Bogotá, Colombia -Edición: 766

 Fecha: Domingo 02-03-2025

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POLÍTICA

 

 

 

Crisis ministerial: Un mes entre bandazos e ingobernabilidad

 

 

Tras cambiar a trece titulares de cartera desde diciembre a la fecha, el Ejecutivo sigue en un alto grado de interinidad… No solo se hizo patente la fractura entre Petro y la vicepresidenta Márquez, sino que varias problemáticas se han agravado, en tanto que escándalos como el de alias ‘Papá Pitufo’ se extienden en la Casa de Nariño. Hay un bloqueo de la gestión y un Congreso en el que, pese a las renovadas maniobras clientelistas para allanar apoyos a las reformas, estas siguen trabadas. Radiografía

1. FRACTURA PETRO-VICEPRESIDENTA MÁRQUEZ. Una de las principales consecuencias de la crisis ministerial es la ‘oficialización’ de las diferencias entre el presidente y su segunda a bordo. Desde hace meses se sabía de las relaciones distantes entre ambos y del inconformismo de Francia Márquez porque el sanedrín presidencial no la tenía en cuenta ni le colaboraba para echar a andar el Ministerio de la Igualdad, dejándola en el foco de las críticas por la bajísima ejecución presupuestal e ineficiente gestión de esa cartera. Sin embargo, el caótico consejo de ministros del 4 de febrero fue el ‘florero de Llorente’. En vivo y en directo por televisión nacional, Márquez criticó duramente el trato que le daba la canciller Laura Sarabia y le exigió respetar su cargo de elección popular. Alertó, de paso, sobre la decepción por los incumplimientos de las promesas gubernamentales. Aunque, como todo el gabinete, había presentado renuncia protocolaria hace dos semanas, en esta última Petro finalmente la removió del ministerio. Si bien designó en su reemplazo a una persona cercana a la vice, es claro que hay una fractura política e incluso personal entre el presidente y Márquez, lo que tendrá implicaciones a corto y mediano plazos.

2. UN MES DE CAMBIOS Y NO HAN TERMINADO. En un hecho inédito en la política colombiana, el cambio del gabinete (cuarto remezón en poco más de dos años y medio del mandato Petro) no ha terminado. En diciembre salió el ministro de Hacienda y en enero presentaron dimisión los titulares de Cancillería, Transporte y TIC. Ya en febrero, después del accidentado consejo de ministros en donde se presentó una rebelión por la designación de Laura Sarabia en la Cancillería y de Armando Benedetti como jefe de gabinete, gran parte de los ministros han sido cambiados: Ambiente, Vivienda, Cultura, Defensa, Interior, Minas y Energía, Trabajo, Equidad y Deporte. Es decir, que solo en seis carteras no se han operado cambios: Justicia, Agricultura, Salud, Comercio, Educación y Ciencia y Tecnología. También hubo renuncias en el Departamento Administrativo de Presidencia (dos dimisiones en menos de un mes), Planeación Nacional, ANI y DIAN, entre otras entidades. Varios de esos cargos aún siguen vacantes e incluso el jueves pasado se había anunciado una posesión masiva de ministros en un inédito acto en el Teatro Colón, que al final no terminó en nada. Aun así, Petro dijo ese día que todavía faltan cambios por hacer.

3. ARRANCÓ LA CAMPAÑA Y OBLIGA A MOVER. Es claro que este remezón en el gabinete es un banderazo para la campaña presidencial de 2026. La salida de Luis Gilberto Murillo, Susana Muhamad (aunque suena para ir a Planeación Nacional o la Alcaldía de Bogotá en 2027) o la inminente renuncia de Gustavo Bolívar, así como la dimisión del titular de Minas (Andrés Camacho) y de otros altos funcionarios, impactan el escenario de la izquierda petrista en cuanto al sonajero de candidatos a la Casa de Nariño o al Congreso. Incluso, la fractura de las relaciones entre el presidente Petro y la vicepresidenta Márquez también tiene un efecto en las movidas políticas para el próximo año. A ello se suman los pronunciamientos polémicos del propio Petro en las últimas semanas, en medio de la crisis ministerial, hablando de la reelección del proyecto del “cambio” … Todo ello anticipa el inicio de la campaña y obliga a que los partidos y movimientos del centro, la centroderecha y la derecha también tengan que acelerar las definiciones de sus respectivas estrategias electorales para Congreso y Casa de Nariño.

4. UN GOBIERNO INTERINO Y PARALIZADO. El cambio de trece ministros en menos de tres meses, doce de ellos entre enero y febrero, ha golpeado la ya de por sí lenta gestión gubernamental. La ejecución presupuestal –que el año pasado marcó récord por su bajo porcentaje– arrancó 2025 con ‘freno de mano’. De un lado, por cuenta del billonario recorte de recursos derivado de la crisis fiscal del Gobierno nacional central y, de otro, por la caída del recaudo tributario en una economía que apenas creció 1,7 % en 2024. Es evidente, entonces, que hay un Ejecutivo en interinidad. Las decisiones en los ministerios y entidades del orden nacional se encuentran paralizadas mientras se logra algún tipo de estabilidad. Los ministros encargados y viceministros no toman decisiones de fondo en espera de que acabe el remezón y se sepa quién se queda y quién se va. La crisis en salud, orden público y energía, entre otras, se agrava, mientras que el país parece a la deriva, sin brújula alguna, golpeado, además, por escándalos de corrupción en el alto gobierno como el de alias ‘Papá Pitufo’ y las crisis derivadas de acciones presidenciales, como la suscitada con Estados Unidos por el tema migratorio.

5. RELEVO EN MINDEFENSA EN MEDIO DE CRISIS DE CATATUMBO. La salida del criticado Iván Velásquez de la cartera de Defensa y la aún más accidentada llegada al cargo de un general activo como Pedro Sánchez (quien de inmediato tuvo que pedir la baja para asumir como civil y evitar así la salida de una treintena de generales), se dieron en medio de una de las más graves situaciones de orden público durante el mandato Petro: los operativos de las FF.MM. para responder a los combates entre el Eln y disidencias de Farc en la región del Catatumbo, que dejaron decenas de muertes y desplazaron a más de 80 mil personas. La situación obligó, incluso, a declarar un estado de conmoción interior que ya lleva más de un mes de vigencia y con una veintena de decretos dictados a su amparo. Sin embargo, a hoy no se sabe cómo está avanzando la recuperación militar e institucional de esa región estratégica de Norte de Santander y de la frontera con Venezuela. Hasta el momento no se informó de un golpe contundente a los elenos ni a las disidencias, pero sí hubo una escalada terrorista subversiva en Cúcuta y sus alrededores.

6. SE AGRAVA CRISIS DE ORDEN PÚBLICO. Pero la situación en el Catatumbo no es la única que se ha complicado en medio del accidentado remezón ministerial y la consecuente crisis de gobernabilidad. En el Chocó, el Eln, una vez más, impuso un ‘paro armado’ en medio de fuertes combates con el ‘Clan del Golfo’. También se han presentado enfrentamientos entre grupos armados ilegales en Bolívar, Cauca, Guaviare y otros departamentos del suroccidente y suroriente del país. En Valle y Cauca, las disidencias continúan atacando con drones y hostigamientos directos a la Policía. También hay problemas de orden público en Arauca. Pese a ello, el ministro de Defensa saliente negó que existiera una crisis de seguridad generalizada, sino apenas unos casos puntuales que han sido “maximizados”. De inmediato, muchos sectores le replicaron, recordándole, incluso, que la Defensoría del Pueblo acaba de advertir que los grupos armados operan en el 73 % de los municipios del país. A ello se sumó el reporte de la ONU sobre la pérdida de control territorial a manos de los violentos.

7. IMPLOSIÓN DE SISTEMA DE SALUD. Mientras que el Gobierno lleva un mes tratando de designar un gabinete para acelerar la gestión y cumplir los 175 compromisos que tiene colgados, el panorama en el sector salud se agrava día tras día. Las EPS dicen que están a bordo de una crisis financiera insalvable. La escasez de medicamentos se profundiza y aumenta el número de hospitales y clínicas que están cerrando servicios por la billonaria deuda en mora que les tienen. A ello se suma que crece el escándalo de corrupción en algunas EPS intervenidas por la Supersalud, a tal punto que esta semana salpicó a la propia canciller, Laura Sarabia. En el entretanto, el Ministerio de Salud continúa haciendo esguinces para cumplir a tiempo las órdenes de la Corte Constitucional sobre el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación y los giros de “presupuestos máximos” a las EPS. Y, como si fuera poco, el polémico proyecto de reforma a la salud se trabó en la plenaria de la Cámara.

8. PROFUNDIZAN ESTRATEGIA DE FACTORES CLIENTELISTAS. En medio de la interinidad ministerial y la crisis institucional, el gobierno Petro decidió profundizar la polémica estrategia de allanar apoyos a sus proyectos de reforma en el Congreso por la vía del clientelismo y la fractura de las bancadas independientes y de oposición. Las reuniones del ministro del Interior, Armando Benedetti, con más de una treintena de parlamentarios conservadores, liberales y de la U, a los cuales se les estarían haciendo ofrecimientos de cuotas ministeriales y en otras dependencias, van en la dirección de tratar de recuperar las mayorías en la Cámara en busca de salvar las reformas laboral y de salud. El resultado de esas gestiones polémicas del Ejecutivo está por verse, porque los directorios de las mencionadas colectividades advierten graves sanciones a los que no sigan las instrucciones de voto. Además, es claro que así logre la Casa de Nariño destrabar el trámite de las reformas en la Cámara (incluida la de transfuguismo partidista), en el Senado las mayorías en plenarias y comisiones son de los partidos independientes y de oposición, que se mantienen firmes en contra de las iniciativas del Ejecutivo.

9. GOBERNADORES ADVIERTEN BLOQUEO DEL EJECUTIVO. En la cumbre de mandatarios seccionales que se llevó a cabo la semana pasada en Villa de Leyva (Boyacá), no solo se advirtió de la profundización de la crisis en seguridad y orden público en muchas regiones, así como de los problemas generados por los drásticos recortes del Ejecutivo en materia de inversión social, subsidios y recursos para infraestructura, sino que hubo muchos campanazos en torno a que la interinidad y parálisis en el Gobierno nacional central por cuenta del caótico remezón del gabinete está afectando la gestión de las gobernaciones. Esto no solo porque no hay quien tome decisiones de fondo en la mayoría de los ministerios sobre asuntos de alto impacto regional, sino porque en ese clima de interinidad ni siquiera se pueden viabilizar los avales del Gobierno nacional central para arrancar obras y proyectos financiados con recursos de los departamentos.

10. PREOCUPANTE AUMENTO DEL DESEMPLEO. Tal como lo habían pronosticado expertos, gremios y centros de estudios económicos, el 2025 arrancó con un aumento en la tasa de desocupación. Según informó el DANE este viernes, el índice pasó de 9,1 % en diciembre pasado a un 11,6 % en enero. Este incremento se debe a varias razones: impacto del aumento salarial autorizado para 2025, una economía
 

 

 

que crece a un ritmo muy lento y un clima empresarial muy precavido frente a lo que pueda pasar con el proyecto de reforma laboral en la Cámara. Esa iniciativa, como se sabe, es fuertemente criticada por distintos sectores que consideran que podría disparar la informalidad laboral, aumentar sustancialmente los costos de nómina, empujar al alza el desempleo y poner a las empresas en rangos de insolvencia y nula rentabilidad.

 

11. SIN PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Mientras que casi todo el equipo ministerial ha sido relevado en los últimos tres meses (Hacienda, Transporte, TIC, Vivienda, Minas y Trabajo), a lo que su suman los cambios en la DIAN, Agencia Nacional de Infraestructura, superintendencias y otras dependencias, el panorama del aparato productivo es cada día más complicado. El producto interno bruto (PIB), informado a mediados de febrero, paralelo a la dilatada crisis de gabinete, creció apenas 1,7 % el año pasado, por debajo de los cálculos oficiales, lo que pone en duda la posibilidad de que en este 2025 la economía pueda llegar, como mínimo, a un 2,5 %. Lo más grave, como lo advirtieran varios dirigentes gremiales, es que no solo el Gobierno continúa esquivando el llamado del sector privado a que se implemente de manera urgente un plan de choque, sino que el prolongado clima de interinidad ministerial está profundizando la incertidumbre económica y el nerviosismo en el clima de negocios. Y, como si fuera poco, la caída del recaudo tributario, el incumplimiento de la regla fiscal y la propuesta del titular de Hacienda para impulsar un nuevo proyecto de reforma tributaria (que no tiene ningún margen de acción en el Congreso), completan un panorama de arranque de 2025 muy complicado.

 

12. TENSIÓN CON LAS ALTAS CORTES JUDICIALES. Otro de los flancos que prendieron alarmas en el último mes es la tensión entre la Casa de Nariño y la cúpula de la Rama Judicial. De hecho, los presidentes de los máximos tribunales declinaron una invitación que les hiciera Petro para una reunión en la sede presidencial. La negativa se sustentó en que no es conveniente esa clase de encuentros en medio de los asuntos que cada alta corte está manejando en relación con temas que interesan o impactan al Ejecutivo, como el análisis de exequibilidad a la reforma pensional o la revisión de los decretos de conmoción interior, en el caso de la Corte Constitucional. Los escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios, exfuncionarios y congresistas (Unidad para la Gestión del Riesgo, llamado a juicio del ministro Benedetti o el nivel de infiltración en la DIAN, Policía y alto Gobierno del zar del contrabando alias ‘Papá Pitufo’) en lo atinente a la Suprema de Justicia; así como las demandas de decretos ante el contencioso-administrativo. De hecho, a hoy no se sabe si la Corte Constitucional aceptará la solicitud presidencial de realizar una audiencia pública sobre la demanda a la reforma pensional, cuyas posibilidades de pasar el filtro de exequibilidad son muy reducidas por el grave error, avalado por el Gobierno, que se cometió en la plenaria de la Cámara para salvar la iniciativa.

 

13. POLÍTICA DE PAZ EN VILO. Aunque hasta el momento se mantiene en su cargo el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, es innegable que la política de paz del Gobierno ha tenido fuertes traspiés en el último mes. Los más graves, sin duda alguna, las detenciones de Willinton Henao, alias ‘Mocho Olmedo’, negociador de paz e integrante del ‘Frente 33’ de una disidencia de las Farc, así como la de Andrés Rojas, alias ‘Araña’, vocero de los ‘Comandos de Frontera’, otro grupo residual de la misma guerrilla. Este último caso fue más complejo, porque la Fiscalía lo capturó cuando sostenía un encuentro con delegados de paz del Gobierno en un hotel de Bogotá. Pese a la protesta de Patiño, tanto la Fiscalía como la propia ministra de Justicia dejaron en claro que la suspensión de órdenes de captura a delegados de grupos ilegales con los que se estén adelantando diálogos de paz no incluye ni cobija las solicitudes de extradición. En el caso de ‘Araña’, está solicitado por una corte del Distrito Sur de California por presunto narcotráfico. Este es un hecho que podría bloquear muchos flancos de diálogo y negociación en el marco de una política de paz calificada de improductiva, improvisada y que ha permitido el fortalecimiento de los violentos en muchas regiones.

14. CONGRESO CON AGENDA TRABADA Y ALUD DE CONTROL POLÍTICO. La productividad del Congreso en el arranque del segundo tramo de la legislatura ha sido muy baja. El dilatado recambio de ministros afectó el ritmo de discusión de reformas como la laboral, a la salud o la de transfuguismo parlamentario. Muchos debates de control político están en el aire por el alto grado de interinidad en el gabinete y otras entidades del Gobierno nacional central. Había mociones de censura impulsadas contra titulares de cartera que salieron. A ello se suma que el Ejecutivo no ha podido maniobrar para superar el bloqueo de la reforma a la salud por la controversia en la mesa directiva de la Cámara, en tanto que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, no solo ha replicado las duras críticas presidenciales, sino advertido al jefe de Estado que el Congreso es autónomo y no se dejará presionar ni satanizar.

 

Corte abre indagación a 30 congresistas porque habrían pedido puestos en la DIAN

 

 

La Corte Suprema de Justicia abrió ayer una indagación preliminar a 30 congresistas y dos exparlamentarios que fueron mencionados en un listado que el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Reyes, entregó a la Fiscalía porque dijo que cuando estuvo al frente de la DIAN le pidieron puestos en la entidad.

También, la fiscal novena delegada ante ese alto tribunal, María Patiño, compulsó copias a la Sala de Instrucción contra 28 parlamentarios que habrían recibido contratación en el INVÍAS.

El ministro Luis Reyes, por pedido de la Corte Suprema de Justicia, declaró el pasado jueves sobre la revelación que hizo hace días a W Radio, que políticos de distintos partidos le solicitaron puestos en la DIAN. Entre ellos mencionó que el entonces presidente del Senado, Roy Barreras, le pidió la dirección de la entidad en Buenaventura. El hoy embajador en el Reino Unido negó este señalamiento.

“Todo tipo de personas altamente influyentes y conectadas (y de todos los bandos políticos) me presionaron para que nombrara a sus recomendados en distintas aduanas. Uno de los resultados de nuestras acciones fue la enemistad con todos aquellos cuyos recomendados no entraron”, dijo el ministro Reyes.

Aseguró el titular de la cartera de Industria, Comercio y Turismo que “me pidieron la DIAN Buenaventura. Sí, el entonces presidente del Congreso me la pidió. Sí, sí, es verdad. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú vas a ser esto, lo otro. Tú eres como un futbolista. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’. Y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali; lo cual tiene mucho sentido, porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”.

La indagación de la Corte cobija a Alfredo Deluque, Mauricio Parody, Enrique Cabrales, Saray Robayo, Liliana Bitar, Yenica Acosta, Daniel Restrepo, Armando Zabaraín, Édgar Díaz, Sandra Jaimes, Carlos Mario Farelo, Ángela Vergara, Germán Blanco, Leonardo Gallego, Jairo Castellanos, Antonio Correa, Alejandro Martínez, Silvio Carrasquilla, Fernando Niño, Carlos Cuenca, Juan Carlos Garcés, Juan Samy Merheg, Efraín Cepeda.

Igualmente a Olga Lucía Velásquez, Julio Elías Vidal, Nicolás Echeverry, Wílmer Carrillo, Óscar Darío Pérez, Karina Bocanegra y Cha Dorina. Además, a los excongresistas Ciro Rodríguez y Roy Barreras.

También en el INVÍAS

La Fiscalía pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia investigar a 28 congresistas que estarían comprometidos en un caso de corrupción por contratación en el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), con base en el testimonio que entregó al ente acusador María Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.

Los congresistas que serían investigados por la Corte por estos hechos son los representantes a la Cámara Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, Wílmer Ramiro Carrillo, Daniel Restrepo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz, Wílmer Castellanos, Silvio José Carrasquilla, Álvaro Henry Monedero, Elkin Rodolfo Ospina, Wílder Iberson Escobar, Milena Jaraba, Sandra Aristizábal, Kellyn Johana González, Yamil Arana, Juliana Aray Franco, Néstor Leonardo Rico y Wílmer Yesid Guerrero.

Así como los senadores Juan Diego Echavarría, Efraín Cepeda, Juan Carlos Garcés, Juan Pablo Gallo, José Alfredo Gnecco, Liliana Bitar y Karina Espinosa.

La exasesora Benavides declaró ante la Fiscalía en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción en la UNGRD al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, porque supuestamente habría buscado favorecer a congresistas de la Comisión de Crédito Público con contratos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y en El Carmen de Bolívar (Bolívar), a cambio de conceptuar operaciones de crédito internacional que requería el Gobierno.

Por estos hechos la Corte investiga a los senadores Liliana Bitar Castilla y Juan Gallo Maya, así como a los representantes Wadith Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Manrique Olarte y al excongresista Juan Muñoz Cabrera.

 

Fuego cruzado en la Casa de Nariño

 

 

En un momento en que el presidente pidió a los ministros y otros altos funcionarios enfocarse en lo que resta del mandato en cumplir el programa de gobierno, reconociendo importantes atrasos en varios sectores, crecen las divisiones en la
 

 

 

administración, especialmente en las últimas semanas a partir del caótico consejo de gabinete el pasado 5 de febrero.

 

El ambiente enrarecido se ha generado principalmente alrededor de dos nombres: Laura Sarabia, hoy canciller, y Armando Benedetti, designado ministro del Interior, quienes desde el principio del gobierno han sido resistidos por el ala petrista del Gobierno y por el progresismo.

 

También hay otras situaciones por las que se habría resquebrajado la unidad en el Gobierno, como la inconformidad de la vicepresidenta por el lugar que le ha dado el presidente en la administración, y uno coyuntural por los señalamientos debido a la infiltración que quiso hacer el contrabandista ‘Papá Pitufo’ a la campaña presidencial en 2022.

 

En un principio el rechazo a Benedetti de un sector del Gobierno es por su origen en la política tradicional, que dicen sus malquerientes choca con un mandato que exhibe como bandera el cambio. Lo mismo dijeron de Roy Barreras, quien con la aquiescencia del presidente fue incluido en la lista del Pacto Histórico al Senado y también para que fuera el presidente de esta corporación en la primera legislatura, buscando por su larga experiencia política sacar adelante las reformas.

El resquemor de algunos con Benedetti se apaciguó en parte porque no lo veían, pues el presidente lo envió a Venezuela como embajador. Sin embargo, las diferencias con Sarabia crecieron porque en Palacio se convirtió en la mano derecha del mandatario: le organizaba la agenda y se dijo que se hizo más poderosa y aprovechó esta condición, supuestamente, para frenar a varios ministros que no eran cercanos a ella el acceso al jefe de Estado.

 

Posiblemente los malquerientes de Benedetti y Sarabia respiraron tranquilos cuando a mediados de 2023 el mandatario los sacó del Gobierno después de hacerse público un audio de whatsapp en el que el entonces embajador le recriminaba a ella porque Petro no le daba la importancia que dijo merecía, pues se jactaba de que gracias a su trabajo político se ganó la Presidencia. Y amenazó que si se sabía cómo se financió la campaña en la costa Norte, todos irían a prisión.

Sin embargo, poco después el mandatario, en una decisión que muchos en el círculo presidencial y en la bancada oficialista no entendieron, reincorporó a Sarabia al Gobierno, designándola directora de Prosperidad Social; posteriormente la llevó a Palacio como directora del Dapre y ahora, ante la renuncia de Luis Murillo, la nombró canciller.

Parecido ocurrió con Benedetti, a quien Petro nombró embajador ante la FAO; posteriormente, lo trajo a Palacio como jefe de despacho y ahora, ante la renuncia de Juan Cristo, lo nombró ministro del Interior.

Explotó la inconformidad

El consejo de ministros del pasado 5 de febrero marcó un punto de quiebre en el creciente fuego amigo dentro del Gobierno, pues anteriormente se supo más del mismo por los rumores que circulaban en la Casa de Nariño e informaciones de medios por situaciones que se filtraron.

 

Sin embargo, en dicho consejo la inconformidad explotó y varios funcionarios se dijeron en la cara las diferencias. Incluso, la vicepresidenta le manifestó al presidente su inconformidad por el tratamiento que le está dando.

“La gente dice que estoy relegada… y sí, tienen razón. Yo pensé que llegaba aquí a ser su aliada", reclamó Márquez, mostrando así para muchos las diferencias entre los dos que desde hacía tiempo se vienen rumoreando. Lo que se habría confirmado esta semana, cuando el jefe del Estado la removió del Ministerio de la Equidad y ella no ocultó su malestar, al punto de afirmar que teme por su vida. “Denunciar la corrupción y señalar lo que está mal tiene consecuencias”, expresó.

Volviendo al consejo de ministros, señaló también la vicepresidenta que “no me parecen las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle que me respete. Y no me parece, y respeto a Armando] Benedetti, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno a esas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que está pasando”.


Márquez dijo también estar "preocupada de que llegue gente con chantajes para socavar un sueño", en clara alusión a Benedetti.


Por su parte, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo en ese consejo que “como feminista y como mujer, no me puedo sentar en el gabinete con Armando Benedetti”, aludiendo a un altercado que este tuvo con su esposa en España cuando era embajador ante la FAO.

Mientras que el director de Planeación Nacional, Alexánder López, tampoco se guardó sus diferencias con Benedetti y Sarabia. “No nos representan en este proyecto y eso no es sectarismo político (...) yo tuve una relación de respeto con Laura, pero sé que no la tuvo con otros compañeros. Con Benedetti la situación es mucho más compleja y no es de una segunda, tercera o cuarta oportunidad”, dijo.

En este consejo de ministros el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, destapó un escándalo porque Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, aportó $500 millones a la campaña de Petro en 2022, frente a lo cual el hoy presidente asegura que los hizo devolver al enterarse de que es uno de los grandes contrabandistas en el país.

Rodríguez culpó a Benedetti de supuestamente hacer llegar a ‘Papá Pitufo’ a la campaña. “No sé en qué va a terminar el tema de las investigaciones que hay. Pero comenzaron con él. El tema del señor ‘Pitufo’ comenzó con él y no sé dónde van a terminar. Pero en la primera reunión que supe que hubo, estuvo el señor. Y lo puedo sostener”, dijo.

 

Ante estas afirmaciones, Benedetti denunció a Rodríguez por injuria y calumnia agravada.

Desarrollo caso ‘Papá Pitufo’

La revelación de Rodríguez sobre el acercamiento que hizo ‘Papá Pitufo’ a la campaña aceleró las investigaciones contra este sujeto y se conocieron detalles de su accionar, entre otros, su poder de corrupción de policías para dejar entrar contrabando al país.

También se supo que varios políticos intentaron ante la DIAN que nombraran sus recomendados en las aduanas en Buenaventura, Cali y Cartagena.

El ministro de Comercio, Luis Reyes, señaló a Roy Barreras, embajador en el Reino Unido, de ser uno de los que le pidieron cargos en la DIAN, y entregó un listado a la Fiscalía con varios nombres.

“Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura y el entonces presidente del Congreso (Roy Barreras) me la pidió”, dijo Reyes. Mientras que el embajador replicó que “jamás he tenido funcionarios en la DIAN de Buenaventura (...) ¿A quién está cubriendo Reyes? ¿Por qué lo hace?”.

Barreras emprendió acciones legales contra el ministro por sus afirmaciones, por lo cual el próximo viernes se hará una audiencia de conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá.

En días anteriores la canciller fue salpicada en un informe de W Radio que señalaba que tres EPS intervenidas están beneficiando a algunas IPS pagando la totalidad de los servicios prestados, mientras que muchos hospitales esperan que les paguen.

Estas IPS según el informe, conforman un grupo empresarial que tendría matriz en España. Fuentes señalaron a este medio que Sarabia se habría beneficiado en estos hechos.

Pocos minutos después de conocerse esta publicación, el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quien ha tenido varios enfrentamientos con la canciller, se preguntó en X: “¿Es bueno para Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo?”.

La canciller negó su participación y aseguró que el director de la UNP recomendó a Mauricio Marín, salpicado en estos hechos, para la dirección de la Fiduprevisora.

Rodríguez negó esta afirmación y dijo que “ella sí sabía perfectamente de dónde venía Marín”.

 

Anulan elección de Arley Valero como diputado de Santander

 

 

El Consejo de Estado dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de anular la elección del diputado Arley Octavio Valero Sáenz, actual presidente de la Asamblea de Santander, al confirmar que se encontraba inhabilitado para ejercer el cargo debido a que su hermano, Ludwing Joel Valero, ocupaba un puesto de autoridad administrativa en el departamento.

La sentencia de segunda instancia ratificó el fallo emitido el 27 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró nula la elección de Valero para el periodo 2024-2027. La decisión se basó en que su hermano Ludwing Joel Valero se desempeñaba como director general de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad que, en los últimos meses, suscribió y ejecutó contratos en distintas localidades de Santander, como Bucaramanga, Girón, Málaga y San Vicente de Chucurí.

La demanda de nulidad electoral fue presentada por Ángel de Jesús Estévez Salazar, quien argumentó que Ludwing Valero, en su rol en la Uspec, manejó presupuesto, nombró y removió personal y celebró contratos en el departamento, lo que inhabilitaba a su hermano para aspirar a un cargo de elección popular según lo establecido en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022.

Tanto la Procuraduría como el Tribunal Administrativo de Santander concluyeron que la inhabilidad de Valero era evidente, ya que su parentesco con una autoridad administrativa dentro de los 12 meses previos a la elección lo hacía inelegible para el cargo de diputado.

Tras la decisión del Consejo de Estado, la curul de Valero será ocupada por Orlando Antonio Niño Mateus, exalcalde de Puente Nacional, quien obtuvo la tercera mayor votación en la lista del Partido Conservador en las elecciones de 2023.

 

 

 

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