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Soldado murió por
mina antipersonal en Bolívar

En las últimas horas, el Ejército Nacional confirmó el fallecimiento del
soldado profesional Jefferson Escorcia Jiménez, quien perdió la vida
tras la activación de una mina antipersonal en el corregimiento La
Marisoza, municipio de Santa Rosa, sur del departamento de Bolívar.
Según el comunicado oficial emitido por la Primera División del
Ejército, el hecho ocurrió el pasado 7 de febrero de 2025, cuando tropas
de la Segunda Brigada desarrollaban operaciones militares en la zona con
el objetivo de garantizar la seguridad de la población civil.
"El soldado profesional Jefferson Escorcia Jiménez pierde la vida al ser
víctima de una mina antipersonal, cuando tropas de la Segunda Brigada
del Ejército Nacional desarrollaban operaciones militares para proteger
a la población civil", señala el documento oficial.
Las Fuerzas Armadas lamentaron profundamente la pérdida del uniformado y
expresaron sus condolencias a familiares y allegados. Asimismo,
condenaron el uso de minas antipersonales, calificándolo como una
violación flagrante de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario, debido al sufrimiento indiscriminado que generan.
El Ejército Nacional anunció que intensificará las operaciones en la
región para dar con los responsables del hecho y reforzar la seguridad
del territorio.
Contexto sobre las minas antipersonales en Colombia
Colombia es uno de los países más afectados por minas antipersonales,
dispositivos explosivos que han sido utilizados por grupos armados
ilegales durante décadas. Según cifras oficiales, desde 1990 hasta la
actualidad, más de 12.000 personas han sido víctimas de estas
armas, entre ellas civiles y miembros
de la Fuerza Pública.
El gobierno y organismos internacionales han impulsado campañas de
desminado humanitario, sin embargo, el problema persiste en zonas de
conflicto, especialmente en regiones como Bolívar, Antioquia, Cauca y
Nariño.
Informe sobre crisis
de residuos en el relleno de Pacandé pide Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación,
en el ejercicio de su función preventiva y en seguimiento a la crítica
situación de residuos sólidos en el departamento del Tolima, solicitó a
la Alcaldesa Municipal de Natagaima, Astrid Pava Yara, un informe
detallado sobre la situación del servicio de aseo en el municipio,
especialmente en relación con los hechos ocurridos en el relleno
sanitario de Pacandé.
Refirió el ente de control que, al parecer desde el 12 de noviembre de
2024, el relleno sanitario de Pacandé ha permanecido bloqueado, lo que
ha ocasionado un grave riesgo para los derechos fundamentales de los
ciudadanos, afectando directamente la salud pública y el medio ambiente,
generando un impacto negativo en la disposición de residuos sólidos.
Por lo tanto, la funcionaria deberá remitir las acciones emprendidas
desde la fecha del bloqueo para garantizar la continuidad del servicio
de aseo, incluyendo las estrategias adoptadas para resolver los
bloqueos, medidas tomadas en coordinación con la comunidad, y el detalle
de cómo se han manejado los
residuos generados en el municipio.

Finalmente, la información sobre los costos derivados del cierre del
relleno sanitario, los rubros presupuestales utilizados para afrontar la
crisis y los costos adicionales generados por el transporte y
disposición de residuos, también deberán ser anexados al Ministerio
Público. |
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Icetex asegura que
sí hay recursos para créditos de 2025-2

A pesar de las múltiples denuncias por incumplimientos y la emisión de
tan solo 5.000 cupos crediticios nuevos para el primer semestre de 2025,
el presidente de la entidad, Álvaro Urquijo, dio un parte de
tranquilidad sobre los recursos y aseguró que hay los suficientes para
asegurar renovaciones de cara al segundo periodo educativo del año.
Inicialmente el funcionario destacó que respecto a los montos de 2024
adeudados desde el Ministerio de Educación, el cumplimiento se encuentra
en 98 %. Y es que, para noviembre del año anterior, cuando la
representante Catherine Juvinao denunció una deuda importante del
Gobierno para con la entidad, aún quedaban pendientes más de 400.000
millones de pesos, además de otros montos con universidades tanto del
sector público como privadas.
No obstante, Urquijo destacó que
“muchas veces las personas no complementan la documentación o a veces se
les olvidan las fechas, lo hacen un poco tarde; pero de todos los giros
que se tenían que hacer en el 2024, estamos hoy al día en el 98 %,
estamos pendientes de un giro cercano a los 14.000 millones de pesos”.
Agregó que “tenemos asegurada la renovación de 211.500 personas que se
encuentran en instituciones de educación superior; no es complicado.
Tenemos que salir porque lo que tenemos que buscar es lograr dar mayores
resultados y generar más oportunidades de ingreso. Estamos trabajando de
la mano con el viceministro de Educación, con el Ministerio de Educación
Nacional y con Hacienda, buscando alternativas”.
Finalmente, Urquijo puntualizó que “ante la solidez financiera del
Icetex, sacamos 10.000 créditos, de los cuales ya 5.167 fue la primera
convocatoria de este 2025”, e invitó a las instituciones de educación
superior a sumarse al subsidio de tasas de matrículas para los
estudiantes y aliviar su carga financiera.
Y es que, de acuerdo con el presupuesto otorgado a la entidad, a pesar
de solicitar $1,4 billones para este año, el Icetex apenas pudo disponer
de cerca de $500.000 millones, a raíz especialmente de la crisis fiscal,
los congelamientos y recortes que realizó el Gobierno a los ministerios
y programas sociales.
En relación con la propuesta del
presidente Petro y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín,
sobre convertir el Icetex en un banco de primer nivel, Urquijo fue cauto
y no quiso entrar en el tema, teniendo en cuenta las diversas reacciones
y la oposición que generaron en su momento las declaraciones tanto del
mandatario como del jefe de la cartera educativa.
JEP declaró inocente
a campesino acusado de ser líder de las exFarc-EP

Fabián Ramos Cruz, un campesino que pasó injustamente 10 años en la
cárcel tras ser condenado por la justicia ordinaria por
supuestamente haber sido líder del Frente 43 de las extintas Farc-EP, es
absuelto por la JEP. Así lo decidió la Sección de Revisión del Tribunal
para la Paz que, como su nombre lo indica, se encarga de revisar
sentencias de la justicia ordinaria y, en algunos casos, de la
Jurisdicción.
Con esta decisión excepcional, la JEP determinó que Ramos Cruz no hizo
parte de la organización guerrillera y mucho menos lideró esa
estructura, sino que fue señalado equivocadamente de ser 'Mauricio
Pitufo', quien murió en la Operación Dinastía del Ejército, en 2010,
mientras Ramos estaba en prisión. Tras el proceso de contrastación
judicial, la Jurisdicción decidió otorgarle libertad definitiva y
finalizar su régimen de condicionalidad.
Así, la Sección de Revisión dejó sin
efecto la sentencia del 26 de octubre de 2012, emitida por la Sala Penal
de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Villavicencio, en relación con
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la decisión contra Ramos Cruz. Esta sentencia fue modificada por la Sala
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 11 de septiembre de
2013, cuando se declaró la prescripción del delito de rebelión.
¿De qué acusaban a Ramos Cruz?
Ramos Cruz fue sentenciado por el atentado del 20 de febrero de 2005 al
Hotel Acapulco en Puerto Rico, Meta. Integrantes del Frente 43 detonaron
explosivos con la idea de atacar a tropas del Ejército Nacional que
pasaban frente a ese hotel, ubicado en la Inspección de Puerto Toledo.
Seis personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de 14 años, un
niño de 4 años, un teniente y dos soldados profesionales. Además, diez
civiles resultaron heridos y se registraron daños al puesto de salud,
así como en diez viviendas cercanas.
A este campesino se le acusaba de ser 'Mauricio Pitufo', quien estuvo
detrás de estos hechos como autor mediato, es decir, como la persona que
dio la orden. Además, era segundo al mando y médico general del Frente
43. Luego de que la justicia ordinaria concluyó equivocadamente que
Ramos era 'Mauricio Pitufo', lo condenó por los delitos de homicidio en
persona protegida, homicidio agravado y terrorismo. Fue capturado el 27
de septiembre de 2008, mientras tramitaba su certificado judicial ante
el DAS para postularse a un trabajo. Fue condenado a 31 años de prisión,
a una multa de 2.151 salarios mínimos e inhabilitado para el ejercicio
de derechos y funciones públicas por 20 años.
Ramos Cruz pasó 10 años en la cárcel de Acacías, Meta. Estando allí,
conoció a Carlos Cecilio Parra González, un exguerrillero de las Farc-EP
que también estaba preso por el atentado al Hotel Acapulco. Parra, quien
sí conoció a 'Mauricio Pitufo', le ofreció su ayuda y le dijo que
estaría dispuesto a declarar a su favor. Años después, cumplió lo que le
dijo y se presentó ante la JEP.
Ramos Cruz quedó en libertad condicional en 2018, tras someterse a esta
Jurisdicción. Con esta decisión de la Sección de Revisión, su situación
jurídica queda finalmente resuelta.
¿Cómo se comprobó la inocencia de Ramos?
En 2020, Ramos Cruz presentó una demanda de revisión transicional,
después de que su caso fuera evaluado por la Sala de Amnistía o Indulto
y la Sección de Apelación de la JEP. Ambas instancias coincidieron en la
necesidad de una revisión a su sentencia en firme, un proceso que solo
se lleva a cabo en casos excepcionales de delitos no amnistiables.
En este proceso, la defensa presentó una prueba nueva que no había sido
tenida en cuenta durante la condena en la justicia ordinaria, ya que los
hechos ocurrieron meses después de la sentencia contra Ramos. El abogado
aportó noticias y un informe del Ministerio de Defensa que mostraban que
'Mauricio Pitufo', cuyo verdadero nombre era Eliseo Caicedo Garzón,
murió el 1 de enero de 2010 durante la Operación Dinastía del Ejército.
Esa misma versión fue confirmada por Bertulfo Caicedo Garzón, hermano de
'Mauricio Pitufo', en una entrevista publicada en el libro La Vorágine
del Conflicto Colombiano.
La Sección de Revisión también escuchó los testimonios de otros
comparecientes de la antigua guerrilla, entre ellos Rodrigo Londoño, 'Timochenko',
y Jorge Torres Victoria, 'Pablo Catatumbo', quienes afirmaron no conocer
a Ramos. Carlos Cecilio Parra González fue el único compareciente que
reconoció haber conocido a Ramos en la cárcel de Acacías, cuando se
enteró de que lo acusaban de ser 'Mauricio Pitufo', líder del Frente 43.
Parra aseguró que, más allá de la baja estatura de Ramos, no existía
parecido físico alguno entre él y 'Mauricio Pitufo'. Estas declaraciones
se conocieron gracias al tránsito a la vida civil de los comparecientes
y a su compromiso con lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.
La JEP también analizó documentos obtenidos durante una inspección
judicial, que contó con el apoyo de la Unidad de Investigación y
Acusación (UIA), a los archivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega en
el Fuerte Militar Larandia, en Florencia, Caquetá. Esta investigación
permitió confirmar la muerte de Eliseo Caicedo Garzón, conocido
'Mauricio Pitufo', que ocurrió meses después de la condena de Fabián
Ramos Cruz.
A esto se sumó la valoración de otros documentos, como certificados
laborales que prueban que Ramos Cruz se desempeñaba en tareas de campo
desde los 13 años, que pagó aportes prestacionales mientras tuvo un
empleo formal, que tramitó su libreta militar, que se encuentra inscrito
en el Sisbén e incluso que fue reconocido por la Unidad para las
Víctimas como víctima del conflicto armado. Su papá fue desaparecido
presuntamente a manos del Frente 43 de las extintas Farc-EP, es decir,
la misma estructura guerrillera de la que supuestamente era líder, según
la condena equivocada de la justicia ordinaria.
Tras las pruebas presentadas y la toma de testimonios, el Ministerio
Público e incluso el representante de las víctimas coincidieron con
Ramos Cruz y su defensa en que la condena en su contra “era injusta y no
se compadece con la realidad". Por su parte, la Sección de Revisión de
la JEP dijo que: “resulta imperioso declarar su inocencia".
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