Bogotá, Colombia -Edición: 734

 Fecha: Miércoles 18-12-2024

 

 

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BOGOTÁ

 

 

 

 

   

Fundado el 3 Abril de 2020

Publisher: Zahur Klemath Zapata

 

 

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    RedacciónRamón Valderrama                 

    Deportes: Edwin Ballesteros          

    Diagramación: José Mejía

    Soporte Técnico: Aurooj Ali Khan

 

   ColaboradoresJotamario Arbeláez, Gustavo Alvarez Gardeazábal, Teresa Pardo, Edgar Cabezas, Guillermo Navarrete, Ricardo Castellanos, Iván Pulido, Álvaro Ramírez González.

 


 

 

tenemos un 90% de impunidad en delitos cometidos contra menores, lo cual resulta inaceptable. Necesitamos investigación eficiente y justicia rápida”, sostuvo Name.

 

Un compromiso de todos

La desaparición de menores de edad en Bogotá no es solo un asunto de estadísticas. Cada caso representa a un niño o adolescente con una familia que vive la incertidumbre y el dolor de no saber qué ha pasado con su ser querido. Para las autoridades y la sociedad, el reto es actuar de manera conjunta y decidida para evitar que más niños se pierdan en la indiferencia.

El compromiso no puede limitarse a la acción de la Policía o la Fiscalía. Se requiere un trabajo articulado entre las instituciones del Estado, las organizaciones civiles y la comunidad para proteger a los menores y garantizar que puedan crecer en un entorno seguro. Reglamentar la Alerta Rosa y fortalecer los mecanismos de búsqueda urgente son pasos necesarios, pero no suficientes. La verdadera solución radica en atacar las causas profundas de este problema y en construir una ciudad donde la desaparición de un niño deje de ser una estadística recurrente.

 

Restituyen a exgerente de La Rolita tras fallo judicial: ¿Qué llevó a esta decisión?

 

 

Carolina Martínez, exgerente del operador de transporte público La Rolita, regresará a su cargo después de que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Bogotá fallara a su favor. Martínez había sido declarada insubsistente en octubre pasado por el alcalde Carlos Fernando Galán, lo que generó controversia y críticas desde distintos sectores, incluida la exalcaldesa Claudia López.

El caso comenzó el 12 de octubre cuando, mediante el decreto 350, la administración distrital ejecutó la salida de Martínez, argumentando que su cargo era de libre nombramiento y remoción, facultad que tiene el alcalde de Bogotá. Sin embargo, Martínez interpuso una acción judicial alegando que su desvinculación fue injustificada y no tuvo en cuenta su delicada situación médica: lucha contra un cáncer de seno, circunstancia que había sido notificada a la Secretaría General del Distrito.

La decisión generó una fuerte polémica. La exalcaldesa López expresó en su momento su indignación, asegurando que la remoción de Martínez no solo dejaba sin trabajo a una mujer en pleno tratamiento oncológico, sino que debilitaba al operador público de transporte. Además, López cuestionó la falta de justificación para su retiro, acusando al actual mandatario de poner en riesgo la estabilidad de La Rolita.

El juzgado, al revisar el caso, determinó que la Alcaldía no tramitó el permiso necesario ante el Ministerio de Trabajo para ejecutar el despido de Martínez, requisito indispensable en situaciones como esta. En su fallo, el juez concluyó que se vulneraron las garantías laborales y de salud de la exgerente, lo que derivó en la orden de restitución. El Distrito tendrá cinco días hábiles para cumplir con la decisión judicial.

La situación de La Rolita sigue siendo compleja. A las dificultades administrativas que enfrenta el operador público de transporte se suma una demanda que declaró nulo el acto administrativo con el que se creó la empresa durante la pasada administración. Este panorama deja al operador en una posición crítica mientras se reorganizan sus operaciones.

Por ahora, se espera que Carolina Martínez retome sus funciones como gerente y que el Distrito acate el fallo del juzgado. Hasta el momento, la Alcaldía no ha emitido declaraciones oficiales sobre la decisión judicial ni sobre los pasos a seguir para afrontar la coyuntura que vive La Rolita.

 

Bogotá cerró el 2024 con un aumento del 8% en turistas extranjeros

 

 

Bogotá finalizó el 2024 con cifras positivas en materia de turismo, logrando un crecimiento del 8% en la llegada de visitantes internacionales respecto a los niveles previos a la pandemia. Según el Instituto Distrital de Turismo (IDT), entre enero y noviembre llegaron a la capital 1.687.033 turistas extranjeros, lo que representa el 38,8% del total de visitantes en Colombia.

La conectividad aérea también mostró un avance significativo. Más de 143.000 vuelos llegaron a Bogotá, con 16,7 millones de pasajeros transportados, un aumento del 19,4%. A su vez, la Terminal de Transportes movilizó a más de 13,8 millones de viajeros durante el mismo periodo.

El segmento de turismo MICE (reuniones, incentivos, congresos y exposiciones) fue clave en el balance positivo. Bogotá atrajo más de 12 millones de visitantes relacionados con eventos artísticos, convenciones y espectáculos, cifra que equivale al 26,5% del turismo local.

El IDT atribuye estos logros a estrategias como la nueva narrativa de ciudad “Bogotá Tu Casa” y el lanzamiento de la plataforma
 

 

 

visitbogota.co, además de la implementación del chatbot “Candelaria”, que proporciona información turística las 24 horas del día.

 

Durante la rendición de cuentas, la entidad también destacó iniciativas enfocadas en fortalecer el turismo local. En especial, asignaron 67.000 millones de pesos en presupuestos participativos para proyectos en distintas localidades. Además, implementaron programas de seguridad turística, como la iniciativa piloto “Quinta Paredes: Zona Libre de Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes”, que ha sensibilizado a más de 1.200 personas.

 

Estas cifras consolidan a Bogotá como un destino atractivo y dinámico, recuperando el terreno perdido tras la pandemia y reafirmando su liderazgo como principal puerta de entrada para el turismo en Colombia.

 

Obras del Metro de Bogotá: avances y los retos que enfrentan residentes y comerciantes

 

 

La construcción de la primera línea del Metro de Bogotá sigue transformando el paisaje urbano de la ciudad, especialmente en la emblemática avenida Caracas, entre las calles 26 y 34. Lo que alguna vez fue un corredor comercial vibrante y variado, hoy es un espacio de cambios constantes y retos para comerciantes, trabajadores y residentes del sector.

Durante décadas, la avenida Caracas ha sido testigo de distintas etapas comerciales. Talleres mecánicos, droguerías y negocios de salud poblaron el lugar en su auge. Actualmente, nuevos proyectos residenciales buscan revitalizar la zona, pero las obras del Metro han traído consigo cierres viales, demoliciones y una transformación urbana que impacta profundamente en la cotidianidad de sus habitantes.

En abril de este año, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) inició trabajos preliminares con el traslado de redes de acueducto, alcantarillado, energía y gas. A principios de mayo, el primer cierre vial entre las calles 26 y 33 marcó el inicio de una etapa que incluyó la demolición de la estación Calle 26 de TransMilenio, uno de los puntos más transitados del sistema con más de 12.000 validaciones diarias hasta marzo.

El impacto ha sido considerable. El Centro Internacional, un importante nodo comercial y residencial que recibe diariamente a 70.000 personas, ha enfrentado dificultades. Aunque los accesos han sido habilitados desde las calles 26, 28 y la carrera Séptima, el tránsito de más de 220.000 personas que circulan por la zona ha tenido que adaptarse a los cambios. La Asociación Gremial Cívica Centro Internacional (AsoSandiego) ha liderado el acompañamiento a los afectados, sirviendo de puente entre la EMB y la comunidad.

“Entendemos que estas obras nos beneficiarán en el futuro, por eso hemos trabajado de la mano con la Empresa Metro para asegurar condiciones dignas para transitar”, afirmó Juan Pablo Orozco, director ejecutivo de AsoSandiego. La organización ha promovido espacios de socialización, ferias de emprendimiento y actividades informativas para los comerciantes, con el fin de mitigar las afectaciones económicas y sociales que enfrentan.

Sin embargo, para negocios tradicionales como el Asadero La 32, ubicado en la esquina de la calle 32 con avenida Caracas, la situación es aún más crítica. Luis Hernando Gómez, propietario del establecimiento con más de 35 años de historia, teme que la demolición de la estación Calle 34 el próximo año pueda obligarlo a cerrar. “Si ahora, con el movimiento actual, ya hemos sentido una baja en las ventas, cuando cierren la estación podría ser mucho peor”, comenta con preocupación. Con más de 10 empleados a su cargo, regresar a un modelo exclusivo de domicilios no sería sostenible a largo plazo.

A esta situación se suma la inseguridad en el sector, una problemática que también afecta a otros comerciantes y residentes. Luis Hernando relata cómo su negocio ha sido víctima de robos y extorsiones en múltiples ocasiones, agravando el panorama en medio de las obras.

La EMB, por su parte, ha implementado iniciativas para apoyar al comercio local, como ferias en puntos estratégicos como el Parque Bicentenario y el Bulevar del Museo Nacional. Estas ferias buscan visibilizar a los comerciantes afectados, invitándolos a exponer sus productos en zonas de alta afluencia.

Además, la EMB ha garantizado medidas de mitigación, como la divulgación de información sobre accesos alternativos y el pago de parqueaderos cuando estos se ven bloqueados por las obras. También se han producido videos informativos en redes sociales para orientar a los ciudadanos sobre los cambios viales y el funcionamiento de negocios aledaños, como la estación de servicio Texaco ubicada en el costado occidental de la Caracas con calle 26.

Mientras las obras continúan, AsoSandiego ha ofrecido locales temporales a comerciantes como Luis Hernando, quienes podrían ver afectadas sus operaciones de forma más drástica en los próximos meses. “Nos han ofrecido ubicarnos temporalmente en otro local, pero no deja de ser preocupante. Hemos pasado por mucho, y cerrar no es una opción”, concluye Gómez.

A pesar de los retos, la transformación de la avenida Caracas representa una oportunidad a futuro. Las obras del Metro no solo buscan modernizar la movilidad de Bogotá, sino también revitalizar una de las zonas más importantes de la ciudad. Sin embargo, el equilibrio entre progreso y bienestar de quienes habitan y trabajan en el sector sigue siendo el mayor desafío en este proceso de cambio.

 

 

 

Alerta en Bogotá: 635 niños reportados como desaparecidos en lo que va del año

 

 

La desaparición de niños y adolescentes en Bogotá se ha convertido en una problemática alarmante que requiere una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades y la sociedad en general. Según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, hasta el corte de octubre de este año, 635 menores de edad han sido reportados como desaparecidos en la capital del país. De estos casos, 288 continúan sin ser localizados, lo que representa un 45% de la cifra total.

El panorama es preocupante, especialmente si se tiene en cuenta que la mayoría de las víctimas, un 88%, se encuentran en el rango de edad entre los 12 y 17 años. Para los expertos, esta situación refleja la falta de mecanismos efectivos de prevención y búsqueda, así como problemas sociales que afectan directamente a los menores de edad.

Un problema que trasciende cifras

Andrés Nieto, experto en temas de seguridad del Observatorio de Seguridad y Convivencia de la Universidad Central, advierte que las desapariciones no son un problema exclusivo de la Policía o la Fiscalía. “Todas las entidades del Estado deben reaccionar ante esta crisis, porque los mecanismos de búsqueda urgente no están funcionando con la rapidez y eficacia que se requiere”, señaló.

El análisis también revela una preocupante realidad a nivel nacional. De las 4.862 personas reportadas como desaparecidas en todo el país durante 2024, el 32,5% son menores de edad. Es decir, 1.581 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de esta situación. Aún más alarmante es que solo el 44,3% de los menores han sido encontrados con vida, mientras que un 55% continúa desaparecido y un pequeño porcentaje, el 0,5%, ha sido hallado sin vida.

En el caso de Bogotá, las desapariciones coinciden con las tendencias nacionales. Las cifras evidencian un problema estructural que se agrava en las grandes ciudades, donde las nuevas dinámicas sociales y económicas han contribuido al aumento de estos casos. La nacionalidad de las víctimas también refleja un patrón claro: la mayoría son colombianos (1.344 casos), seguidos por venezolanos (147 casos).

Causas que no pueden ignorarse

Según Nieto, es necesario poner sobre la mesa las causas profundas que están llevando a la desaparición de menores de edad. Los engaños a través de redes sociales, los problemas de violencia intrafamiliar y las difíciles condiciones económicas están incidiendo directamente en esta problemática.

“Muchos de estos niños salen de sus casas buscando escapar de situaciones de abuso o violencia, mientras que otros son víctimas de trata de personas. Es urgente hacer un seguimiento a las redes sociales, que se han convertido en un canal para la captación de menores, muchas veces con fines laborales o de explotación sexual”, afirmó el experto.

Otro factor relevante es el impacto de las redes de microtráfico y los préstamos ilegales conocidos como ‘gota a gota’, que a menudo recurren a la violencia y la intimidación para recuperar sus dineros, dejando a muchas familias en una situación vulnerable. En algunos casos, la desaparición de un menor puede ser una medida de represalia por parte de estas redes.

La Alerta Rosa: Una solución urgente

Ante la magnitud del problema, la concejal de Bogotá, María Clara Name, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reglamente y ponga en funcionamiento la Alerta Rosa, un mecanismo de búsqueda inmediata que fue sancionado el año pasado por el presidente Gustavo Petro. Este sistema, similar a la Alerta Amber que funciona en otros países, permite activar un mensaje de alerta en todo el territorio nacional, incluyendo zonas de frontera, terminales de transporte y aeropuertos, con el fin de evitar el traslado de las víctimas.

La concejal también instó a la Fiscalía General de la Nación a crear una Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Menores de Edad, que permita atender con mayor celeridad estos casos. “Actualmente,

 

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