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Crisis ministerial: Un mes entre
bandazos e ingobernabilidad

Tras cambiar a trece
titulares de cartera desde diciembre a la fecha, el Ejecutivo
sigue en un alto grado de interinidad… No solo se hizo patente
la fractura entre Petro y la vicepresidenta Márquez, sino que
varias problemáticas se han agravado, en tanto que escándalos
como el de alias ‘Papá Pitufo’ se extienden en la Casa de
Nariño. Hay un bloqueo de la gestión y un Congreso en el que,
pese a las renovadas maniobras clientelistas para allanar apoyos
a las reformas, estas siguen trabadas. Radiografía
1. FRACTURA PETRO-VICEPRESIDENTA MÁRQUEZ. Una de las
principales consecuencias de la crisis ministerial es la
‘oficialización’ de las diferencias entre el presidente y su
segunda a bordo. Desde hace meses se sabía de las relaciones
distantes entre ambos y del inconformismo de Francia Márquez
porque el sanedrín presidencial no la tenía en cuenta ni le
colaboraba para echar a andar el Ministerio de la Igualdad,
dejándola en el foco de las críticas por la bajísima ejecución
presupuestal e ineficiente gestión de esa cartera. Sin embargo,
el caótico consejo de ministros del 4 de febrero fue el ‘florero
de Llorente’. En vivo y en directo por televisión nacional,
Márquez criticó duramente el trato que le daba la canciller
Laura Sarabia y le exigió respetar su cargo de elección popular.
Alertó, de paso, sobre la decepción por los incumplimientos de
las promesas gubernamentales. Aunque, como todo el gabinete,
había presentado renuncia protocolaria hace dos semanas, en esta
última Petro finalmente la removió del ministerio. Si bien
designó en su reemplazo a una persona cercana a la vice, es
claro que hay una fractura política e incluso personal entre el
presidente y Márquez, lo que tendrá implicaciones a corto y
mediano plazos.
2. UN MES DE CAMBIOS Y NO HAN TERMINADO. En un hecho
inédito en la política colombiana, el cambio del gabinete
(cuarto remezón en poco más de dos años y medio del mandato
Petro) no ha terminado. En diciembre salió el ministro de
Hacienda y en enero presentaron dimisión los titulares de
Cancillería, Transporte y TIC. Ya en febrero, después del
accidentado consejo de ministros en donde se presentó una
rebelión por la designación de Laura Sarabia en la Cancillería y
de Armando Benedetti como jefe de gabinete, gran parte de los
ministros han sido cambiados: Ambiente, Vivienda, Cultura,
Defensa, Interior, Minas y Energía, Trabajo, Equidad y Deporte.
Es decir, que solo en seis carteras no se han operado cambios:
Justicia, Agricultura, Salud, Comercio, Educación y Ciencia y
Tecnología. También hubo renuncias en el Departamento
Administrativo de Presidencia (dos dimisiones en menos de un
mes), Planeación Nacional, ANI y DIAN, entre otras entidades.
Varios de esos cargos aún siguen vacantes e incluso el jueves
pasado se había anunciado una posesión masiva de ministros en un
inédito acto en el Teatro Colón, que al final no terminó en
nada. Aun así, Petro dijo ese día que todavía faltan cambios por
hacer.
3. ARRANCÓ LA CAMPAÑA Y OBLIGA A MOVER. Es claro que este
remezón en el gabinete es un banderazo para la campaña
presidencial de 2026. La salida de Luis Gilberto Murillo, Susana
Muhamad (aunque suena para ir a Planeación Nacional o la
Alcaldía de Bogotá en 2027) o la inminente renuncia de Gustavo
Bolívar, así como la dimisión del titular de Minas (Andrés
Camacho) y de otros altos funcionarios, impactan el escenario de
la izquierda petrista en cuanto al sonajero de candidatos a la
Casa de Nariño o al Congreso. Incluso, la fractura de las
relaciones entre el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez
también tiene un efecto en las movidas políticas para el próximo
año. A ello se suman los pronunciamientos polémicos del propio
Petro en las últimas semanas, en medio de la crisis ministerial,
hablando de la reelección del proyecto del “cambio” … Todo ello
anticipa el inicio de la campaña y obliga a que los partidos y
movimientos del centro, la centroderecha y la derecha también
tengan que acelerar las definiciones de sus respectivas
estrategias electorales para Congreso y Casa de Nariño.
4. UN GOBIERNO INTERINO Y PARALIZADO. El cambio de trece
ministros en menos de tres meses, doce de ellos entre enero y
febrero, ha golpeado la ya de por sí lenta gestión
gubernamental. La ejecución presupuestal –que el año pasado
marcó récord por su bajo porcentaje– arrancó 2025 con ‘freno de
mano’. De un lado, por cuenta del billonario recorte de recursos
derivado de la crisis fiscal del Gobierno nacional central y, de
otro, por la caída del recaudo tributario en una economía que
apenas creció 1,7 % en 2024. Es evidente, entonces, que hay un
Ejecutivo en interinidad. Las decisiones en los ministerios y
entidades del orden nacional se encuentran paralizadas mientras
se logra algún tipo de estabilidad. Los ministros encargados y
viceministros no toman decisiones de fondo en espera de que
acabe el remezón y se sepa quién se queda y quién se va. La
crisis en salud, orden público y energía, entre otras, se
agrava, mientras que el país parece a la deriva, sin brújula
alguna, golpeado, además, por escándalos de corrupción en el
alto gobierno como el de alias ‘Papá Pitufo’ y las crisis
derivadas de acciones presidenciales, como la suscitada con
Estados Unidos por el tema migratorio.
5. RELEVO EN MINDEFENSA EN MEDIO DE CRISIS DE CATATUMBO.
La salida del criticado Iván Velásquez de la cartera de Defensa
y la aún más accidentada llegada al cargo de un general activo
como Pedro Sánchez (quien de inmediato tuvo que pedir la baja
para asumir como civil y evitar así la salida de una treintena
de generales), se dieron en medio de una de las más graves
situaciones de orden público durante el mandato Petro: los
operativos de las FF.MM. para responder a los combates entre el
Eln y disidencias de Farc en la región del Catatumbo, que
dejaron decenas de muertes y desplazaron a más de 80 mil
personas. La situación obligó, incluso, a declarar un estado de
conmoción interior que ya lleva más de un mes de vigencia y con
una veintena de decretos dictados a su amparo. Sin embargo, a
hoy no se sabe cómo está avanzando la recuperación militar e
institucional de esa región estratégica de Norte de Santander y
de la frontera con Venezuela. Hasta el momento no se informó de
un golpe contundente a los elenos ni a las disidencias, pero sí
hubo una escalada terrorista subversiva en Cúcuta y sus
alrededores.
6. SE AGRAVA CRISIS DE ORDEN PÚBLICO. Pero la situación
en el Catatumbo no es la única que se ha complicado en medio del
accidentado remezón ministerial y la consecuente crisis de
gobernabilidad. En el Chocó, el Eln, una vez más, impuso un
‘paro armado’ en medio de fuertes combates con el ‘Clan del
Golfo’. También se han presentado enfrentamientos entre grupos
armados ilegales en Bolívar, Cauca, Guaviare y otros
departamentos del suroccidente y suroriente del país. En Valle y
Cauca, las disidencias continúan atacando con drones y
hostigamientos directos a la Policía. También hay problemas de
orden público en Arauca. Pese a ello, el ministro de Defensa
saliente negó que existiera una crisis de seguridad
generalizada, sino apenas unos casos puntuales que han sido
“maximizados”. De inmediato, muchos sectores le replicaron,
recordándole, incluso, que la Defensoría del Pueblo acaba de
advertir que los grupos armados operan en el 73 % de los
municipios del país. A ello se sumó el reporte de la ONU sobre
la pérdida de control territorial a manos de los violentos.
7. IMPLOSIÓN DE SISTEMA DE SALUD. Mientras que el
Gobierno lleva un mes tratando de designar un gabinete para
acelerar la gestión y cumplir los 175 compromisos que tiene
colgados, el panorama en el sector salud se agrava día tras día.
Las EPS dicen que están a bordo de una crisis financiera
insalvable. La escasez de medicamentos se profundiza y aumenta
el número de hospitales y clínicas que están cerrando servicios
por la billonaria deuda en mora que les tienen. A ello se suma
que crece el escándalo de corrupción en algunas EPS intervenidas
por la Supersalud, a tal punto que esta semana salpicó a la
propia canciller, Laura Sarabia. En el entretanto, el Ministerio
de Salud continúa haciendo esguinces para cumplir a tiempo las
órdenes de la Corte Constitucional sobre el ajuste de la Unidad
de Pago por Capitación y los giros de “presupuestos máximos” a
las EPS. Y, como si fuera poco, el polémico proyecto de reforma
a la salud se trabó en la plenaria de la Cámara.
8. PROFUNDIZAN ESTRATEGIA DE FACTORES CLIENTELISTAS. En
medio de la interinidad ministerial y la crisis institucional,
el gobierno Petro decidió profundizar la polémica estrategia de
allanar apoyos a sus proyectos de reforma en el Congreso por la
vía del clientelismo y la fractura de las bancadas
independientes y de oposición. Las reuniones del ministro del
Interior, Armando Benedetti, con más de una treintena de
parlamentarios conservadores, liberales y de la U, a los cuales
se les estarían haciendo ofrecimientos de cuotas ministeriales y
en otras dependencias, van en la dirección de tratar de
recuperar las mayorías en la Cámara en busca de salvar las
reformas laboral y de salud. El resultado de esas gestiones
polémicas del Ejecutivo está por verse, porque los directorios
de las mencionadas colectividades advierten graves sanciones a
los que no sigan las instrucciones de voto. Además, es claro que
así logre la Casa de Nariño destrabar el trámite de las reformas
en la Cámara (incluida la de transfuguismo partidista), en el
Senado las mayorías en plenarias y comisiones son de los
partidos independientes y de oposición, que se mantienen firmes
en contra de las iniciativas del Ejecutivo.
9. GOBERNADORES ADVIERTEN BLOQUEO DEL EJECUTIVO. En la
cumbre de mandatarios seccionales que se llevó a cabo la semana
pasada en Villa de Leyva (Boyacá), no solo se advirtió de la
profundización de la crisis en seguridad y orden público en
muchas regiones, así como de los problemas generados por los
drásticos recortes del Ejecutivo en materia de inversión social,
subsidios y recursos para infraestructura, sino que hubo muchos
campanazos en torno a que la interinidad y parálisis en el
Gobierno nacional central por cuenta del caótico remezón del
gabinete está afectando la gestión de las gobernaciones. Esto no
solo porque no hay quien tome decisiones de fondo en la mayoría
de los ministerios sobre asuntos de alto impacto regional, sino
porque en ese clima de interinidad ni siquiera se pueden
viabilizar los avales del Gobierno nacional central para
arrancar obras y proyectos financiados con recursos de los
departamentos.
10. PREOCUPANTE AUMENTO DEL DESEMPLEO. Tal como lo habían
pronosticado expertos, gremios y centros de estudios económicos,
el 2025 arrancó con un aumento en la tasa de desocupación. Según
informó el DANE este viernes, el índice pasó de 9,1 % en
diciembre pasado a un 11,6 % en enero. Este incremento se debe a
varias razones: impacto del aumento salarial autorizado para
2025, una economía
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que crece a
un ritmo muy lento y un clima empresarial muy precavido frente a lo que
pueda pasar con el proyecto de reforma laboral en la Cámara. Esa
iniciativa, como se sabe, es fuertemente criticada por distintos
sectores que consideran que podría disparar la informalidad laboral,
aumentar sustancialmente los costos de nómina, empujar al alza el
desempleo y poner a las empresas en rangos de insolvencia y nula
rentabilidad.
11. SIN
PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Mientras que casi todo el equipo
ministerial ha sido relevado en los últimos tres meses (Hacienda,
Transporte, TIC, Vivienda, Minas y Trabajo), a lo que su suman los
cambios en la DIAN, Agencia Nacional de Infraestructura,
superintendencias y otras dependencias, el panorama del aparato
productivo es cada día más complicado. El producto interno bruto (PIB),
informado a mediados de febrero, paralelo a la dilatada crisis de
gabinete, creció apenas 1,7 % el año pasado, por debajo de los cálculos
oficiales, lo que pone en duda la posibilidad de que en este 2025 la
economía pueda llegar, como mínimo, a un 2,5 %. Lo más grave, como lo
advirtieran varios dirigentes gremiales, es que no solo el Gobierno
continúa esquivando el llamado del sector privado a que se implemente de
manera urgente un plan de choque, sino que el prolongado clima de
interinidad ministerial está profundizando la incertidumbre económica y
el nerviosismo en el clima de negocios. Y, como si fuera poco, la caída
del recaudo tributario, el incumplimiento de la regla fiscal y la
propuesta del titular de Hacienda para impulsar un nuevo proyecto de
reforma tributaria (que no tiene ningún margen de acción en el
Congreso), completan un panorama de arranque de 2025 muy complicado.
12.
TENSIÓN CON LAS ALTAS CORTES JUDICIALES. Otro de los flancos que
prendieron alarmas en el último mes es la tensión entre la Casa de
Nariño y la cúpula de la Rama Judicial. De hecho, los presidentes de los
máximos tribunales declinaron una invitación que les hiciera Petro para
una reunión en la sede presidencial. La negativa se sustentó en que no
es conveniente esa clase de encuentros en medio de los asuntos que cada
alta corte está manejando en relación con temas que interesan o impactan
al Ejecutivo, como el análisis de exequibilidad a la reforma pensional o
la revisión de los decretos de conmoción interior, en el caso de la
Corte Constitucional. Los escándalos de corrupción que involucran a
altos funcionarios, exfuncionarios y congresistas (Unidad para la
Gestión del Riesgo, llamado a juicio del ministro Benedetti o el nivel
de infiltración en la DIAN, Policía y alto Gobierno del zar del
contrabando alias ‘Papá Pitufo’) en lo atinente a la Suprema de
Justicia; así como las demandas de decretos ante el
contencioso-administrativo. De hecho, a hoy no se sabe si la Corte
Constitucional aceptará la solicitud presidencial de realizar una
audiencia pública sobre la demanda a la reforma pensional, cuyas
posibilidades de pasar el filtro de exequibilidad son muy reducidas por
el grave error, avalado por el Gobierno, que se cometió en la plenaria
de la Cámara para salvar la iniciativa.
13.
POLÍTICA DE PAZ EN VILO. Aunque hasta el momento se mantiene en su
cargo el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, es innegable que la
política de paz del Gobierno ha tenido fuertes traspiés en el último
mes. Los más graves, sin duda alguna, las detenciones de Willinton
Henao, alias ‘Mocho Olmedo’, negociador de paz e integrante del ‘Frente
33’ de una disidencia de las Farc, así como la de Andrés Rojas, alias
‘Araña’, vocero de los ‘Comandos de Frontera’, otro grupo residual de la
misma guerrilla. Este último caso fue más complejo, porque la Fiscalía
lo capturó cuando sostenía un encuentro con delegados de paz del
Gobierno en un hotel de Bogotá. Pese a la protesta de Patiño, tanto la
Fiscalía como la propia ministra de Justicia dejaron en claro que la
suspensión de órdenes de captura a delegados de grupos ilegales con los
que se estén adelantando diálogos de paz no incluye ni cobija las
solicitudes de extradición. En el caso de ‘Araña’, está solicitado por
una corte del Distrito Sur de California por presunto narcotráfico. Este
es un hecho que podría bloquear muchos flancos de diálogo y negociación
en el marco de una política de paz calificada de improductiva,
improvisada y que ha permitido el fortalecimiento de los violentos en
muchas regiones.
14. CONGRESO CON AGENDA TRABADA Y ALUD DE CONTROL POLÍTICO. La
productividad del Congreso en el arranque del segundo tramo de la
legislatura ha sido muy baja. El dilatado recambio de ministros afectó
el ritmo de discusión de reformas como la laboral, a la salud o la de
transfuguismo parlamentario. Muchos debates de control político están en
el aire por el alto grado de interinidad en el gabinete y otras
entidades del Gobierno nacional central. Había mociones de censura
impulsadas contra titulares de cartera que salieron. A ello se suma que
el Ejecutivo no ha podido maniobrar para superar el bloqueo de la
reforma a la salud por la controversia en la mesa directiva de la
Cámara, en tanto que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no solo ha
replicado las duras críticas presidenciales, sino advertido al jefe de
Estado que el Congreso es autónomo y no se dejará presionar ni
satanizar.
Corte abre indagación a 30 congresistas
porque habrían pedido puestos en la DIAN

La Corte Suprema de Justicia
abrió ayer una indagación preliminar a 30 congresistas y dos
exparlamentarios que fueron mencionados en un listado que el ministro de
Comercio, Industria y Turismo, Luis Reyes, entregó a la Fiscalía porque
dijo que cuando estuvo al frente de la DIAN le pidieron puestos en la
entidad.
También, la fiscal novena delegada ante ese alto tribunal, María Patiño,
compulsó copias a la Sala de Instrucción contra 28 parlamentarios que
habrían recibido contratación en el INVÍAS.
El ministro Luis Reyes, por pedido de la Corte Suprema de Justicia,
declaró el pasado jueves sobre la revelación que hizo hace días a W
Radio, que políticos de distintos partidos le solicitaron puestos en la
DIAN. Entre ellos mencionó que el entonces presidente del Senado, Roy
Barreras, le pidió la dirección de la entidad en Buenaventura. El hoy
embajador en el Reino Unido negó este señalamiento.
“Todo tipo de personas altamente influyentes y conectadas (y de todos
los bandos políticos) me presionaron para que nombrara a sus
recomendados en distintas aduanas. Uno de los resultados de nuestras
acciones fue la enemistad con todos aquellos cuyos recomendados no
entraron”, dijo el ministro Reyes.
Aseguró el titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo que
“me pidieron la DIAN Buenaventura. Sí, el entonces presidente del
Congreso me la pidió. Sí, sí, es verdad. Buenaventura y Cali. Y me hizo
un comentario curioso. Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un
tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro.
Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le
rompieran las piernas’. Y me entregó hojas de vida para la dirección de
aduanas de Buenaventura y la de Cali; lo cual tiene mucho sentido,
porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia
Cali y requiere una coordinación entre los funcionarios que están
comprometidos en ambas secciones”.
La indagación de la Corte cobija a Alfredo Deluque, Mauricio Parody,
Enrique Cabrales, Saray Robayo, Liliana Bitar, Yenica Acosta, Daniel
Restrepo, Armando Zabaraín, Édgar Díaz, Sandra Jaimes, Carlos Mario
Farelo, Ángela Vergara, Germán Blanco, Leonardo Gallego, Jairo
Castellanos, Antonio Correa, Alejandro Martínez, Silvio Carrasquilla,
Fernando Niño, Carlos Cuenca, Juan Carlos Garcés, Juan Samy Merheg,
Efraín Cepeda.
Igualmente a Olga Lucía Velásquez, Julio Elías Vidal, Nicolás Echeverry,
Wílmer Carrillo, Óscar Darío Pérez, Karina Bocanegra y Cha Dorina.
Además, a los excongresistas Ciro Rodríguez y Roy Barreras.
También en el INVÍAS
La Fiscalía pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia investigar a 28
congresistas que estarían comprometidos en un caso de corrupción por
contratación en el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), con base en el
testimonio que entregó al ente acusador María Benavides, exasesora del
exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
Los congresistas que serían investigados por la Corte por estos hechos
son los representantes a la Cámara Juan Loreto Gómez, Olga Lucía
Velásquez, Katherine Miranda, Wílmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo,
Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Wílmer Castellanos,
Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina,
Wílder Iberson Escobar, Milena Jaraba, Sandra Aristizábal, Kellyn Johana
González, Yamil Arana, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y
Wílmer Yesid Guerrero.
Así como los senadores Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda, Juan Carlos
Garcés, Juan Pablo Gallo, José Alfredo Gnecco, Liliana Bitar y Karina
Espinosa.
La exasesora Benavides declaró ante la Fiscalía en el marco de la
investigación por el escándalo de corrupción en la UNGRD al exministro
de Hacienda Ricardo Bonilla, porque supuestamente habría buscado
favorecer a congresistas de la Comisión de Crédito Público con contratos
en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en El Carmen de Bolívar
(Bolívar), a cambio de conceptuar operaciones de crédito internacional
que requería el Gobierno.
Por estos hechos la Corte investiga a los senadores Liliana Bitar
Castilla y Juan Gallo Maya, así como a los representantes Wadith Manzur
Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista
Juan Muñoz Cabrera.
Fuego cruzado en la Casa de Nariño

En un momento en que el
presidente pidió a los ministros y otros altos funcionarios enfocarse en
lo que resta del mandato en cumplir el programa de gobierno,
reconociendo importantes atrasos en varios sectores, crecen las
divisiones en la
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administración, especialmente en las últimas semanas a
partir del caótico consejo de gabinete el pasado 5 de febrero.
El ambiente enrarecido se ha generado principalmente
alrededor de dos nombres: Laura Sarabia, hoy canciller, y Armando
Benedetti, designado ministro del Interior, quienes desde el principio
del gobierno han sido resistidos por el ala petrista del Gobierno y por
el progresismo.
También hay otras situaciones por las que se habría
resquebrajado la unidad en el Gobierno, como la inconformidad de la
vicepresidenta por el lugar que le ha dado el presidente en la
administración, y uno coyuntural por los señalamientos debido a la
infiltración que quiso hacer el contrabandista ‘Papá Pitufo’ a la
campaña presidencial en 2022.
En un principio el rechazo a Benedetti de un sector del
Gobierno es por su origen en la política tradicional, que dicen sus
malquerientes choca con un mandato que exhibe como bandera el cambio. Lo
mismo dijeron de Roy Barreras, quien con la aquiescencia del presidente
fue incluido en la lista del Pacto Histórico al Senado y también para
que fuera el presidente de esta corporación en la primera legislatura,
buscando por su larga experiencia política sacar adelante las reformas.
El resquemor de algunos con Benedetti se apaciguó en parte porque no lo
veían, pues el presidente lo envió a Venezuela como embajador. Sin
embargo, las diferencias con Sarabia crecieron porque en Palacio se
convirtió en la mano derecha del mandatario: le organizaba la agenda y
se dijo que se hizo más poderosa y aprovechó esta condición,
supuestamente, para frenar a varios ministros que no eran cercanos a
ella el acceso al jefe de Estado.
Posiblemente los malquerientes de Benedetti y Sarabia
respiraron tranquilos cuando a mediados de 2023 el mandatario los sacó
del Gobierno después de hacerse público un audio de whatsapp en el que
el entonces embajador le recriminaba a ella porque Petro no le daba la
importancia que dijo merecía, pues se jactaba de que gracias a su
trabajo político se ganó la Presidencia. Y amenazó que si se sabía cómo
se financió la campaña en la costa Norte, todos irían a prisión.
Sin embargo, poco después el mandatario, en una decisión que muchos en
el círculo presidencial y en la bancada oficialista no entendieron,
reincorporó a Sarabia al Gobierno, designándola directora de Prosperidad
Social; posteriormente la llevó a Palacio como directora del Dapre y
ahora, ante la renuncia de Luis Murillo, la nombró canciller.
Parecido ocurrió con Benedetti, a quien Petro nombró embajador ante la
FAO; posteriormente, lo trajo a Palacio como jefe de despacho y ahora,
ante la renuncia de Juan Cristo, lo nombró ministro del Interior.
Explotó la inconformidad
El consejo de ministros del pasado 5 de febrero marcó un punto de
quiebre en el creciente fuego amigo dentro del Gobierno, pues
anteriormente se supo más del mismo por los rumores que circulaban en la
Casa de Nariño e informaciones de medios por situaciones que se
filtraron.
Sin embargo, en dicho consejo la inconformidad explotó y
varios funcionarios se dijeron en la cara las diferencias. Incluso, la
vicepresidenta le manifestó al presidente su inconformidad por el
tratamiento que le está dando.
“La gente dice que estoy relegada… y sí, tienen razón. Yo pensé que
llegaba aquí a ser su aliada", reclamó Márquez, mostrando así para
muchos las diferencias entre los dos que desde hacía tiempo se vienen
rumoreando. Lo que se habría confirmado esta semana, cuando el jefe del
Estado la removió del Ministerio de la Equidad y ella no ocultó su
malestar, al punto de afirmar que teme por su vida. “Denunciar la
corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias”, expresó.
Volviendo al consejo de ministros, señaló también la vicepresidenta que
“no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que
me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a
Armando] Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este
gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de
responsabilidad con lo que está pasando”.
Márquez dijo también estar "preocupada de que llegue gente con chantajes
para socavar un sueño", en clara alusión a Benedetti.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo en ese
consejo que “como feminista y como mujer, no me puedo sentar en el
gabinete con Armando Benedetti”, aludiendo a un altercado que este tuvo
con su esposa en España cuando era embajador ante la FAO.
Mientras que el director de Planeación Nacional, Alexánder López,
tampoco se guardó sus diferencias con Benedetti y Sarabia. “No nos
representan en este proyecto y eso no es sectarismo político (...) yo
tuve una relación de respeto con Laura, pero sé que no la tuvo con otros
compañeros. Con Benedetti la situación es mucho más compleja y no es de
una segunda, tercera o cuarta oportunidad”, dijo.
En este consejo de ministros el director de la Unidad Nacional de
Protección (UNP), Augusto Rodríguez, destapó un escándalo porque Diego
Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, aportó $500 millones a la campaña de
Petro en 2022, frente a lo cual el hoy presidente asegura que los hizo
devolver al enterarse de que es uno de los grandes contrabandistas en el
país.
Rodríguez culpó a Benedetti de supuestamente hacer llegar a ‘Papá Pitufo’
a la campaña. “No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones
que hay. Pero comenzaron con él. El tema del señor ‘Pitufo’ comenzó con
él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que
hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener”, dijo.
Ante estas afirmaciones, Benedetti denunció a Rodríguez
por injuria y calumnia agravada.
Desarrollo caso ‘Papá Pitufo’
La revelación de Rodríguez sobre el acercamiento que hizo ‘Papá Pitufo’
a la campaña aceleró las investigaciones contra este sujeto y se
conocieron detalles de su accionar, entre otros, su poder de corrupción
de policías para dejar entrar contrabando al país.
También se supo que varios políticos intentaron ante la DIAN que
nombraran sus recomendados en las aduanas en Buenaventura, Cali y
Cartagena.
El ministro de Comercio, Luis Reyes, señaló a Roy Barreras, embajador en
el Reino Unido, de ser uno de los que le pidieron cargos en la DIAN, y
entregó un listado a la Fiscalía con varios nombres.
“Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura y el entonces
presidente del Congreso (Roy Barreras) me la pidió”, dijo Reyes.
Mientras que el embajador replicó que “jamás he tenido funcionarios en
la DIAN de Buenaventura (...) ¿A quién está cubriendo Reyes? ¿Por qué lo
hace?”.
Barreras emprendió acciones legales contra el ministro por sus
afirmaciones, por lo cual el próximo viernes se hará una audiencia de
conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá.
En días anteriores la canciller fue salpicada en un informe de W Radio
que señalaba que tres EPS intervenidas están beneficiando a algunas IPS
pagando la totalidad de los servicios prestados, mientras que muchos
hospitales esperan que les paguen.
Estas IPS según el informe, conforman un grupo empresarial que tendría
matriz en España. Fuentes señalaron a este medio que Sarabia se habría
beneficiado en estos hechos.
Pocos minutos después de conocerse esta publicación, el director de
Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien ha tenido varios
enfrentamientos con la canciller, se preguntó en X: “¿Es bueno para
Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo?”.
La canciller negó su participación y aseguró que el director de la UNP
recomendó a Mauricio Marín, salpicado en estos hechos, para la dirección
de la Fiduprevisora.
Rodríguez negó esta afirmación y dijo que “ella sí sabía perfectamente
de dónde venía Marín”.
Anulan elección de Arley Valero como
diputado de Santander

El Consejo de Estado dejó en
firme la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de anular la
elección del diputado Arley Octavio Valero Sáenz, actual presidente de
la Asamblea de Santander, al confirmar que se encontraba inhabilitado
para ejercer el cargo debido a que su hermano, Ludwing Joel Valero,
ocupaba un puesto de autoridad administrativa en el departamento.
La sentencia de segunda instancia ratificó el fallo emitido el 27 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, que
declaró nula la elección de Valero para el periodo 2024-2027. La
decisión se basó en que su hermano Ludwing Joel Valero se desempeñaba
como director general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios (Uspec), entidad que, en los últimos meses, suscribió y
ejecutó contratos en distintas localidades de Santander, como
Bucaramanga, Girón, Málaga y San Vicente de Chucurí.
La demanda de nulidad electoral fue presentada por Ángel de Jesús
Estévez Salazar, quien argumentó que Ludwing Valero, en su rol en la
Uspec, manejó presupuesto, nombró y removió personal y celebró contratos
en el departamento, lo que inhabilitaba a su hermano para aspirar a un
cargo de elección popular según lo establecido en el numeral 6 del
artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.
Tanto la Procuraduría como el Tribunal Administrativo de Santander
concluyeron que la inhabilidad de Valero era evidente, ya que su
parentesco con una autoridad administrativa dentro de los 12 meses
previos a la elección lo hacía inelegible para el cargo de diputado.
Tras la decisión del Consejo de Estado, la curul de Valero será ocupada
por Orlando Antonio Niño Mateus, exalcalde de Puente Nacional, quien
obtuvo la tercera mayor votación en la lista del Partido Conservador en
las elecciones de 2023.
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