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Masacre de pastores en
Aguachica, Cesar: Mujer a la que señalan de ser el verdadero objetivo
del ataque se refirió a la tragedia
La indagación de la masacre en Aguachica, Cesar, que se perpetró en el
establecimiento ‘Sorbetes y Jugos’, y que dejó como víctimas los cuatro
integrantes de una misma familia reconocida por que el padre era el
pastor evangélico Marlon Yamith Lora, sigue dejando nuevos detalles
luego de que se conoció la identidad de la mujer para que la que iba, al
parecer, dirigido el ataque que también cobró la vida de Yurlay Rincón
(madre y esposa), los hijos, identificados como Ángela Natalia y
Santiago Lora Rincón.
Debido a este múltiple homicidio, Zaida Andrea Sánchez Polanco, como fue
identificada la mujer para la que, en principio, iba dirigido el ataque
sicarial, y que fue identificada como alias La Diabla, aclaró algunos
detalles que se han comentado en medios de comunicación, alrededor de
las pesquisas que buscan dar con los sicarios que sembraron de terror el
establecimiento y dejaron de luto a una comunidad cristiana.
De acuerdo con los detalles que se conocieron, Sánchez Polanco joven
habría sido confundida por un sicario con Ángela Lora, hija del pastor
Lora, quien fue asesinada junto a su familia el 29 de diciembre de 2024.
Los presuntos sicarios y una serie de asesinatos han generado una serie
interrogantes sobre las circunstancias que rodearon los hechos y las
posibles motivaciones detrás de ellos.
El mismo subdirector (e) de la Policía, general José Luis Ramírez,
mencionó que otra de las hipótesis que se manejan es que la mujer era
pareja sentimental de un hombre que tenía antecedentes, y que fue
asesinado a tiros solo dos días antes de la masacre en Aguachica.
Asimismo, y según El Tiempo, este caso se refiere, además del asesinato
de la familia Lora, otro hombre identificado como Alexánder Gonsález
(sic) Pérez fue hallado muerto en el municipio de El Banco, Magdalena.
Sánchez Polanco sería la pareja de la víctima fatal, y es reconocida
como una de las prestamistas en esta zona del Cesar.
Este caso fue vinculado dentro de la indagación que se abrió por parte
de las autoridades y ver si estan correlacionados en esta cadena de
eventos violentos. No obstante, los detalles sobre la conexión entre
ambos casos aún no ha sido esclarecida.
“Estoy atravesando un momento muy difícil, temo por mi vida y la de mi
familia. Me están tratando de involucrar en algo en que no tengo nada
que ver. Me quieren utilizar a mí como cortina de humo y quieren
involucrar a inocentes para tapar la verdad. La verdad que todo el mundo
quisiera saber. Hago responsable a las autoridades de todo lo que me
pueda pasar a mí y a los míos”, le dijo Sánchez Polanco en diálogo al
mismo medio de comunicación.
De igual forma, se confirmó por parte de los mismos investigadores al
diario, que Sánchez Polanco tiene el cabello claro en estos momentos, y
no oscuro, como ocurrió al momento de efectuar la captura por un hecho
de fleteo que aún sigue bajo investigación.
“No me parezco a la hija del pastor. Miren fotos, yo soy peli mona y
ella no. No puede existir una confusión de 4 personas. No tengo nada que
ver. Vengo siendo víctima de desinformación por parte de algunos medios
y tomaré con mis abogados las acciones pertinentes”, agregó la pareja
sentimental de González (sic) Pérez.
De otro lado, “se ha dicho que la hipótesis de la confusión se descartó
y el personero de Aguachica ya salió a hablar del caso. Las autoridades
nos dicen a mi abogada y a mí que no dan información por entorpecer el
proceso. Pero todos los días es algo nuevo, Una mentira más”, añadió
Zaida Andrea Sánchez Polanco, que se sorprendió del alias con el que
está siendo presentada por medios de comunicación.
“No sé de dónde sacan tanta barbaridad. Todo eso es totalmente falso.
Ayer (3 de enero) me entero de que me dicen así (‘La diabla’). No tengo
alias de nada”, mencionó la mujer que está siendo investigada por la
Policía, que a su vez le confirmó al mismo medio de comunicación que la
hipótesis sobre la confusión de las dos mujeres no se ha descartado.
Según su testimonio, el hombre asesinado, identificado como Gonsález,
era su pareja y se dedicaba a la compra y venta de vehículos de alta
gama, descartando que tuviera nexos con el narcotráfico. “No sé de dónde
sacan tanta barbaridad. Todo eso es totalmente falso”, aseguró Sánchez,
quien también expresó su dolor por la pérdida de su esposo y padre de su
familia.
Una de las versiones que circula es que Gonsález (sic) habría sido visto
en un hotel de El Banco acompañado de una mujer con cabello rubio, que
presuntamente lo habría llevado al lugar donde fue asesinado. Esta
mujer, estaría vinculada con narcotraficantes del Catatumbo, según
investigadores. Sin embargo, Sánchez negó de manera rotunda estas
acusaciones y aseguró que no tiene relación con dichas actividades.
En sus declaraciones, Sánchez también señaló que su pareja habría sido
víctima de extorsión por parte de funcionarios de la Sijín en Aguachica,
Cesar. Según ella, existen testigos que pueden corroborar esta denuncia.
“Él venía siendo extorsionado por funcionarios de la Sijín en Aguachica
y hay dos testigos de eso”, afirmó. Además, cuestionó las circunstancias
que llevaron a su esposo a estar en El Banco el día de su asesinato, un
hecho que, según dijo, también le genera dudas.
La masacre se consumó en medio de un contexto de creciente violencia en
la región, donde las disputas y los ajustes de cuentas
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han cobrado la vida de múltiples personas en los últimos
meses. La hija del pastor, Ángela Lora, que había aspirado al Concejo de
Aguachica, fue una de las víctimas fatales de este ataque. Sin embargo,
el caso tomó un giro inesperado cuando se conoció que otra joven habría
sido confundida con ella por los perpetradores.
La investigación sigue su curso luego de varios
resultados que incluyen varias grabaciones de cámaras de seguridad de
establecimientos próximos al lugar de los hechos, además del hallazgo de
huellas dactilares en una de las motocicletas en las que se movilizaban
los sicarios al momento de cometer la masacre, justo a dos kilómetros de
donde se perpetró el homicidio múltiple.
Cuatro presos se
fugaron de estación de Policía en medio de las fiestas populares:
autoridades anunciaron recompensa por su ubicación
En la madrugada del lunes 6 de enero de 2025, la Policía nacional
reportó la fuga de cuatro reclusos que se encontraban en una estación
policial del municipio de Corconá, en el oriente del departamento de
Antioquia.
Según información preliminar, los sujetos, aprovechando que en la región
se celebraban las tradicionales festividades locales, lograron huir del sitio de reclusión, por lo que las autoridades
manifestaron que la ubicación de estos procesados es incierta.
Los prófugos de la justicia fueron identificados como Jhon Esteban
Jiménez Tábora, alias El Zarco, de 29 años y oriundo de Medellín, Milton
Adrián Atehortúa Suárez, alias Milton o El Visco, de 33 años y radicado
en el municipio de Puerto Boyacá (Boyacá), Úlcer Mauricio González
Giraldo, alias Mauro, de Puerto Triunfo y Carlos Alberto Ramírez
Giraldo, alias Caliche, de 29 años y originario del municipio de Cocorná,
respectivamente.
Según la Policía, tres de los prófugos habían sido detenidos en el mes
de noviembre de 2024, durante un operativo adelantado por la fuerza
pública, que dejó once procesados, en su momento.
Ante ello, la alcaldía de Corconá anunció una recompensa para quien
brinde información sobre el paradero de estos hombres, por lo que
habilitaron la línea 320 301 9300 para recibir la información de la
ciudadanía.
Entre tanto, las autoridades desplegaron un operativo por el municipio
para ubicar a los sujetos que escaparon de la estación de Policía.
El incidente ha generado preocupación entre los habitantes de Cocorná,
quienes han manifestado su inquietud por la seguridad en el municipio.
La fuga pone en evidencia posibles fallas en las medidas de seguridad de
las estaciones policiales locales, lo que ha llevado a cuestionamientos
sobre la capacidad de estas instalaciones para retener a individuos
considerados peligrosos.
Según información de medios locales, las autoridades no han
proporcionado información adicional sobre las circunstancias exactas de
la fuga, pero se espera que las investigaciones en curso arrojen luz
sobre los hechos. Mientras tanto, la comunidad permanece alerta y a la
espera de resultados concretos que garanticen la tranquilidad en la
región.
Este caso subraya la importancia de reforzar las condiciones de
seguridad en las estaciones policiales, especialmente en momentos de
alta actividad social, como las festividades locales.
La fuga de estos cuatro hombres, algunos de ellos vinculados a
operativos recientes de gran envergadura, representa un desafío
significativo para las autoridades locales y regionales, que ahora
enfrentan la presión de recapturarlos y prevenir incidentes similares en
el futuro.
Atentado terrorista
contra el tren de El Cerrejón en La Guajira: autoridades avanzan en la
investigación
La empresa Cerrejón denunció un nuevo ataque contra la línea férrea que
es utilizada para la circulación de carbón en el departamento de La
Guajira.
En un comunicado, la entidad mencionó que este nuevo
ataque ocurrió en horas de la tarde del lunes 6 de enero de 2025, en el
kilómetro 51, a la altura del municipio de Maicao, hecho que no dejó
personas heridas, pero solo dejó daños materiales.
La empresa detalló que este es el segundo ataque que se registra entre
la última semana de 2024 y la primera semana de 2025, donde se suman a
otros similares que también afectaron sus operaciones durante el año
anterior.
“Este es el segundo atentado en menos de
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15 días; si bien afortunadamente no hubo víctimas, ni
heridos en el incidente, sí se produjeron daños por evaluar en la línea
férrea”, mencionó la empresa Cerrejón en el comunicado.
El último hecho violento fue el 25 de diciembre de 2024, delincuentes
dejaron una carga explosiva sobre la vía férrea, específicamente en el
kilómetro 82 que conduce de La Guajira al departamento de Bolívar, hecho
que generó afectaciones en los rieles, así como en un vagón que estaba
detenido en la zona.
Entre tanto, la fuerza pública anunció que se iniciaron las
investigaciones correspondientes para determinar con los responsables de
los actos violentos contra el tren de Cerrejón.
“Rechazamos enérgicamente este tipo de actos violentos, que ponen en
riesgo la seguridad de las comunidades vecinas y de nuestro equipo de
trabajo, afectando adicionalmente el orden púbico en la región. Estamos
trabajando para restablecer nuestra operación de manera segura”, sostuvo
la compañía de carbón de La Guajira en el comunicado.
Por su parte, la Policía Nacional explicó que, en el sitio, se
encuentran unidades especializadas en manejo de explosivos de la Policía
y del Ejército Nacional para evaluar la situación.
“Tras una inspección exhaustiva, se descartó la presencia de otros
materiales explosivos que pudieran poner en riesgo la seguridad de la
comunidad o de las operaciones en la vía férrea”, subrayó la
institución.
A su vez, la Policía Nacional aseguró que mantiene su compromiso “con la
seguridad y la convivencia en el departamento de La Guajira, trabajando
de manera articulada con las autoridades locales y la comunidad para
garantizar el orden público y prevenir cualquier situación que atente
contra la tranquilidad de los ciudadanos”.
JEP no confirmó que restos en la Escombrera sean de víctimas de la
operación Orión
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó el lunes festivo 6 de
enero que no pueden confirmar aún si los restos humanos que hallaron a
finales del 2024 en la denominada zona de la escombrera, en el occidente
de la capital antioqueña, corresponden a víctimas de desaparición
forzada de la Operación Orión, que se señala que llevó a cabo el
Ejército Nacional en un contubernio con integrantes de las extintas
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en 2002.
A través de su cuenta oficial en la red social X informaron que hasta
ahora iniciaron las respectivas investigaciones para poder establecer a
quiénes corresponden las “estructuras óseas” que encontraron en esa zona
de la Comuna 13, donde se presume que arrojaron los cuerpos de las
víctimas que fueron ajusticiadas entre agentes estatales y del
mencionado grupo armado contrainsurgente.
“Ni el presidente de la #JEP, el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga,
ni el magistrado relator de las medidas cautelares de protección en La
Escombrera, Gustavo Salazar, han dicho que estos hallazgos, encontrados
en un trabajo conjunto con la @UBPDcolombia, pertenezcan o no a víctimas
de la ‘Operación Orión’. Esto está por determinarse (sic)”, indicaron en
la cuenta oficial del tribunal de paz en la red social X.
La Comuna 13 de Medellín fue escenario, entre el 16 y el 17 de octubre
de 2002, de la Operación Orión, una intervención de las fuerzas armadas
con el propósito de expulsar a milicianos de las guerrillas de las FARC
y del ELN.
Defensores de derechos humanos han señalado que esta operación,
realizada con el posible apoyo de las AUC, dejó un saldo significativo
de muertos y desaparecidos que, al parecer, habrían sido sepultados en
un vertedero conocido como La Escombrera.
El pasado 18 de diciembre, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas
Dadas por Desaparecidas (Ubpd) anunciaron el hallazgo de los primeros
restos humanos en La Escombrera tras años de búsqueda de víctimas
desaparecidas durante el conflicto armado que tuvo lugar entre 2001 y
2004 en esta zona de la ciudad.
"Fueron halladas las primeras estructuras óseas que podrían corresponder
a personas desaparecidas en el marco del contexto del conflicto armado
en La Escombrera de la Comuna 13 de Medellín“, afirmaron ambas entidades
en un comunicado conjunto.
Esta nueva búsqueda comenzó en julio, tras una orden de la JEP, luego de
una pequeña intervención en 2022 y de múltiples postergaciones que,
según colectivos de buscadores, han representado una “revictimización”
para las familias.
De acuerdo con la JEP, en la Comuna 13 hay un registro de 502 personas
desaparecidas, mientras que, según la Ubpd, el número en toda la ciudad
de Medellín asciende a 5.912 personas.
Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe, que era jefe de Estado en
esa época, ha defendido el operativo argumentando que la Comuna 13
estaba controlada por grupos terroristas como los Comandos Armados del
Pueblo del ELN, las Farc y los paramilitares.
Uribe también asegura que la operación fue ejecutada de manera conjunta
por la Policía, el Ejército, la Fiscalía, la Procuraduría y la Alcaldía
de Medellín, con el objetivo de retomar el control total de una zona
dominada por grupos ilegales.
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