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Dos delegados de la SIC habrían
renunciado por sanción a Alberto Alcocer

Dos delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) habrían presentado su carta de renuncia debido a
descontentos con el caso de Alberto Merlano Alcocer, tío de
primera dama y por consiguiente, un hombre cercano al presidente
Petro.
La controversia gira en torno a una sanción que la SIC busca
revocar, lo que ha llevado a estos funcionarios a expresar su
desacuerdo y, en consecuencia, a presentar su renuncia.
Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y
Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos,
han manifestado su inconformidad con el manejo del caso Merlano.
Este desacuerdo parece estar vinculado a presiones externas y a
la percepción de que las decisiones tomadas podrían estar
influenciadas por intereses políticos.
La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque
solicitó a todos los directores y delegados renuncias
protocolarias, lo que ha sido interpretado como un intento de
reorganizar su equipo en medio de la controversia. Tras conocer
las posturas de los delegados en el Comité de Conciliación sobre
el caso Merlano, Rusinque habría pedido informes detallados
sobre su gestión, lo que algunos interpretan como una presión
para que los funcionarios.
El caso Alberto Merlano Alcocer:
El 3 de noviembre de 2024, Merlano solicitó formalmente a la SIC
la revocación de una sanción impuesta en 2012 con una multa de
aproximadamente 240 millones de pesos, argumentando presuntas
violaciones al debido proceso.
La sanción se debió a su participación como miembro principal de
la junta directiva del Acueducto de Bogotá (EAB), donde se
determinó que había colaborado en prácticas restrictivas de
competencia, violando así la Ley 155 de 1959.
La situación ha desatado un debate sobre la independencia y la
integridad del sistema regulador en Colombia. Las renuncias han
sido vistas como un acto de resistencia ante lo que algunos
consideran un intento del gobierno por influir en decisiones
administrativas.
No cambiaría nada en la
regulación de las encuestas en elecciones del 2026

Las encuestas para las elecciones presidenciales y legislativas
del 2026 se realizarían con las mismas reglas que han imperado
en las últimas décadas. Hay un proyecto de ley en el Senado,
aprobado en primer debate, que establece medidas en la
divulgación de estos estudios para garantizar su
calidad y confiabilidad, sin embargo, aplicarlas en estos
comicios no solo depende de que se convierta en ley, sino el
tiempo que ello tome, pues si ocurre después del segundo
semestre del 2025, es poco probable porque no faltará el que
diga que se cambian las reglas del juego.
Entre los principales cambios que hacía esta reforma a las
encuestas electorales es que cuando son comicios de tipo
nacional, debería incluir municipios o distritos con una
población igual o superior a 800.000 habitantes, tal y como un
subconjunto de municipios pequeños, medianos y grandes de todas
las regiones.
Igualmente, que cuando se tratara de investigaciones sobre
preferencias políticas relacionadas con procesos electorales de
carácter regional, la muestra debería incluir a la capital
departamental y como mínimo el 20% de los municipios.
Así mismo,
contemplaba esta reforma que las firmas con 24 horas de
anticipación a la publicación de las encuestas deberían
presentar ante el Consejo Nacional Electoral la ficha técnica,
tal y como sería entregada a la persona natural o jurídica que
encomendó el estudio, así como habría de ser publicada en los
medios de comunicación.
Estos estudios tienen un papel fundamental en la democracia,
pues miden qué tanta es la favorabilidad del presidente y el
gobierno, así como de la gestión que desarrollan. En tanto que
en las elecciones toman el pulso del nivel de aceptación de un
candidato y con base en ello el electorado infiere qué tanta
posibilidad tiene de ganar.
No obstante, los resultados de las encuestas siempre generan
polémica, ya que muchos de los aspirantes que no marcan bien se
quejan, por ejemplo, por la muestra porque esperaban que se
consultara a un número mayor de personas, porque no se tuvieron
en cuenta todos los estratos sociales o faltó un grupo etario,
entre otros motivos.
Incluso se ha visto en anteriores elecciones aspirantes que
cuestionan el resultado de las encuestas en plena campaña, no
por aspectos técnicos en su elaboración, sino porque sostienen
que no corresponde con la cantidad de personas que los sigue en
los mítines en la plaza pública.
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Por ello se ha vuelto
costumbre en las distintas elecciones las protestas de algunos
candidatos y sus seguidores, incluso con señalamientos sobre presuntos
estudios amañados, más teniendo en cuenta que la realización de las
encuestas es pagada por medios de comunicación e incluso por las
colectividades políticas.
Por su parte, las firmas encuestadoras se defienden señalando que sus
estudios tienen un carácter técnico y netamente probabilístico, no
predictivo. Además, de que se realizan con base en la normatividad
establecida en la ley y en resoluciones del Consejo Nacional Electoral.
Se habla de la Ley 130 de 1994; las resoluciones 23 y 50 del Consejo
Nacional Electoral, la primera del año 1996 y la segunda de 1997; y la
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales).
Vale recordar que la reforma al Código Electoral, que aprobó este
Congreso, hizo más precisas las encuestas, teniendo en cuenta que la
normatividad existente es antigua y muy general, ya que apenas recoge
los elementos básicos que se consideran a nivel internacional para este
tipo de estudios.
Sin embargo, en agosto pasado, la Corte Constitucional tumbó por segunda
vez la reforma al Código Electoral, argumentando varios vicios de
procedimiento en el trámite durante su estudio en el Congreso, según se
explicó por no superar el análisis de impacto fiscal, la falta de
consulta previa en algunos de sus artículos y la elusión de debate.
¿Qué dicen los encuestadores?
Carlos Lemoine, socio fundador del Centro Nacional de Consultoría,
indicó a EL NUEVO SIGLO que “es importante decir que las encuestas no
son actores principales en el proceso electoral, las encuestas son una
parte importante del paisaje democrático. Me parece que ponerle tanto
énfasis a la regulación de las encuestas es hacer mucho énfasis en el
mensajero y no en el mensaje. Somos mensajeros de lo que piensa la
gente”.
En tanto que César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos,
dijo a este Diario sobre la iniciativa de ley que discute el Senado, que
“es un proyecto que incorporó Clara López y Angélica Lozano, que de
alguna manera recoge lo que había presentado Rodrigo Lara al final del
pasado Congreso en 2022. Eso fue aprobado una ley estatutaria, pero como
fue aprobada en sesiones extras eso se cayó”.
Agregó que “me parece que el proyecto que tenía Rodrigo Lara estaba bien
encaminado y me parece que Colombia sí debería tener una regulación
sobre el tema de encuestas que permita regular mejor el mercado”.
Añadió que el primero y más esencial es “la posibilidad de hacer
auditorías serias y reales. La ley dice hoy que se deberían hacer, pero
no hay un mecanismo en el cual se puede hacer. Entonces sí es importante
que las firmas que publicamos encuestas tengamos un certificado de
gestión de calidad, frente al cual alguien externo pueda hacer una
auditoría. Y en ese caso el Consejo Nacional Electoral debería tener
unos recursos para contratar unos expertos para que hagan la auditoría a
las firmas encuestadoras”.
Complementó Caballero diciendo que “lo segundo es que los requisitos
para crear una firma encuestadora son demasiado formales, y es
simplemente un año de su existencia y dos recomendaciones. Creo que hay
que demostrar más la suficiencia de las empresas, tener estadísticos,
tener más elementos para poder hacerlas. Diría la posibilidad de hacer
auditorías frente a que lo que asegura una firma encuestadora sobre el
método que hizo es correcto y que uno pueda replicar eso y; dos, creo
que los requisitos formales para poder publicar estudios”.
Otro asunto que preocupa es la proliferación en los últimos años en las
redes sociales en época de campaña de encuestas o sondeos electorales
sin cumplir los mínimos requisitos, como la ficha técnica, y sin que
nadie se responsabilice.
Al respecto, César Caballero dijo que “frente a las encuestas los
responsables son las empresas y los mismos que las publican.
Entonces habría que hacer
responsable a las redes sociales que publican o a quien publica en la
red social una encuesta que no es encuesta sino un sondeo”.
Enfatizó que “primero evidentemente creo que no hay que pararle bolas,
pero lo segundo es que la ley sí debería aplicarse y poner las sanciones
de la misma manera que si un medio de comunicación pública una encuesta
falsa sanciona al medio, pues si una persona en su cuenta en Twitter
publica una encuesta falsa, pues deberían sancionar esa persona”.
Este año el Congreso tramitó
ocho mociones de censura contra ministros

En medio de las diferencias entre los partidos de Gobierno y la
oposición, las mociones de censura han protagonizado la agenda en el
Congreso de la República y bajo ese orden de ideas el desarrollo del
recurso administrativo se realizó de la siguiente manera:
En la plenaria de la Cámara de Representantes los ministros que
afrontaron debate fueron, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso
Jaramillo quien en el mes de marzo afrontó un primer debate por presunta
corrupción, en esa oportunidad el recurso fue negado con 36 votos a
favor por 96 en contra por presuntas irregularidades que causaron un
desabastecimiento de medicamentos, posibles prácticas indebidas en la
contratación y el cuestionamiento a la gestión de recursos en el sistema
de salud.
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Luego para el mes de junio,
el funcionario volvió a ser citado por la plenaria tras la crisis en el
servicio de salud de los profesores. Sin embargo, y para esa oportunidad
Jaramillo no respondió el cuestionario de la Cámara por considerar que
el debate fue citado de manera irregular. Como se sabe, en agosto el
pleno de la corporación citó al ministro de Minas Andrés Camacho por las
alarmas que generaron una presunta escasez de gas natural y la
determinación del Gobierno para traerlo de Venezuela, pese a que el
debate apuntaba a la moción, el recurso fue negado con 106 votos por el
No y 18 por el Sí.
Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez fue llamado a moción de
censura por el deterioro del orden público en Cauca y Valle del Cauca,
pero la propuesta no prosperó y la plenaria negó la aplicación del
recurso con 99 votos en contra y 97 a favor. Lo que significa que, entre
el cierre de la segunda legislatura en los meses de enero a junio, y el
inicio de la tercera que se dio entre julio y diciembre la Cámara
adelantó cuatro mociones de censura a funcionarios del Gobierno.
Por otra parte, en el Senado de la República la agenda fue un poco más
intensa sobre el particular; no obstante, las mociones tampoco
prosperaron en esa célula legislativa, coincidencialmente hubo varios
repitentes entre los funcionarios del Gobierno que pasaron de nuevo por
estos debates.
Mociones de Censura en el Senado de la República
La primera cartera en afrontar un debate de moción fue la de Deportes,
cuando la entonces titular de esa cartera Astrid González fue citada por
el Senado para el mes de febrero, luego de que Colombia perdiera la sede
de los Juegos Panamericanos 2027, pese a ello la votación fue de 58
votos por el no y 22 por el sí, con lo cual fue negada la moción, sin
embargo, la renuncia de González se conoció antes de las votaciones.
Posteriormente, la plenaria negó con 55 votos a favor y 28 en contra la
moción de censura al ministro de Defensa Iván Velásquez por el
reclutamiento ilegal de grupos armados en el Cauca y los ataques de
comunidades indígenas contra la Fuerza Pública; No obstante, el
funcionario aseguró que se trabaja desde el ministerio para afrontar los
graves hechos de orden público y mejorar la seguridad.
Luego, para el mes de septiembre la plenaria llamó a Ricardo Bonilla,
exministro de Hacienda a debate de moción al ser relacionado con los
hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd),
escándalo que le costó el puesto en noviembre pasado, la plenaria negó
la moción con 59 por el no y 19 por el sí.
Consecuentemente, y para el mes de octubre y por la baja ejecución en el
Ministerio de la Igualdad se realizó una moción a Francia Márquez y la
directora del Dapre Laura Sarabia. Sin embargo, para los citantes Jota
Pe Hernández y Carlos Fernando Motoa el debate fue fallido en razón a
las respuestas que entregaron las dos funcionarias al reconocer que sí
hay una baja ejecución, pero que es el Gobierno el encargado de asignar
los recursos a esa cartera. Sobre el particular el senador Motoa señaló
que el debate será citado de nuevo. Así las cosas, el Senado también
deja un balance muy corto en mociones de censura efectivas con
únicamente cuatro diligencias realizadas.
Milton Rengifo representará a Colombia en
posesión de Maduro

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, representará al
Gobierno del presidente Gustavo Petro en la ceremonia de posesión de
Nicolás Maduro, que se llevará a cabo el próximo 10 de enero. Así lo
confirmó el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, quien indicó que esta
decisión se enmarca en la política de buena vecindad que Bogotá mantiene
con Caracas.
“Seguramente que el Gobierno de Colombia, como muchos gobiernos de la
región, van a enviar a algún representante al acto de posesión del
presidente Maduro. En el caso nuestro, inicialmente, está previsto que
asista el señor embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo”,
expresó en entrevista con Noticias Caracol
El vicecanciller también señaló que “por ahora iría el embajador”, pero
que “el presidente Petro está evaluando la situación para saber cuál
decisión se toma finalmente”. Rojas enfatizó que Colombia no ha
reconocido los resultados de las elecciones celebradas el pasado 28 de
julio en Venezuela, calificadas como polémicas por diversos sectores
nacionales e internacionales.
“No hay un reconocimiento de esos resultados de uno u otro de los dos
candidatos enfrentados”, afirmó el viceministro. Agregó que el Gobierno
colombiano defiende el diálogo y el respeto a la soberanía, rechazando
las sanciones y bloqueos que, según él, “no han contribuido a resolver
la crisis y han agravado la situación humanitaria”.
Reacciones internacionales y participación de México
Además de Colombia, México también enviará una representación oficial.
La gobernante mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que podría asistir el
embajador mexicano en Venezuela, Leopoldo de Gyves, aunque evitó ofrecer
mayores detalles.
En su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que su Gobierno mantiene
una postura “imparcial” frente a la crisis poselectoral venezolana,
diferenciándose de las posiciones asumidas por Colombia y Brasil.
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