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Boyacá con Esperanza en Bogotá, se ha destapado una preocupante denuncia que involucra al personal de ambulancias que asistieron a las víctimas del incidente. Germán Felipe Monroy Blanco, principal afectado, asegura haber sido robado mientras recibía atención médica junto con su hijo menor.

La tragedia ocurrió entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de diciembre, cuando la tractomula, en su intento de huir, invadió el carril contrario y se volcó sobre el vehículo de Monroy, dejándolo gravemente herido junto a su hijo. Según relata, en medio del rescate, el personal médico le sustrajo dinero en efectivo, joyas y hasta la cadena de oro del niño.

“Yo vi que el paramédico sacó la plata de la billetera y la guardó. Luego me dijo que ahí no había nada”, declaró Monroy desde el hospital donde se recupera tras varias cirugías en sus piernas. Añadió que llevaba $2.470.000 pesos en efectivo, monto que había recibido del abuelo del menor antes de emprender el viaje a Puerto Gaitán, Meta.

Reacción de la Secretaría de Salud

Ante la gravedad de las acusaciones, la Secretaría Distrital de Salud (SDS) solicitó a las subredes Norte y Suroccidente investigar a fondo al personal involucrado en la atención del accidente. En un comunicado oficial, confirmaron que varias de las ambulancias presentes pertenecen a su red de atención y que exigirán revisar las cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

Por su parte, la red Suroccidente indicó que está recopilando información mediante entrevistas y descargos de su tripulación. “Nuestra ambulancia trasladó al menor, y estamos revisando la trazabilidad. Esperamos tener una respuesta clara pronto”, declararon voceros de la entidad.

Testimonios de dolor y angustia

Monroy revivió los momentos de terror que experimentó tras el impacto. Entre el ruido de vidrios rotos y metal retorcido, solo pensaba en proteger a su hijo, quien viajaba dormido en el asiento trasero. “Llorando, me dijo: ‘Papá, no te me mueras’. Fue desgarrador”, narró.

Mientras estaba atrapado en el vehículo, dos mujeres que presenciaron el accidente lograron sacar al menor del auto, pero el rescate de Monroy requirió la intervención del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Durante el operativo, Monroy permaneció consciente, orando y aferrándose a la esperanza de sobrevivir.

Exigen justicia

Monroy no solo enfrenta las secuelas físicas del accidente, sino también la indignación por haber sido víctima de robo en un momento de total vulnerabilidad. Pide a las autoridades una investigación rigurosa que sancione a los responsables y prevenga que situaciones similares se repitan.

La SDS enfatizó que estas denuncias son tomadas con la mayor seriedad y que trabajarán para garantizar que se haga justicia. Entretanto, la tragedia de Monroy y su hijo se convierte en un recordatorio de la necesidad de reforzar la supervisión y los controles en los servicios de emergencia en Bogotá.

Alarma en Bogotá por incremento de quemados por pólvora en temporada navideña

En víspera de la Navidad, Bogotá enfrenta un preocupante panorama con 80 casos de personas lesionadas por el uso de pólvora al cierre de esta edición. Las cifras, actualizadas al martes 24 de diciembre, muestran un aumento de más del 40% en comparación con el año anterior, lo que llevó a las autoridades distritales a redoblar esfuerzos para frenar esta práctica peligrosa.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, visitó la Unidad de Quemados del Hospital Simón Bolívar para hacer un llamado a la responsabilidad ciudadana. Durante su intervención, Galán lamentó que 28 de los afectados sean menores de edad, de los cuales 26 presentan lesiones graves en manos, rostro y otras partes del cuerpo. “Cada niño lesionado es el reflejo de la irresponsabilidad de un adulto. No hay pólvora segura”, subrayó.

Los adultos también son víctimas frecuentes, con 52 lesionados reportados, de los cuales 19 estaban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente. Esta combinación de pólvora y consumo de licor ha sido un factor recurrente en las emergencias de este tipo.

Además, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó sobre la intensificación de los operativos de incautación de pólvora en la ciudad. Este año, las autoridades han decomisado más de 2.178 kilogramos de estos materiales, cuadruplicando los registros de 2022. “Estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes para proteger la vida de los bogotanos”, afirmó Quintero.
 

El subsecretario de Servicios de Salud, Luis Alexander Moscoso, también se sumó al llamado, destacando los riesgos irreversibles que implica la manipulación de pólvora. “La pólvora deja marcas imborrables, no solo físicas, sino también emocionales. Es vital que como sociedad tomemos conciencia y protejamos a nuestros seres queridos”, dijo.

El problema no es uniforme en toda la ciudad. Localidades como Suba (16 casos) y Engativá (11 casos) lideran el preocupante listado de quemados. En contraste, zonas como Chapinero y Antonio Nariño registraron solo dos y un caso, respectivamente. No obstante, cada incidente refleja una situación que podría haberse evitado.

A pesar de la prohibición estricta sobre la venta y uso de pólvora en el Distrito Capital, persiste la falta de conciencia en algunos sectores de la población. Las autoridades continúan reforzando operativos y campañas pedagógicas para reducir el impacto de estas prácticas durante las festividades.

El alcalde Galán insistió en la importancia de la responsabilidad individual. “Los adultos tienen el deber de garantizar un entorno seguro, especialmente para los niños. La Navidad debería ser una época de alegría, no de tragedias que dejan marcas para toda la vida”, concluyó.

Mientras avanza la temporada festiva, las autoridades reiteran el llamado a celebrar de manera responsable, evitando el uso de pólvora y previniendo situaciones que pongan en riesgo la integridad de las familias bogotanas.

Alertan sobre producción ilegal de carbón vegetal en Soacha y su impacto ambiental

En la zona rural de Soacha, en sectores como El Llanito y la vereda Chacua, persiste la problemática de la producción ilegal de carbón vegetal. Durante un reciente operativo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se detectaron quemas a cielo abierto destinadas a la fabricación de este producto. Los responsables, al notar la presencia de las autoridades, abandonaron el lugar, complicando cualquier medida sancionatoria inmediata.

César Augusto Rico Mayorga, director de la CAR en Soacha, informó sobre la magnitud de las actividades ilegales encontradas: “Evidenciamos 21 pilas en combustión y automotores con madera y carbón vegetal procesado, listo para comercializar”. Sin embargo, la ausencia de los responsables en el sitio dificultó avanzar en acciones legales, una situación que se ha repetido en esta área.

En abril de este año, un operativo similar en el mismo sector concluyó con la captura de seis personas dedicadas a actividades similares. Según la CAR, estas prácticas generan un impacto negativo significativo en el medio ambiente, desde emisiones contaminantes que deterioran la calidad del aire hasta la posibilidad de incendios forestales, especialmente en la actual temporada seca que, según el IDEAM, podría extenderse hasta el primer trimestre de 2025.

Impacto en los ecosistemas locales

Además de las actividades en Soacha, la CAR ha reportado otros incidentes ambientales en la región. Recientemente, denuncias ciudadanas llevaron a la autoridad a inspeccionar un predio en Cambao, San Juan de Rioseco, donde se identificó la tala de 21 árboles, varios de ellos nativos y ubicados en un área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del bosque seco tropical.

Estas acciones, motivadas aparentemente por la expansión agropecuaria, dejaron ocho hectáreas de bosque severamente afectadas. La CAR ha iniciado procesos sancionatorios contra los responsables, subrayando la gravedad del daño ocasionado a un ecosistema que alberga importantes especies y regula el equilibrio climático local.

Llamado a la comunidad

Ante la continuidad de estas actividades ilícitas, las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que atente contra los recursos naturales. La CAR enfatiza que la protección del medio ambiente requiere del compromiso colectivo, ya que estas prácticas no solo alteran los ecosistemas, sino que también ponen en riesgo la salud y seguridad de las comunidades cercanas.

Las acciones de la CAR reflejan un esfuerzo por mitigar el daño ambiental en Cundinamarca, pero los retos persisten frente a la expansión de actividades ilegales que amenazan los recursos naturales de la región.

Polémica por retrasos en pagos a subcontratistas del Metro de Bogotá

En los últimos días, la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá ha estado en el ojo del huracá debido a denuncias de incumplimientos en los pagos a los subcontratistas por parte del consorcio Metro Línea 1 S.A.S. Estas acusaciones, respaldadas por la firma de abogados De La Espriella Lawyers, han generado tensión entre las partes involucradas y han puesto en el centro de la discusión la coordinación y ejecución del proyecto.

La firma de abogados, que representa al Consorcio Proyecto Metro, afirmó que el contrato METRO1-SC-E-20240522 ha enfrentado numerosos obstáculos desde su inicio. “A pesar de los inconvenientes y de no haber recibido la contraprestación económica correspondiente, nuestro cliente ha cumplido con sus obligaciones”, declaró la firma en un comunicado. Además, señalaron que, aunque se intentó entablar un diálogo para revisar el contrato vencido el pasado 23 de octubre, no se obtuvo respuesta por parte de la Empresa Metro de Bogotá, lo que ha incrementado los costos del proyecto.

Por su parte, Metro Línea 1 S.A.S. respondió negando las acusaciones y aclaró que las relaciones comerciales con los subcontratistas se desarrollan bajo normas aplicables y prácticas comerciales responsables. Según el consorcio, los pagos se realizan dentro de los plazos pactados, que no superan los 150 días. Asimismo, admitieron que en ocasiones surgen diferencias contractuales, pero aseguraron que estas se resuelven mediante los mecanismos estipulados sin afectar la ejecución del proyecto.

El consorcio también destacó que la gestión de los subcontratos es una responsabilidad exclusiva de Metro Línea 1 S.A.S. y no involucra directamente a la Empresa Metro de Bogotá ni a las autoridades gubernamentales. “Garantizamos que nuestras relaciones comerciales cumplen con las mejores prácticas y que los flujos de caja necesarios para la ejecución de las obras están disponibles”, afirmaron.

Sin embargo, la situación ha generado incertidumbre entre los contratistas y subcontratistas, quienes esperan soluciones claras para evitar retrasos adicionales en el proyecto. El Metro de Bogotá, considerado uno de los proyectos más importantes para la movilidad de la ciudad, sigue adelante en medio de estas controversias, que ponen en evidencia los retos de coordinar una obra de esta magnitud.

Secretaría de Salud investiga denuncia de robo por tripulación de ambulancias tras accidente en Bogotá

En medio del caos generado por el robo de una tractomula en Soacha, que culminó en un grave accidente de tránsito en la avenida