|
|
Gobierno evalúa la
compra de Air-e tras su intervención
El presidente Gustavo Petro anunció que el Gobierno está evaluando la
compra de la empresa de distribución de energía Air-e, tras haber sido
intervenida para realizar un trabajo generalizado de "casas solares" en
la región del Caribe oriental, como parte de las medidas para reducir
los costos de la energía en esa zona del país.
A través de su cuenta en X, el mandatario expuso que, además de esta
evaluación, su gobierno sigue comprometido con la reforma del sistema
energético colombiano, destacando una nueva fórmula tarifaria aprobada
por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Según el
presidente, la fórmula, que divide a las empresas generadoras de energía
en dos grupos (las de bajo costo y renovables, y las de alto costo y no
renovables) es un paso fundamental para reducir las tarifas de energía
en Colombia.
En sus declaraciones, criticó duramente la fórmula tarifaria anterior,
señalando que permitía que las empresas de generación de bajo costo
vendieran su energía a precios de las más ineficientes y de alto costo,
lo que consideró como un "ordeño" de la economía nacional y de los
hogares colombianos. "Esta fórmula era anticonstitucional e ilegal",
afirmó el presidente.
El mandatario explicó que con la nueva fórmula, las tarifas estarán
ligadas a los costos de generación de energía, permitiendo un techo
máximo de precio para las energías de bajo costo y otro para las de alto
costo. "Esto permitirá una reducción generalizada de las tarifas en todo
el país, beneficiando a los consumidores y la economía nacional", añadió
Petro.
En paralelo a estas medidas, el Gobierno ha implementado otras acciones,
como la expedición de un decreto que promueve la autogeneración de
energía limpia desde el hogar, sin restricciones ni trámites, y sin
cobros adicionales por distribución o transmisión. Además, se ha
intervenido Air-e en el Caribe oriental para instalar "casas solares" y
así bajar los costos de la energía en esa región.
El presidente también hizo un llamado a las generadoras de energía a
adherirse a esta nueva fórmula tarifaria y a las comunidades a unirse en
la defensa de sus derechos frente a los "especuladores de la energía",
quienes, según Petro, intentan socavar las decisiones tomadas por la
CREG.
"Convoco a los usuarios a no permitir que los especuladores de la
energía se adueñen de las normativas nuevas y las pongan a su servicio",
expresó.
Petro concluyó su mensaje afirmando que el programa "Colombia Solar",
que comenzará el 1 de enero, impulsará la energía solar en los estratos
1 y 2 de todo el país, con una inversión de miles de millones de dólares
y un enfoque en la ingeniería eléctrica nacional. También convocó a los
ingenieros y técnicos eléctricos a asociarse para ejecutar este programa
en colaboración con hogares, comunidades y municipios. "Que la codicia
no le quite las alas al progreso económico y el bienestar ciudadano",
afirmó el mandatario.
Con estas medidas, afirma que el Gobierno busca no solo bajar las
tarifas de energía, sino también avanzar en la transición energética
hacia fuentes más limpias y sostenibles, en un esfuerzo por mejorar la
calidad de vida de los colombianos y reducir el impacto ambiental de la
generación de energía.
Emiten alerta temprana por
violencia en Cúcuta y municipios aledaños
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 027 de 2024 para
Cúcuta, Puerto Santander, Villa del Rosario y Los Patios, en el
departamento de Norte de
Santander, a fin de advertir la grave situación de riesgo
que enfrentan las comunidades a causa del accionar del
|
|
Ejército de Liberación Nacional (ELN),
el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las múltiples bandas de
criminalidad organizada que delinquen en la ciudad capital y los tres
municipios.
“Con la Alerta Temprana queremos llamar la atención de la
institucionalidad gubernamental, pues da cuenta de que esos grupos
ejercen control territorial y violencia mediante desplazamientos
forzados, amenazas, homicidios selectivos, extorsiones y reclutamiento
de menores de edad, afectando de manera directa la vida de miles de
personas”, indicó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.
El ELN ha consolidado su presencia en las zonas rurales de Cúcuta y
Puerto Santander, mientras que el EGC ha extendido su actuar criminal
hacia áreas urbanas, generando temor y desestabilización social.
Paralelamente, las bandas el ‘Tren de Aragua’, ‘AK-47’ y ‘Los del Norte’
se han fortalecido en el departamento, controlando el microtráfico, la
trata de personas y el tráfico de migrantes y aprovechando los pasos
fronterizos como corredores estratégicos para sus intenciones ilícitas.
“Esta situación afecta particularmente a personas defensoras de derechos
humanos, lideresas y líderes sociales, comerciantes, población migrante,
jóvenes, mujeres, como también a integrantes de comunidades vulnerables
que enfrentan un alto riesgo de victimización”, manifestó la Defensora
del Pueblo.
La AT señala que los altos niveles de pobreza, la falta de acceso a
servicios básicos y las precarias oportunidades laborales en las zonas
periféricas son factores que exacerban el impacto de las dinámicas
violentas ejercidas por los grupos al margen de la ley. Además, el
número de personas en situación de calle se ha duplicado desde el 2021,
lo cual ha incrementado su exposición a las redes de criminalidad. En
este contexto, las niñas, niños y adolescentes, especialmente de la
comunidad indígena Yukpa, están siendo explotados para actividades
ilegales, lo que refleja una grave crisis humanitaria.
En respuesta al preocupante panorama, la Defensora Iris Marín Ortiz,
como llamado urgente, les solicita a los gobiernos nacional,
departamental y locales articular acciones concretas y efectivas que
prioricen la protección de los derechos humanos en esa zona del país.
“Fundamental fortalecer la presencia institucional en los lugares más
afectados por el accionar de los grupos armados no estatales y bandas
criminales, garantizar la atención humanitaria a las comunidades
vulnerables y promover estrategias de prevención que permitan mitigar
los riesgos que enfrentan miles de personas en Norte de Santander”,
llamó Iris Marín Ortiz.
La Defensoría del Pueblo presentó, a través de su AT 027 de 2024, 39
recomendaciones divididas en seis ejes estratégicos que incluyen
coordinación de la respuesta rápida, disuasión del contexto de amenaza,
prevención y protección urgentes, atención humanitaria integral e
investigación y fortalecimiento del acceso a la justicia. Las medidas
buscan mitigar el riesgo inmediato y abordar las causas estructurales
que alimentan la crisis que padecen la capital Cúcuta y su Área
Metropolitana; el ejercicio pleno de los derechos humanos debe ser
salvaguardado.
“La acción inmediata y coordinada de los entes gubernamentales es
determinante para frenar lo que está ocurriendo y construir un entorno
seguro y digno para las poblaciones ahora mismo perjudicadas”, remarcó
la Defensora del Pueblo.
447 menores reclutados forzosamente fueron rescatados en 2024
Gracias a las operaciones militares enmarcadas en el respeto de los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en lo corrido
de este año se asestaron contundentes golpes contra la criminalidad en
el país y se pudo salvar la vida de estos menores de edad, a quienes se
les restablecieron sus derechos.
En diez departamentos del país se presentó con mayor crudeza este
flagelo, y hasta allí llegaron nuestras tropas con el acompañamiento y
la acción unificada del Estado para recuperar a estos menores.
En primer lugar se encuentra el
departamento del Cauca, donde se recuperaron 72 menores; en segundo
lugar, el departamento de Antioquia, con 68 menores recuperados; tercer
lugar, el departamento del Valle del Cauca, con 39
|
|
menores recuperados; cuarto lugar, el departamento del Chocó, donde 29
menores fueron recuperados; quinto lugar, Meta, con 29 menores
recuperados; sexto lugar, Huila, con 27 menores recuperados; séptimo
lugar, Nariño, con 23 menores recuperados; octavo lugar, Tolima, con 19
menores recuperados; noveno lugar, Santander, con 17 menores
recuperados; décimo lugar, Norte de Santander, con 12 menores
recuperados, y finalmente otros 112 menores fueron recuperados en otros
departamentos del país y puestos bajo la protección del Instituto
colombiano de Bienestar Familiar.
Así mismo, en el marco del Plan de Campaña Operacional Ayacucho
2023-2026 Plus, cuyos objetivos estratégicos son proteger a la población
civil, debilitar las capacidades de la amenaza y proteger la
gobernabilidad, el Ejército Nacional ha desarrollado contundentes
operaciones militares que debilitan el componente logístico y financiero
de los grupos armados organizados y delincuenciales que convergen en
diferentes áreas del país.
MinSalud aumentó
5,36% el valor de la UPC para 2025
A solo horas de finalizar el 2024, el Ministerio de Salud y Protección
Social anunció el incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por
Capitación (UPC) para el año 2025. Este ajuste, que combina un 5,2%
correspondiente a la inflación acumulada a noviembre de 2024 y un 0,16%
por actualizaciones en servicios y tecnologías en salud, busca
garantizar la continuidad de los servicios del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS). Sin embargo, ha generado controversia
en diversos sectores.
Razones del ajuste y las críticas al sistema
La decisión, según el Ministerio, responde a inconsistencias en los
datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), lo que
impidió realizar un cálculo más preciso. Entre los problemas
identificados se encuentran:
Incrementos abruptos en la severidad y frecuencia de servicios sin
justificación histórica.
Gastos certificados sin cierre de estados financieros.
Pagos de medicamentos por encima de precios regulados.
Elevados gastos médicos no justificados.
Estos problemas, además de ser recurrentes, han limitado la capacidad
del Ministerio para establecer una UPC basada en información confiable,
por lo que se recurrió al ajuste automático basado en la inflación,
según lo estipulado por el Decreto Ley 4107 de 2011.
Perspectiva de los actores del sector
El ajuste ha recibido críticas de diferentes frentes. La Asociación
Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) advirtió que la
insuficiencia de recursos podría agravar los problemas financieros de
las EPS, que en 2024 cerraron con un déficit de 10,9 billones de pesos.
Por su parte, movimientos como Pacientes Colombia y expertos en salud,
como Augusto Galán Sarmiento, señalaron que la medida podría impactar
negativamente a pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo,
además de acelerar la fuga de talento médico del país.
María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana,
calificó los recursos asignados como insuficientes para cubrir los
costos del sistema de salud, una crítica que se suma a los llamados de
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) para fijar el
incremento en al menos un 16,9%, considerando los niveles actuales de
siniestralidad.
Impacto en el sistema y desafíos para el 2025
La falta de consenso en el cálculo de la UPC refleja un problema
estructural en el sector salud colombiano. Expertos coinciden en que se
requiere una revisión de la metodología de cálculo que incorpore
ajustadores por condiciones de salud, incentivos al desempeño en la
atención y un enfoque basado en la eficiencia en el uso de recursos.
Adicionalmente, movimientos sociales y académicos han instado al
Gobierno a realizar un monitoreo más riguroso de los recursos asignados
para evitar desviaciones y mejorar los indicadores de salud. Esto
incluye la necesidad de evaluar tecnologías y pertinencia en los
servicios cubiertos para optimizar el gasto y responder a las
necesidades de los afiliados.
|
|
