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Información sobre
cálculo de la UPC 2025 pide Procuraduría a Minsalud

La Procuraduría General de la Nación, a través de su Procuraduría
Delegada en Asuntos de Salud, liderada por Diana Margarita Ojeda,
solicitó al Ministerio de Salud un conjunto de información detallada
sobre el proceso técnico y los datos utilizados para estimar los gastos
en salud relacionados con el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación
(UPC) para la vigencia 2025.
La solicitud, contenida en el oficio IUS E-2024-768508, tiene como
objetivo asegurar que el cálculo de la UPC se realice de manera
suficiente y técnica, garantizando el flujo adecuado de recursos para el
sistema de salud. La Procuraduría destaca que el cumplimiento de la Ley
100 de 1993 y la Ley 1751 de 2015, que regulan el sistema de seguridad
social en salud en Colombia, establece la necesidad de asignar recursos
suficientes y sostenibles para la atención de salud de la población.
Uno de los puntos clave en la intervención de la Procuraduría es la
subestimación de la UPC en años anteriores. De acuerdo con estudios
previos de la Procuraduría y otros expertos como ANIF, el cálculo de la
UPC para los años 2023 y 2024 fue insuficiente, lo que afectó la
sostenibilidad financiera del sistema.
La Procuraduría señala que, según el último estudio realizado por ANIF,
publicado en octubre de 2023, "nuestras estimaciones sugieren que desde
2021 el cálculo de la UPC está subestimado, en promedio, en cerca de
2,8pp anuales". En este contexto, la Procuraduría exhorta a que, para
2025, se utilicen datos representativos de las EPS y que se ajusten por
inflación y frecuencia, además de incorporar los cambios demográficos y
epidemiológicos.
El oficio también solicita una serie de documentos y detalles sobre el
proceso de cálculo de la UPC, tales como los análisis realizados por el
grupo técnico de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y
Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, las actas de las
reuniones de esta comisión, y los mecanismos implementados para validar
la información reportada por las EPS. En el requerimiento, se solicita:
"Documentos o conceptos que incluyan los análisis y recomendaciones del
grupo técnico dirigidos a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y
Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud,
relacionados con el cálculo de la UPC para el año 2025".
"Nombres de los funcionarios que actualmente conforman y participan de
manera directa en las sesiones de la Comisión Asesora de Beneficios,
Costos y Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud
para el cálculo de la UPC del año 2025".
Asimismo, se requieren detalles sobre los posibles ajustes a la
metodología de cálculo de la UPC para 2025, así como cualquier
modificación prevista en las condiciones de salud para el cálculo de la
misma. La Procuraduría solicita:
"Informar si se ha previsto modificaciones a la metodología del cálculo
de la UPC aplicable a la vigencia 2025".
"Informar si se contemplan nuevos ajustes por condiciones de salud para
el cálculo de la UPC 2025".
La Procuraduría enfatiza la importancia de que el Ministerio de Salud
garantice un proceso participativo y transparente, que permita superar
la crisis financiera y humanitaria que afecta la atención en salud de
los colombianos y, a su vez, garantizar el derecho fundamental a la
salud en el país.
Este requerimiento se realiza con el fin de
fortalecer el sistema de salud y
asegurar que los recursos sean suficientes para la correcta atención de
los usuarios del sistema de seguridad social.
La Procuraduría recalca que: "las
medidas adoptadas por el Ministerio
han venido
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generando una crisis
financiera y humanitaria que afectan la garantía de los derechos
fundamentales a la salud de los colombianos". Se espera que el
Ministerio de Salud entregue la información solicitada en un plazo de
cinco días.
La Procuraduría insta al Ministerio de
Salud a que tome las medidas necesarias para cumplir con la normativa
vigente y resolver la crisis financiera que afecta al sistema de salud,
lo que es considerado esencial para garantizar el bienestar y la salud
de la población colombiana.
Aplazan medida contra fraudes en
accidentes de tránsito hasta 2025

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad
Social en Salud (ADRES) anunció el aplazamiento de la medida que busca
controlar fraudes en las reclamaciones por accidentes de tránsito de
vehículos no identificados o sin Seguro Obligatorio de Accidentes de
Tránsito (SOAT). Según lo establecido en la Resolución 0199844 de 2024,
la exigencia de probar la condición de víctima será efectiva a partir
del 1 de febrero de 2025, conforme a lo indicado en la Resolución
0204785 de 2024.
El anuncio inicial, realizado el pasado 29 de noviembre, contemplaba que
clínicas y hospitales debían incluir, al radicar reclamaciones, copia
del informe descriptivo del agente de tránsito que atendió el accidente.
En caso de no contar con dicho documento, las instituciones de salud
estarían obligadas a demostrar que notificaron de inmediato a la policía
judicial o a la autoridad más cercana al momento del ingreso de la
presunta víctima al centro médico.
Esta medida busca dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 218 del
Código de Procedimiento Penal, que obliga a los establecimientos de
salud a reportar de manera inmediata a las autoridades casos en los que
las personas ingresen con daños en el cuerpo o la salud ocasionados por
accidentes de tránsito.
El aplazamiento tiene como objetivo brindar un periodo de adaptación
para que las instituciones de salud implementen los procedimientos
necesarios para cumplir con los nuevos requisitos. La ADRES enfatizó que
el control de este tipo de reclamaciones es crucial para evitar fraudes
que afectan la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia.
Con la entrada en vigor de esta normativa en 2025, se espera garantizar
mayor transparencia en las reclamaciones relacionadas con accidentes de
tránsito, especialmente en casos de vehículos fantasmas o sin SOAT.
411 bienes de 'exparas' no están
en inventario oficial: Unidad de Víctimas

La directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano, reveló que
411 bienes entregados por 10 exparamilitares, designados como gestores
de paz por el presidente de la República, no figuran en el inventario
del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
Esta situación deja en evidencia un vacío significativo en la
administración y trazabilidad de los bienes destinados a la reparación
de las víctimas del conflicto armado.
El anuncio se realizó durante una reunión entre Solano y la fiscal
general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, en la que ambas
funcionarias hicieron un balance de
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los bienes
entregados al Fondo por la Fiscalía. Hasta la fecha, el Fondo ha
recibido 3.398 bienes, de los cuales solo 580 cuentan con extinción de
dominio, un paso clave para su monetización y utilización en la
reparación de las víctimas.
“Nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle apoyo con los
fiscales a cargo, para que a través de ellos, se le pida a las salas de
Justicia y Paz, que den celeridad al trámite de extinción de dominio de
los bienes que faltan, ya que surtiendo este paso, desde la Unidad
podemos monetizarlos para reparar a las víctimas incluidas en las
sentencias”, afirmó la directora de entidad.
Además, se identificó que 1.383 bienes en manos del Fondo están ocupados
de manera no autorizada, lo que representa una carga administrativa y
económica para la Unidad y un detrimento en los recursos públicos.
La fiscal general y la directora
acordaron una nueva reunión para el 13 de enero de 2025, con el objetivo
de dar seguimiento a la investigación sobre los bienes no localizados y
los posibles casos de corrupción en administraciones anteriores. También
se radicó una solicitud formal para acelerar los procesos de extinción
de dominio y la entrega de bienes al Fondo, con el fin de superar los
obstáculos que dificultan la reparación a las víctimas.
Este escenario resalta la urgencia de implementar medidas más efectivas
para garantizar la transparencia y la gestión adecuada de los bienes
destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.
"La Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con las víctimas del
conflicto armado en Colombia y destaca que, con la cooperación de la
Fiscalía General de la Nación, se seguirá trabajando de manera
articulada para resolver estos problemas y garantizar que los recursos
destinados a la reparación sean utilizados de forma efectiva", señaló la
institución.
Renta Ciudadana 2025: montos y
fechas de pago del sexto ciclo

A Partir de este viernes 27 de diciembre, inicia el sexto ciclo de pago
para los hogares bancarizados del programa Renta Ciudadana de
Prosperidad Social. En total, 546.761 hogares de la línea de Valoración
del Cuidado recibirán la transferencia.
En total está programado $273.380 millones para los pagos que se
extenderán hasta finales de enero de 2025. Para este ciclo de pago solo
se entregarán los recursos a hogares con jefatura monoparental y niños
de 6 años y hogares con personas con discapacidad.
¿Dónde reclamar el subsidio de Renta Ciudadana?
El Banco Agrario informó que, respecto a este ciclo, los beneficiarios
podrán recibir su transferencia a través de oficinas, corresponsales
bancarios (Supergiros, Efecty, Reval, Punto de Pago y ePago), Movii, la
billetera electrónica BICO y los cajeros automáticos de la red
Servibanca.
¿Cómo saber si soy beneficiario?
Los beneficiarios seleccionados recibirán un mensaje de texto en el que
se les indicará la modalidad de pago: para bancarizados, mediante abono
a cuenta de ahorros o BICO, que podrá ser retirado en cajeros
electrónicos de la red aliada Servibanca; para no bancarizados, por
ventanilla en las oficinas o corresponsales bancarios del Banco. Los
giros serán entregados en enero, en una fecha que será confirmada
próximamente.
El Banco tiene presencia en 1.104 municipios del territorio nacional,
con 793 sucursales, 131 oficinas livianas del formato Banco Agrario de
Colombia Más Cerca, 2.302 cajeros automáticos propios y de la Red Verde
de Servibanca, y más de 12.500 corresponsales bancarios propios y de
aliados. Además, es la única entidad financiera en 456 plazas.
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