edad; un bebé de nueve meses, un adolescente de 14 años y otro de 16 años, que representan el rostro de la violencia que azota el Catatumbo.

De los 41 cuerpos ingresados, 39 ya han sido identificados, correspondiendo a 39 hombres y dos mujeres, con 32 de ellos ya entregados a sus familias. El director de Medicina Legal destacó la complejidad del trabajo forense, señalando que aún existen dos casos cuya identificación resulta difícil debido al estado de los cuerpos.

Una vez concluidos los estudios por los laboratorios forenses, estos serán remitidos con los informes que expidan los diferentes peritos y con sus conclusiones a la Fiscalía General de la Nación, para coordinar los aspectos investigativos y apoyar en esta materia.

La situación es un reflejo de la crudeza del conflicto en el Catatumbo, donde los grupos armados ilegales como el Eln y las disidencias de las Farc continúan sembrando terror, atacando no solo a combatientes, sino también a población civil, incluyendo niños y familias inocentes.

"Agradezco el apoyo y respeto que hemos tenido por la Fiscalía de la Nación y de la Gobernación de Santander para la atención de estos casos. Algunas dificultades hemos tenido que superar, pues esto corresponde a un evento que supera muchas veces la capacidad que tenemos", indicó Jorge Arturo Jiménez.

A propósito de la respuesta institucional ante la ola de violencia en el Norte de Santander, la Fiscalía presentó un plan integral de acciones investigativas y judiciales que articula las capacidades investigativas, judiciales y de atención a las víctimas.

Siguiendo los parámetros del Direccionamiento Estratégico Fiscalía 2024 – 2028, las delegadas para la Seguridad Territorial y contra la Criminalidad Organizada, la Unidad Especial de Investigación (UEI) y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) dispusieron de equipos conjuntos para trasladarse al territorio, tomar contacto con las comunidades afectadas y poner en marcha los actos investigativos correspondientes.

De igual manera, la Fiscalía adelanta tres investigaciones matriz: una por homicidio y delitos conexos, otra por desplazamiento forzado y conductas relacionadas y, una tercera, por afectaciones a líderes y firmantes del Acuerdo de Paz hacia integrantes del Frente de Guerra Nororiental del ELN y del frente 33 de las disidencias de las FARC.

Por otro lado, se movilizó a ese territorio un grupo de 46 funcionarios del CTI y la Policía Nacional para asumir las actividades de policía judicial en materia de derechos humanos, identificación y análisis de las estructuras que delinquen en la región, sus cabecillas y órdenes de captura vigentes, entre diferentes aspectos.

Para dinamizar la recepción de denuncias, la asistencia y atención integral a las víctimas, la Dirección de Atención al Usuario e Intervención Temprana (DAUITA) fortaleció la presencia institucional con 10 funcionarios, en cinco puntos de atención instalados en el Estadio General Santander de Cúcuta y el Coliseo de Ocaña.

Con relación a indagaciones de su competencia, la Unidad Especial de Investigación ha asumido las indagaciones por los homicidios de firmantes del Acuerdo de Paz ocurridos en los municipios de El Tarra, Convención y Teorama, y los crímenes asociados a líderes sociales en Tibú, Convención y El Tarra.

Por daños y perjuicio, accionistas de Keralty demandaron a Colombia

El Grupo Keralty, propietario de la EPS Sanitas, escaló su conflicto con el Estado colombiano presentando una demanda de gran envergadura ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial.

La disputa surge tras la intervención forzosa de Sanitas EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud el 2 de

abril de 2024. Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, que controlan Keralty, alegan que esta medida "constituyó un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores, y la sociedad colombiana en general".

Los accionistas sostienen que el Estado colombiano ha incumplido sistemáticamente sus compromisos, específicamente falta de garantía de suficiencia financiera del sistema de salud y cálculo insuficiente de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

El grupo Keralty señaló que realizaron todos los esfuerzos por establecer contactos con el Estado colombiano para una resolución amistosa que asegurase el cumplimiento del gobierno con sus obligaciones de garantizar la suficiencia financiera del sistema de salud. Sin embargo, los esfuerzos fueron infructuosos, por tal motivo se vieron forzados a recurrir a las instancias internacionales "correspondientes en busca de justicia y resarcimiento de los daños causados".

De igual manera, los recursos obtenidos tendría como resultado reforzar las operaciones de la compañía, proteger los empleos de los colaboradores, garantizar la calidad de atención para los usuarios y salvaguardar la sostenibilidad y el valor patrimonial de la empresa.

La cuantía de la demanda asciende a 1.200 millones de dólares, lo que representa aproximadamente 5.2 billones de pesos colombianos. En el comunicado, Keralty manifestó un compromiso significativo: en caso de obtener una indemnización, destinarían la totalidad de los recursos al fortalecimiento de EPS Sanitas.

Prorrogan suspensión de demanda por licitación de pasaportes

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió extender hasta el 4 de febrero de 2025 la suspensión del proceso judicial interpuesto por la Unión Temporal Pasaportes 2023, conformada por Thomas Greg & Sons y otras empresas, contra el Ministerio de Relaciones Exteriores. La demanda exige una indemnización de $117.000 millones por los presuntos perjuicios derivados de la no adjudicación de la licitación para la emisión de estos documentos.

La suspensión inicial había sido decretada el pasado 3 de octubre de 2024, a solicitud conjunta de las partes, y se extendió hasta el 23 de enero de 2025. Sin embargo, el día anterior a la reanudación del proceso, tanto la Cancillería como la Unión Temporal solicitaron una nueva prórroga, que fue concedida por la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada. Este plazo adicional tiene como objetivo permitir que las partes evalúen la posibilidad de llegar a un acuerdo que retire la demanda y evite un fallo que podría impactar gravemente las finanzas del Estado.

La controversia tiene su origen en la Resolución 7485 de septiembre de 2023, emitida por el entonces canciller Álvaro Leyva, quien declaró desierta la licitación pública 011 de 2023, valorada en $599.651 millones. Thomas Greg & Sons, que lidera la Unión Temporal Pasaportes 2023, asegura que esta decisión les causó significativos daños económicos, ya que era la única firma habilitada en el proceso y había sido la encargada de emitir estos documentos en años anteriores.

Este caso también llevó a la Procuraduría General de la Nación a destituir e inhabilitar por 10 años al excanciller Leyva, argumentando que violó los principios de la contratación estatal al dejar sin adjudicar el contrato. La gestión de Leyva, que rechazó en su momento una conciliación con Thomas Greg, contrasta con la postura más conciliadora del actual canciller, Luis Gilberto Murillo, quien ha manifestado disposición para alcanzar un consenso que evite un costoso litigio para el país.

La nueva prórroga evidencia la complejidad de las negociaciones entre las partes y la trascendencia de este proceso judicial, que mantiene en vilo la resolución del conflicto y la continuidad de los servicios de emisión de pasaportes en Colombia.