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Aplazan instalación del juicio
contra expresidente Álvaro Uribe
La instalación del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe
Vélez, acusado de soborno, fraude procesal y soborno en la
actuación penal, fue aplazada hasta nueva orden. Este cambio se
debe a que el Tribunal Superior de Bogotá aún no ha resuelto los
recursos de apelación presentados por la defensa del
exmandatario, encabezada por el abogado Jaime Granados, y la
Procuraduría General de la Nación (PGN), respecto al decreto
probatorio emitido por la juez 44 de Conocimiento de Bogotá,
Sandra Liliana Heredia.
El juicio, que estaba previsto para el 23 de enero, debía
iniciar con la última fase del proceso penal, por presunta
manipulación de testigos y fraude procesal. Sin embargo, el
inicio se postergó debido a que el Tribunal no ha emitido un
fallo sobre las apelaciones que buscan excluir del caso las
interceptaciones telefónicas ordenadas por la Corte Suprema de
Justicia en 2018, que involucraron conversaciones entre el
expresidente y su abogado, Diego Cadena.
Durante la audiencia del 28 de noviembre de 2024, el delegado de
la Procuraduría, Bladimir Cuadro, solicitó que se revocara la
decisión de la jueza Heredia, quien había aceptado como pruebas
las interceptaciones de comunicaciones entre Uribe y Cadena,
argumentando que estas no debían ser incluidas en el juicio. La
defensa considera que dichas pruebas son fundamentales para
demostrar la inocencia del expresidente, quien ha reiterado en
varias ocasiones que es inocente de los cargos en su contra.
Por el momento, el Complejo Judicial de Paloquemao, sede de las
audiencias, no ha recibido ninguna resolución definitiva sobre
las apelaciones presentadas, por lo que la audiencia de juicio
no podrá llevarse a cabo hasta que el Tribunal Superior de
Bogotá decida sobre el futuro de las pruebas en cuestión.
Este proceso judicial acaparó la atención nacional e
internacional, dado que es la primera vez en la historia
reciente de Colombia que un expresidente enfrenta un juicio.
Además, el testimonio clave en el caso es el del condenado Juan
Guillermo Monsalve, quien acusa al exmandatario de haber
intentado influir en testigos a favor de su defensa.
La fecha para el inicio del juicio dependerá de la decisión
final del Tribunal Superior de Bogotá respecto a las pruebas que
se presentarán durante el juicio oral, lo que podría afectar
tanto la defensa de Uribe como las posturas de la Fiscalía y la
Procuraduría.
Abren incidente de desacato contra
MinSalud, Guillermo Jaramillo
La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el
Ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, por el incumplimiento de
las órdenes relacionadas con la
suficiencia de los presupuestos máximos para el Sistema General
de Seguridad Social en Salud. Esta decisión fue adoptada a
través del Auto 2049 del 13 de diciembre de 2024, emitido por la
Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, en el
marco de un seguimiento a las órdenes vigésima primera y
vigésima segunda de dicha sentencia.
En el análisis del cumplimiento del Auto 2881 de 2023, la Corte
encontró varias fallas significativas. En primer lugar, se
destacó que no se han girado los $819 mil millones reconocidos
como reajuste de los presupuestos máximos correspondientes a la
vigencia de 2022. A pesar de la autorización del Consejo
Superior de Política Fiscal (Confis) para que los recursos
fueran cancelados con cargo al servicio de deuda del Presupuesto
General de la Nación de 2024, el Ministerio de Hacienda no ha
realizado la transferencia de los fondos, lo que impide el
cumplimiento de lo dispuesto.
Además, la Corte advirtió que no se ha creado la metodología
unificada para la definición y reajuste de los presupuestos
máximos, tal como lo ordenó el ordinal sexto del Auto 2881 de
2023, transcurridos más de seis meses desde la notificación.
Por este incumplimiento, la Corte ordenó que, en un plazo de 48
horas a partir de la notificación del auto, el Ministro de Salud
dé cumplimiento a las órdenes mencionadas.
La Corte también alertó sobre la desfinanciación del sistema
para la vigencia de 2024, ya que los recursos asignados no son
suficientes para cubrir los presupuestos máximos del segundo
semestre de 2024. A pesar de varias adiciones al presupuesto,
persisten las falencias en la ejecución,
y el Ministerio de
Salud continúa reconociendo los presupuestos de manera tardía y
por periodos muy cortos.
El auto también señala que el Ministerio de Salud ha omitido el
deber de apropiar los recursos necesarios para garantizar la
financiación de los servicios de salud, lo que representa un
retroceso en el cumplimiento de las órdenes previas, como el
Auto 411 de 2016 y el Auto 2881 de 2023.
En consecuencia, la Corte ordenó al Ministerio de Salud el pago
de los presupuestos máximos para los periodos de julio, agosto,
septiembre y octubre de 2024. Además, debe reconocer los
presupuestos
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correspondientes a los meses
de noviembre y diciembre de 2024 antes del 30 de enero de 2025, y
garantizar el pago puntual de los presupuestos máximos de cada mes en
2025.
Asimismo, la Corte instó al
Ministerio de Hacienda a transferir los recursos necesarios para que el
Ministerio de Salud cumpla con estos pagos. La Corte destacó que las
demoras en el pago y la falta de acción para superar la insuficiencia de
recursos ponen en riesgo la sostenibilidad financiera de las EPS y el
derecho a la salud de los ciudadanos.
El magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó su voto en esta decisión.
Entre las razones expresadas por el togado, mencionó que el desacato no
tiene como finalidad lograr el cumplimiento de los mandatos
estructurales y menos en un plazo de 48 horas, tiempo impuesto para que
realice el pago de $819.000 millones a las EPS.
Comenzó cuarto remezón ministerial en
gobierno Petro
Antes de finalizar el 2024, por los pasillos de la Casa de Nariño se
oían rumores sobre cambios en el gabinete ministerial para el 2025. El
primer campanazo se presumía entre el 13 y el 14 de enero cuando el
presidente Petro tuvo el primer encuentro del año con sus ministros y
algunos avizoraban nombramientos, sin embargo, no ocurrió así y hubo que
esperar unos días más.
El pasado 20 de enero, el Gobierno nacional confirmó la llegada de Laura
Sarabia a la Cancillería, el nombramiento de Jorge Rojas en el Dapre, y
las salidas de Mauricio Lizcano del Ministerio TIC, y Constanza García
del Ministerio de Transporte. Gustavo Petro encabezó otro consejo de
ministros, pero no se oficializaron más cambios tras el encuentro del
gabinete.
Al respecto, varios congresistas afirmaron qué otros cambios se deben
hacer en los ministerios. El senador de Cambio Radical, Carlos Abraham
Jiménez explicó por ejemplo que “Él, (Gustavo Petro), debería hacer
cambio en todo el Gobierno porque desde la cabeza son muy malos. Lo que
uno ve con el nombramiento de Laura Sarabia en la Cancillería es que
Petro va a lanzar una campaña internacional para posicionarse como
secretario de la ONU, o alguno de esos cargos internacionales. Esa es la
meta y la razón por la cual manda a Laura Sarabia a ese cargo”.
Por su parte, el representante Duvalier Sánchez de la Alianza Verde dijo
“el gobierno está haciendo cambios en los ministerios y seguramente
muchos de los que hoy son ministros saldrán a ser candidatos
presidenciales y en ese sentido Petro apuesta por Jorge Rojas que ahora
pasará a ser un hombre de confianza en el Dapre, y Laura Sarabia en la
Cancillería de quien esperamos que esté a la altura de las
circunstancias en un mundo donde hay conflictos globales y Colombia
necesita actuar de forma profesional y que cuiden los intereses
nacionales”.
Posteriormente, el representante Germán Rozo del Partido Liberal indica
que “sustancialmente el Ministerio de la Igualdad tiene que sufrir un
cambio, allí fracasó la ministra y vicepresidenta Francia Márquez en el
manejo de esta cartera, se debe hacer un cambio estructural y darle un
enfoque distinto para lo que resta de gobierno. También el Ministerio de
Ambiente en donde hace falta una mayor coordinación con la sociedad de
la cual está muy distante”.
Radiografía de los cambios en gabinete desde 2022
Como se sabe, el Ministerio de Defensa con Iván Velásquez; Ambiente con
Susana Muhammad, y Trabajo con Gloria Inés Ramírez no han tenido cambios
desde el principio del gobierno. Ministerio del Interior: Alfonso Prada
del 7 de agosto de 2022 al 1 de mayo de 2023; Luis Fernando Velasco
desde el 1 de mayo de 2023 al 3 de julio de 2024. Y Juan Fernando
Cristo, desde el 8 de julio de 2024 hasta la actualidad.
Ministerio
de Relaciones Exteriores: Álvaro Leyva desde el 7 de agosto de 2022 al 8
de febrero de 2024; Luis Gilberto Murillo fue nombrado desde el 8 de
febrero de 2024 a la fecha, pero se dice que saldría el próximo 31 de
enero del cargo. Ministerio de Hacienda: José Antonio Ocampo ocupó ese
cargo entre el 7 de agosto de 2022 y el 1 de mayo de 2023; Ricardo
Bonilla desde el 1 de mayo de 2023 al 4 de diciembre de 2024. El 4 de
diciembre de 2024 fue nombrado el viceministro Diego Guevara quién en la
actualidad ejerce el cargo en propiedad.
Ministerio de Justicia: Inició con Néstor Osuna desde el 17 de agosto de
2022 al 1 de julio del 2024. El 8 de julio de 2024 fue nombrada Ángela
Buitrago, quién continúa como ministra en la actualidad. Ministerio de
Agricultura: Cecilia López llegó el 7 de agosto de 2022 al 1 de mayo de
2023. Luego, Jhenifer Mojica ejerció funciones desde el 1 de mayo de
2023 al 8 de agosto de 2024. Posteriormente, Martha Carvajalino está en
esa cartera desde el 8 de agosto de 2024 hasta la fecha.
Ministerio de Salud: Carolina Corcho desde el 7 de agosto de 2022 al 1
de mayo de 2023. Posteriormente, Guillermo Alfonso Jaramillo quién fue
nombrado el 1 de mayo de 2023 hasta la fecha y quién estaría hasta el 31
de enero de este año.
Minas y
Energía: Irene Vélez entró el 11 de agosto de 2022 y estuvo hasta el 18
de julio de 2023, y Andrés Camacho nombrado el 5 de agosto de 2023 quién
aún continúa.
Ministerio de Industria y Turismo: Inició con Germán Umaña el 11 de
agosto de 2022 y finalizó el 11 de junio de 2024. Luego fue designado
Luis Carlos Reyes desde el 11 de junio de 2024 hasta la actualidad.
Ministerio de Educación: Alejandro Gaviria comenzó el 7 de agosto de
2022 al 27 de febrero de 2023. A su turno fue nombrada Aurora Vergara
entre el 9 de marzo de 2023 y el 23 de julio de 2024. Luego el Gobierno
designó a Daniel Rojas quien desde el 23 de julio a la fecha está en el
cargo.
Ministerio de Vivienda: Catalina Velasco |
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ejerció entre el 11 de
agosto de 2022 al 23 de julio de 2024. Seguidamente, fue designada Helga
Rivas desde el 23 de julio de 2024 hasta este momento. Tecnología y
Comunicaciones TIC: Sandra Urrutia se desempeñó entre el 5 de septiembre
de 2022 al 1 de mayo de 2023 y Mauricio Lizcano le sucedió desde el 1 de
mayo de 2023, pero quien acaba de renunciar al cargo.
Ministerio de Transporte: Guillermo Reyes fue el primer ministro del
actual gobierno entre el 11 de agosto del 2022 y el 26 de abril del
2023; posteriormente se designó a William Camargo del 1 de mayo de 2023
al 8 de julio de 2024. Finalmente, María Constanza García quien llegó el
8 de julio de 2024 al 20 de enero de 2025 pues ya presentó renuncia al
cargo.
Ministerio de Cultura: Patricia Ariza, ministra entre el 7 de agosto de
2022 al 27 de febrero de 2023; Jorge Zorro, en el cargo desde el 27 de
febrero de 2023 al 2 de agosto de 2023. Juan David Correa, desde el 2 de
agosto de 2023 a la fecha.
Ministerio de Ciencias: Arturo Luis Luna, llegó al cargo el 17 de agosto
de 2022 al 1 de mayo del 2023; Yesenia Olaya aún se encuentra en el
cargo al cual llegó el 1 de mayo de 2023. Ministerio del Deporte: María
Isabel Urrutia, desde el 11 de agosto de 2022 al 7 de marzo de 2023.
Astrid Rodríguez fue nombrada el 7 de marzo de 2023 al 15 de febrero de
2024 y Luz Cristina López fue designada el 5 de marzo de 2024.
En últimos meses, Defensoría emitió 11 alertas sobre riesgo de conflicto
armado
La crisis de seguridad en el Catatumbo ya deja más de 8.300 personas
desplazadas y cerca de 100 víctimas mortales, de acuerdo a lo anunciado
por las autoridades de Norte de Santander y la Defensoría del Pueblo. La
guerra entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC dejó
en medio a la población civil, hechos que habían sido advertidos al
Gobierno nacional tanto en 2021 como en el pasado mes de noviembre, y
que no tuvieron respuesta ni accionar de las autoridades.
Sin embargo, la crisis del Catatumbo no es la única vigente en el país.
En cumplimiento de sus funciones, desde 2024 la Defensoría ha emitido al
menos 27 diferentes alertas, de carácter estructural o de inminencia,
avisando sobre la presencia y el fortalecimiento de grupos armados en
las regiones y combates entre diferentes estructuras ilegales en las que
la población civil corre peligro.
El caso Catatumbo fue avisado sobre mediados de noviembre de 2024,
siendo una más de las confrontaciones entre estructuras ilegales. De
hecho, con alerta de inminencia por hechos similares también se
encuentran otras ocho confrontaciones a lo largo del territorio
nacional, mismas que, de momento, no han tenido la atención suficiente
por parte del Gobierno.
El municipio Olaya Herrera de Nariño fue sido epicentro de los
enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC, el Estado Mayor
Central que lidera alías ‘Mordisco’ desde el departamento del Cauca y
frentes de la Segunda Marquetalia. Allí, la violencia también se vio
recrudecida luego de que el Frente Comuneros Sur optara por iniciar
negociaciones de paz con el Gobierno de manera independiente al ELN,
facción de la que se separaron.
En el mismo departamento, el ente denunció que las comunidades de
Cumbitara, El Rosario, Leiva, Policarpa, Taminango estaban en medio de
las confrontaciones del EMC y una alianza conformada por los Comuneros
del Sur, la Segunda Marquetalia y las Autodefensas de Nariño.
En Jamundí, Valle del Cauca, la Defensoría del Pueblo denunció un
fortalecimiento del Estado Mayor Central, situación que se vio
posteriormente reflejada en diversos ataques a la población civil y
autoridades en este municipio. Asimismo, para abril del año pasado otros
cuatro municipios quedaron en medio de luchas de grupos armados, esta
vez del EMC y una disidencia interna.
En el mes de julio la alerta se presentó en Cauca. Allí, el frente
Dagoberto Ramos sostuvo enfrentamientos con un bloque de las disidencias
de la Farc, hechos que no se atendieron de manera oportuna por parte de
las autoridades nacionales. La Defensoría destacó en esta alerta que ya
se habían emitido al menos 13 llamados previos antes de elevar la alerta
de inminencia.
En cambio, en el departamento de Caquetá se centraron los
enfrentamientos entre los grupos de Alías ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’,
buscando el control territorial y de las zonas de producción.
Finalmente, el llamado al Gobierno para intervenir en el Catatumbo se
elevó el 15 de noviembre, un día después del llamado a la atención en el
Valle del Cauca, donde la violencia de parte de estos actores armados
también se ha recrudecido.
Otras alertas
A pesar de estos hechos, la Defensoría ha también elevado alertas por el
fortalecimiento que han tenido estos grupos armados en zonas como el
Huila, donde el Estado Mayor Central y el ELN han liderado las acciones
delictivas, además de incrementar el reclutamiento a menores.
Asimismo, en el departamento de Bolívar se ha advertido sobre la
expansión de las Autodefensas Gaitanistas, o Ejército Gaitanista, grupo
al que además se le ha señalado por recientes masacres en la región
Caribe colombiana. El ente también ha señalado las posibles violaciones
de derechos humanos en el Chocó de parte de estos grupos armados junto
con bandas criminales de este departamento.
A la fecha, de las 27 alertas emitidas durante el año anterior, menos de
una decena han sido atendidas de manera efectiva, siendo además los
casos de Jamundí y la crisis de seguridad para funcionarios del INPEC,
que cuentan con múltiples llamados desde la entidad y que no fueron
atendidos ni por el Gobierno Duque ni por la Administración Petro.
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