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Petro
recibió al encargado de negocios de EE. UU.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha reunido este
jueves con el encargado de negocios de la Embajada de Estados
Unidos en Colombia, John Mcnamara, para abordar inquietudes
compartidas tras la breve crisis diplomática desatada a finales
de enero a raíz de las deportaciones de migrantes ordenadas por
el presidente estadounidense, Donald Trump.
En la cita --que ha contado con la participación de la nueva
ministra de Exteriores de Colombia, Laura Sarabia-- se han
abordado "asuntos migratorios, la relación bilateral y la
cooperación", según ha detallado la Presidencia de Colombia en
sus redes sociales, donde ha compartido fotografías del
encuentro.
Esta reunión de Petro con el representante estadounidense en
Colombia se produce después de que a finales de enero se
desatara brevemente una crisis diplomática entre Bogotá y
Washington a raíz de las polémicas deportaciones de migrantes
irregulares ordenadas por Trump y que Petro rechazó.
La crisis se desató después de que el presidente colombiano
desautorizara --en redes sociales y no por los cauces
oficiales-- el ingreso de dos aviones procedentes de Estados
Unidos con colombianos deportados. Petro señaló que, al ir
esposados, los civiles no estaban recibiendo un "trato digno".
Esto motivó al presidente Trump para imponer aranceles del 25
por ciento a todos los productos provenientes de Colombia, así
como sanciones de viaje y estrictas regulaciones migratorias.
Bogotá respondió con una medida similar, pero finalmente la Casa
Blanca dio por cerrada la crisis al afirmar que el Gobierno de
Petro habría aceptado "todos los términos del presidente Trump".
Nuevas medidas para El Catatumbo
sobre combustibles y regalías
En el marco de la Declaratoria de Conmoción Interior por 90 días
en la región del
Catatumbo, el Gobierno expidió un nuevo conjunto
de decretos destinados a enfrentar la crisis de orden público
que afecta a la región. Los decretos, firmados por el presidente
Gustavo Petro y diversos ministros, establecen medidas sobre el
abastecimiento y transporte de combustibles, la reorientación de
recursos del Sistema General de Regalías (SGR), así como la
protección a comunidades y personas vulnerables en el contexto
de violaciones a los derechos humanos.
Medidas clave
para el Catatumbo y sus efectos
El paquete de medidas, que comprende los decretos 131 a 137,
abarca diversas acciones. Entre las más relevantes destaca el
Decreto 132, que faculta al Ministerio de Minas y Energía para
suspender o restringir la distribución de combustibles en el
Catatumbo, en respuesta a la violencia generada por el conflicto
armado entre el ELN y las disidencias de las Farc. Este decreto
autoriza, en caso de ser necesario, el cierre de estaciones de
servicio y la limitación del suministro de petróleo, gas y sus
derivados, argumentando que estos recursos están siendo
desviados para el financiamiento de actividades ilegales.
En paralelo, el Decreto 131 establece mecanismos para financiar
proyectos en el Catatumbo mediante el Sistema General de
Regalías, destinando recursos para la inversión regional y
ambiental. Asimismo, el Decreto 135 otorga la potestad a
autoridades locales, como el gobernador de Norte de Santander y
los alcaldes de varios municipios de la región, para reorientar
rentas de destinación específica hacia la financiación de gastos
de funcionamiento.
Protección a las
víctimas y medidas en el ámbito humanitario
El Gobierno también ha adoptado medidas
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extraordinarias para
proteger a las comunidades afectadas por las violaciones a los derechos
humanos, como se dispone en el Decreto 137. Esta norma prevé medidas
integrales para la seguridad de los firmantes de paz, las comunidades
vulnerables y los funcionarios, a fin de mitigar los impactos de la
violencia.
En medio de la crisis de gabinete
Las nuevas medidas surgen en un contexto de incertidumbre política, en
medio de una de las mayores crisis de gabinete que ha vivido el
Gobierno. A pesar de que se esperaba una discusión profunda de los
decretos en el Consejo de Ministros, el presidente Petro ha tomado
decisiones contundentes para controlar el orden público en la región,
especialmente en lo que respecta al abastecimiento de combustibles y la
lucha contra los grupos armados ilegales.
El futuro del Catatumbo y la región
Con estas medidas, el Gobierno busca desarticular las actividades
ilícitas que afectan la región del Catatumbo, mientras continúa
enfrentando las consecuencias de un conflicto armado que ha dejado a las
comunidades atrapadas entre los intereses de grupos ilegales y la
necesidad de seguridad. Las autoridades nacionales seguirán
monitorizando la situación, a la espera de más decretos que puedan
abordar los problemas sociales y económicos derivados de esta crisis.
Daniel Quintero y Bolívar chocan tras Consejo de ministros
Siguen las secuelas para el gobierno Petro luego del primer consejo
ministerial televisado en el que, tras seis horas de encuentro, las
principales discusiones se dieron en torno a la designación de Armando
Benedetti como jefe del despacho presidencial y Laura Sarabia como
canciller. En este, la vicepresidenta Francia Márquez; la ministra de
Ambiente Susana Muhamad; el director del Departamento de Prosperidad
Social, Gustavo Bolívar; y Alexander López, director del DNP, señalaron
el retorno de Benedetti a la cúpula del Gobierno.
La tensa situación derivó en diversos enfrentamientos dentro del
petrismo, donde Daniel Quintero salió en defensa especialmente del
presidente Gustavo Petro. El exalcalde de Medellín se refirió en sus
redes sociales, cuestionando a Bolívar a quien inicialmente comparó con
‘Judas’.
Además, apuntó que es “paradójico que un señor de apellido Bolívar se
comporte como ‘Santander’. La conspiración de febrero se frustró”. No
obstante, el funcionario de Prosperidad Social no guardó silencio ante
la crítica, respondiendo que “el ladrón juzga por su condición”.
Sin embargo, el exalcalde
nuevamente replicó, asegurando inicialmente que “Gustavo Bolívar,
divisor profesional, lideró el bloque que alentó a 7 ministros a
renunciar si el presidente no hacía lo que ellos querían”, además,
puntualizó que Petro no permitió el “golpe” y que de ser su caso
“simplemente los hubiera sacado a todos”.
Enseguida Quintero siguió con su lazada ante Bolívar, sentenciando que
“más daño hace un traidor que 5 Benedettis”, para finalizar asegurando
que “Bolívar y compañía querían dictarle al presidente cómo y con quién
gobernar, armar un show antes de renunciar, cosa que ya tenían
programada, dándole un golpe antes de salir al presidente para reclamar
independencia”.
Allí, Quintero señaló al también ministro del Interior, Juan Fernando
Cristo, quien horas después del Consejo pidió a todos los miembros del
gabinete renunciar, asegurando que los mostrado al país “no es la forma
institucional de tramitar las diferencias internas”, agregando que es
insostenible la conformación de este equipo de Gobierno.
No es la primera vez que Quintero y Bolívar chocan, pues el exalcalde
días atrás había asegurado que, de cara a las presidenciales de 2026, el
hoy director de Prosperidad Social no llega a segunda vuelta,
proclamándose además como la única solución para continuar con el
proyecto de gobierno Petro y dar solución a las principales
problemáticas del país.
Con nuevo remezón ministerial
tambalearían 5 proyectos clave del Gobierno
Una vez
superado el caótico consejo
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de ministros, la
agenda legislativa del Gobierno nacional podría verse seriamente
comprometida en medio del año preelectoral que ya está corriendo. Cómo
se sabe, algunas de las bancadas están marcando posiciones alejadas del
Gobierno de cara a lo que serán las postulaciones al Congreso y
Presidencia para 2026. Razón por la que, algunas colectividades
analizaron el futuro de la agenda legislativa del Gobierno para lo que
resta de los periodos en Cámara y Senado.
Entre los reproches más significativos está relacionado con la política
de “Paz Total”, sancionada por el presidente de la República en el año
2024. El Partido Cambio Radical aseguró que esta fue una iniciativa que
no salió bien y que existen fuertes falencias en materia de seguridad.
El Senador Carlos Fernando Motoa explicó que “a propósito de la alerta
generada por la Defensoría del Pueblo en dos municipios del Valle del
Cauca, es necesario recordar la advertencia que hicimos al ministro de
Defensa Iván Velásquez y otras autoridades sobre inseguridad y orden
público en el Sur Occidente. Señalamos que una de las causas, es que la
política de “Paz Total”, fracasó.
Cabe señalar que el riesgo en la política de “Paz Total”, también
terminaría por afectar el proyecto de ley de Jurisdicción Agraria,
liderado por el ministro del Interior Juan Fernando Cristo. El
funcionario instó a la totalidad del gabinete a presentar renuncia
protocolaria al cargo a fin de que el presidente defina el remate del
Gobierno desde los ministerios. Esta iniciativa aún está pendiente por
discusión en plenarias para ser aprobada y aún surgen dudas sobre la
competencia de los jueces agrarios y la propiedad de baldíos; sin
embargo, los cambios en el gabinete podrían generar el archivo del
proyecto en el Congreso.
El representante Gabriel Becerra del Pacto Histórico afirmó que a “las
comisiones primeras de Senado y Cámara le entregamos a las plenarias el
proyecto aprobado de ley de Jurisdicción Agraria que cerraría el círculo
después de que en 2023 se aprobara el acto legislativo, se aprobó la ley
estatutaria y sería muy inconveniente que no aprobáramos la ley
ordinaria que es la que va a garantizar los jueces agrarios en el
territorio”.
Otras iniciativas en vilo
También persisten las dudas sobre el futuro del proyecto que busca
aumentar la financiación de la Educación Superior pública en Colombia,
la propuesta hace tránsito por la Comisión Sexta del Senado. El senador
Ariel Ávila de la Alianza Verde explicó que “se modifica la Ley 30 para
ampliar los recursos de inversión de las instituciones públicas, pasando
anualmente del 30% de incremento real del PIB al 70% del mismo. Esta es
una forma de canalizar los recursos del crecimiento económico hacia la
financiación de la educación pública”. No obstante, si el Gobierno no lo
impulsa, la discusión se podría caer.
Otro proyecto es la reforma laboral que va a tercer debate al senado y
que promueve el Ministerio del Trabajo. En la Comisión Séptima de Senado
se radicó una ponencia de debate, sin embargo, la presidente de la
célula congresional ha señalado que “fue una sorpresa esta ponencia,
pues en la comisión séptima se aprobó una proposición por unanimidad de
todos los senadores que se encontraban presentes en el recinto para la
realización de audiencias públicas que permitan escuchar a diferentes
sectores sobre esta reforma tan importante para el país”.
Así mismo, el gobierno debe presentar una ley de competencias a fin de
que no se le hunda el proyecto del Sistema General de Participaciones
SGP, aprobado por el Congreso, la iniciativa propone la
descentralización de recursos para las regiones y busca eliminar la
duplicidad de funciones. Sobre este punto, el representante Andrés
Forero del Centro Democrático advirtió que “se deben hacer las mayores
claridades sobre la Ley de competencias. Las explicaciones deben venir
del Gobierno nacional que es de donde se va a generar el giro de las
transferencias”.
La reforma a la Salud está en plenaria de la Cámara, va por el segundo
debate y el ministro de Salud Guillermo Jaramillo lo vigila de cerca. Un
cambio en esa cartera podría afectar el debate. Al respecto, el
presidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca explicó
que “estamos pendientes del Ministerio de Salud y los ponentes, de que
se convoque a extras para continuar las discusiones”.
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