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Marco Rubio
asume como secretario de Estado de EE.UU. con enfoque en la paz
en Ucrania
Marco Rubio, de 53 años, ha sido confirmado como
el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos bajo la
administración de Donald Trump. Conocido por sus firmes posturas
frente a China y su apoyo a Israel, Rubio ha destacado que su
prioridad será buscar una solución pacífica al conflicto en
Ucrania.
En su primera declaración oficial tras ser
confirmado por el Senado con una votación unánime de 99 a 0,
Rubio expresó en una entrevista con NBC que la política de
Estados Unidos estará orientada a poner fin a la guerra en
Ucrania. "Haremos todo lo posible para que la guerra termine",
afirmó, aunque reconoció que alcanzar la paz será una tarea
complicada.
Durante su audiencia de confirmación, Rubio sugirió que tanto
Moscú como Kiev deberán hacer concesiones. En particular,
insinuó que Ucrania podría tener que renunciar a recuperar los
territorios ocupados por Rusia desde la anexión de Crimea en
2014. Esta postura contrasta con la administración anterior de
Joe Biden, que brindó un firme apoyo militar a Ucrania,
insistiendo en que la decisión de negociar con Rusia debía
quedar en manos del gobierno ucraniano.
Rubio subrayó que el objetivo de Estados Unidos es alcanzar un
final duradero al conflicto, asegurando la seguridad de Ucrania
y deteniendo la destrucción en la región. "Cada parte va a tener
que ceder algo", mencionó, reflejando una visión pragmática
sobre las posibles negociaciones de paz.
En su discurso en la Casa Blanca, tras prestar juramento, Rubio
reafirmó su compromiso con una política exterior que refuerce
los intereses nacionales de Estados Unidos, alineándose con las
prioridades de Donald Trump. Entre sus objetivos, destacó la
promoción de la paz, sin comprometer los valores fundamentales
de la nación.
La llegada de Rubio al Departamento de Estado marca un nuevo
capítulo en la diplomacia estadounidense, con una estrategia que
busca equilibrar la resolución de conflictos internacionales con
la defensa de los intereses nacionales.
Jefe del
ejército israelí renuncia: Reconocimiento de responsabilidad y
nueva operación en Cisjordania
El teniente general Herzi Halevi, jefe del Estado
Mayor del ejército israelí, ha anunciado su renuncia tras asumir
la responsabilidad del fracaso en la defensa durante el ataque
de Hamas el 7 de octubre de 2023. Esta decisión coincide con el
inicio de una importante operación militar en el norte de
Cisjordania, marcando un momento clave en la estrategia de
seguridad de Israel.
En una carta dirigida al ministro de Defensa, Israel Katz,
Halevi expresó: "El ejército bajo mi mando falló en su misión de
defender a los ciudadanos de Israel. El Estado de Israel pagó un
precio muy alto en vidas, secuestrados y heridos". Halevi, que
asumió el cargo en enero de 2022, dejará su puesto el próximo 6
de marzo, tras una carrera militar de más de cuatro décadas. Su
renuncia es vista como una respuesta a las presiones internas
del gobierno y una muestra de asumir la responsabilidad por los
errores cometidos.
El 7 de octubre de 2023, Israel sufrió el ataque más devastador
en su historia reciente, con la muerte de 1,200 personas y el
secuestro de 251, en una ofensiva sorpresa de Hamas. Este ataque
desató una respuesta militar masiva de Israel en Gaza y generó
críticas tanto internas como internacionales por la falta de
preparación y respuesta adecuada de las fuerzas armadas.
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La salida de Halevi ha sido seguida
por la dimisión del jefe del Comando Sur, Yaron Finkelman, y del jefe de
Inteligencia militar, Aharon Haliva, quien renunció en abril del año
pasado, también asumiendo responsabilidad por los fallos de seguridad.
El primer ministro Benjamin Netanyahu agradeció públicamente a Halevi
por su servicio, destacando sus logros en diversas operaciones
militares. Sin embargo, la renuncia de Halevi ha reavivado el debate
político en Israel sobre la responsabilidad del gobierno en el fracaso
del 7 de octubre. El líder de la oposición, Yair Lapid, ha pedido que el
gobierno asuma su parte de responsabilidad y también dimita.
Mientras tanto, en Cisjordania, Israel ha lanzado una operación a gran
escala en Yenín, dirigida contra milicias de Hamas y la Yihad Islámica.
Según la Autoridad Nacional Palestina, al menos ocho palestinos han
muerto en los ataques iniciales de esta incursión, que representa la
operación más significativa en la región desde agosto pasado.
La operación en Yenín se produce en
medio de una tregua en Gaza, que ha visto la liberación de rehenes
israelíes a cambio de presos palestinos. Esta tregua, aunque frágil, ha
permitido ciertos avances, pero también ha planteado riesgos, como lo
admitió el jefe del servicio de seguridad interna, Ronen Bar.
Netanyahu ha defendido la operación en
Yenín como parte de un esfuerzo continuo para fortalecer la seguridad en
la región y frenar la influencia de Irán en el conflicto. La situación
en Cisjordania sigue siendo tensa, con enfrentamientos constantes entre
las fuerzas israelíes y las milicias palestinas.
El futuro de la seguridad en Israel y su estrategia en los territorios
ocupados permanece incierto, con muchos ojos puestos en los nuevos
líderes militares y las decisiones del gobierno. La renuncia de Halevi
marca un punto de inflexión, no solo para las fuerzas armadas israelíes,
sino también para el panorama político del país, que enfrenta crecientes
desafíos internos y externos en su búsqueda de estabilidad y seguridad.
Venezuela busca
relaciones “transparentes” y de “respeto” con EE.UU., declara Diosdado
Cabello
El Gobierno de Venezuela expresó su deseo de establecer
relaciones basadas en el respeto mutuo y la transparencia con Estados
Unidos, según afirmó el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado
Cabello, durante una conferencia de prensa en Caracas. La declaración se
produjo tras la reciente investidura presidencial de Donald Trump.
“El presidente Nicolás Maduro ha insistido en múltiples ocasiones que lo
único que pedimos es respeto. Nosotros respetamos a todos y pedimos que
nos respeten a nosotros. Si eso sucede, podremos tener relaciones
transparentes con cualquiera”, aseguró Cabello.
Las relaciones entre Caracas y Washington han estado tensas desde el
gobierno de Hugo Chávez, especialmente tras la invasión estadounidense
de Iraq en 2003. Estas tensiones se intensificaron nuevamente después de
las elecciones presidenciales en Venezuela, donde EE.UU. no reconoció a
Nicolás Maduro como presidente, señalando falta de transparencia en el
proceso electoral. En cambio, Washington consideró al opositor Edmundo
González Urrutia como el verdadero ganador de los comicios.
Como respuesta, tras la juramentación de Maduro, el gobierno de Estados
Unidos incrementó la recompensa por información que conduzca al arresto
de Maduro y Cabello a 25 millones de dólares. Además, mantiene vigentes
sanciones económicas contra altos funcionarios y empresas vinculadas al
gobierno venezolano.
Cabello enfatizó que para lograr una relación
transparente es fundamental que no haya “intermediarios”, sugiriendo que
en el pasado ciertos sectores sociales y medios de comunicación han
complicado la relación entre ambas naciones, aunque no presentó pruebas
para respaldar sus afirmaciones.
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Durante el primer mandato de Trump,
EE.UU. impuso duras sanciones económicas a Venezuela, incluyendo
restricciones al Banco Central y a la estatal petrolera Pdvsa. Estas
sanciones fueron una continuación de las medidas iniciadas en 2015 por
la administración de Barack Obama, que catalogó a Venezuela como una
amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. En marzo de 2024,
la administración Biden renovó ese decreto por un año, aunque permitió
excepciones para ciertas empresas petroleras estadounidenses.
En su reciente mensaje anual a la nación, Maduro culpó a estas sanciones
por la crisis migratoria que afecta al país, aunque el declive económico
de Venezuela comenzó en 2013, dos años antes de las primeras sanciones.
Según la Cepal, la economía venezolana se contrajo un 75% entre 2013 y
2021, mientras que la ONU estima que cerca de 7,9 millones de
venezolanos han emigrado desde entonces.
Condena
internacional crece tras sentencia de prisión a abogados de Navalny en
Rusia
La comunidad internacional ha expresado su rechazo ante
las sentencias de prisión impuestas a tres abogados que defendieron al
fallecido líder opositor ruso, Alexéi Navalny. Diversos países y
organizaciones han calificado este acto como un ejemplo más de la
represión que enfrenta la disidencia en Rusia.
Amnistía Internacional fue una de las primeras en
manifestar su condena, calificando las sentencias como un “vergonzoso
intento de silenciar a quienes defendieron a Navalny”. La organización
destacó que las acciones contra los abogados no son más que un ataque
directo al derecho de defensa jurídica. “Estos abogados están siendo
castigados únicamente por hacer su trabajo, lo que desmantela lo poco
que queda del sistema de justicia penal en Rusia”, afirmó Amnistía
Internacional, exigiendo la liberación inmediata y sin condiciones de
los juristas.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos señaló que el
encarcelamiento de estos abogados es un esfuerzo del Kremlin por
reprimir los derechos humanos y silenciar la disidencia. El portavoz del
Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que este es un ejemplo
claro de cómo Rusia convierte a los abogados defensores en presos
políticos, lo que representa una subversión del Estado de derecho.
Yulia Navalnaya, viuda de Alexéi Navalny, también se unió a la condena
internacional, exigiendo la liberación de los abogados a través de un
mensaje en la red social X, donde compartió una foto de los tres
juristas tras las rejas.
Desde Europa, países como Francia y Alemania rechazaron las sentencias,
señalando que estas representan un intento de intimidar a la profesión
legal y acallar cualquier voz opositora al régimen de Vladimir Putin. En
un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia recordó
que el derecho a la defensa es fundamental y debe ser respetado en
virtud de las obligaciones internacionales de Rusia.
Los abogados condenados, Igor Sergunin, Alexéi Liptser y Vadím Kóbzev,
fueron arrestados en octubre de 2023 y posteriormente incluidos en una
lista de "terroristas y extremistas". Tras un juicio a puerta cerrada,
recibieron penas de prisión que oscilan entre tres y cinco años y medio,
acusados de actividades extremistas y de difundir mensajes de Navalny
mientras este se encontraba encarcelado.
Las sentencias han sido vistas como una estrategia para aumentar la
presión sobre la oposición y disuadir a otros abogados de tomar casos
políticos. OVD-Info, una organización de derechos humanos, advirtió que
la persecución de abogados por su trabajo destruye lo poco que queda del
Estado de derecho en Rusia. Los abogados condenados han anunciado que
apelarán el fallo, mientras que otros dos juristas que trabajaron con
Navalny han optado por el exilio para evitar represalias.
La represión en Rusia continúa escalando, con las recientes sentencias
marcando un nuevo umbral en la ofensiva contra la disidencia, dejando
claro que el régimen de Putin no tolera oposición alguna, ni siquiera en
los tribunales.
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