Michel Barnier presenta su dimisión tras la censura de la Asamblea

Francia atraviesa una profunda crisis política tras la dimisión de su primer ministro, Michel Barnier, quien presentó formalmente su renuncia al presidente Emmanuel Macron después de que su gobierno fuera derrocado mediante una histórica moción de censura. Esta moción, impulsada por un bloque de izquierda y apoyada por el partido de extrema derecha Reagrupamiento Nacional (RN), liderado por Marine Le Pen, ha dejado al país sin un gobierno estable y en medio de la incertidumbre.

Barnier acudió al Palacio del Elíseo en la mañana del jueves para cumplir con el protocolo establecido por el artículo 60 de la Constitución, que señala que la dimisión es automática tras la aprobación de una moción de censura. Durante una reunión de una hora, el presidente y el primer ministro discutieron el estado de la nación. Posteriormente, el Elíseo emitió un comunicado confirmando la renuncia y anunciando que Barnier y su gabinete se encargarán de los asuntos corrientes hasta que se designe un nuevo equipo de gobierno.

El panorama político francés ya venía marcado por tensiones y divisiones tras las elecciones legislativas de julio, que dejaron a la Asamblea Nacional profundamente fragmentada. Este bloqueo institucional, sumado a la falta de consenso entre los partidos, ha paralizado al país en un momento crucial.

Decisiones inminentes y rumores sobre el relevo

En las próximas horas, Macron deberá anunciar al sucesor de Barnier. Fuentes cercanas al presidente sugieren que la decisión podría tomarse antes de la reapertura de la catedral de Notre-Dame el próximo fin de semana, un evento al que asistirán líderes mundiales.

Los nombres que han surgido como posibles sucesores reflejan la complejidad del escenario político. Entre los más destacados está Sébastien Lecornu, actual ministro de Defensa y uno de los pocos sobrevivientes del gabinete anterior. Lecornu podría contar con el respaldo de Marine Le Pen, aunque él mismo negó tener aspiraciones al cargo durante una entrevista en la radio RTL.

Otro candidato es François Bayrou, líder del partido centrista MoDem. Su defensa de Le Pen en el caso judicial que enfrenta por presunto desvío de fondos podría facilitar un acuerdo con la extrema derecha. Sin embargo, este movimiento también conlleva riesgos, ya que una eventual condena a Le Pen podría cambiar radicalmente el panorama político y afectar su capacidad para postularse en las elecciones presidenciales de 2027.

En el espectro político opuesto, figuras como Ségolène Royal, ex ministra socialista, han manifestado su interés en liderar el gobierno. Royal incluso envió una carta a Macron ofreciéndose como una opción "experimentada y unificadora". Sin embargo, la posibilidad de que el presidente elija a un candidato de izquierda parece remota dada la actual fragmentación parlamentaria.

Contexto de bloqueo y desafíos futuros

La situación actual subraya las dificultades de gobernar en un contexto de extrema polarización. La moción de censura marca un hito histórico en la política francesa y pone de manifiesto el creciente poder de la extrema derecha, que ha pasado de ser un actor marginal a un jugador clave en la configuración del futuro del país.

Para Macron, que descartó presentar su propia dimisión esta semana, el desafío radica en encontrar un líder capaz de tender puentes entre las facciones opuestas de la Asamblea. La posibilidad de convocar nuevas elecciones legislativas está descartada hasta el verano de 2025, lo que deja al país enfrentando meses de incertidumbre.

Este episodio también refleja la creciente influencia de Marine Le Pen, cuyo partido ha ganado terreno de manera sostenida en los últimos años. Su papel en la caída del gobierno de Barnier refuerza su posición como una de las figuras más relevantes del panorama político francés y plantea preguntas sobre el rumbo que tomará la nación bajo esta nueva dinámica de poder.

La indignación pública creció tras conocerse que la decisión de declarar la ley marcial fue respaldada por altos funcionarios, incluido el ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien recomendó la medida y ordenó el despliegue militar. Kim presentó su dimisión, la cual fue aceptada por Yoon, mientras que el jefe del Estado Mayor del Ejército y otros funcionarios clave también enfrentan investigaciones.

Desde entonces, el presidente ha permanecido fuera del ojo público, aumentando la presión sobre su liderazgo. Miles de ciudadanos han salido a las calles de Seúl exigiendo su destitución. En este contexto, el Parlamento, dominado por una oposición mayoritaria, votará el 7 de diciembre una moción de censura contra Yoon.

El Partido Democrático, principal fuerza opositora, necesita el apoyo de dos tercios de los 300 escaños de la Asamblea Nacional para aprobar la moción. Aunque cuenta con 192 votos asegurados, deberá sumar ocho más para avanzar. En contraste, el gobernante Partido del Poder Popular (PPP) mantiene su posición en contra de la destitución, argumentando que no respalda la inconstitucionalidad de la ley marcial, pero busca preservar la estabilidad política.

Si el Parlamento aprueba la moción, la decisión final recaerá en la Corte Constitucional, que necesitaría el voto de al menos seis jueces para destituir formalmente al presidente. De ser así, se convocarían nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 60 días, sumiendo al país en un escenario de alta incertidumbre política.

El episodio revive heridas del pasado, cuando Corea del Sur sufrió décadas de dictadura militar. La actuación de Yoon ha generado preocupación no solo a nivel interno, sino también entre aliados internacionales, quienes observan con cautela el desarrollo de la crisis. A medida que se acerca la votación, el futuro del presidente Yoon y de la estabilidad política del país penden de un hilo.