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Denuncian bloqueos
en Cerrejón por comunidades Wayúu

Desde el domingo 2 de febrero de 2025, miembros del movimiento indígena
Nación Wayuu han iniciado un bloqueo indefinido en la línea férrea y la
entrada de Puerto Bolívar, en La Guajira, en un intento por obtener
respuestas a sus peticiones. Los bloqueos son parte de un pliego de
demandas que incluye la inclusión de nuevas comunidades en el marco de
la sentencia T-704 de la Corte Constitucional, así como la solicitud de
una mejor gestión de las regalías en el departamento, entre otros temas
de gran relevancia para las comunidades indígenas de la región.
Cerrejón, la multinacional minera que opera en el territorio, ha estado
cumpliendo las consultas previstas en la sentencia T-704, alcanzando
acuerdos con 401 comunidades, de las cuales 355 ya han sido cerradas.
Los acuerdos incluyen la ejecución de más de 2.325 proyectos destinados
a mejorar infraestructura, acceso al agua, generación de ingresos y
fortalecimiento cultural en las comunidades, que han sido implementados
de manera autónoma por los movimientos indígenas.
A pesar de los avances, Cerrejón denuncia que las demandas de Nación
Wayuu aún no han sido resueltas en su totalidad, ya que el movimiento
exige que se sumen más comunidades a los acuerdos, así como una revisión
más profunda de la distribución de regalías en la región. La empresa ha
reiterado su respeto por la normativa colombiana y ha hecho un llamado a
evitar las vías de hecho, solicitando el cumplimiento de los
procedimientos establecidos por la ley para abordar las inquietudes de
las comunidades de manera efectiva.
El conflicto ha tomado una dimensión adicional con la creciente
violencia en la región. En 2024, Cerrejón registró 333 bloqueos que
detuvieron sus operaciones durante más de 134 días. En lo que va de
2025, ya se han presentado 19 bloqueos y cuatro atentados a la
infraestructura ferroviaria. El más reciente ocurrió en el kilómetro 78
de Uribia, donde la línea férrea sufrió daños considerables debido a un
ataque con explosivos, el cuarto en menos de dos meses.
La empresa ha expresado su preocupación por la creciente ola de
violencia que afecta tanto a sus operaciones como a la seguridad de las
comunidades vecinas. Además, ha solicitado a las autoridades nacionales
que intensifiquen los esfuerzos para identificar y capturar a los
responsables de estos atentados. Las autoridades no han identificado aún
a los autores, aunque se barajan diversas hipótesis, que incluyen a
grupos armados ilegales y sectores inconformes con la actividad minera
en la región.
La situación genera incertidumbre no solo para los trabajadores de
Cerrejón, sino también para las comunidades locales, quienes temen que
la violencia impacte aún más el desarrollo económico de La Guajira y
afecte la estabilidad laboral en la zona. Cerrejón ha enfatizado que la
interrupción de su línea férrea, esencial para el transporte de carbón y
otros recursos, podría tener consecuencias graves para la economía
regional y nacional.
Con el objetivo de evitar mayores escaladas de violencia, la empresa ha
solicitado reuniones con funcionarios del Gobierno Nacional para abordar
esta problemática y trabajar en soluciones que fortalezcan la seguridad
en la región y garanticen el cumplimiento de los acuerdos con las
comunidades indígenas.
Audifarma apelará multa impuesta
por Supersalud
Audifarma S.A. anunció que apelará la sanción impuesta por la
Superintendencia
Nacional de Salud (Supersalud), la cual asciende a 230 salarios mínimos
legales mensuales vigentes (SMMLV).
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La multa fue aplicada debido a
irregularidades en la dispensación de medicamentos en el departamento de
Caldas, afectando a los usuarios del sistema de salud afiliados a las
EPS con las que la empresa tiene contrato.
A través de un comunicado, la droguería expresó su compromiso con la
salud de los colombianos, destacando los esfuerzos realizados para
garantizar la entrega de medicamentos en medio de uno de los momentos
más desafiantes del sistema de salud, caracterizado por una escasez
generalizada de recursos.
En este sentido, la empresa manifestó que “se surtirán las instancias
legales correspondientes para presentar nuestros argumentos y sustentar
los esfuerzos que hemos venido realizando para garantizar la entrega de
medicamentos a millones de colombianos”.

La compañía también subrayó su respeto por las medidas de inspección,
vigilancia y control, y afirmó que “manifestamos nuestra apertura y
compromiso en facilitar las etapas del proceso y disponer de la
información que corresponda” para dar el trámite respectivo a las
solicitudes trasladadas a su compañía. “Continuaremos trabajando para
acompañar a las personas en el camino hacia su bienestar, con la misma
dedicación que nos ha caracterizado, siempre al servicio de la salud de
los colombianos”, agregó el comunicado.
El caso de Audifarma es parte de una serie de sanciones impuestas por la
Supersalud a gestores farmacéuticos por no cumplir con sus
responsabilidades en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
La sanción contra Audifarma responde a un incumplimiento reiterado en la
dispensación de medicamentos, lo que ha afectado a los usuarios de las
EPS contratantes.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Salud reafirmó que las
medidas de control a los gestores farmacéuticos son necesarias para
garantizar que cumplan con sus obligaciones con los afiliados al sistema
de salud, y que tales medidas están orientadas a “garantizar la
oportunidad en la dispensación y la correcta entrega de medicamentos y
dispositivos médicos” a los colombianos.
Licores del Valle será
restructurada para competir en mercado nacional

En las últimas horas, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian
Francisca Toro, anunció cambios para la industria licorera del valle con
el propósito de competir en mercado nacional.
La reciente decisión de la Corte Constitucional de Colombia, que permite
la libre circulación del aguardiente a nivel nacional marca un punto de
inflexión para la Industria de Licores del Valle (ILV).
Este fallo derriba las barreras departamentales que limitaban la
competencia y es visto como una oportunidad única para que la ILV se
reestructure y compita en un mercado más amplio. La gobernadora del
Valle, Dilian Francisca Toro, expresó su compromiso con este nuevo
desafío, afirmando que la empresa se encuentra en un proceso de
reinvención y transformación para mantener su liderazgo en el sector.
Es importante recordar que el fallo del alto tribunal elimina el
monopolio que permitía a los departamentos restringir la venta de
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aguardientes provenientes de otras
regiones. Esto significa que la ILV ahora puede comercializar sus
productos en todo el país sin restricciones, lo que abre un vasto
mercado potencial. La gobernadora Toro subrayó que esta apertura
beneficiará a los consumidores al ofrecerles más opciones y permitirá a
la industria licorera del Valle fortalecerse y contribuir a los recursos
destinados a la salud y el deporte en el departamento.
Asimismo, la gobernadora hizo un llamado a los vallecaucanos para
fortalecer el sentido de pertenencia y apoyar los productos locales,
destacando que al consumir el aguardiente de la región se contribuye
directamente a garantizar los recursos indispensables para sectores
clave como la salud, la educación y el deporte.
Este anuncio se suma a lo expresado
meses atrás por José Moreno Barco, gerente de la Licorera del Valle,
quien destacó los cambios que se implementarán en la compañía. La ILV ha
enfrentado desafíos significativos en el pasado, con ventas que cayeron
a 2.5 millones de botellas en 2015. No obstante, gracias a un proceso de
modernización y la adopción de estrategias innovadoras, se prevé un
crecimiento notable en el futuro.
Este avance se logra mediante el lanzamiento de nuevos productos y una
segmentación más efectiva del mercado, enfocándose especialmente en
atraer a un público más joven. La introducción de marcas como
"Atardecer", "Fusión" y "Nocturno" ha sido fundamental en esta
estrategia.
Reportan
enfrentamientos entre el Ejército y Eln en el Catatumbo

Se registran los primeros enfrentamientos entre el Ejército Nacional y
miembros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la vereda Las
Brisas, ubicada en el municipio de Lourdes, en el norte de Santander.
Este combate ocurre dos semanas después de que las tropas del Ejército
ingresaran al Catatumbo con el objetivo de restablecer el orden y la
estabilidad en la región, afectada por los recientes enfrentamientos
entre el Eln y las disidencias del Frente 33 de las Farc.
Según fuentes militares, los enfrentamientos comenzaron alrededor del
mediodía y, hasta el momento, no se ha recibido un informe completo
sobre los resultados de los combates. “Los enfrentamientos están en
desarrollo, todavía no tenemos reportes de la zona, solo sabemos que es
la primera confrontación que se presenta tras el despliegue de nuestras
tropas”, comentó un oficial militar en contacto con este medio.
El 24 de enero de 2025, el Ejército inició las operaciones ofensivas
contra el Eln y las disidencias de las Farc en el marco de la tercera
fase de la ‘Operación Catatumbo’. Esta operación tiene lugar en 11
municipios de la región y busca frenar el accionar de grupos armados
ilegales que han sumido al Catatumbo en una grave crisis humanitaria.
Durante las dos primeras semanas de intervención, las más de 9.000
tropas desplegadas en el terreno han logrado incautar material de
intendencia, armas, y explosivos, y han forzado la rendición de varios
miembros de las disidencias de las Farc.
El Ejército también ha movilizado 10 vehículos blindados de seguridad
ASV, equipados con ametralladoras y lanzagranadas, con el respaldo de
unidades aéreas proporcionadas por la Fuerza Aeroespacial Colombiana,
que incluyen aviones de guerra y helicópteros artillados. Este potente
despliegue tiene como objetivo contener la violencia y garantizar la
seguridad de los habitantes de la región.
El Catatumbo ha sido epicentro de una de las crisis humanitarias más
graves de los últimos años en Colombia, con desplazamientos masivos y el
recrudecimiento de la violencia, lo que ha obligado a las autoridades a
tomar medidas urgentes para estabilizar la zona y proteger a la
población civil.
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