El SBU calificó a Kirillov como un "objetivo legítimo" y asumió la responsabilidad del ataque, justificándolo como una “operación especial” contra quien consideran responsable de dirigir ataques con armas químicas en Ucrania. Kirillov, de 54 años, había sido sancionado por el Reino Unido en octubre por presuntamente supervisar el uso de estas armas, además de ser señalado como un propagador clave de la desinformación del Kremlin.

Un golpe estratégico para Rusia

Kirillov, quien lideró la defensa radiológica, química y biológica desde 2017, es el oficial ruso de más alto rango asesinado en territorio nacional durante la invasión a Ucrania. Su muerte representa una “pérdida irreparable”, según Konstantin Kosachev, vicepresidente del Senado ruso. Dimitri Medvedev, ex presidente de Rusia, prometió represalias contra el “liderazgo militar y político ucraniano”.

Desde el inicio de la guerra, Ucrania ha denunciado más de 4.800 ataques con armas químicas dirigidos por Kirillov, algunos ejecutados mediante drones. Moscú ha rechazado estas acusaciones, que también incluyen el supuesto desarrollo de laboratorios biológicos en Ucrania.

La muerte de Kirillov no solo afecta operativamente al Ejército ruso, sino que agrava las tensiones en el conflicto. Mientras Moscú acusa a Ucrania de terrorismo, el atentado refleja la intensificación de operaciones ucranianas dentro de territorio ruso, algo que podría aumentar la escalada del conflicto.

El Comité de Investigación de Rusia ha iniciado una causa penal por el asesinato de Kirillov y su ayudante, mientras el gobierno de Vladimir Putin estudia su respuesta. El incidente marca un punto crítico en la guerra, mostrando cómo las hostilidades están alcanzando a figuras clave del aparato militar ruso en su propio territorio.

Europa acelera la adopción de los centros de deportación inspirados en el modelo Meloni

La Unión Europea avanza hacia una de las medidas más controvertidas en la gestión de la migración. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, confirmó el martes que Bruselas está evaluando los costos y la viabilidad jurídica de los centros de deportación fuera del bloque. Inspirados en el modelo promovido por la primera ministra italiana Giorgia Meloni, estos centros buscan trasladar a terceros países a quienes no cumplen los requisitos de asilo o esperan una decisión al respecto.

La propuesta ha ganado terreno en Europa, dejando atrás su asociación inicial con gobiernos extremistas. La carta de Von der Leyen, dirigida a los líderes de los 27 Estados miembros, destaca que las conclusiones alcanzadas en el Consejo Europeo de octubre llevaron a explorar soluciones "innovadoras" para combatir la migración irregular. Estas instalaciones, conocidas como "hubs", representan un cambio significativo en la política migratoria del continente y reflejan la creciente aceptación de que el control de los flujos migratorios es esencial para mantener el Estado de Bienestar en la región.

El modelo Meloni ha sido emblemático en este debate. En Italia, los primeros traslados de migrantes a Albania enfrentaron obstáculos legales y financieros, con un costo estimado de dos millones de euros para el envío de apenas 24 personas. Este antecedente ha obligado a la Comisión Europea a analizar detalladamente cómo integrar esta política en el marco jurídico de la Unión y garantizar su sostenibilidad económica.

Ahmed al-Sharaa promete reconstrucción en Siria tras la caída de Al-Assad

A un poco más de una semana del derrocamiento de Bashar al-Assad, Ahmed al-Sharaa, conocido como Abu Mohammed al-Jolani, se ha erigido como el nuevo líder de facto en Siria. En un encuentro con la prensa extranjera, el líder de la coalición rebelde que tomó el control del país esbozó sus planes para el futuro de una nación devastada tras más de una década de conflicto.

Desde la sede del gobierno en Damasco, al-Sharaa pidió a la comunidad internacional levantar las sanciones que pesan sobre Siria, asegurando que su eliminación es clave para la reconstrucción del país. En un gesto de conciliación, se comprometió a disolver las facciones armadas y a integrarlas en un nuevo Ejército nacional.

"Debemos reconstruir Siria desde sus cimientos", afirmó al-Sharaa, destacando que las prioridades inmediatas de su gobierno incluyen garantizar la seguridad, restablecer los servicios básicos y facilitar el retorno de los millones de desplazados internos y refugiados en el extranjero. Para ello, ha planteado un período de transición en el que se espera contar con apoyo internacional tanto en términos financieros como humanitarios.

Aunque el panorama es incierto, al-Sharaa ha prometido llevar a cabo un censo nacional para evaluar las condiciones electorales, dejando entrever que su administración podría derivar en un proceso democrático. Sin embargo, recalcó que estas medidas tomarán tiempo, dada la magnitud de la destrucción y el colapso institucional que enfrenta el país.

Uno de los puntos más polémicos de su plan es la propuesta de juzgar a Bashar al-Assad, su familia y sus colaboradores más cercanos por los crímenes cometidos durante su régimen. Al-Sharaa enfatizó la importancia de confiscar los bienes obtenidos ilícitamente por el antiguo gobierno, mientras que a nivel interno, aboga por una política de amnistía para evitar venganzas y divisiones que prolonguen el conflicto.

Sobre los combatientes extranjeros que lucharon junto a su coalición, el líder aseguró que su situación será regularizada legalmente. Argumentó que muchos de ellos llegaron a Siria por solidaridad con la población y no representan un peligro para otros países, por lo que no deben ser estigmatizados.

En cuanto a las relaciones internacionales, al-Sharaa aseguró que Siria no será utilizada como plataforma para agredir a otras naciones, en un intento por desmarcarse de las políticas del régimen anterior. También pidió a Israel cesar sus ataques en territorio sirio, argumentando que las milicias iraníes, utilizadas como pretexto para estas operaciones, ya no están presentes.

La llegada de delegaciones británicas y francesas a Damasco marca un cambio en la percepción internacional hacia el nuevo gobierno. Al-Sharaa destacó que los vínculos establecidos con varios países en los últimos años han ayudado a reducir la desconfianza hacia su proyecto político.

El líder también pidió que se elimine a su organización, Hayat Tahrir al-Sham, de la lista de grupos terroristas de la ONU, argumentando que sus acciones siempre se enfocaron en objetivos militares y no civiles. Sin embargo, insistió en que lo urgente es levantar las sanciones impuestas a Siria, al considerar que estas penalizan injustamente a una población ya victimizada por el régimen anterior.

Ahmed al-Sharaa tiene el desafío monumental de reconstruir un país fracturado, restablecer la confianza internacional y mantener la estabilidad interna en un escenario lleno de tensiones. Sus promesas son ambiciosas, pero el tiempo y las acciones concretas determinarán si puede cumplirlas.