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Sector energético
rechaza señalamientos de Petro y pide soluciones concretas

Los señalamientos del presidente
Gustavo Petro en Barranquilla contra el sector energético no cayeron
bien dentro de estos gremios, quienes emitieron un comunicado conjunto
en rechazo a las criticas elevadas por el mandatario nacional en las
marchas contra el alza de los precios de la energía en la región Caribe
el pasado 30 de enero.
Según el mandatario, “puedo decir con toda propiedad que las tarifas de
energía eléctrica que en este momento se están cobrando a cada familia y
a cada empresa de Colombia son ilegales”. Según su explicación, la
fórmula bajo la que se determinan los precios para el cobro de la
energía en el país “ha estado amañada a los grandes intereses de quienes
viven y amasan enormes fortunas anuales de la generación, la
transmisión, la distribución y la comercialización de la energía
eléctrica en Colombia”.
Además, Petro aseveró que desde las grandes energéticas del país “la
hacen difícil (la fórmula de cálculo) para que el pueblo del común no
logre entender por qué la energía en la costa Caribe, la tierra del sol,
termina siendo dos o tres veces más cara que en Bogotá o en Cali, por
qué siendo Colombia un país con tanta agua, con tanto sol, paga las
tarifas eléctricas más caras de América”.
Sin embargo, Andesco, Naturgas y otras agremiaciones cuestionaron
severamente las palabras del mandatario en un comunicado donde
aseguraron que “se emitieron afirmaciones sin respaldo jurídico ni
técnico, con mensajes que no se apegan a la verdad”.
El gremio aseguró en su misiva que “con ellas, se distorsiona la
realidad del problema de fondo que enfrenta el sector energético y se
desvía la atención sobre la responsabilidad del Gobierno nacional en la
falta de soluciones concretas y responsables frente a una crisis que se
ha producido, principalmente, por algunas acciones inadecuadas, y en
otros casos, por omisiones”.
Asimismo, explicaron que han sido garantes de la seguridad energética en
Colombia por más de 30 años y apuntaron que “históricamente las tarifas
de energía en Colombia no son las más costosas de la región y respaldan
un mercado confiable, a diferencia de otros países de la región que han
sufrido racionamientos”.
El comunicado del gremio también cuestionó la propuesta del presidente
sobre una “bolsa de energía”, puesto que “la coyuntura en el sector de
generación de energía enfrenta la falta de nueva oferta, producto de
retrasos por la falta de acompañamiento efectivo del Gobierno con las
comunidades en regiones como La Guajira, donde ya se cuentan varios
proyectos eólicos abandonados”.
Falsas afirmaciones
En su respuesta al mandatario, los gremios pidieron prudencia en las
declaraciones contantes contra las empresas energéticas, además de
solicitar a Petro que, en caso de tener pruebas sobre presuntas
irregularidades, acuda al debido proceso y realice la respectiva
denuncia ante los entes competentes.
En adición, puntualizaron en que “esta semana hemos sido testigos del
impacto que pueden tener palabras inoportunas, sin fundamento y fuera de
contexto”, recordando el efecto que han tenido para el país las
declaraciones del presidente contra los Estados Unidos y su mandatario
Donald Trump.
Por otro lado, el presidente de la Liga de Usuarios, Norman Alarcón,
señaló que por parte de su gremio no hubo participación en el evento
convocado por parte del Gobierno, debido a “cosas extrañas”.
Alarcón afirmó a medios de comunicación que “el Tribunal Administrativo
del Atlántico, la máxima autoridad judicial de nuestro departamento,
falló a favor de una acción popular de los personeros de Barranquilla y
Santa Marta, en el sentido de que el Gobierno nacional debe derogar el
régimen especial tarifario contra los costeños hace
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más de siete meses. Es decir, que la
rebaja de las tarifas está en manos del doctor Gustavo Petro y de la
CREG y hasta el momento no han acatado y cumplido estas sentencias del
Tribunal”.
Finalmente, el líder gremial dijo que
resulta extraño para el país que sea el presidente quien haga esta
convocatoria, cuando el sector energético y sus tarifas son determinados
por la Presidencia.
Dos muertos y 37
heridos dejó accidente en vía Santa Marta- Maicao

En la madrugada del 1 de febrero de
2025, un accidente de tránsito en la vía Santa Marta-Maicao dejó un
saldo de dos muertos y más de 20 heridos. El siniestro ocurrió cuando un
bias interdepartamental que transportaba a 42 pasajeros se chocó contra
una tractomula, generando una respuesta inmediata de los organismos de
emergencia y la comunidad local.
El accidente se produjo alrededor de las 2:00 a.m., cuando el autobús,
que se dirigía hacia Maicao. Según las primeras investigaciones, se
sospecha que el exceso de velocidad y una acción impudente contribuyó al
desastre. Las víctimas mortales fueron identificadas como Nelson Iván
Rojas, conductor del bus de Copetran, y Nelson Castillo Caballero.
La mayor Gloria Calvo, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte
del Magdalena, aclaró que el accidente ocurrido en el kilómetro 39 de la
vía Santa Marta-Palomino, inicialmente reportado con tres víctimas
mortales, dejó finalmente un saldo confirmado de dos fallecidos. Según
explicó, la confusión inicial se debió a la oscuridad de la zona donde
se produjo el siniestro.
De acuerdo con los reportes preliminares, el choque se habría originado
cuando el tractocamión invadió el carril del bus que cubría la ruta
Cartagena-Maicao. Los heridos fueron trasladadas a cinco clínicas en
Santa Marta para recibir atención médica. Entre los lesionados se
encuentra el conductor del tractocamión, cuya condición está siendo
evaluada junto con la gravedad de las lesiones de los demás afectados.
"Tenemos este lamentable siniestro en el cual se presentan dos personas
fallecidas. En las clínicas de Santa Marta están siendo valoradas 37
personas, incluido el conductor del tractocamión. La gravedad de las
lesiones es lo que estamos estableciendo", declaró la mayor Calvo a Blu
Radio.
Colombia coopera con
régimen Maduro en plena crisis del Catatumbo

La crisis en el Catatumbo no cesa ante
los enfrentamientos del ELN y las Disidencias de las FARC que ya deja
cerca de 53.000 desplazados y casi 32.000 personas confinadas. Tras la
expedición de los primeros decretos sujetos a la conmoción interior
anunciada para 13 municipios de la región, el Gobierno nacional ha
anunciado la cooperación con autoridades venezolanas para llevar a cabo
la ‘Operación Catatumbo’.
Según lo revelado por el presidente Gustavo Petro, “buscamos la
colaboración entre ejércitos en la lucha contra el ELN. Una frontera sin
mafias debe ser el objetivo final para tranquilidad de la población, la
paz y la soberanía”. Las operaciones se centrarán entonces en frenar el
flujo de narcotráfico en la región, siendo la parte venezolana del
Catatumbo un corredor por el que los grupos criminales históricamente
han usado para el movimiento de droga, especialmente cocaína.
El anuncio llega posterior a los
diálogos que han sostenido los mandatarios de los dos países, hecho que
generó múltiples críticas, así como los encargados de los ministerios de
Defensa, Iván Velásquez para Colombia
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y Vladimir Padrino en representación.
Sin embargo, la medida fue ampliamente rechazada por sectores políticos
en el país, asegurando que mientras Petro debilita las relaciones de
Colombia con los Estados Unidos, da una legitimidad al régimen de
Maduro.
“¿Operación militar antinarcóticos?
¿Con el principal socio del cártel de los soles y el mayor protector del
ELN en su frontera? ¿Es un chiste?”, cuestionó David Luna, actual
candidato a la presidencia para 2026, quien además señaló que el
presidente Petro “se está sintiendo muy cómodo cogobernando con Maduro,
un dictador que se robó descaradamente las elecciones en Venezuela,
mientras la gente sigue abandonada y presa del miedo”.
Desde Venezuela se aseguró que las
operaciones militares de ese lado de la frontera comprenderán los
estados de Zulia y Táchira, donde inteligencia colombiana ha apuntado
que son los principales corredores y escondites de los más altos rangos
del Eln en ese país, y por donde además se presume, se realizó un
traslado de centenares de combatientes de este grupo desde el
departamento de Arauca al Catatumbo.
Al respecto, alías ‘Antonio García’, uno de los principales líderes del
ELN, volvió a señalar al presidente, de quien aseguró que “ahora se
embarca en decretar el Estado de Conmoción Interior, para arreciar la
guerra total contra el ELN y militarizar toda la frontera
colombo-venezolana, en los planes de una eventual intervención militar
extranjera contra Venezuela”.
En simultáneo, operaciones del Ejército Nacional dieron cuenta de la
incautación de armamento militar que presuntamente pertenecería a las
Fuerzas Armadas venezolanas y que estaba en posesión de las disidencias
de las FARC en el municipio de Mapiripán, Meta, hecho que ha sembrado
aún más señalamientos en relación a los posibles nexos de este grupo, la
Segunda Marquetalia y en Eln con el régimen Maduro.
Levantar suspensión
del Muelle 13 reitera Procuraduría a la Anla

Tras realizar una visita de control y
seguimiento, durante el pasado 23 y 24 de enero, la Procuraduría General
de la Nación reitero la solicitud de levantar la suspensión del Muelle
13 de Buenaventura, impuesta por la Agencia Nacional de Licencias
Ambientales (ANLA).
"Solicitamos respetuosamente a esa autoridad que como consecuencia de lo
observado durante la visita técnica del 23 y 24 de enero de 2025
pasados, como de la documentación aportada con ocasión de la misma por
EPA Buenaventura, que se conmine al operador portuario de manera
inmediata, para que ajuste y actualice el PMA establecido", indicó el
Ministerio.
Según lo señalado por el ente de control, fue posible comprobar que a la
fecha se cumplen con las condiciones sanitarias y medioambientales
requeridas para el funcionamiento del Muelle.
Ante la solicitud de la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro
aseguró que "no existe concesión sobre el Muelle 13. El Muelle 13 fue
destruido por el arrendatario. El gobierno demandará al arrendatario
para que pague la indemnización del daño a un bien público".
El pasado 27 de enero, el Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Bogotá negó la tutela presentada por el Grupo
Portuario, que buscaba revocar la decisión de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) sobre la suspensión de las operaciones del
Muelle 13 de Buenaventura. Esta medida fue tomada debido a presuntas
irregularidades ambientales detectadas en el proyecto.
En su fallo, el juez explicó que el
Grupo Portuario no presentó pruebas suficientes para demostrar que la
suspensión causaría un perjuicio irremediable. De acuerdo con el
documento difundido públicamente, el Grupo se centró exclusivamente en
los posibles daños económicos derivados de la paralización de
actividades, sin demostrar el impacto directo sobre los trabajadores o
el área afectada. Además, el juez subrayó que la suspensión de las
operaciones busca garantizar que el Muelle 13 cumpla con los requisitos
ambientales estipulados por la normativa vigente, y que la empresa tiene
la posibilidad de presentar un plan de manejo ambiental adecuado para
retomar la actividad.
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