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Elecciones atípicas en Apartadó
para alcalde serán el 6 de abril
La Gobernación de Antioquia confirmó la realización de
elecciones atípicas en Apartadó el próximo 6 de abril de 2025,
luego de la anulación del mandato de Héctor Rangel Palacios
Rodríguez por doble militancia. La jornada electoral se
desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m., y
determinará quién ocupará el cargo de alcalde hasta el final del
periodo 2024-2027.
Anulación del mandato de Héctor Rangel
El proceso de nulidad inició el 11 de enero de 2024 con una
demanda electoral contra la elección de Rangel Palacios. En
mayo, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló en su
contra, y en septiembre, el Consejo de Estado ratificó la
decisión, concluyendo que incurrió en doble militancia al
recibir apoyo del partido Independientes mientras aspiraba con
el aval de una coalición liderada por el Partido Liberal.
Con esta decisión, la Gobernación de Antioquia expidió el
decreto 2025070000236 el 22 de enero de 2025, declarando la
falta absoluta del cargo y designando a Amaury Quejada Buenano,
secretario de Gobierno, como alcalde encargado hasta la elección
de su reemplazo definitivo.
Organización del proceso electoral
En cumplimiento de la normativa vigente, que exige la elección
de un nuevo alcalde en un plazo máximo de dos meses tras la
expedición del decreto, los comicios fueron programados para el
6 de abril de 2025. La Registraduría Nacional del Estado Civil
será la encargada de organizar el calendario electoral y
garantizar la transparencia del proceso.
El registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que se trabaja
de manera coordinada con la Gobernación de Antioquia para
asegurar el desarrollo logístico y presupuestal de la jornada
electoral. Se dispondrán 22 puestos de votación y 329 mesas,
permitiendo la participación de los 109.000 ciudadanos
habilitados para votar en Apartadó.
El desarrollo de esta jornada será supervisado por el Ministerio
del Interior y otras autoridades electorales, asegurando que se
cumplan las garantías democráticas en el municipio del Urabá
antioqueño.
Sectores de oposición
insisten en la renuncia de Francia Márquez
En el Congreso de la República continúan las voces de rechazo en
contra de la ministra de la Igualdad, Francia Márquez, y varios
sectores políticos han solicitado que renuncie luego de que ella
misma afirmara que no está de acuerdo con el nombramiento de
Armando Benedetti como jefe del gabinete del gobierno Petro.
El senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa afirmó que
Márquez se rajó en la ejecución presupuestal de su ministerio y
que debe apartarse del cargo: “La vicepresidenta Francia Márquez
debería renunciar no por sus diferencias con el presidente, sino
por su pésima ejecución; es la peor”.
A su turno, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático,
dijo que "en seis horas de insultarse, reconocer que son
incapaces y corruptos, no les dio el tiempo para darse
cuenta de que la crisis energética ya está
golpeando el bolsillo de los ciudadanos. Un gobierno de
incapaces llenos de ideología y sin una sola respuesta o
solución. Acabo de terminar de ver las seis horas del Consejo de
Ministros de Petro. No sabe uno si llorar o reír.
Definitivamente Colombia hoy está en las peores manos. Petro
perdió el control. Le quedó grande gobernar y les está haciendo
daño a los colombianos. Todos deben renunciar por
incompetentes”.
De igual manera, la senadora Karina Espinosa, del Partido
Liberal, manifestó: “El último Consejo de Ministros de Petro no
merece un análisis profundo. Es más de lo mismo: improvisación,
ideología y ausencia de soluciones reales.
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Solo queda resistir y
esperar que Colombia supere este difícil momento. El país merece un
futuro mejor. Colombia necesita liderazgo, no decisiones erráticas que
generan más miedo e incertidumbre. Exigimos que el presidente gobierne
con responsabilidad, respete las alertas de los organismos de control y
garantice la seguridad sin comprometer la democracia”.
Por su lado, el representante Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde,
aseguró que “Armando Benedetti y Laura Sarabia no llegan al Gobierno,
están desde la campaña. Pareciera que todo el mundo se quiere lavar las
manos. Aquí hay responsabilidades con el país que no admiten una lavada
de manos”. Como se sabe, son varios los congresistas que coinciden en
que hay falencias en la gobernabilidad del país y que no se ve el
liderazgo del presidente Gustavo Petro".
Angie Rodríguez, nueva directora del Dapre
Tras las consecuencias que dejó el Consejo de ministros televisado a
nivel nacional el pasado martes 4 de enero, una de ellas la salida de
Jorge Rojas de la dirección del Dapre a tan solo una semana de su
designación, el presidente Gustavo Petro ya firmó el decreto para
nombrar a Angie Rodríguez como nueva funcionaria encargada de ese
departamento.
A través del Decreto 0139, con fecha de 5 de febrero, el mandatario
"encarga a partir de la fecha del empleo de directora código 1190 del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a la
doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, quien ejerce el cargo de asesor
código 1020 - grado 18 del Ministerio de Salud y Protección Social,
desprendiéndose de las funciones del cargo que ejerce actualmente”.
Rodríguez, quien estaba trabajando con el ministro Guillermo Jaramillo,
deja la cartera de Salud para trasladarse al Dapre, dejando clara una
confianza por parte del presidente. Sin embargo, muchos actores en la
política nacional han estimado que su nombramiento es meramente
emblemático, pues quien realmente manejaría la agenda y vocería de
Presidencia sería Armando Benedetti.
De hecho, sobre el ahora jefe de despacho presidencial, Petro le volvió
a defender, esta vez durante un evento desarrollado en Bucaramanga,
cuando junto con el ministro de Educación hizo la entrega de un
auditorio para la Universidad Industrial de Santander (UIS). Allí
aseguró que “hay Galanes y Bermeos dentro del movimiento popular, no voy
a decir quiénes sí o no, porque no soy un tribunal público diciendo
quién es bueno y quién es malo, porque hasta él terminó guillotinado”.
Además, citó la Biblia para expresar que según “decía Jesús, que tire la
primera piedra, cuando defendía a María Magdalena, la pecadora, una
trabajadora sexual que se convirtió en figura central de la Iglesia
católica. Debería reivindicar mucho más, pero no me meto en religión”.
En la misma jornada en que se conoció la designación de Rodríguez,
medios de comunicación pudieron conocer que la ministra de Ambiente,
Susana Muhamad, habría entregado su carta de renuncia al presidente el
mismo martes en el que se llevó a cabo el consejo ministerial en el que
aseguró “no poder compartir mesa con Armando Benedetti”.
No obstante, desde el ministerio se aseguró que de momento Muhamad no ha
meditado dejar su cargo, afirmación que contrasta con la posibilidad de
que este lunes pueda estar dando un paso al costado. Un caso similar se
presentó con Daniel Rojas, ministro de Educación y quien se llevó serias
críticas de Petro. Sin embargo, Rojas Medellín afirmó que “jamás, el
martes no pasó nada, no está dentro de las posibilidades renunciar al
ministerio”.
El duro regaño de Corte Constitucional a Gobierno y Congreso por
artículo de ‘Paz Total’
La corte Constitucional declaró inexequibles dos artículos del decreto
de ‘Paz Total’, y reprochó al Congreso considerar que en esta iniciativa
vulneró los principios de supremacía
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constitucional y de separación de poderes al disponer
porque algunos contenidos de los acuerdos de paz que se suscriban en la
mesa de diálogo “hacen parte del Derecho
Internacional Humanitario (DIH).
Al respecto la Corte explicó que “el Legislador (es decir el Congreso de
la República), vulneró los principios de supremacía constitucional y de
separación de poderes al disponer que algunos contenidos de los acuerdos
de paz que se suscriban en la mesa de diálogo “hacen parte del DIH,
conforme a lo dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución
Política”.
A posteriori, advirtió el Alto Tribunal “declarar INEXEQUIBLE, (señala
como improcedente), la expresión hace parte del DIH, conforme a lo
dispuesto en los artículos 93 y 94 de la Constitución Política, en
consecuencia, contenida en el inciso segundo del parágrafo 6 del
artículo 8 de la Ley 418 de 1997 −adicionado por el artículo 5 de la Ley
2272 de 2022−, y EXEQUIBLE, (o procedente), el resto del inciso”.
En ese sentido, agregó que “bajo el entendido de que, cuando los
contenidos de carácter humanitario que hagan parte de los acuerdos o
protocolos requieran de implementación normativa, esta debe realizarse a
través de los instrumentos
previstos en la
Constitución y la ley para el efecto y bajo el estricto cumplimiento de
los requisitos de producción normativa que prevé la Constitución”.
Sectores sociales advirtieron lo que podría pasar
Así mismo, la corporación judicial manifestó que “el demandante formuló
dos cargos contra el inciso segundo del parágrafo 6 del artículo 8 de la
Ley 418 de 1997 −adicionado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022−.
El primero, por violación a los artículos 4 y 93 de la Constitución
Política, pues a su juicio, la norma demandada integra automáticamente
al bloque de constitucionalidad cualquier contenido de carácter
humanitario de los acuerdos de paz y protocolos que suscriban las partes
en la mesa de diálogo, al disponer que “hacen parte del DIH”.
La representante Catherine Juvinao, explicó tras esta decisión judicial
que “el fallo de la Corte Constitucional reafirma que los acuerdos de
paz son compromisos políticos que deben refrendarse en el Congreso de la
República. En esa medida, −ojo−, los acuerdos que está haciendo el
gobierno del presidente Gustavo Petro, con distintos grupos armados
ilegales ‘no son vinculantes’. No hacen parte del bloque de
constitucionalidad y no están cobijados por el Derecho Internacional
Humanitario”.
Posteriormente, Juvinao dijo que “celebro esta disposición que garantiza
que cualquier negociación de paz tenga los controles democráticos
debidos en el Congreso, evitando así el abuso de poder por parte del
gobierno y los negociadores. Sobre este fallo clave para la democracia y
la paz en Colombia”, sostuvo la congresista de la Alianza Verde.
De igual manera, el senador de la misma colectividad, Ariel Ávila indicó
al respecto que “la política de ‘paz total’ fracasó. La apoyé porque
siempre será mejor abreviar el sufrimiento en las regiones, pero las
circunstancias no lo permitieron”.
A su turno, la senadora Paloma Valencia agregó que este Gobierno no
escucha razones y que esta era una decisión que se veía venir. “El
fracaso de la política del gobierno Petro de la ‘Paz Total’: más de 900
violaciones del cese al fuego. Más de 721 acciones hostiles”, desde la
oposición siempre han advertido que esa política de ‘Paz Total’, aumentó
la inseguridad y la violencia en varias regiones del país.
Del mismo modo, el exministro de Justicia Wilson Ruíz manifestó que
“otra de las muchas consecuencias advertidas de la engañosa y falaz
política de ‘paz total’. El presidente intentó pasar por alto la
separación de poderes y la supremacía constitucional para imponer una
política de paz inservible e infructuosa como norma del DIH y hacerla
obligatoria. Enhorabuena por la Corte Constitucional, garante de nuestro
Estado de derecho”, indicó el jurista.
Otro exministro, Juan Camilo Restrepo quién en su momento lideró la
cartera de Hacienda expresó que “es un triunfo para la legalidad:
Restrepo tras fallo de la Corte sobre la ‘Paz Total’ el reciente fallo
de la Corte Constitucional sobre la ‘Paz Total’. Advirtiendo que no se
puede seguir manejando con discrecionalidad absoluta desde la
presidencia. Se necesita una ley de sometimiento”.
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