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Intendente de la
Policía Mauricio Vargas Carmona apareció en un video compartido con el
ELN
El Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha difundido una
prueba de supervivencia del intendente de la Policía Nacional, Mauricio
Vargas Carmona, quien se encuentra en poder de este grupo armado tras
ser capturado en el departamento de Chocó, Colombia.
Según lo informado a través de la cuenta en la plataforma X del Frente
de Guerra Occidental Ogli Padilla Comandante Fabián, el oficial fue
aprehendido durante una operación de registro y control en el río Sipi,
una zona de alta complejidad en términos de seguridad.
De acuerdo con la publicación realizada por el ELN, el intendente Vargas
Carmona fue capturado durante una acción llevada a cabo en el río Sipi,
una región ubicada en el departamento de Chocó, al occidente del país.
Este territorio es conocido por ser escenario de constantes
enfrentamientos entre grupos armados ilegales y las fuerzas del Estado,
debido a su ubicación estratégica y a la presencia de economías
ilícitas.
La prueba de supervivencia difundida por el ELN busca confirmar que el
oficial se encuentra con vida. Este tipo de acciones suelen ser
utilizadas por los grupos armados como una herramienta de presión en el
marco de negociaciones o para enviar mensajes tanto al gobierno como a
la opinión pública. En el video compartido, el grupo armado no solo
muestra al policía capturado, sino que también refuerza su presencia en
la región, una zona históricamente afectada por el conflicto armado en
Colombia.
El intendente de la Policía Nacional describe una compleja travesía y
solicita mayor presencia estatal en zonas olvidadas del país.
El intendente Mauricio Vargas Carmona, de la Policía Nacional, narró en
un video las experiencias vividas durante un desplazamiento fluvial que
realizó el pasado 27 de diciembre de 2024, desde el municipio de Minas
hasta Sipí, en el departamento del Chocó. El viaje, realizado en
compañía de un residente de obra de la empresa contratista, tenía como
objetivo verificar trabajos de mantenimiento en la región.
Sin embargo, en su relato, Vargas Carmona detalló las problemáticas de
seguridad que afectan a las comunidades locales y enfatizó la necesidad
de una mayor intervención estatal.
Según la grabación difundida, “fuimos abordados por la guerrilla del ELN
con el fin de validar nuestras identificaciones y de poder saber cuál
era nuestra actividad en el sector”. Este encuentro ocurrió tras
completar las verificaciones que los habían llevado hasta Sipí.
Las palabras del intendente revelan no solo la presencia de actores
armados ilegales en esta zona del país, también cómo esta realidad
condiciona la cotidianidad de los habitantes y de quienes transitan el
territorio.
El recorrido, que inició en Minas, pasó por localidades como Andagoya,
Bebedó y San Miguel, lugares donde, según relató el funcionario,
“podemos encontrar nuevamente presencia de la fuerza pública y también
se puede encontrar allí, en la ribera del río, personas que pueden
pertenecer a las disidencias o al Clan del Golfo”.
En este contexto, Vargas Carmona destacó que algunos individuos
detectados en el camino parecían no formar parte de las comunidades
locales, sugiriendo la posible infiltración de grupos armados ilegales
en estas áreas.
En su declaración, el intendente puso en evidencia las realidades
enfrentadas por las comunidades de la región, que viven bajo las
constantes amenazas de actores armados. Aunque reconoció la presencia de
la fuerza pública, indicó que estas poblaciones se sienten desprotegidas
y marginadas. “Uno solamente ve con la mirada de la gente que está más
necesitada, que están pidiendo ayuda en estos sectores”, explicó,
refiriéndose al grado de vulnerabilidad de estos ciudadanos.
Durante el video, Vargas Carmona dirigió un mensaje a las autoridades
del Estado, pidiendo atención prioritaria y sostenida para estas
comunidades. “No solamente nosotros, sino toda la comunidad de este
sector, se ha visto muy a veces como olvidada y sería muy bueno que, por
favor, la presencia del Estado se volqué más hacia este sector que está
muy necesitado”, afirmó.
El relato alerta sobre los retos de seguridad en una región
históricamente enfrentada a dinámicas de conflicto armado y abandono
institucional. Este medio señaló que las palabras de Vargas Carmona
“evidencian el rezago de programas estatales en territorios como Sipí,
donde las comunidades continúan bajo el control de grupos como el ELN,
el Clan del Golfo y, posiblemente, facciones disidentes”.
Por su parte, las comunidades afectadas, han reiterado este tipo de
situaciones en solicitudes previas dirigidas al gobierno nacional.
Más allá de las adversidades, Vargas Carmona indicó que él y su
compañero de desplazamiento lograron continuar sin
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mayores contratiempos, limitándose el
encuentro con los miembros del ELN a un intercambio para aclarar su
identidad y la labor que desempeñaban en la región. “Me encuentro bien y
no tengo ninguna dolencia de salud”, expresó el oficial.
Alistan primeras
órdenes de captura por masacre de líderes cristianos de Aguachica
(Cesar)
Luego de un consejo de seguridad que llevaron a cabo las
autoridades del departamento del Cesar el viernes 10 de enero, se tienen
listas las primeras órdenes de captura de los presuntos asesinos y
determinadores de la masacre en la que le quitaron la vida de manera
violenta a los cuatro integrantes de la familia Lora Vargas, que eran
reconocidos líderes cristianos en el municipio de Aguachica.
Tras la reunión que se llevó a cabo en la sede de
Gobierno de la población cesarense, el grupo que lidera la investigación
señaló que se estableció la trazabilidad con la que se perpetró el
múltiple crimen que consternó al país, luego de que realizara el
análisis de 600 horas de videos de cámaras de seguridad con la que se
estableció el recorrido de los sicarios.
Agregaron que continúa vigente la recompensa de 50 millones de pesos por
información que permita dar con todos los involucrados en el asesinato
del pastor Marlon Lora, su esposa y dos de sus hijos que ocurrió a plena
luz del día en un restaurante del municipio en el sur del Cesar.
Por otro lado, los investigadores de la Fiscalía General de la Nación y
de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la
Policía Nacional desestimaron la hipótesis de que se trate de un crimen
en razón de sus creencias.
“Lo único descartado es que sea por persecución religiosa. De resto
todas las hipótesis tienen valor. No podemos decir cuáles en sí tienen
mayor relevancia porque esto hace parte de la misma reserva que tiene la
Policía, el Ejército y la Fiscalía Especializada del Magdalena Medio”,
señaló el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel.
El funcionario también informó el diario barranquillero que las
indagaciones “van por buen camino” y esperan que puedan concretar las
detenciones en el transcurso de la semana.
“No podemos dar mayores detalles de lo conversado y analizado en la
reunión de seguridad porque cualquier información que trascienda puede
entorpecer la investigación y es lo que no queremos (...) No están
desperdiciando ningún tipo de información o dato que les llega, todo
está siendo analizado con mucho tacto”, reiteró Esquivel.
Adicionalmente, tampoco que se ha desechado que el Clan del Golfo,
también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) esté
involucrado en ese deleznable crimen.
Periodista de comunidad
indígena nasa en Cauca denunció amenazas en su contra
En medio de un panorama marcado por la violencia y los
enfrentamientos entre las Fuerzas Militares y las disidencias de las
FARC, bajo el mando de alias Iván Mordisco, en el departamento del Cauca
se conoció que el periodista indígena Manuel Julicué Pavi, miembro de la
emisora comunitaria Nasa Estéreo, recibió amenazas en contra de su vida.
Sin embargo, lo que más ha generado sorpresa entre los pobladores de la
zona, situada en el municipio de Toribío, es que la persona señalada
como la presunta responsable de enviar los mensajes intimidatorios al
miembro de la comunidad indígena nasa es una integrantes de su propia
familia: una sobrina.
Según el comunicado difundido por los colectivos de comunicación, la
familiar de Jilicué utilizó sus cuentas en redes sociales para
amenazarlo con entregarlo a grupos armados ilegales que operan en la
zona. Esto podría poner en grave peligro su vida.
Los periodistas de la región han calificado esta situación como
extremadamente riesgosa, en especial por el contexto de violencia que
afecta a la región, situada en el norte del Cauca.
En esta área, la confrontación entre diversos grupos armados al margen
de la ley, incluidas las disidencias de las FARC, ha generado un clima
de inseguridad que impacta directamente a las comunidades indígenas y a
quienes trabajan en medios de comunicación locales y/o comunitarios.
Ante la gravedad de las amenazas, los colectivos indígenas de
comunicación han solicitado la intervención de las autoridades locales y
de las entidades de justicia
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ordinaria a nivel nacional para
garantizar la seguridad de Manuel Jilicué.
Asimismo hicieron un llamado a la opinión pública para visibilizar este
caso y que esto pueda servir para elevar sus peticiones al Gobierno
nacional, y garantizar la seguridad del periodista que trabaja con la
emisora Nasa Estéreo, que desempeña un papel fundamental al informar
sobre las realidades de las comunidades afectadas por el conflicto
armado.
El mismo medio de comunicación vallecaucano destacó que
los periodistas de Toribío entregaron las pruebas de las amenazas,
incluyendo las conversaciones intimidatorias a través de Messenger (Facebook),
con el objetivo de respaldar su denuncia y exigir acciones concretas. La
joven fue identificada como Lina Vanesa Rivera.
“Buscamos proteger la vida del colega, pero también la
labor de la emisora, más cuando el tema de la guerra afecta a las
comunidades y estas siempre buscan visibilizar sus realidades en estos
espacios informativos, de ahí que esperamos que todas las autoridades,
propias y ordinarias, intervengan para evitar posibles tragedias”,
expresaron los colectivo en diálogo con el diario vallecaucano.
Líderes sociales bajo
amenaza: 53 casos atendidos en Medellín en 2024
En el transcurso de 2024, las autoridades de Medellín
concentraron esfuerzos en atender a líderes sociales amenazados,
alcanzando un total de 53 casos. A pesar de las amenazas registradas, no
se reportaron asesinatos de defensores ni líderes sociales durante este
año, un hecho significativo en comparación con periodos anteriores.
Según las cifras oficiales, las medidas implementadas para su protección
beneficiaron a 33 hombres, 19 mujeres y una persona no binaria.
La disminución de los casos atendidos en comparación con 2023 fue
notable, ya que en ese año más de 70 líderes sociales enfrentaron
amenazas. Las zonas más afectadas en 2024 fueron las comunas Doce de
Octubre, Villa Hermosa y San Javier. Estas áreas, según la Alcaldía de
Medellín, presentan características específicas que influyen en la
incidencia de amenazas, como la violencia urbana y las desigualdades
socioeconómicas.
Carlos Arcila, secretario de Paz y Derechos Humanos,
destacó el compromiso de la alcaldía frente a este panorama. “Es de
recordar, en el periodo 2023 hubo más de 70 líderes amenazados, 2024 se
redujo a 53 personas y líderes amenazados en la ciudad de Medellín. Es
de recordar que la Alcaldía de Medellín brinda todas las rutas de
atención jurídica, psicológica y albergues. Esto es para garantizar la
vida de los líderes y defensores de derechos humanos”, señaló Arcila,
resaltando las acciones dirigidas a salvaguardar la integridad de
quienes enfrentan este tipo de riesgos.
En línea con estas estrategias de protección, se consolidó la Mesa
Distrital de Seguimiento, una iniciativa que reúne a 15 entidades con el
objetivo de coordinar esfuerzos frente a amenazas, desplazamientos y
agresiones contra líderes sociales. Esta articulación interinstitucional
busca fortalecer las respuestas a las situaciones de riesgo y avanzar
hacia la erradicación de las agresiones.
La Alcaldía de Medellín, consciente de la importancia del trabajo de los
defensores de derechos humanos, enfocó sus esfuerzos en garantizar la
seguridad de los líderes sociales, asegurando que su protección es clave
para el fortalecimiento de la democracia y la paz en la ciudad. Carlos
Arcila destacó el compromiso de la administración, señalando que
“Garantizar la vida de los defensores de derechos humanos es garantizar
la democracia, es garantizar la paz. La alcaldía se compromete a
defender la vida de los líderes y defensores de derechos humanos”.
En ese sentido, uno de los aspectos fundamentales de la gestión fue la
mejora en los tiempos de respuesta de la Unidad Nacional de Protección
(UNP). Las autoridades distritales se centraron en reducir la demora en
la evaluación de los riesgos para los defensores, un aspecto esencial
para asegurar una atención más ágil y eficiente. Además, se
fortalecieron las estrategias de sensibilización y prevención en las
zonas más vulnerables de la ciudad.
La alcaldía también promovió programas educativos y de sensibilización
sobre medidas de autoprotección, los cuales se llevaron a cabo en las 16
comunas y cinco corregimientos de Medellín. Estas iniciativas buscaban
empoderar a las comunidades, brindando capacitación sobre cómo enfrentar
posibles amenazas y fortalecer la seguridad personal.
Además de las medidas de seguridad, también anunciaron que se brindó un
acompañamiento integral a los líderes sociales, enfocándose en su
bienestar físico y emocional. A través de servicios especializados en
atención jurídica y psicosocial, se les ofrecieron las herramientas
necesarias para proteger sus derechos y fortalecer su trabajo en la
defensa de los derechos humanos.
La atención jurídica no solo incluyó asesoría legal para enfrentar
conflictos relacionados con su actividad, sino también apoyo para
resolver cuestiones legales, mientras que el acompañamiento psicosocial
se centró en mejorar su estabilidad emocional frente a las amenazas y el
estrés constante.
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