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ICBF y Defensoría
condenaron el asesinato de adolescente de 15 años en Cauca, que iba a
ser reclutado: “No es justo”
“Un niño que pretendía gozar del derecho a la niñez, un
niño que solamente decidía querer ser niño”. Así describió el comandante
de la Tercera División del Ejército Nacional, brigadier General Federico
Mejía, al adolescente de 15 años que fue asesinado, presuntamente, por
disidentes de las FARC en Cauca.
De acuerdo con la información que brindó a los medios de comunicación,
el menor de edad iba a ser obligado a integrar las filas armadas de la
estructura armada Carlos Patiño. Fue sacado de su casa por integrantes
de la guerrilla y, cuando quiso escapar, le dispararon en cuatro
oportunidades.
El brigadier indicó que un hombre conocido como alias Cristian estaría
detrás de los hechos, que se registraron en una vereda llamada La
Hacienda, ubicada en el corregimiento de El Plateado, en Argelia
(Cauca).
El asesinato del menor de edad generó indignación y rechazo por parte de
entidades que se pronunciaron al respecto. Por un lado, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un comunicado condenando
los hechos y extendiendo sus condolencias a la familia del adolescente,
cuyo nombre no ha sido revelado.
Asimismo, recordó que el reclutamiento forzado de menores de edad está
penalizado en Colombia. “Desde el Bienestar Familiar reiteramos que el
reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes es un
delito. Ningún menor de 18 años puede hacer parte de las hostilidades.
Exigimos a todos los actores armados el cumplimiento del Derecho
Internacional Humanitario y la Convención de los Derechos del Niño, así
como el respeto a la población civil”, indicó.
Informó, además, que la familia de la víctima se vio obligada a
desplazarse de su lugar de residencia debido a la presencia de actores
armados. En consecuencia, el ICBF está brindando acompañamiento a los
allegados del menor y llevó a cabo una verificación de los derechos de
los hermanos del adolescente, quienes también recibieron alimentos de
alto valor nutricional.
“Continuaremos trabajando en la protección de las niñas, niños y
adolescentes en todo el país, quienes merecen vivir en un país en paz y
libres de toda forma de violencia”, añadió.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, recalcó que ningún
menor de 18 años puede ir a la guerra, según el ordenamiento jurídico
colombiano. Sin embargo, el departamento del Cauca es el epicentro del
reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes: en 2024 se
registraron más de 297 casos y el 51% de las víctimas hacen parte de la
población indígena.
“No es justo que a quienes deberíamos proteger, pierdan su vida en esas
condiciones (...). Condenamos este hecho atroz, que presuntamente sería
atribuible a las disidencias de las FARC: refleja la inhumanidad del
conflicto y la deuda que los grupos tienen con la población civil,
especialmente con adolescentes, niñas y niños”, añadió.
El exministro del Interior Luis Fernando Velasco se unió al rechazo de
los hechos, respondiendo a una crítica de un usuario en X que cuestionó
la falta de reacciones por parte del Gobierno nacional con respecto al
asesinato del adolescente. Aseguró que condenar este tipo de
“barbaridades” no necesita de ninguna orilla ideológica, sino de ser un
ser humano.
De igual manera, recordó que el Gobierno de Gustavo Petro suspendió el
cese bilateral al fuego con el Estado Mayor Central (EMC) de las
disidencias de las FARC en tres departamentos: Nariño, Valle del Cauca
y, justamente, Cauca. Esto, en medio de las negociaciones de paz que
adelanta con el grupo armado, liderado por alias Iván Mordisco.
“Las viene combatiendo (a las disidencias) con decisión, siempre hemos
querido que esa guerra se termine y por ello se intentó un diálogo que
con esos grupos evidentemente no funcionó y por ello se rompió el cese
al fuego”, precisó.
Ejército confirmó
enfrentamientos con las disidencias de las FARC en el Cauca
Los campesinos del corregimiento de Ortega, en Cajibío,
Cauca se encuentran atrapados, según reportes de las autoridades, luego
de que disidencias del bloque Jaime Martínez de las FARC bloquearan la
región para evitar la intervención del Ejército Nacional.
En la noche del 27 de diciembre del 2024, la Tercera División del
Ejército Nacional informó: “Aeronaves artilladas del @COL_EJERCITO y la
@FuerzaAereaCol apoyan las maniobras en tierra que realizan las tropas
de la #Brigada29 para neutralizar el accionar criminal de las
disidencias Jaime Martínez en zona rural del corregimiento de Ortega de
Cajibio, #Cauca”.
Indicaron que “desde la noche anterior, este grupo ilegal ha usado
drones adecuados con artefactos explosivos poniendo en grave riesgo a la
población”.
Ahora, los campesinos también reportaron que las disidencias habrían
bloqueado las vías de acceso con vehículos, para evitar que las tropas
del Ejército atraviesen, en medio del combate.
La denuncia de varias figuras políticas revelan el estado de las
circunstancias
El reclamo de Enrique Gómez, director nacional del Movimiento de
Salvación Nacional es que son “1.000 personas secuestradas por las FARC
en Ortega, Cajibio y los hombres del Ejército que llevan 30 horas
resistiendo no reciben apoyo. Se reporta una persona muerta. ¿Qué pasa @mindefensa,
pretenden dejar solos a los soldados y a la población?”, cuestionó.
La senadora Paloma Valencia también afirmó, de la misma
manera: “La comunidad
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de Ortega, en Cajibío, Cauca, lleva
casi 24 horas bajo hostigamientos por parte de disidencias de las FARC.
Exigimos una respuesta inmediata de @mindefensa y del Gobierno Nacional,
@petrogustavo”.
Enfrentamientos en zona rural de
Cajibío, Cauca, dejan un soldado y un civil muertos
Los combates que se desarrollan en el corregimiento de Ortega, en
Cajibío, Cauca, han cumplido más de 36 horas, en los que se involucran a
las disidencias de las FARC, el Ejército Nacional y un grupo de
autodefensa campesina. Hasta el momento, se confirma el fallecimiento de
un militar y un civil.
Las hostilidades comenzaron el pasado jueves 26 de diciembre, cuando dos
pelotones del Ejército fueron atacados con ráfagas de fusil, cilindros
bomba y drones cargados con explosivos por la estructura disidente
conocida como Jaime Martínez. Este ataque también puso en grave peligro
a la población civil de la zona.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, señaló que los enfrentamientos
han dejado a la comunidad atrapada en medio de los disparos, con
consecuencias devastadoras, según informaron medios nacionales.
“El uso de drones, ráfagas de fusil y
explosivos no solo constituye una grave amenaza para la población, sino
también una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH)”,
afirmó el mandatario.
“Estos ataques brutales han sembrado miedo y vulnerado profundamente los
derechos, la seguridad y la dignidad de nuestras comunidades rurales,
quienes enfrentan un asedio constante e injustificable”, agregó.
En el transcurso de los enfrentamientos, muchas viviendas sufrieron
daños significativos en sus estructuras, con paredes, ventanas y techos
perforados por los disparos.
Los fallecimientos
Entre las víctimas mortales se encuentra el soldado profesional Jaime
Estiven Penna Castillo.
“Este valiente héroe ofrendó su vida defendiendo a la comunidad, al
frustrar un intento de atentado contra un establecimiento comercial en
el casco urbano. Su sacrificio no será olvidado. En este acto criminal,
otro de nuestros uniformados resultó herido y está siendo asistido y
próximamente será evacuado para recibir atención médica especializada”,
declararon las Fuerzas Militares en un comunicado.
“Rechazamos con firmeza este cobarde ataque terrorista, una flagrante
violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Nuestra determinación de permanecer en el territorio, protegiendo la
vida y el bienestar de los colombianos, se mantiene intacta”, añadieron.
También se confirmó el fallecimiento de Joselito Acosta León, de 36
años, que era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda
La Diana.
En un audio difundido en redes sociales, una habitante de la zona relata
que los soldados llevan más de 30 horas en combate, sin comunicación y
con municiones agotadas, mientras enfrentan ataques con drones
explosivos.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) declaró un S.O.S. ante el
evidente riesgo para los civiles.
“Desde las 4 de la tarde de este jueves 26 de diciembre hay presencia de
grupos armados ilegales en el territorio del resguardo indígena de
Chimborazo, municipio de Morales, como consecuencia del largo
enfrentamiento que han sostenido agrupaciones armadas en límites
jurisdiccionales del municipio de Cajibío. Esta presencia armada pone en
evidente riesgo a la población civil”, informó el Cric.
“Por lo tanto, alertamos a la comunidad a activar las medidas de
autoprotección individuales y colectivas, así como a seguir las
orientaciones de las autoridades y todas las acciones que se consideren
necesarias para proteger la vida”, concluyó.
Secuestraron al
exalcalde de San Cayetano; ofrecen recompensa por información: “Pedimos
por su vida”
En agosto de 2023, la Defensoría del Pueblo advirtió
sobre el aumento de secuestros en tres departamentos: Antioquia, Arauca
y Norte de Santander, por lo que se solicitó al Gobierno nacional
atender con prontitud la situación, teniendo en cuenta que para entonces
ya se estaban registrando denuncias de amenazas perpetradas contra
alcaldes, funcionarios de entidades y líderes sociales de los
departamentos.
A pesar de las advertencias, los secuestros persisten. Ahora, hay
preocupación en Norte de Santander por el secuestro del exalcalde del
municipio de San Cayetano Antonio José Marín Cárdenas. Los hechos se
registraron el 27 de diciembre, en horas de la mañana, en la zona de San
Isidro.
Sobre la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de
Zulia y que lleva al Catatumbo, el exfuncionario fue interceptado por
seis hombres armados que se lo llevaron con rumbo desconocido y en
contra de su voluntad. En ese momento, estaba acompañado de un escolta
asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que fue abandonado
en una zona rural de Cúcuta.
El hombre en cuestión llegó hasta una estación de Policía, donde
denunció lo ocurrido y, de esta manera, dieron inicio a las labores de
investigación y búsqueda. Las autoridades indagan, además, si en el
lugar del secuestro se registró un cruce de disparos entre los
criminales y el esquema de seguridad del exalcalde, teniendo en cuenta
que, al parecer, en vehículo en el que se movilizaba tiene un impacto de
bala. Asimismo, investigan si el predio en el que estaba era propio o si
tenía intenciones de comprarlo.
Se presume que Marín Cárdenas ya había sido objeto de amenazas por parte
de delincuentes y que, por eso, solicitó protección de la UNP. No
obstante, la seguridad suministrada no fue suficiente.
Así las cosas, la Gobernación de Norte de Santander ofreció una
millonaria recompensa para las personas que contribuyan con información
sobre los hechos. “La Gobernación de Norte de
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Santander rechaza contundentemente el
hecho del secuestro del señor exalcalde de San Cayetano Antonio Marín.
Por tanto, la Gobernación de Norte de Santander ofrece hasta $50
millones por recompensa que conduzca a los que cometieron este hecho
para poder judicializar”, informó el secretario de Seguridad de Norte de
Santander, George Quintero.
Asimismo, solicitó a los ciudadanos ponerse en contacto con la entidad y
con la Policía Nacional si tienen información de valor que sirva para
dar con el paradero del exalcalde. Se pueden comunicar directamente con
la línea de emergencia 123 y poner en conocimiento los datos que tengan
al respecto.
El diputado Diego González Toloza se
pronunció sobre el acto criminal cometido en contra del exalcalde, cuyos
perpetradores todavía son desconocidos, insistiendo en que es necesario
implementar medidas de protección en todo el departamento.
“Rechazamos el secuestro del exalcalde
de San Cayetano, Antonio José Marín Cárdenas. Exigimos al gobernador la
implementación de medidas de seguridad que garanticen la protección de
todos los nortesantandereanos. La violencia no puede seguir impune.
Pedimos por su vida y libertad”, precisó.
El senador de la República Edgar Díaz Contreras hizo lo propio,
exigiendo su inmediata liberación, así como la de todas las personas que
están en cautiverio, bajo el control de grupos armados u organizaciones
delincuenciales. “Este acto deplorable viola de manera flagrante los
derechos humanos”, sostuvo.
En octubre de 2024, cuatro trabajadores de una de las empresas
contratistas de Ecopetrol también fueron secuestrados. Los hechos se
registraron en zona rural de Convención, Norte de Santander. Los
funcionarios, identificados como Jairo Rojas Castañeda, Henry Galvis,
Pedro López y Juan Carlos Valencia, se encontraban trabajando para
recuperar el oleoducto Caño Limón Coveñas cuando hombres armados los
interrumpieron y se los llevaron con rumbo desconocido.
Enfrentamientos entre
disidencias de las FARC y Ejército en Arauca dejan un soldado muerto y
tres heridos
La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió un
llamado urgente al Gobierno nacional para atender la crítica situación
de violencia que afecta al departamento de Arauca, una región
históricamente golpeada por el conflicto armado. En las últimas horas,
un enfrentamiento entre el Ejército Nacional y l a estructura 10 de las
disidencias de las FARC, liderada por alias Iván Mordisco, en la vereda
La Esmeralda, municipio de Puerto Rondón, dejó como saldo la muerte de
un soldado profesional y tres más heridos.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el comando de la Décima
Octava Brigada, los hechos ocurrieron en horas de la tarde durante una
operación militar orientada a proteger a la población civil. Soldados
del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 29, unidad adscrita a esta
brigada, sostuvieron un combate con integrantes del grupo armado
organizado en el área general de la vereda La Esmeralda.
En el enfrentamiento, falleció el soldado profesional
Keyler Alonso Ruiz Hernández, oriundo del municipio de Curumaní, en el
departamento de Cesar, que llevaba 13 años al servicio de la
institución. Además, tres soldados resultaron heridos y fueron evacuados
con apoyo helicoportado de la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de
recibir atención médica especializada.
La autoridad militar lamentó profundamente la pérdida de Ruiz Hernández,
calificándolo como un “valeroso soldado” que falleció en cumplimiento de
su misión constitucional. En el comunicado, la institución expresó sus
condolencias a la familia del militar y aseguró que se están adelantando
los procesos necesarios para brindar acompañamiento tanto a los
familiares del soldado caído en combate como a los de los heridos.
Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar con las operaciones
militares en la región para garantizar la seguridad de la población.
El llamado de la Defensoría del Pueblo al Gobierno
En respuesta a esta situación, la defensora del Pueblo, Iris Marín,
instó al gobierno del presidente Gustavo Petro a implementar medidas
urgentes para proteger a las comunidades afectadas. “Ante la alarmante
persistencia del conflicto armado en Arauca, la Defensoría del Pueblo
exige a las autoridades locales y nacionales la implementación urgente
de medidas para salvaguardar los derechos humanos de las comunidades
afectadas”, declaró Marín. Además, hizo un llamado a los grupos armados
ilegales para que respeten los principios del derecho internacional
humanitario y eviten más tragedias en la región.
La defensora también subrayó la necesidad de que las instituciones
garanticen la seguridad y la justicia para los habitantes de Arauca,
reconociendo las graves violaciones a los derechos humanos que se están
cometiendo en el departamento. Este territorio, ubicado en la frontera
con Venezuela, ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por
el conflicto armado en Colombia.
La población civil de Arauca enfrenta múltiples riesgos derivados de
esta situación. Además de quedar atrapados en los enfrentamientos, los
habitantes de la región sufren las consecuencias de las actividades
ilegales que financian a los grupos armados, como el narcotráfico y la
extorsión. Estas dinámicas no solo generan inseguridad, sino que también
agravan las condiciones de pobreza y exclusión social en la zona.
El Ejército Nacional, a través de la Décima Octava
Brigada, reiteró su compromiso de continuar con las operaciones
militares en cumplimiento de su misión constitucional. Sin embargo, los
recientes hechos en Puerto Rondón ponen de manifiesto la necesidad de
una respuesta integral por parte del Estado colombiano. Más allá de las
acciones militares, se requiere abordar las causas estructurales del
conflicto, como la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos y la
exclusión social, para garantizar una solución sostenible a largo plazo.
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