumbo a Popayán y evitar poner su vida en peligro.

Para llamar la atención del Gobierno nacional, las personas provenientes del Cañón del Micay anunciaron el cierre total de la vía Panamericana, señalando que el Estado colombiano no ha cumplido con sus promesas.

“Nosotros estamos defendiendo, es el territorio. De ahí que así como nos enfrentamos a los grupos armados al margen de la ley para que nos respeten, también luchamos para que Ejército acate la decisión de las comunidades de que ellos no estén en nuestras veredas y corregimientos porque representan más violencia”, afirmó uno de los desplazados.

A su vez, exigieron la presencia del jefe de Estado en Popayán para negociar con ellos y que se ejecuten los acuerdos. “Esperamos a Petro para decirle que ese no era el acuerdo que teníamos a la hora de superar la guerra. La solución no era militarizar El Plateado”, aseguró uno de los líderes de estas comunidades.

Además de lo anterior, reclamaron al Gobierno Petro poner en pausa la construcción de la represa Los Arrieros del Micay, que, a su juicio, generaría graves daños a los ecosistemas de la región.

“Eso significaría un daño muy grande a los ecosistemas de esta parte del departamento; ese tema lo vamos a hablar con el presidente Gustavo Petro que debe estar en Popayán, si no pudo llegar a El Plateado, pues sencillo, las comunidades llegamos a la ciudad para que venga a dar la cara”, resaltó el líder.

Ante los bloqueos por parte de los campesinos, la senadora de la República por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, en la Dirección Seccional del Cauca, contra las comunidades indígenas y campesinas del cañón del Micay.

Para la congresista, los bloqueos en esta vía traen consigo graves afectaciones a la
 

Rectora de colegio en Soledad, Atlántico, donde se produjo ataque armado ya habría recibido amenazas para pagar extorsiones

En el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, un ataque armado en el colegio San Antonio de Padua dejó a la comunidad educativa en estado de alerta y preocupación total.

El incidente ocurrió el jueves 28 de noviembre de 2024, cuando un individuo armado irrumpió en las instalaciones del plantel, ubicado en el barrio La Candelaria, y disparó contra docentes y estudiantes.

La rectora del colegio ya había sido víctima de extorsión telefónica días antes del ataque, según pudo conocer el medio local El Heraldo, todo en medio de las pesquisas que siguen su curso, y que hasta el momento han dejado a dos sujetos capturados.

Las autoridades confirmaron que la maestra Rosa Perea Gutiérrez, de 55 años, y dos estudiantes, de 16 y 12 años, resultaron heridos por impactos de bala. Los estudiantes se encontraban en el colegio para recuperar materias (jornada de nivelaciones).

Los heridos están siendo atendidos en centros asistenciales, mientras que la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Alcaldía de Soledad han ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a los responsables del ataque.

En respuesta al atentado, las asociaciones de educadores del Atlántico han expresado su rechazo y asombro ante la violencia ejercida en un espacio educativo. Además, organizaciones sindicales han anunciado un paro para el viernes siguiente al ataque, como medida de protesta y para exigir mayor seguridad en las instituciones educativas.

Condenaron a 20 años a mujer que aceptó su responsabilidad en asesinato de conductor de aplicación en Medellín

En un caso que ha conmocionado a Medellín, Sara Álvarez Molina, de 25 años, fue condenada a 20 años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el asesinato de Carlos Andrés Múnera Vargas, un conductor de aplicación de 32 años.

El crimen ocurrió el 25 de abril de 2024 en el barrio Tricentenario, ubicado en el noroccidente de la capital del departamento de Antioquia, pero la decisión judicial se conoció la tarde del viernes 30 de noviembre de 2024.

Álvarez Molina llegó a un acuerdo con la Fiscalía luego de aceptar cargos por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado. Durante la audiencia,
 

A raíz de esto, el caso ha generado gran preocupación en la comunidad, resaltando los riesgos a los que se enfrentan los conductores de aplicaciones en la región del Valle de Aburrá, sumado a que no es el primer caso que se produce en 2024, y en otras plataformas de transporte mediante aplicaciones móviles, no se han salvado de casos similares. Por lo tanto, las pesquisas esperan dar con estos dos hombres en los próximos días para que paguen por el asesinato del conductor.

Concejal de Guarne, Antioquia, Robinson Herrera, fue herido en ataque armado en zona rural

En la madrugada del sábado 30 de noviembre, el concejal Robinson de Jesús Herrera Hurtado, vicepresidente primero del Concejo de Guarne, resultó herido en un ataque armado ocurrido en la vereda El Colorado, en el sector rural de la UPR Chaparral.

El atentado dejó también la muerte de un hombre identificado como Gustavo Berrio Berrio, contra quien, según las autoridades, estaba dirigido el ataque.

Según informes preliminares, hombres armados llegaron al lugar y abrieron fuego contra los presentes en una tienda del sector, hiriendo al concejal Herrera y a un joven de 17 años que lo acompañaba. Gustavo Berrio, amigo cercano del concejal, falleció en el lugar.

El concejal fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario donde recibe atención médica, mientras que el joven herido también fue auxiliado.

El ataque se atribuye, según las autoridades, a disputas entre grupos armados por el control territorial y las rentas ilícitas en la región. De acuerdo con Blu Radio, se sospecha que los atacantes podrían pertenecer a la organización criminal conocida como ‘La Oficina’, que busca impedir el avance del Clan del Golfo en el área.

Aunque el ataque no estaba dirigido específicamente contra el concejal, las autoridades no descartan que haya sido un acto relacionado con estos enfrentamientos.

El alcalde de Guarne, Diego Mauricio Grisales Gallego, confirmó la convocatoria de un consejo extraordinario de seguridad debido a la gravedad de los hechos. Se anunció que se reforzará la seguridad en la zona con el apoyo de la Policía y el Ejército para garantizar la protección de los habitantes de la UPR Chaparral.

La Policía de Antioquia, a través del coronel Luis Muñoz, señaló que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes y que no se descarta ofrecer una recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables del ataque.