Fundado el 3 Abril de 2020

Publisher: Zahur Klemath Zapata

     Dé click para bajar el APP de Noticias5

Las opiniones expresadas por los columnista son de su exlusiva responsabilidad y no comprometen el pensamiento de Noticias5.

Director: Zahur Klemath Zapata 

Gerente: Laurie Agront  

            
Gerente Operativo: Alba L. Arenas. V.

    Editor: Faver Alvarez

    Redacción: Ramón Valderrama                 

    Deportes: Edwin Ballesteros          

    Diagramación: José Mejía

    Soporte Técnico: Aurooj Ali Khan

   Colaboradores: Jotamario Arbeláez, Gustavo Alvarez Gardeazábal, Teresa Pardo, Edgar Cabezas, Guillermo Navarrete, Ricardo Castellanos, Iván Pulido, Álvaro Ramírez González.

Bogotá anuncia tarifas unificadas para TransMilenio y nuevos subsidios para el transporte en 2025

La Alcaldía de Bogotá presentó las tarifas y subsidios del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) para 2025. A partir del 18 de enero, la tarifa unificada para TransMilenio, buses zonales y TransMiCable será de $3.200, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema, cubrir costos operativos y mantener el equilibrio entre oferta y demanda.

Además, los usuarios con tarjeta TuLlave personalizada tendrán un beneficio adicional: el tiempo para realizar transbordos sin costo se ampliará de 110 a 125 minutos. Este cambio busca compensar las afectaciones generadas por las obras de infraestructura que impactan la movilidad en la ciudad.

Otro anuncio destacado fue la introducción de la tarjeta TransMiPass, disponible desde el 20 de marzo. Este sistema permitirá a los usuarios frecuentes adquirir 65 viajes por $160.000 al mes, lo que equivale a un costo de $2.460 por pasaje, generando un ahorro del 23% frente a la tarifa regular. La recarga inicial deberá reclamarse en uno de los portales de TransMilenio, pero las siguientes transacciones se podrán hacer en línea, facilitando el acceso y reduciendo tiempos de espera.

El secretario de Movilidad destacó que la medida responde a las necesidades de los ciudadanos y pretende mejorar la experiencia de viaje, al tiempo que promueve un uso más eficiente del transporte público.

Nuevos subsidios para poblaciones vulnerables

La Administración Distrital también anunció un esquema renovado de subsidios que beneficiará a aproximadamente 800.000 personas en condición de pobreza, mayores de 62 años y personas con discapacidad. Estos usuarios recibirán entre cinco y 12 pasajes gratuitos al mes, dependiendo de su condición, a partir de febrero de 2025.

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo Salazar, explicó que esta iniciativa forma parte de la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado y representa un aumento del 30% en el número de beneficiarios respecto al modelo actual. En total, se destinarán 100.000 millones de pesos para apoyar a estas poblaciones.

“Esta inversión busca promover la equidad y facilitar la integración social mediante un transporte más accesible”, afirmó Angulo.

Con estas medidas, Bogotá apuesta por un sistema de transporte más inclusivo y eficiente, ajustándose a las necesidades de sus habitantes y enfrentando los retos de una ciudad en constante crecimiento.

Irregularidades en contrato vial dejan 5.400 millones de pesos en el limbo en Bogotá

En un reciente hallazgo fiscal, la Contraloría de Bogotá reveló la pérdida de 5.400 millones de pesos asociados a un contrato para la conservación de la malla vial en seis localidades de la ciudad. El contrato, firmado en diciembre de 2021 entre el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la empresa INFERCAL S.A.S., ascendía a un total de 35.000 millones de pesos y contemplaba intervenciones en Usme, San Cristóbal, Bosa, Ciudad Bolívar, Candelaria y Santa Fe.

El contrato caducó en abril de 2024 debido a múltiples incumplimientos, entre ellos retrasos en el cronograma, el no pago de salarios y prestaciones a los trabajadores, y la falta de avance significativo en el proyecto. Según la Contraloría, de los 7.000 millones de pesos entregados como anticipo al contratista, solo 1.600 millones tienen soporte, dejando un faltante de 5.400 millones sin explicación clara ni recuperación.
 

Frente a este hallazgo, el IDU defendió sus acciones al declarar que la caducidad fue impuesta por el incumplimiento grave del Plan Detallado de Trabajo (PDT) en más del 50%. Orlando Molano, director de la entidad, aseguró que la actual administración fue la que inició los procesos sancionatorios y tomó medidas como la caducidad del contrato. “Estamos absolutamente tranquilos. Tomamos las decisiones que correspondían en su momento”, afirmó.

El IDU también informó que impuso una cláusula penal equivalente al 20% del valor del contrato como máxima sanción administrativa. Sin embargo, señaló que esta penalidad podría no ser suficiente para cubrir el perjuicio total, por lo que evalúan la posibilidad de emprender acciones legales adicionales para recuperar los recursos perdidos.

Mientras tanto, el caso fue trasladado a la Dirección de Responsabilidad Fiscal para que se inicie el respectivo proceso contra los responsables. La situación pone de relieve los retos de la administración pública en la ejecución y supervisión de contratos, así como la necesidad de fortalecer los controles para evitar el detrimento patrimonial.

La incertidumbre sobre la recuperación de los 5.400 millones de pesos sigue generando preocupación, mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de justicia y transparencia en un caso que afecta tanto las finanzas distritales como la confianza ciudadana.

Balance de Navidad en Bogotá: 6 homicidios, 12 quemados y 720 riñas

La celebración de la Nochebuena en Bogotá dejó un balance preocupante, según lo informado por el brigadier general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Durante el 24 y 25 de diciembre, se atendieron 6.200 llamadas de emergencia, de las cuales 970 correspondieron a quejas por ruido y 720 a riñas.

A pesar de la alta demanda, Gualdrón aseguró que las intervenciones oportunas evitaron un mayor número de víctimas. Sin embargo, el saldo sigue siendo alarmante: seis homicidios, cinco cometidos con armas blancas y uno con arma de fuego. Tres responsables fueron capturados en los distintos casos.

Además, se reportaron 35 capturas por delitos como porte ilegal de armas, lesiones personales, robos y homicidios. Durante los operativos, se decomisaron 237 armas cortopunzantes y 29 kilos de pólvora. En lo corrido de 2024, la Policía ha incautado más de dos toneladas y media de pólvora, clausurado 89 establecimientos y emitido más de 112 comparendos por su venta y uso ilegal.

Aumento de quemados por pólvora

El uso de pólvora continúa siendo un grave problema en la ciudad. En las últimas 48 horas, se registraron 12 nuevos casos de personas lesionadas, elevando la cifra total a 92 durante la temporada decembrina, según datos de SaluData. Entre los afectados, cinco son menores de edad, lo que evidencia un incumplimiento reiterado de las medidas de prevención.

De acuerdo con Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública, 33 de los lesionados son menores, 14 de ellos menores de cinco años. Lamentablemente, tres de estos niños estaban acompañados de adultos en estado de alicoramiento, al igual que 23 de los 59 adultos afectados.

Las principales lesiones incluyen daños en las manos (56 casos), en la cara (24 casos) y en los ojos (8 casos). Los artefactos más peligrosos fueron los voladores, responsables de 36 lesiones, seguidos por los totes, con 15 casos reportados. Las localidades más afectadas son Suba, Kennedy, Engativá y Bosa.

Llamado a la prevención

El brigadier general Gualdrón reiteró su llamado a la tolerancia y al cumplimiento de las normas, especialmente durante estas festividades. "No les den pólvora a los niños. Ninguna pólvora es inofensiva", enfatizó.

La Secretaría Distrital de Salud recordó que está prohibida la manipulación de pólvora por personas no expertas y solicitó a los ciudadanos denunciar su uso o venta ilegal a la Línea 123.

Aunque el balance es similar al de años anteriores, las autoridades insisten en la importancia de la unión familiar y la responsabilidad para evitar más tragedias. Las cifras reflejan un problema cultural que requiere mayor conciencia y acción colectiva.

Lavadero clandestino es descubierto robando agua: Millonarias pérdidas para Bogotá

Un lavadero de carros en el barrio San Rafael, en la localidad de Puente Aranda, fue sorprendido robando agua mediante una conexión ilegal. Este acto le costó a la ciudad más de $115 millones, ya que el establecimiento se apropió de más de 14.000 metros cúbicos del recurso. La Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), con apoyo de la Policía Nacional, realizó el operativo que culminó con el cierre del lugar y la suspensión de su actividad económica.

El fraude fue detectado tras un análisis del consumo histórico del negocio y un seguimiento al medidor de agua. A pocos pasos de la conexión legal, los técnicos encontraron una desviación en la tubería que abastecía un tanque de 10.000 litros, usado para las operaciones del lavadero sin pasar por el contador oficial. El propietario, al ser sorprendido, firmó un acuerdo de pago para resarcir el valor del agua robada y evitar sanciones adicionales.

Este caso es solo un ejemplo de un problema que afecta gravemente a la ciudad: las conexiones ilegales de agua. Según datos de la Personería de Bogotá, existen más de 7.600 de estas conexiones en la capital, lo que provoca que cerca del 40% del agua potabilizada no sea contabilizada. Esto significa que, de cada 100 metros cúbicos tratados, 40 se pierden debido a fugas o robos, generando un impacto financiero que recae sobre los usuarios que sí pagan por el servicio.

El fenómeno, conocido como “agua no contabilizada”, no solo afecta las finanzas de la Empresa de Acueducto, sino también la capacidad de la ciudad para garantizar un suministro hídrico sostenible. Durante las últimas dos décadas, Bogotá ha invertido $2,5 billones para mitigar las pérdidas de agua, pero los resultados no han sido suficientes. Andrés Torres, experto en recursos hídricos, señala que incluso en sistemas bien gestionados es normal perder hasta un 30% del recurso en procesos de distribución. Sin embargo, en Bogotá, las cifras superan ese promedio debido a la persistencia de prácticas ilegales y problemas en las tuberías.

En un contexto en el que el agua es un recurso cada vez más valioso, las pérdidas no contabilizadas representan un desafío urgente. Las conexiones ilegales no solo son una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, sino también un delito de defraudación de fluidos agravado, que puede acarrear penas de hasta 108 meses de cárcel y multas de 150 salarios mínimos legales vigentes.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie este tipo de irregularidades. La Empresa de Acueducto también reafirmó su compromiso de intensificar los operativos de detección y sanción, con el fin de proteger las reservas hídricas de la ciudad y garantizar que el agua llegue a quienes realmente la necesitan. En medio de esta crisis, cada gota cuenta, y combatir estas prácticas es esencial para la sostenibilidad de Bogotá.