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Javier Campillo renunció al
viceministerio de Energía
El viceministro de
Energía, Javier Campillo, presentó su renuncia al cargo este
viernes, según confirmó en una publicación en su cuenta de X,
donde compartió la carta enviada al presidente Gustavo Petro. En
el documento, el funcionario dejó en manos del mandatario la
fecha en la que su dimisión se hará efectiva.
"Gracias, Presidente, por la oportunidad. Aún queda mucho por
hacer y siempre estaré dispuesto a discutir de energía. Mis
respuestas, como siempre, serán francas y honestas, con sólidos
argumentos en pro del mayor beneficio social, ambiental y
económico para el país", escribió el ahora exfuncionario en su
mensaje.
En su carta de renuncia, Campillo destacó su compromiso con el
debate técnico y su participación en la articulación de los
actores del sector energético en el país, así como su
contribución a los esfuerzos por una transición energética
justa. "Me dirijo a usted con el fin de presentar mi renuncia
formal al cargo de Viceministro de Energía del Ministerio de
Minas y Energía con efecto a partir de la fecha que considere
apropiada", se lee en el documento. Sin embargo, no detalló las
razones de su salida ni reveló cuáles serán sus próximos pasos
profesionales.
Trayectoria de Javier Campillo
Campillo fue designado viceministro de Energía en octubre de
2023 tras desempeñarse como director del Instituto de
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas
No Interconectadas (IPSE). Además, tiene una destacada
trayectoria académica y profesional: es doctor en Ingeniería de
Energía y Ambiente de la Universidad de Mälardalen (Suecia),
magíster en Ingeniería de Energía de la misma institución e
ingeniero electrónico de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Antes de su gestión en el gobierno, se desempeñó como decano de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de
Bolívar y trabajó en el desarrollo de programas de manejo
integral de cuerpos de agua en Cartagena.
Con su salida, el Ministerio de Minas y Energía deberá definir
quién asumirá el cargo en un sector clave para la política del
Gobierno Petro, especialmente en el marco de la transición
energética que ha sido una de las principales apuestas del
Ejecutivo. Hasta el momento, la Casa de Nariño no ha anunciado
su reemplazo.
Procuraduría vigilará que se
cumpla fallo que aumenta la UPC
A tan solo 15 días
de su posesión y contra todo pronóstico, Gregorio Eljach volvió
a enfilar hacia el Gobierno nacional y dio respaldo a Efraín
Cepeda, senador del Partido Conservador y presidente del Senado,
luego de los recientes choques del parlamentario con el ministro
del Interior, Juan Fernando Cristo, y los señalamientos del
presidente Gustavo Petro.
Eljach, a quien se
le llegó a señalar como el “procurador de Petro”, tomó
nuevamente posturas opuestas a las promulgadas por el mandatario
nacional y vio como positivas las acciones y exigencias de
Cepeda en la plenaria del Senado.
“Nuestro Estado es
un Estado democrático, organizado conforme a las leyes; las
ramas del poder público son independientes y autónomas entre sí
y colaboran armónicamente para los fines del Estado. Cada quien
tiene que respetar el espacio
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donde laboran y deciden las
otras ramas, para eso hay formas de diálogo y formas de entendimiento”.
Cabe destacar que Eljach le salió a otro tema importante sobre el cual
está al tanto la Procuraduría General. Se trata de la sentencia emitida
por la Corte Constitucional para que se garantice el reajuste del valor
de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que el Gobierno gira a las
EPS. En este sentido, sostuvo: “Afortunadamente tenemos instituciones
que actúan, que producen resultados, que nuestro Estado social de
derecho está bien diseñado para evitar excesos, que haya pesos y
contrapesos como lo es la Procuraduría también. En esa medida vamos a
estar atentos para que se cumpla estrictamente lo que la Corte ordenó”.
Una de las advertencias que hizo el funcionario es que en caso de que el
Ministerio de Salud incumpla el fallo ordenado por la Corte, procederá a
realizar investigaciones para aplicar las sanciones disciplinarias a que
haya lugar. Como se sabe, no solo hay problemas con la UPC, sino que
además Audifarma anunció hace poco que por falta de pago por parte de la
Nueva EPS se suspende nuevamente la entrega de medicamentos a los
afiliados a esa entidad de salud.
Frente a esta determinación, la entidad explicó: “Nueva EPS ha girado
durante los meses de diciembre del año 2024 a enero de 2025 la suma
correspondiente a ciento noventa y tres mil quinientos ochenta y seis
millones quinientos dieciséis mil doscientos diecisiete pesos m/cte)
$193.586.516.217 y una postulación pendiente por $3.900'000.000 (tres
mil novecientos millones m/cte) que hacen parte de presupuestos
máximos”.
Además, señala la promotora de salud que “lo anterior, como parte de los
compromisos logrados y que fueron posibles con el acompañamiento de la
Superintendencia Nacional de Salud. Igualmente realizó ejercicios de
auditoría en tiempo real, comprobando un incumplimiento de Audifarma S.A.
en cuanto a la entrega completa de medicamentos en un 87 %”.
Asumir costos de repatriación de migrantes
propone Petro a EE. UU
El Gobierno de Colombia
confirmó que asumirá el traslado de los ciudadanos colombianos
deportados desde Estados Unidos, garantizando condiciones dignas en su
regreso al país. La decisión, impulsada por el presidente Gustavo Petro,
busca ofrecer una solución inmediata al creciente flujo de deportaciones
y asegurar el respeto a los derechos humanos de los migrantes
retornados.
Desde el pasado 26 de enero, los canales diplomáticos entre Colombia y
Estados Unidos permanecen abiertos mediante notas y conversaciones
permanentes con los delegados del gobierno estadounidense. En este
contexto, la Cancillería colombiana propuso a Mauricio Claver-Carone,
enviado especial por el expresidente Donald Trump para América Latina,
asumir directamente la repatriación de sus connacionales. Actualmente,
se evalúan opciones de traslado tanto aéreo como marítimo, priorizando
la viabilidad fiscal.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que se están evaluando
todas las opciones de traslado aéreo y marítimo para garantizar un
retorno eficiente y económicamente viable. Esta medida responde a las
instrucciones del presidente Petro de asumir una mayor responsabilidad
fiscal en este proceso.
En el marco de esta iniciativa, el
Gobierno también ha estrechado lazos con otros países de la región. En
una reunión con el canciller de Panamá, Javier Martínez, se acordó el
retorno de 48 colombianos el próximo lunes 3 de febrero. De estos, siete
ciudadanos que enfrentan procesos por diversas infracciones
en territorio panameño serán trasladados bajo condiciones
especiales. “Con el canciller de Panamá, Javier Martínez, se acordó que
un grupo de 48 ciudadanos regresen a Colombia el próximo 3 de febrero en
condiciones dignas. |
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Por diferentes infracciones en el vecino país, 7 de ellos
serán trasladados en condiciones especiales”, detalló el comunicado de
la Cancillería.
Asimismo, desde el domingo pasado se trabaja en la elaboración de un
protocolo de atención para la población migrante en procesos de
deportación. Este mecanismo, que involucra a organizaciones no
gubernamentales como Open Society, la Iglesia, gremios empresariales y
la sociedad civil, busca convertirse en un referente regional y servir
de base para soluciones conjuntas frente a este desafío global. “Desde
el domingo pasado se ha trabajado en la elaboración de un protocolo de
atención para la población migrante en procesos de deportación.
Convocamos a las organizaciones no gubernamentales como Open Society,
iglesia, gremios, sector empresarial y toda la sociedad civil para sumar
esfuerzos en el desafío que como país se nos presenta”, destacó la
Cancillería.
El Gobierno
colombiano subrayó que la migración es uno de los grandes desafíos del
siglo XXI, y que las soluciones deben estar fundamentadas en el respeto
a la dignidad y los derechos humanos de los migrantes. En este sentido,
se reafirma el compromiso de brindar respuestas rápidas y sostenibles
que permitan a los connacionales retornados encontrar oportunidades en
su propio país.
Con esta
acción, Colombia fortalece su posición en la gestión migratoria regional
y reafirma su voluntad de establecer acuerdos humanitarios con otros
países para enfrentar de manera coordinada los retos de la movilidad
humana en el continente.
Denuncian a Daniel Quintero por presunta
injuria y pánico económico
El gerente del Metro de
Medellín, Tomás Elejalde, en su calidad de representante legal de la
entidad, presentó una denuncia penal contra el exalcalde Daniel Quintero
Calle por los presuntos delitos de injuria y pánico económico. La acción
judicial se origina a raíz de una publicación realizada por Quintero en
su cuenta de la red social X, en la que afirmaba que la administración
actual habría llevado al Metro de Medellín a un "default financiero".
De acuerdo con el documento radicado ante la Fiscalía General de la
Nación, la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Limitada
sostiene que la afirmación de Quintero es falsa, ya que la entidad ha
cumplido con la totalidad de sus obligaciones financieras.
La deuda con la Nación, según lo estipulado en un Acuerdo de Pago de
2004, cuenta con dos fuentes principales de financiamiento: el 54,0541%
de lo recaudado por la sobretasa a la gasolina en los municipios del
Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el 40% del impuesto al consumo
de tabaco y cigarrillo en el Departamento de Antioquia.
El mensaje de Quintero, publicado a las 10:39 a. m. del 30 de enero de
2025, indicaba: "URGENTE | Fico llevó al Metro de Medellín, en 'default'
de la obligación financiera con la que la construcción del Metro hace 25
años. Nunca el Metro había incumplido un compromiso de este tipo". Según
la denuncia, esta declaración podría haber generado confusión en la
opinión pública y afectar la estabilidad financiera de la empresa.
El documento fue presentado en la Dirección Seccional de Fiscalías en
Medellín, en la oficina de asignaciones ubicada en el Edificio CAF del
barrio Caribe. La denuncia se fundamenta en los artículos 220 y 302 del
Código Penal, correspondientes a los delitos de injuria y pánico
económico, respectivamente.
Hasta el momento, Daniel Quintero no se ha pronunciado sobre la denuncia
en su contra. Las autoridades competentes evaluarán los argumentos
presentados para determinar si hay lugar a una investigación formal
contra el exalcalde.
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