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Cuatro heridos dejó
accidente de bus MIO frente a la Torre de Cali

Cuatro personas resultaron heridas en
un accidente ocurrido frente a la icónica Torre de Cali, en el norte de
la ciudad, según reportó la Secretaría de Movilidad del Distrito. El
siniestro, que involucró un bus del sistema de transporte masivo MIO, se
trató de un atropellamiento, aunque las identidades de las víctimas aún
no han sido confirmadas. Estas fueron trasladadas de urgencia a la
Clínica Colombia.
Desde finales del año pasado, la
Secretaría ha insistido en el llamado a reducir la velocidad, como parte
de una estrategia en alianza con Bloomberg Philanthropies y Vital
Strategies. El objetivo de esta colaboración es disminuir la
siniestralidad en las vías mediante programas de prevención y el
incremento de controles de alcoholemia.
En Cali, la siniestralidad vial ha mostrado cifras alarmantes en los
últimos años. Entre enero y el 7 de diciembre de 2023, se registraron
268 muertes por accidentes de tránsito, una cifra cercana a las 264
reportadas durante el mismo periodo en 2022. En 2021, el total de
fallecidos fue de 272, mientras que en 2022 aumentó a 299. La tasa de
mortalidad actual por siniestros de tránsito alcanza las 12 defunciones
por cada 100.000 habitantes.
Además, las estadísticas reflejan un incremento en los lesionados: 3.834
casos en 2024 frente a 3.720 del año anterior. Los domingos continúan
siendo los días con mayor número de incidentes viales.
Este accidente no solo evidencia la necesidad de intensificar las
acciones preventivas en la ciudad, sino también de sensibilizar a
conductores y peatones sobre la importancia de respetar las normas de
tránsito para evitar tragedias similares en el futuro.
Un centenar de
disidentes FARC entregaron las armas ante ofensiva del ELN

Al menos 104 disidentes de la extinta
guerrilla FARC han entregado sus armas al Ejército en medio de la
sangrienta ofensiva que lanzaron contra ellos sus enemigos del ELN en
una región del noreste de Colombia, informó este sábado un alto mando
militar.
Del centenar de rebeldes que se
sometieron a las autoridades, 20 son menores de edad, según dijo a
medios el comandante del Ejército, general Luis Cardozo.
Los disidentes de las FARC, la poderosa organización guerrillera que
firmó la paz en 2016, son blanco desde el 16 de enero de una fuerte
arremetida del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
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Ambas organizaciones alzadas en armas
se disputan negocios ilegales como el narcotráfico y la minería de
carbón en la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.
El ataque deja más de 80 muertos, según cifras de la gobernación del
departamento de Norte de Santander, donde queda esta región repleta de
narcocultivos.
El Ministerio de Defensa y el Ejército
hablan de 41 fallecidos, el número de cuerpos que han sido entregados a
la autoridad forense. La estatal Defensoría del Pueblo estima que
algunos cadáveres no han podido ser rescatados de la zona.
Del centenar de disidentes de FARC que dejaron las armas, 65 lo hicieron
en las últimas 24 horas, cuando empezó la ofensiva militar para retomar
el control de Catatumbo, precisó Cardozo.
De este grupo de rebeldes, 54 son colombianos y 11 venezolanos.
Además, los uniformados incautaron decenas de armas, explosivos y miles
de municiones.
El ELN busca acabar con el Frente 33 de las disidencias de las FARC,
quienes pasaron de ser sus aliados a sus enemigos.
Lugareños cuentan que los llamados "elenos" buscaron casa por casa a
civiles acusados de colaborar con los disidentes y a firmantes del
acuerdo de paz de 2016 que según ellos recayeron en actividades
criminales.
Con 60 años de historia, el ELN tiene un músculo militar muy superior al
de las disidencias.
La guerrilla de extrema izquierda también domina territorios del lado
venezolano de la frontera que usa como retaguardia.
El gobierno afirma que alias "Pablito" fue el cerebro detrás de la
arremetida que deja más de 3800 desplazados.
El Ministerio de Defensa expidió el viernes un cartel en el que ofrece
una recompensa de 3.000 millones de pesos colombianos (unos 710.000
dólares) peor él y los principales jefes del ELN: "Antonio García",
"Pablo Beltrán" y "Gabino".
Atacan con
explosivos tanqueta blindada del Ejército en Cúcuta

Un violento ataque con explosivos
contra un vehículo blindado del Ejército Nacional dejó varios soldados
heridos en la vía Astilleros Tibú, ubicada en el municipio de Tibú, en
el área metropolitana de Cúcuta. La detonación ocasionó la destrucción
total de la tanqueta y un fuerte despliegue militar en la zona.
Según los primeros informes, la carga
habría sido activada por hombres presuntamente vinculados al Ejército de
Liberación Nacional (ELN), aunque las autoridades aún no confirman
oficialmente la autoría del ataque. En relación con los hechos, dos
personas fueron detenidas, pero hay controversia en la comunidad, ya que
algunos habitantes sostienen que los capturados no estarían involucrados
en actividades guerrilleras.
El secretario de Gobierno de Norte de
Santander, George Quintero, destacó la intervención del Ejército, que
permitió frustrar un ataque planeado contra las tropas. "Gracias a la
reacción oportuna del Ejército Nacional, que estaba garantizando el paso
hacia la vía Ocaña, se logró capturar
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a unas personas que, presuntamente,
iban a cometer este hecho", explicó en declaraciones.
A pesar de la confusión y la controversia en torno a los detenidos, las
operaciones militares continúan en la zona para garantizar la seguridad
y esclarecer lo ocurrido. El estado de salud de los militares heridos no
ha sido revelado oficialmente, pero se sabe que todos fueron evacuados
para recibir atención médica.
Este atentado se suma a la ola de violencia que afecta al Catatumbo, una
región estratégica donde operan grupos armados ilegales, como el ELN,
disidencias de las FARC y estructuras dedicadas al narcotráfico. La
presencia militar en la zona ha sido reforzada en un intento por
contrarrestar estos grupos y garantizar la seguridad de la población
civil.
Las autoridades han solicitado la colaboración de la comunidad para
esclarecer los hechos y prevenir nuevos ataques en una de las zonas más
conflictivas y vulnerables del país.
Usuarios y
profesionales de la salud convocan protesta el 29 de enero

Usuarios, pacientes, cuidadores y
profesionales de la salud, incluidos médicos y enfermeras, se unirán en
una manifestación nacional este 29 de enero a las 7:00 p. m., con el
propósito de visibilizar la grave crisis humanitaria que atraviesa el
sistema de salud colombiano. Durante cinco minutos, los participantes
suspenderán sus actividades y “harán ruido” para exigir respuestas
urgentes frente al desfinanciamiento, el incumplimiento en los pagos
atrasados y la sostenibilidad del sistema de salud.
La convocatoria, liderada por pacientes, sociedades científicas y
trabajadores de la salud, surge en medio de un panorama desolador. En
2024, el sistema de salud alcanzó cifras récord de quejas y
reclamaciones. Según datos de la Superintendencia Nacional de Salud, más
de 1,5 millones de denuncias fueron registradas por ciudadanos que
enfrentan demoras para acceder a citas médicas, medicamentos y
tratamientos esenciales.
El déficit financiero, estimado en 10 billones de pesos, ha generado el
cierre de servicios en varios municipios y pone en riesgo la estabilidad
laboral de miles de profesionales de la salud. Además, las entidades de
control han señalado irregularidades en el manejo de recursos públicos,
mientras que las altas cortes y el Congreso han intervenido sin lograr
soluciones concretas.
“Con la salud en la UCI, se hace necesaria una movilización de toda la
sociedad colombiana para exigir a los responsables nacionales los pagos
de deudas atrasadas y la financiación sostenible del sistema de salud”,
se lee en el comunicado.
“El talento humano que hoy se encuentra empleado no tiene certeza si en
unos meses sus puestos de trabajo se mantengan y los llamados de alerta
no han sido escuchados”, añade el texto, que también señala que la
crisis afecta a millones de usuarios en todo el país.
Bajo el lema #SOSPorLaSalud, el objetivo de la protesta es que todos los
colombianos se unan para exigir una respuesta clara y contundente de los
responsables nacionales, ante la precariedad que pone en riesgo la
atención médica de millones de personas.
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