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De 1.011 proyectos radicados en
Congreso desde el 20 de julio, solo se aprobaron 7
Finalizó el año y con ello la primera parte del periodo
legislativo en el Congreso de la República con tan solo 7 leyes
aprobadas de 1.011 iniciativas que fueron radicadas entre el 20
de julio y el 16 de diciembre de 2024, según un estudio
publicado por la agencia Orza. Si bien el flujo de iniciativas
tanto del Gobierno como de los parlamentarios aumentó de manera
significativa, 986 proyectos deben ser evaluados entre febrero y
junio del próximo año para iniciar carrera con miras a ser ley
de la República.
Respecto al mismo periodo en 2023, el aumento fue de 28,72% en
proyectos radicados, es decir, 235 más, entre iniciativas nuevas
y heredadas de la legislatura 23-24. No obstante, el panorama si
bien es positivo al evidenciar un arduo trabajo tanto de las
bancadas en el Congreso, como propiamente del Gobierno al buscar
impulsar más de una veintena de proyectos, el resultado final se
queda corto con la promulgación de tan solo siete leyes, y la
discusión de solo el 65,6% de todos los radicados, dejando en el
limbo por lo menos 484 proyectos de ley para el segundo periodo
legislativo.
De las siete promulgaciones, la principal aprobada en Congreso y
que tiene origen desde el Gobierno fue el Sistema General de
Participaciones (SGP). Esta iniciativa buscaba una mayor
autonomía de las diferentes regiones, especialmente en términos
presupuestales y de gestión, puesto que hasta la fecha la
centralización había sido muy marcada en el país. No obstante,
el reto apenas empieza para poner en marcha esta iniciativa.
Y es que si bien el SGP encontró una fuerza opositora
importante, quienes argumentaban sobre los riesgos de más
corrupción en las regiones, ciertos consensos fueron logrados
para poner en marcha una iniciativa clave de la Administración
Petro. No obstante, el diseño de las nuevas metodologías debe
ser presentado para con ello poder entender los roles, funciones
y necesidades de las diferentes entidades en las regiones.
La segunda, aunque depende aún de su discusión en plenarias de
Cámara y Senado donde seguramente tendrá ajustes, es la
Jurisdicción Agraria y Rural, uno de los puntos claves y
pendientes del país en el marco de los acuerdos de paz. La
norma, tanto estatutaria como orgánica, logró avanzar gracias a
los acuerdos claves que se lograron en las Comisiones Primeras
Conjuntas en las últimas semanas del periodo legislativo en el
Congreso. Aun así, esta sería finalmente promulgada en 2025,
siendo unas de las prioridades en la agenda para el Gobierno y
que Juan Fernando Cristo dará mayor impulso en el capitolio
nacional.
En un balance global, los honores y normativas del sector
cultura son los que más presencia tienen para el resto del
periodo, además de la aprobación de ascensos en las diferentes
Fuerzas Armadas del país. El segundo sector que más movimiento
tiene con posibles legislaturas es el medio ambiente, seguido
por el transporte, los asuntos laborales o agropecuarios, la
Administración pública, las mujeres y el género.
La segunda, aunque depende aún de su discusión en plenarias de
Cámara y Senado donde seguramente tendrá ajustes, es la
Jurisdicción Agraria y Rural, uno de los puntos claves y
pendientes del país en el marco de los acuerdos de paz. La
norma, tanto estatutaria como orgánica, logró avanzar gracias a
los acuerdos claves que se lograron en las Comisiones Primeras
Conjuntas en las últimas semanas del periodo legislativo en el
Congreso. Aun así, esta sería finalmente promulgada en 2025,
siendo unas de las prioridades en la agenda para el Gobierno y
que Juan Fernando Cristo dará mayor impulso en el capitolio
nacional.
En un balance global, los honores y normativas del sector
cultura son los que más presencia tienen para el resto del
periodo, además de la aprobación de ascensos en las diferentes
Fuerzas Armadas del país. El segundo sector que más movimiento
tiene con posibles legislaturas es el medio ambiente, seguido
por el transporte, los asuntos laborales o agropecuarios, la
Administración pública, las mujeres y el género.
La deuda del Gobierno
A pesar del avance tanto del SGP como de la Jurisdicción Agraria
y Rural, además de la definición de sus funciones, fueron más
los baches que sorteó en tan solo seis meses. Primeramente,
fueron 9 los cambios en el gabinete de Petro para el inicio de
la tercera Legislatura, incluyendo el nombramiento de Luz
Cristina López como ministra del Deporte, quien asumió su cargo
en marzo de 2024.
Lo segundo a destacar es el pobre avance de iniciativas del
Gobierno en el Congreso. Más de 20 propuestas fueron radicadas,
hasta el 16 de diciembre, de las cuales dos se hundieron en su
camino, siendo justamente el Presupuesto General para 2025 y la
ley de financiamiento que buscaba la recaudación de 12 billones
de pesos, pero que, en ambos casos, cayó en comisiones
económicas.
Asimismo, otra apuesta clave es la reforma a la salud
Si bien en Cámara ya
inició el debate y logró esquivar el archivo, el proyecto que
reorganizaría todo el sistema de salud en el país no vio su
discusión total en plenaria, por lo que debe seguir su tercer
debate. Además, aún queda pendiente su paso por la Comisión
Séptima y Plenaria en Senado.
La educación también es otra deuda para el Gobierno, pues el 16
de diciembre fue puesto en la agenda de
Comisión Sexta en Senado, pero allí no logró tan siquiera
arrancar el debate, por lo que queda
pendiente para 2025. En este caso, la norma promulgada desde el
Ministerio de
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Educación
busca reformar dos artículos de la Ley 30 para hacer ajustes en la
financiación de instituciones de educación superior de carácter público.
En el tintero también se encuentra la norma que buscaría el desarrollo
de la infraestructura ferroviaria; la constitución de la Agencia
Nacional de Seguridad Digital; la reforma laboral; o la creación de
Ecominerales, la estatal que administraría y entraría en competencia
internacional con los minerales del país. Todas estas ya vieron alguna
discusión, pero deben avanzar lo máximo en Congreso para no ser
hundidas.
Ahora bien, por radicación aún siguen pendientes otras normas claves
como la reforma del Código Minero; el Régimen Sancionatorio de
Transporte; la reforma a la Policía; el Desmonte de Vehículos; o la
reforma a la Procuraduría.
Jennifer Mojica será embajadora de
Colombia ante la FAO
El gobierno del presidente Gustavo Petro confirmó la designación de
Jhenifer Mojica
como nueva embajadora de
Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, Italia. La
exministra de Agricultura y Desarrollo Rural reemplazará a Armando
Benedetti, quien presentó su renuncia en noviembre de 2024 tras haber
asumido el cargo en febrero del mismo año.
Mojica, quien dejó el gabinete ministerial en julio pasado tras un
remezón que implicó cambios en varias carteras, es una destacada abogada
y defensora de los derechos de las poblaciones campesinas. Durante su
gestión al frente del Ministerio de Agricultura, fue reconocida por su
compromiso con el sector agrícola y el movimiento campesino, lo que le
valió el respaldo del presidente Petro, quien agradeció públicamente su
labor.
Su llegada a la FAO se suma a una tendencia del gobierno de Petro de
designar a exministros en importantes cargos diplomáticos. Un ejemplo
reciente es el de Catalina Velasco, quien fue nombrada embajadora de
Colombia en Dinamarca. Además, otros exministros, como Alfonso Prada,
Irene Vélez y Guillermo Reyes, también han sido designados para
representar al país en diversas embajadas alrededor del mundo.
La misión ante la FAO, que estuvo inactiva durante más de 20 años, fue
reabierta por Benedetti en 2024. En una entrevista con La W, el
exembajador expresó su satisfacción con la experiencia vivida en Roma,
destacando el impacto positivo que tuvo en su vida personal y
profesional. A pesar de las críticas que suscitó su nombramiento,
Benedetti aseguró que su trabajo en la FAO fue enriquecedor, más allá de
la ciudad en la que residía.
Mojica, quien también fue mencionada en su momento como posible
candidata para la Defensoría del Pueblo, se une a una lista de
exfuncionarios del gobierno Petro que continúan en el servicio exterior.
A pesar de las críticas de algunos sectores de la carrera diplomática,
que consideran estas designaciones como un premio a los lazos políticos,
el presidente Petro ha defendido su derecho a nombrar embajadores y
dirigir la política exterior del país.
Con esta nueva designación, Jhenifer Mojica tendrá la responsabilidad de
representar a Colombia en la FAO, una organización clave en la lucha por
la seguridad alimentaria y el desarrollo rural a nivel mundial.
Rendón replica críticas de Petro por
referendo de autonomía fiscal regional
El referendo de autonomía fiscal volvió nuevamente a la palestra pública
esto luego de que se conociera que Andrés Julian Rendón, el gobernador
de Antioquia presentó esta propuesta para que las regiones puedan
administrar impuestos como el de renta y patrimonio que son algunos de
los que recaudan los departamentos. La iniciativa fue radicada ante la
Registraduría Nacional con más de 3,5 millones de firmas a fin de que se
realice un referendo que otorgue mayor autonomía fiscal para las
regiones.
Ante ello, el presidente de la República Gustavo Petro, no ocultó su
molestia y expresó que “hay que advertir que, si los departamentos
pudieran administrar sus impuestos de renta y patrimonio, solo dos
territorios tendrían finanzas públicas: Bogotá y Medellín”, para el
presidente persiste la preocupación adoptarse una determinación que
resultaría perjudicial para algunas regiones del país.
Agregó que “allí es donde sale la mayor parte del impuesto de renta. La
reforma constitucional al sistema de transferencias para que se cierren
las brechas regionales hecha recientemente por el Congreso quedaría
derogada”. Además, advirtió que “tendríamos básicamente un ejército y
una policía solo en Medellín y Bogotá, el resto de departamentos no
tendrían cómo financiar su propia Fuerza Pública”.
Por último, el primer mandatario dijo que “al aumentar la desigualdad
regional aumentaría la violencia, bogotanos y la gente del Poblado se
darían cuenta que el centralismo extremo que proponen en un mar de
violencia, no serviría para nada”.
Sin embargo y pese a las críticas del presidente Petro sobre el
particular, hay que
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esperar a
la determinación de la Registraduría en razón a si acepta el recurso
presentado o lo niega.
Gobierno debe más de $1 billón
por Matrícula Cero: Catherine Juvinao
La representante Catherine Juvinao denunció, a través de su cuenta en X,
que el Gobierno Nacional le debe más de 1 billón de pesos a las
universidades públicas colombianas por concepto de la política de
Matrícula Cero. Además, reveló que también existen otros 160.000
millones de pesos correspondientes a recursos para el funcionamiento de
estas instituciones.
Según Congresista, esta deuda representa un grave perjuicio para miles
de estudiantes y universidades que dependen de estos fondos para
garantizar el acceso a la educación superior.
En su mensaje en la red social, precisó que su última denuncia de 2024
es que "el Gobierno Nacional le debe más de 1 BILLÓN de pesos a las
universidades públicas por concepto de Matrícula Cero, y otros $160.000
millones de recursos para su funcionamiento.” Esta cifra, según ella,
refleja una falta de compromiso del Gobierno con el sector educativo, a
pesar de las promesas iniciales de mejorar el acceso y la calidad de la
educación.
La representante hizo un análisis crítico sobre la situación, destacando
que, a pesar de que el Congreso aprobó un presupuesto histórico para el
sector educación en 2024, el Gobierno no ha cumplido con los pagos
prometidos. "El Congreso aprobó cerca de 70 billones de pesos para el
sector educación 2024, el más alto de la historia, y aún cuando a mitad
de este año el Ministerio de Educación le quitó al ICETEX $2,2 billones
de los $3,8 billones que le habían asignado a comienzos de año, para
supuestamente redireccionarlos a la política de gratuidad," afirmó
Juvinao. Sin embargo, la falta de estos recursos está afectando
directamente a las universidades públicas.
"Estos recursos NO tienen nada que ver con la ley de financiamiento
recientemente hundida: son recursos del presupuesto general debidamente
aprobados desde 2023, así que no se laven las manos," agregó Juvinao,
exigiendo transparencia sobre el destino de estos fondos y
responsabilizando al gobierno por el incumplimiento de sus compromisos.
En el video publicado en su cuenta profundizó
en la gravedad de la situación: “Este
Gobierno no solamente se ha propuesto marchitar el ICETEX, sino que,
ojo, tampoco está cumpliendo con los recursos para la política de
gratuidad en las universidades públicas del país,” dijo la congresista,
quien mencionó que, a corte del 13 de diciembre, el Gobierno debía más
de un billón de pesos a las universidades públicas por concepto de
gratuidad.
A lo largo del corto, Juvinao expuso casos específicos de universidades
afectadas, como la Universidad Nacional, que acumula una deuda cercana a
los 325 mil millones de pesos. También mencionó otras instituciones como
la Universidad Militar Nueva Granada, con una deuda de 94 mil millones
de pesos, y la Universidad de Antioquia, que enfrenta una deuda de 16
mil millones de pesos. Además, advirtió sobre las consecuencias de esta
falta de pago, no solo para las universidades, sino también para los
estudiantes: "Esto se trata de centenares de miles de jóvenes
estudiantes, actuales y futuros, que tienen su sueño de estudiar una
carrera colgando de un hilo."
La representante también destacó el impacto que la deuda tendrá en la
capacidad del ICETEX para ofrecer créditos educativos a los estudiantes,
mencionando que, para el próximo año, el número de cupos será
drásticamente reducido. “Por primera vez en su historia, el ICETEX
pasará de abrir entre 50 mil y 60 mil nuevos cupos para cada anualidad a
proyectar solo 5.100 nuevos créditos,” alertó Juvinao. Este panorama
pone en riesgo la posibilidad de que miles de jóvenes accedan a una
educación superior, y muchos se verán obligados a recurrir a la banca
privada con condiciones más desfavorables.
Además de denunciar la deuda, Juvinao exigió una respuesta clara del
Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, sobre el plan de pago para
las universidades y los estudiantes afectados. “Le solicitamos al
ministro Daniel Rojas Medellín detallar cuál será el plan de pago para
que decenas de universidades y centenares de miles de jóvenes no
terminen padeciendo las consecuencias de la falta de planeación y debida
ejecución de este gobierno,” enfatizó Juvinao.
En su intervención, la congresista cuestionó la efectividad de las
políticas del gobierno en términos de gratuidad y acceso a la educación:
“¿Cómo se supone que ustedes van a fortalecer la Universidad Pública en
este país cuando ni siquiera le transfieren los dineros completos del
funcionamiento y menos aún lo de las matrículas y la gratuidad?” Para
Juvinao, estas deficiencias podrían terminar agravando la crisis del
sistema universitario en Colombia.
"Este angustiante panorama de la educación superior en Colombia no
solamente pone de presente estas escandalosas deudas del gobierno a la
Universidad Pública que tanto dicen defender, sino que nos lleva a una
enorme preocupación por miles de jóvenes, centenares de miles de jóvenes
en Colombia que en este momento ya no tienen ni cómo estudiar con un
crédito del ICTEX pero tampoco tendrán un cupo en la Universidad
Pública," concluyó Juvinao, subrayando la urgencia de una solución a
esta crisis educativa.
Finalmente, la representante también hizo un llamado al Presidente
Gustavo Petro y al Ministro Rojas para que no permitan que “su
sectarismo y radicalismo ideológico ahogue los sueños de miles y miles
de jóvenes” que solo desean estudiar y alcanzar un futuro mejor a través
de la educación superior.
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