Bogotá, Colombia -Edición: 737

 Fecha: Miércoles 25-12-2024

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POLÍTICA

 

 

 

Dos delegados de la SIC habrían renunciado por sanción a Alberto Alcocer




Dos delegados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) habrían presentado su carta de renuncia debido a descontentos con el caso de Alberto Merlano Alcocer, tío de primera dama y por consiguiente, un hombre cercano al presidente Petro.

La controversia gira en torno a una sanción que la SIC busca revocar, lo que ha llevado a estos funcionarios a expresar su desacuerdo y, en consecuencia, a presentar su renuncia.

Alexander Sánchez, delegado para asuntos jurisdiccionales, y Grenfieth de Jesús Sierra, delegado para protección de datos, han manifestado su inconformidad con el manejo del caso Merlano. Este desacuerdo parece estar vinculado a presiones externas y a la percepción de que las decisiones tomadas podrían estar influenciadas por intereses políticos.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque solicitó a todos los directores y delegados renuncias protocolarias, lo que ha sido interpretado como un intento de reorganizar su equipo en medio de la controversia. Tras conocer las posturas de los delegados en el Comité de Conciliación sobre el caso Merlano, Rusinque habría pedido informes detallados sobre su gestión, lo que algunos interpretan como una presión para que los funcionarios.

El caso Alberto Merlano Alcocer:

El 3 de noviembre de 2024, Merlano solicitó formalmente a la SIC la revocación de una sanción impuesta en 2012 con una multa de aproximadamente 240 millones de pesos, argumentando presuntas violaciones al debido proceso.

La sanción se debió a su participación como miembro principal de la junta directiva del Acueducto de Bogotá (EAB), donde se determinó que había colaborado en prácticas restrictivas de competencia, violando así la Ley 155 de 1959.

La situación ha desatado un debate sobre la independencia y la integridad del sistema regulador en Colombia. Las renuncias han sido vistas como un acto de resistencia ante lo que algunos consideran un intento del gobierno por influir en decisiones administrativas.


No cambiaría nada en la regulación de las encuestas en elecciones del 2026




Las encuestas para las elecciones presidenciales y legislativas del 2026 se realizarían con las mismas reglas que han imperado en las últimas décadas. Hay un proyecto de ley en el Senado, aprobado en primer debate, que establece medidas en la
divulgación de estos estudios para garantizar su calidad y confiabilidad, sin embargo, aplicarlas en estos comicios no solo depende de que se convierta en ley, sino el tiempo que ello tome, pues si ocurre después del segundo semestre del 2025, es poco probable porque no faltará el que diga que se cambian las reglas del juego.

Entre los principales cambios que hacía esta reforma a las encuestas electorales es que cuando son comicios de tipo nacional, debería incluir municipios o distritos con una población igual o superior a 800.000 habitantes, tal y como un subconjunto de municipios pequeños, medianos y grandes de todas las regiones.

Igualmente, que cuando se tratara de investigaciones sobre preferencias políticas relacionadas con procesos electorales de carácter regional, la muestra debería incluir a la capital departamental y como mínimo el 20% de los municipios.
 

Así mismo, contemplaba esta reforma que las firmas con 24 horas de anticipación a la publicación de las encuestas deberían presentar ante el Consejo Nacional Electoral la ficha técnica, tal y como sería entregada a la persona natural o jurídica que encomendó el estudio, así como habría de ser publicada en los medios de comunicación.

Estos estudios tienen un papel fundamental en la democracia, pues miden qué tanta es la favorabilidad del presidente y el gobierno, así como de la gestión que desarrollan. En tanto que en las elecciones toman el pulso del nivel de aceptación de un candidato y con base en ello el electorado infiere qué tanta posibilidad tiene de ganar.

No obstante, los resultados de las encuestas siempre generan polémica, ya que muchos de los aspirantes que no marcan bien se quejan, por ejemplo, por la muestra porque esperaban que se consultara a un número mayor de personas, porque no se tuvieron en cuenta todos los estratos sociales o faltó un grupo etario, entre otros motivos.

Incluso se ha visto en anteriores elecciones aspirantes que cuestionan el resultado de las encuestas en plena campaña, no por aspectos técnicos en su elaboración, sino porque sostienen que no corresponde con la cantidad de personas que los sigue en los mítines en la plaza pública.

 

 

 

Por ello se ha vuelto costumbre en las distintas elecciones las protestas de algunos candidatos y sus seguidores, incluso con señalamientos sobre presuntos estudios amañados, más teniendo en cuenta que la realización de las encuestas es pagada por medios de comunicación e incluso por las colectividades políticas.


Por su parte, las firmas encuestadoras se defienden señalando que sus estudios tienen un carácter técnico y netamente probabilístico, no predictivo. Además, de que se realizan con base en la normatividad establecida en la ley y en resoluciones del Consejo Nacional Electoral.


Se habla de la Ley 130 de 1994; las resoluciones 23 y 50 del Consejo Nacional Electoral, la primera del año 1996 y la segunda de 1997; y la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales).

Vale recordar que la reforma al Código Electoral, que aprobó este Congreso, hizo más precisas las encuestas, teniendo en cuenta que la normatividad existente es antigua y muy general, ya que apenas recoge los elementos básicos que se consideran a nivel internacional para este tipo de estudios.


Sin embargo, en agosto pasado, la Corte Constitucional tumbó por segunda vez la reforma al Código Electoral, argumentando varios vicios de procedimiento en el trámite durante su estudio en el Congreso, según se explicó por no superar el análisis de impacto fiscal, la falta de consulta previa en algunos de sus artículos y la elusión de debate.

¿Qué dicen los encuestadores?

Carlos Lemoine, socio fundador del Centro Nacional de Consultoría, indicó a EL NUEVO SIGLO que “es importante decir que las encuestas no son actores principales en el proceso electoral, las encuestas son una parte importante del paisaje democrático. Me parece que ponerle tanto énfasis a la regulación de las encuestas es hacer mucho énfasis en el mensajero y no en el mensaje. Somos mensajeros de lo que piensa la gente”.

En tanto que César Caballero, gerente general de Cifras y Conceptos, dijo a este Diario sobre la iniciativa de ley que discute el Senado, que “es un proyecto que incorporó Clara López y Angélica Lozano, que de alguna manera recoge lo que había presentado Rodrigo Lara al final del pasado Congreso en 2022. Eso fue aprobado una ley estatutaria, pero como fue aprobada en sesiones extras eso se cayó”.

Agregó que “me parece que el proyecto que tenía Rodrigo Lara estaba bien encaminado y me parece que Colombia sí debería tener una regulación sobre el tema de encuestas que permita regular mejor el mercado”.

Añadió que el primero y más esencial es “la posibilidad de hacer auditorías serias y reales. La ley dice hoy que se deberían hacer, pero no hay un mecanismo en el cual se puede hacer. Entonces sí es importante que las firmas que publicamos encuestas tengamos un certificado de gestión de calidad, frente al cual alguien externo pueda hacer una auditoría. Y en ese caso el Consejo Nacional Electoral debería tener unos recursos para contratar unos expertos para que hagan la auditoría a las firmas encuestadoras”.

Complementó Caballero diciendo que “lo segundo es que los requisitos para crear una firma encuestadora son demasiado formales, y es simplemente un año de su existencia y dos recomendaciones. Creo que hay que demostrar más la suficiencia de las empresas, tener estadísticos, tener más elementos para poder hacerlas. Diría la posibilidad de hacer auditorías frente a que lo que asegura una firma encuestadora sobre el método que hizo es correcto y que uno pueda replicar eso y; dos, creo que los requisitos formales para poder publicar estudios”.

Otro asunto que preocupa es la proliferación en los últimos años en las redes sociales en época de campaña de encuestas o sondeos electorales sin cumplir los mínimos requisitos, como la ficha técnica, y sin que nadie se responsabilice.

Al respecto, César Caballero dijo que “frente a las encuestas los responsables son las empresas y los mismos que las publican.

 

Entonces habría que hacer responsable a las redes sociales que publican o a quien publica en la red social una encuesta que no es encuesta sino un sondeo”.


Enfatizó que “primero evidentemente creo que no hay que pararle bolas, pero lo segundo es que la ley sí debería aplicarse y poner las sanciones de la misma manera que si un medio de comunicación pública una encuesta falsa sanciona al medio, pues si una persona en su cuenta en Twitter publica una encuesta falsa, pues deberían sancionar esa persona”.


Este año el Congreso tramitó ocho mociones de censura contra ministros




En medio de las diferencias entre los partidos de Gobierno y la oposición, las mociones de censura han protagonizado la agenda en el Congreso de la República y bajo ese orden de ideas el desarrollo del recurso administrativo se realizó de la siguiente manera:

En la plenaria de la Cámara de Representantes los ministros que afrontaron debate fueron, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo quien en el mes de marzo afrontó un primer debate por presunta corrupción, en esa oportunidad el recurso fue negado con 36 votos a favor por 96 en contra por presuntas irregularidades que causaron un desabastecimiento de medicamentos, posibles prácticas indebidas en la contratación y el cuestionamiento a la gestión de recursos en el sistema de salud.

 

 

 

Luego para el mes de junio, el funcionario volvió a ser citado por la plenaria tras la crisis en el servicio de salud de los profesores. Sin embargo, y para esa oportunidad Jaramillo no respondió el cuestionario de la Cámara por considerar que el debate fue citado de manera irregular. Como se sabe, en agosto el pleno de la corporación citó al ministro de Minas Andrés Camacho por las alarmas que generaron una presunta escasez de gas natural y la determinación del Gobierno para traerlo de Venezuela, pese a que el debate apuntaba a la moción, el recurso fue negado con 106 votos por el No y 18 por el Sí.

Asimismo, el ministro de Defensa, Iván Velásquez fue llamado a moción de censura por el deterioro del orden público en Cauca y Valle del Cauca, pero la propuesta no prosperó y la plenaria negó la aplicación del recurso con 99 votos en contra y 97 a favor. Lo que significa que, entre el cierre de la segunda legislatura en los meses de enero a junio, y el inicio de la tercera que se dio entre julio y diciembre la Cámara adelantó cuatro mociones de censura a funcionarios del Gobierno.

Por otra parte, en el Senado de la República la agenda fue un poco más intensa sobre el particular; no obstante, las mociones tampoco prosperaron en esa célula legislativa, coincidencialmente hubo varios repitentes entre los funcionarios del Gobierno que pasaron de nuevo por estos debates.

Mociones de Censura en el Senado de la República

La primera cartera en afrontar un debate de moción fue la de Deportes, cuando la entonces titular de esa cartera Astrid González fue citada por el Senado para el mes de febrero, luego de que Colombia perdiera la sede de los Juegos Panamericanos 2027, pese a ello la votación fue de 58 votos por el no y 22 por el sí, con lo cual fue negada la moción, sin embargo, la renuncia de González se conoció antes de las votaciones.

Posteriormente, la plenaria negó con 55 votos a favor y 28 en contra la moción de censura al ministro de Defensa Iván Velásquez por el reclutamiento ilegal de grupos armados en el Cauca y los ataques de comunidades indígenas contra la Fuerza Pública; No obstante, el funcionario aseguró que se trabaja desde el ministerio para afrontar los graves hechos de orden público y mejorar la seguridad.

Luego, para el mes de septiembre la plenaria llamó a Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda a debate de moción al ser relacionado con los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), escándalo que le costó el puesto en noviembre pasado, la plenaria negó la moción con 59 por el no y 19 por el sí.

Consecuentemente, y para el mes de octubre y por la baja ejecución en el Ministerio de la Igualdad se realizó una moción a Francia Márquez y la directora del Dapre Laura Sarabia. Sin embargo, para los citantes Jota Pe Hernández y Carlos Fernando Motoa el debate fue fallido en razón a las respuestas que entregaron las dos funcionarias al reconocer que sí hay una baja ejecución, pero que es el Gobierno el encargado de asignar los recursos a esa cartera. Sobre el particular el senador Motoa señaló que el debate será citado de nuevo. Así las cosas, el Senado también deja un balance muy corto en mociones de censura efectivas con únicamente cuatro diligencias realizadas.

 

Milton Rengifo representará a Colombia en posesión de Maduro




El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, representará al Gobierno del presidente Gustavo Petro en la ceremonia de posesión de Nicolás Maduro, que se llevará a cabo el próximo 10 de enero. Así lo confirmó el vicecanciller colombiano, Jorge Rojas, quien indicó que esta decisión se enmarca en la política de buena vecindad que Bogotá mantiene con Caracas.

“Seguramente que el Gobierno de Colombia, como muchos gobiernos de la región, van a enviar a algún representante al acto de posesión del presidente Maduro. En el caso nuestro, inicialmente, está previsto que asista el señor embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo”, expresó en entrevista con Noticias Caracol

El vicecanciller también señaló que “por ahora iría el embajador”, pero que “el presidente Petro está evaluando la situación para saber cuál decisión se toma finalmente”. Rojas enfatizó que Colombia no ha reconocido los resultados de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela, calificadas como polémicas por diversos sectores nacionales e internacionales.

“No hay un reconocimiento de esos resultados de uno u otro de los dos candidatos enfrentados”, afirmó el viceministro. Agregó que el Gobierno colombiano defiende el diálogo y el respeto a la soberanía, rechazando las sanciones y bloqueos que, según él, “no han contribuido a resolver la crisis y han agravado la situación humanitaria”.

Reacciones internacionales y participación de México

Además de Colombia, México también enviará una representación oficial. La gobernante mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que podría asistir el embajador mexicano en Venezuela, Leopoldo de Gyves, aunque evitó ofrecer mayores detalles.

En su conferencia matutina, Sheinbaum reiteró que su Gobierno mantiene una postura “imparcial” frente a la crisis poselectoral venezolana, diferenciándose de las posiciones asumidas por Colombia y Brasil.

 

 

 

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