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Exigen a entidades presentar
informes sobre recorte de gastos
El presidente
Gustavo Petro solicitó al ministro de Hacienda y Crédito
Público, Diego Guevara, la elaboración de una estrategia de
austeridad del gasto público para el año 2025, en respuesta al
fracaso de la ley de financiamiento en el Congreso de la
República, la cual fue archivada por las comisiones económicas.
Esta iniciativa, que se enmarca en las facultades del artículo
19 de la Ley 2155 de 2021, busca garantizar un uso eficiente y
transparente de los recursos públicos en un contexto de
restricciones fiscales.
En una directiva presidencial emitida el 20 de diciembre, se
instruye a las entidades del Gobierno Nacional a presentar antes
de finalizar el año sus propuestas para ajustar la estrategia de
austeridad del gasto. Este enfoque se implementará a partir de
enero de 2025, con el objetivo de optimizar el presupuesto y
reducir el gasto público en sectores no esenciales, sin
comprometer los programas prioritarios, como salud, educación y
protección social.
Como parte de esta orden emitida desde la Casa de Nariño, se
afirma que "el Gobierno Nacional, en virtud de la facultad
establecida en el artículo 19 de la Ley 2155 de 2021, reglamenta
anualmente, mediante decreto, una estrategia de austeridad del
gasto para cada vigencia fiscal, aplicable a los órganos que
hacen parte del presupuesto general, con el compromiso de
reducir el gasto público".
En este sentido, el presidente Gustavo Petro explicó que la
falta de aprobación de la reforma tributaria, que según el
mandatario hubiese generado nuevas fuentes de financiamiento,
intensificó la presión sobre el Gobierno para mantener la
estabilidad fiscal de la Nación a falta del remate de la actual
administración. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, la
estrategia tiene como objetivo priorizar el gasto en áreas
claves y garantizar la eficiencia en las inversiones,
especialmente en un año marcado por un déficit fiscal de 12
billones de pesos.
Las alternativas que busca el Gobierno
El presidente Gustavo Petro destacó la importancia de la medida
al señalar que “la estrategia de austeridad busca priorizar el
gasto en áreas esenciales sin comprometer el funcionamiento de
la administración pública”. Agrega que los pilares fundamentales
del Estado son la igualdad social, la atención de las
poblaciones vulnerables y la equidad.
Razones por las cuales el Gobierno Nacional sostuvo que entre
las principales medidas contempladas en la política de
austeridad se incluyen: la optimización del gasto operativo, la
creación de planes internos de ahorro por parte de cada entidad
y la implementación de políticas de compras y contratación
pública para reducir costos. Este esfuerzo se considera
fundamental para enfrentar las dificultades económicas y
asegurar la sostenibilidad del presupuesto en 2025.
El presidente Petro, quien firmará el decreto de austeridad en
la primera semana de enero, subrayó que aunque los recortes
afectarán programas no esenciales, el objetivo es mitigar el
impacto en sectores claves. La medida responde a la necesidad
urgente de ajustar las finanzas del país ante la ausencia de los
recursos esperados de la reforma tributaria y el déficit que
esto ha generado.
Además, en la directiva también se hace un llamado a las otras
ramas del poder público para adoptar las medidas propuestas, en
cumplimiento del principio de colaboración armónica de la
Constitución, con el fin de garantizar una gestión fiscal más
eficiente y austera durante el próximo año.
Como se sabe, el proyecto de reforma tributaria o ley de
financiamiento que presentó el Gobierno Nacional con el fin de
recaudar $9,8 billones se hundió por mayorías absolutas en el
debate de las comisiones económicas conjuntas de Senado y
Cámara. El archivo se produjo el pasado 11 de diciembre.
Con la iniciativa, el Gobierno pretendía conseguir recursos para
adelantar un plan de reactivación económica en Colombia, tras
las deudas que aparentemente tiene el Estado tras la pandemia
por covid-19.
En la votación del proyecto en cada una de las comisiones quedó
así: Comisión Tercera de Senado, 8 votos por el sí y 6 votos por
el no. Comisión Cuarta de Senado 8 votos por el sí y 6 por el
no. Comisión Tercera de Cámara, 17 votos por el sí y 12 por el
no. Comisión Cuarta de Cámara 16 votos por el sí y 10 por el no.
Así mismo, el Gobierno sufrió otra derrota cuando el Congreso
negó el proyecto del Presupuesto General para 2025.
Carrera a presidencia arrancará el
próximo año con más de 40 nombres
La puja por la
Presidencia de la República comenzará temprano el próximo año en
el camino a los comicios que tendrán la primera vuelta el 31 de
mayo del 2026. Posiblemente a mediados de enero próximo se
empezarán a oficializar las candidaturas en los partidos y
movimientos, así como de quienes se inscribirán por firmas. De
entrada, hay más de 40 políticos y personas de otros sectores
que están en el sonajero, 13 de los cuales ya hicieron público
su deseo.
Los primeros que por efectos del calendario electoral están
obligados a destapar pronto sus cartas son los que piensan
inscribirse con el respaldo de firmas, pues el 31 de mayo
próximo inicia el registro de los comités inscriptores de
candidaturas apoyadas por grupos significativos de ciudadanos y
de movimientos sociales; así como de comités promotores del voto
en blanco. Al mismo tiempo comienza la recolección de apoyos.
En este grupo está el exdirector del DANE y actual concejal de
Bogotá, Juan Oviedo, quien el pasado 14 de noviembre anunció que
buscará la presidencia tras su primera experiencia en las urnas
en octubre del 2023, cuando fue segundo en la elección de
alcalde de Bogotá.
“Queremos que nuestra aspiración presidencial esté avalada por
firmas y refleje las soluciones concretas que proponemos para
las diversas realidades de Colombia”, dijo Oviedo.
También se
presentaría por firmas la periodista Vicky Dávila, quien a
mediados de noviembre pasado renunció a la dirección de la
revista Semana. Todo indica que procesará su aspiración por
fuera de los partidos.
Otro que anunció su aspiración en octubre pasado es el
empresario Santiago Botero, quien dijo que recogerá firmas para
inscribirse por el movimiento ‘Colombia pa lante unida’.
En tanto que el primer exintegrante de la Fuerza Pública en
anunciar su aspiración al Solio de Bolívar es el general (r)
Eduardo Zapateiro, quien fue comandante del Ejército en el
gobierno de Iván Duque.
Zapateiro en las redes sociales es permanente crítico del
gobierno Petro, a quien responsabiliza por la afectación del
orden público por el manejo equivocado que, considera, le ha
dado a la seguridad. “La unión es la única solución que tenemos
a la mano para salir del hueco en el que nos metieron”, dijo el
exuniformado, quien aspiraría por firmas.
Por otro lado, han
puesto a sonar a la presidencia a Juan Zuluaga, exministro,
exgobernador de Meta y exalcalde de Villavicencio, quien en los
últimos meses ha trabajado como parte del grupo de dirigentes
que impulsan la iniciativa de un referendo de autonomía fiscal
de las regiones, con el fin de que los departamentos recauden
los impuestos de renta y patrimonio para poder cumplir con las
funciones que les puso la descentralización.
Otro que buscaría
estar en el tarjetón a la presidencia en 2026, sería el dos
veces exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien lidera el
movimiento Por Colombia Unidos. El exmandatario paisa ha
señalado que “Colombia merece, necesita y necesitará mucho más
que petrismo o antipetrismo”.
Centro Democrático
Es la única colectividad hasta el momento con precandidatos que
han oficializado su aspiración y que además inició un proceso
para que puedan exponer sus propuestas.
Ellos son los senadores Miguel Uribe, María Cabal, Paola
Holguín, Andrés Guerra y Paloma Valencia.
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Con ese
propósito el Centro Democrático ha realizado dos foros “Por el Futuro de
Colombia”, en donde los aspirantes han hecho planteamientos en temas
clave de nación como seguridad y energía.
Además, el expresidente
Álvaro Uribe, principal referente de esta colectividad, desarrolla una
estrategia para hacer conocer más a nivel nacional a estos
precandidatos, en donde asume el papel de entrevistador y les pregunta
sobre distintos aspectos de la problemática nacional.
Pacto Histórico
El Pacto Histórico avanza en
un proceso para que cinco fuerzas que conforman la actual coalición se
fundan en un partido que respaldará en los comicios del 2026 al
candidato que el presidente Petro le dé el guiño, buscando dar
continuidad a sus políticas, y que se imponga en el proceso interno para
la escogencia de ese nombre.
Por este sector ya anunciaron la precandidatura la senadora guajira
Martha Peralta y la exministra de Salud, Carolina Corcho, quien lideró
el primer proyecto de reforma, pero que salió del gobierno porque los
entonces partidos de la coalición Conservador y La U la señalaron de
radical en sus posturas, lo que habrían conspirado para lograr consensos
sobre el texto.
También anunció que aspirará el pastor cristiano Alfredo Saade, quien
acompañó a Petro candidato y ahora a su gobierno. Sin embargo, no
pujaría por el aval del Pacto Histórico, sino que se presentaría por
firmas.
Por este sector de la izquierda, el petrismo y el progresismo hay un
cúmulo de nombres que están sonando para aspirar, aunque ninguno ha
confirmado tener esa intención. Es el caso de la vicepresidenta Francia
Márquez, quien cuenta hasta el 30 de mayo para renunciar y no
inhabilitarse.
También se ha mencionado al director de Prosperidad Social, Gustavo
Bolívar; el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander
López; la ministra de Ambiente, Susana Muhammad; y los senadores María
Pizarro e Iván Cepeda.
Igualmente, suenan para aspirar los ministros del Interior, Juan Cristo,
y el canciller Luis Murillo, quienes si bien no son del petrismo podrían
estar en la baraja del presidente o, en su defecto, buscar la vía de las
firmas.
Incluso se ha dicho que podría agenciar en este sector su candidatura el
exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aún no se ha lanzado, pero
sí ha dicho que le gustaría aspirar.
Bolívar dijo recientemente que no se puede descartar que aspiren Camilo
Romero, embajador en Argentina; Carlos Caicedo, exgobernador de
Magdalena; e Iván Velásquez, ministro de Defensa.
En las primeras semanas de 2025, habrá remezón en el gabinete y otras
entidades del Gobierno, precisamente por funcionarios que saldrán para
participar en los comicios del 2026 a la presidencia o al Congreso.
Cambio Radical
Cambio Radical y otros sectores del país han invitado al
exvicepresidente Germán Vargas Lleras a que se presente nuevamente a la
presidencia, sin embargo, no ha hecho un anuncio en este sentido. No
obstante, en los últimos meses ha visitado distintas regiones para
reunirse con dirigentes políticos y la población.
En tanto que algunos senadores de la colectividad propusieron como
precandidato a su colega David Luna, quien señaló que “a mí me gustaría
participar. Me he formado, tengo experiencia y mi oposición, respetuosa
pero contundente, puede permitir una alternativa para un presidente de
derecha”.
La U
Los directores colegiados de la colectividad, Alexander Vega y Clara
Roldán, propusieron al senador de La Guajira, Alfredo Deluque Zuleta,
ser precandidato para las presidenciales de 2006.
Partido Liberal
Se lanzó el senador Caribe Mauricio Gómez Amín, quien dijo que “no
podemos pelear entre nosotros, no podemos distanciarnos”, recogiendo en
este sentido la propuesta del expresidente César Gaviria, jefe de la
colectividad, para que unan en las próximas elecciones las fuerzas que
son contrarias al Gobierno.
Otras colectividades
En el Partido Conservador todavía no hay aspiraciones presidenciales,
por lo menos que se hayan hecho públicas. Varias voces en la
colectividad han propuesto que el senador Efraín Cepeda, actual
presidente del Senado, busque la jefatura de Estado.
En tanto que se da como un hecho que Juan Galán, director del Nuevo
Liberalismo, aspirará por esta colectividad. Mientras que la exalcaldesa
de Bogotá, Claudia López, buscaría el aval de la Alianza Verde, en caso
de que esta formación política se desligue del oficialismo y busque el
voto de centro.
También cabe la posibilidad de que por el centro político se presenten
candidaturas del exgobernador Sergio Fajardo y el exministro Alejandro
Gaviria.
Gobierno le está quedando mal a todo el
mundo en los pagos: Restrepo
La denuncia emitida en
diversos medios de comunicación sobre la falta de pagos para el
cumplimiento de los compromisos por parte del Ministerio de Hacienda con
el Programa de Alimentación Escolar (PAE) encendió las alarmas y
críticas por parte de diversos sectores políticos, quienes señalaron a
la cartera de Crédito Público por sus deudas e incumplimiento con
diversas entidades.
De acuerdo con esta información, Hacienda está en deuda con el
cumplimiento del quinto pago programado para el año, que asciende a algo
más de 200.000 millones de pesos. Esto, según lo explicado por expertos,
pondría en peligro el funcionamiento del programa para cierre de año y
comprometería sus funciones para el inicio de 2025.
Al respecto, el exministro
Juan Camilo Restrepo señaló la irresponsabilidad del Gobierno con el
cumplimiento de los pagos. “El Gobierno le está quedando mal a todo el
mundo en los pagos. No le paga a nadie lo debido. El problema de caja de
este gobierno es descomunal y nunca se había visto en estas magnitudes
en la historia fiscal del país”, apuntó.
Restrepo, quien estuvo al frente de las carteras de Agricultura
(Santos), Hacienda (Pastrana) y Minas (Gaviria), señaló que la
administración actual se ha escudado en las reformas no aprobadas y dijo
que “ya es hora de que el gobierno Petro deje de esconder sus
responsabilidades detrás del biombo de que no pueden pagar oportunamente
sus compromisos por culpa del Congreso que no le aprobó la reforma
tributaria”.
Y es que, como bien apunta el exministro, Petro puntualizó en la no
aprobación de la ley de financiamiento en las comisiones económicas, con
lo que justificó un recorte presupuestal de 12 billones de pesos para el
presupuesto general de 2025; así como también puso este argumento como
uno de los detonantes de la crisis fiscal en varias carteras.
Además, Restrepo afirmó que,
más allá de esta ley de financiamiento, aún harían falta cerca de 40
billones de pesos para el cumplimiento de lo planeado por Petro en el
nuevo año, agregando que los recaudos de esta propuesta aplicarían más
allá de 2025 y no tendrían un impacto inmediato en la economía e
iniciativas gubernamentales.
“El Gobierno está convertido en el 'deudor moroso más prominente del
país'. Pero en vez de reconocer y enmendar las causas verdaderas de
semejante fracaso hacendístico, sigue poniendo los reflectores de
culpabilidad donde no es”, sentenció Restrepo.
Gobierno responde
Respecto al PAE, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación
Escolar-Alimentos para Aprender, encargada del funcionamiento de este
plan, aseguró que el programa no se encuentra en peligro ni para su
cierre este 2024, ni mucho menos para el inicio de 2025.
En un comunicado emitido por la entidad, el Gobierno anota que si bien
adeuda el monto denunciado, este apenas representa algo más de 4,5 %,
mientras que el restante fue cubierto con 1,7 billones de pesos que se
giraron a las 97 entidades territoriales que cuentan con la
certificación para la ejecución del PAE. “¡Esto no pone en riesgo el
desarrollo del PAE para 2025!, agregó Sebastián Rivera, director de la
Unidad.
“Reconocemos que parte de la
cofinanciación que aporta la Nación aún está pendiente y que las ETC
cuentan con estos recursos para pagar a los operadores del PAE. Así, que
teniendo en cuenta que el último giro se realizará las primeras semanas
de 2025 y para dar celeridad a los
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pagos de operadores, les solicitamos a estas entidades
que adelanten todas las gestiones administrativas y financieras para
gestionar reservas presupuestales”, puntualizó el comunicado.
En este sentido, la Unidad Administrativa asegura que,
tras la culminación del calendario escolar, los compromisos también
fueron, o serán, saldados antes del cierre del año, cubriendo gastos con
dineros propios de las entidades correspondientes, mientras las
obligaciones el Gobierno se cumplen en el mes de enero.
Rivera también asegura que para la vigencia de 2025 ya está asegurado el
inicio del programa, adicionando que este contará con una cifra
histórica de recursos que ascenderán a los 2,1 billones de pesos, con lo
que no sólo asegurarían la cobertura actual, sino que permiten la
ampliación del PAE a otros territorios del país donde aún no hace
presencia.
Termina otro año sin que la JEP dicte la
primera sanción a ex FARC
Termina EL 2024 y por
segundo año consecutivo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no
produjo −como lo anunció− las primeras sanciones propias en los más de
siete años que lleva de entrar en vigor contra la cúpula de la extinta
guerrilla de las FARC y otros altos mandos por graves delitos que
cometieron en el conflicto armado. Algunos consideran que esto se
justifica dados los procesos tan complejos que adelanta, como secuestro
y reclutamiento de menores; sin embargo, otros piensan que se ha tardado
demasiado y que no debe seguir dando largas.
A mediados de diciembre del
2023, el entonces presidente de la JEP, el magistrado Roberto Vidal,
dijo a El Tiempo que “tenemos la aspiración de tener la primera
sentencia en el primer semestre, ojalá en el primer trimestre del año
entrante, esa es nuestra aspiración”.
Ante la JEP se sometieron 9.906 exintegrantes de las FARC producto del
Acuerdo de Paz, a lo que están obligados para responder por los graves
delitos que se cometieron en el conflicto armado, aunque la sanción a
que haya lugar la recibirán solo los máximos responsables, es decir, los
que estuvieron en el secretariado y los comandantes.
También se han sometido por
su voluntad ante esta Jurisdicción de justicia transicional, 4.321
integrantes de la Fuerza Pública que habrían incurrido en delitos en el
conflicto y 184 civiles en calidad de terceros también comprometidos.
La JEP abrió 11 macrocasos en los que dividió la investigación de las
conductas criminales más graves como secuestro, falsos positivos,
reclutamiento de menores de edad y crímenes contra grupos étnicos.
Resultado de ello, en este tiempo de labores ha producido 5 resoluciones
de conclusión (que equivale a la acusación en la justicia ordinaria)
contra los responsables y 157 imputaciones, entre otros resultados.
La primera resolución de conclusión de la JEP fue en noviembre de 2022
en el caso 01 contra los exintegrantes del secretariado de las FARC-EP
por secuestros. También por esos días hizo lo propio contra 12
uniformados del Batallón La Popa por ‘falsos positivos’.
La más reciente decisión fue el pasado 13 de noviembre, cuando la JEP
imputó a seis exintegrantes del Secretariado de las FARC-EP por crímenes
de guerra de reclutamiento y utilización de niñas y niños, y otros
crímenes asociados.
Las resoluciones de conclusión ahora están en manos del Tribunal de Paz
que debe aplicar las primeras sanciones entre 5 y 8 años, que como se
sabe no implica ir a la cárcel, sino restricciones a la movilidad y que
el responsable desarrolle labores de reparación, como trabajo social en
una zona afectada por el conflicto.
¿Qué piensan por las demoras?
Se consultó la opinión de conocedores acerca del tiempo que se ha tomado
la JEP para aplicar las primeras sanciones.
David Murillo, docente e investigador de la Universidad Libre, dijo que
“la JEP tenía una labor temporal establecida a 15 años, sin embargo, las
metodologías que han aplicado y la complejidad del conflicto armado que
hemos tenido, han llevado a ciertos retrasos. Sumado a eso han llevado a
que identifiquen nexos de antiguos paramilitares que se comportaban como
agentes del Estado, y terminan con ello ampliando su competencia”.
Añadió que “sin duda ha habido unos retrasos, ha habido unas promesas,
pero éstas pueden justificarse desde la complejidad del conflicto, y
pues lastimosamente esto muchas veces no se comprende y envilece un poco
la imagen que la sociedad tiene respecto de la JEP”.
A su turno, el brigadier general de la Policía (r) Luis Mendieta, quien
estuvo secuestrado por las FARC durante 12 años hasta que el Ejército
logró rescatarlo, dijo que “pienso que en este año tampoco porque es que
estábamos esperando las víctimas que ocasionaron las FARC que cada uno
de los integrantes confesara la verdad, pero hasta el momento no hay
ningún relato de cuáles crímenes cometió cada uno de ellos, sino que
todo lo quieren coger es como grupo”.
Mientras que el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, dijo que
“la Justicia Especial para la Paz es un tribunal que infortunadamente no
ha dado los resultados que todo el país estaba esperando. La burocracia
que tiene esta JEP es la más alta de nuestro país y ya llevan tantos
años y todavía no hemos visto ni tampoco se ha decidido lo que ellos han
prometido”.
Enfatizó que “creo que es el momento en que se establezcan unas
sanciones ejemplarizantes en contra, no solamente del secretariado, sino
de todas aquellas personas que estén involucradas en este conflicto”.
Añadió que la JEP podría perder credibilidad en sus decisiones si las
sigue dilatando. “Cuando uno habla de un Tribunal de estos como la JEP
que lleva tantos años, repito, y con tanta burocracia que tiene y tantos
recursos económicos que le cuestan al país, y no colocan sanciones, pues
claro que empieza la gente a desmotivarse y a generar poca credibilidad
en la JEP”.
Por su parte, Eduardo Pizarro Leongómez, académico y expresidente de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, dijo que “mientras que
el Tribunal de Justicia y Paz tan cuestionado dictó su primera sentencia
el 29 de junio de 2010 contra dos jefes paramilitares, Edward Cobos y
Úber Banquez, por crímenes cometidos contra la comunidad de Mampuján
(Bolívar), o sea, cinco años después de entrar en funcionamiento, la JEP
que entró en vigor en marzo de 2017, no ha dictado su primera
sentencia”.
Agregó que la “parálisis de la JEP en el terreno de la justicia tiene, a
mi modo de ver, dos raíces”: por una parte, “la dura presión de las FARC
contra este organismo. Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) ha calificado” a
la JEP como “‘lenta, engorrosa, revictimizante y punitivista’”.
Por otro lado, dijo que el “enorme riesgo actual de la JEP de avanzar en
las condenas contra miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes tales
como los llamados falsos positivos, generando la sensación de un
desequilibrio punitivo favorable a las Farc y desfavorable a las
instituciones militares”.
Se estrecha el tiempo
El director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia,
Hernando Herrera Mercado, dijo que “desde hace un buen tiempo se viene
esperando con mucha expectativa lo que deben ser las primeras decisiones
de la Jurisdicción Especial de Paz en contra de la cúpula de las FARC, y
de hecho también frente a sus colaboradores”.
Indicó que “cada vez más pareciera estrecharse el tiempo a efectos de
dar a conocer esas sanciones. Sin embargo, resulta clave lo que han
venido diciendo los anteriores presidentes de la Jurisdicción Especial,
en la medida en que se viene trabajando por ese propósito y que en lo
que hace a los macrocasos vienen también estructurando tesis que
seguramente van a determinar esas primeras sanciones”.
Añadió que “es muy importante también en este momento y de cara a las
mismas defender la independencia de la JEP, que se ha advertido críticas
que vienen fundamentalmente de esas personas que ahorita deberán
afrontar esas sanciones. De manera tal que coetáneo a seguir pidiendo la
rapidez en las mismas, tiene un elemento adicional que es fundamental y
es proteger a la JEP y lo que hace a los magistrados y de su estructura
para que no se vaya a afectar su sistema de funcionamiento, como
pretenden los exintegrantes de las FARC y, como de hecho, también de
manera inconsecuente lo ha planteado el actual Gobierno”.
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