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Tras secuestro de 29 policías,
Petro pide duplicar ofensiva militar
El presidente
Gustavo Petro, ha asegurado este viernes que el Ejército
colombiano "jamás" se retirará de las zonas del país que --como
la región suroccidental de Micay-- están controladas por
"cárteles" y ha instado a redoblar la actividad militar en estas
zonas, después del intento de asesinato y secuestro de 29
policías por grupos armados.
"Jamás saldrá el Ejército de Colombia, ni del Plateado ni del
Micay. Esa es una decisión irreversible porque el Micay no le
pertenece a los carteles mexicanos, sino a Colombia", ha
expresado el mandatario en una publicación en la red social X en
la que ha agregado que "la ofensiva militar y social debe
duplicarse".
A este respecto,
Petro ha advertido que, si continúa la retención de los miembros
de Policía secuestrados, no dudará en "extender la conmoción
para financiar la ofensiva militar y social definitiva".
Este mecanismo
excepcional que concede facultades extraordinarias al Ejecutivo
para intervenir en pro del orden público más allá de las
capacidades habituales del Estado.
"Esperamos del
campesinado libre su decisión para incluirse en el programa de
pagos masivos por erradicación de las plantas de coca", ha
concluido el presidente.
Estas declaraciones llegan después de que el Ministerio de
Defensa confirmara por la mañana el intento de asesinato y
"secuestro" de 29 policías tras un enfrentamiento con las
autoridades en el municipio de El Plateado, en el departamento
de Cauca, uno de los bastiones de la disidencia de las FARC de
'Iván Mordisco'.
Desde el Gobierno han afirmado que detrás de estos hechos se
encuentra el Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC
y han aseverado que los responsables serán acusados de intento
de homicidio, secuestro y "otros delitos graves".
En octubre de 2024, el Gobierno lanzó la conocida como operación
'Perseo' para hacerse con el control de El Plateado, incluyendo
además de un despliegue masivo de fuerzas militares, ataques
aéreos selectivos y uso de drones, en respuesta a un bombardeo
previo de estas disidencias sobre efectivos del Ejército.
El Gobierno de Gustavo Petro ha lanzado un nuevo plan económico
y de seguridad para retomar el control de un territorio
tradicionalmente desconectado del país por su difícil acceso. La
zona sirve de corredor por el cañón de Micay hacia las costas
del Pacífico para sacar cocaína y marihuana que se produce en
Cauca y Nariño.
Esta ausencia de Estado ha propiciado que el cañón pronto se
convirtiera durante el conflicto armado en epicentro del
narcotráfico y plaza a disputar por los diferentes grupos que
han actuado desde la década de los 80, siendo ahora la
disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, del
citado Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', quien tiene
el control.
La recuperación del cañón del Micay siempre ha estado en la
agenda del Gobierno, pero con el inicio de las conversaciones
las operaciones se habían congelado. Sin embargo, con la salida
de 'Mordisco' de la mesa de negociación en marzo de este año, el
Ejército ha retomado sus acciones para recuperar el lucrativo
territorio.
Tumban nombramiento de Luis de la
Hoz como cónsul de Colombia en Uruguay
El Consejo de Estado
confirmó la nulidad del nombramiento de Luis Eduardo de la Hoz
López como cónsul de Colombia en Uruguay.
Esta decisión se basa en una sentencia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que inicialmente declaró nulo el
Decreto 0403 del 20 de marzo de 2023, mediante el cual se
designó a De la Hoz en el cargo de Consejero de Relaciones
Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia en Uruguay.
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca argumenta
que el decreto que designó a De la Hoz infringió principios
establecidos para la carrera diplomática y consular. Este tipo
de decisiones suele basarse en la evaluación de si el
nombramiento cumple con los requisitos legales y reglamentarios
establecidos para el servicio diplomático, incluyendo la
experiencia y las competencias necesarias para desempeñar el
cargo de manera efectiva.
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Luis Eduardo de la Hoz López
es un abogado con más de 20 años de experiencia en el sector privado y
seis años en el sector público. Su trayectoria incluye roles en
entidades financieras, como abogado externo de liquidaciones y de la
Fundación Cerrejón. También fue docente y ha ocupado cargos en la
Asociación Red Nacional de Veedurías y en el Consejo Nacional Electoral
(CNE) antes de su ingreso al servicio diplomático.
En una declaración reciente, Luis de la Hoz expresó su gratitud al
presidente Gustavo Petro por la oportunidad de representar al gobierno
en el exterior. Destacó su compromiso con la inclusión y la lucha contra
el elitismo en la diplomacia colombiana, asegurando que las embajadas y
consulados deben ser "del pueblo y para el pueblo".
De la Hoz mencionó que uno de los pilares de su ejercicio como cónsul
fue romper con el elitismo, asegurando que los colombianos pobres y
desplazados fueran incluidos en los eventos diplomáticos.
Durante su gestión, De la Hoz logró varios avances, como el aumento del
Registro Consular, la creación de redes sociales para el consulado, y el
fortalecimiento de la red de emprendedores colombianos en Uruguay. A
pesar de estos logros, la confirmación de la nulidad de su nombramiento
por parte del Consejo de Estado refuerza la importancia de seguir
estrictamente los procedimientos legales en la designación de
funcionarios diplomáticos.
ANDI advierte déficit de $141 billones a
10 años
La reforma a la salud vio
finalmente su avance en la Cámara de Representantes, luego de meses en
trámite en esta corporación. A pesar de intentar su aprobación en las
sesiones extras tanto de diciembre como en febrero, fue ahora en las
ordinarias que finalmente, con Armando Benedetti frente a la cartera del
Interior, esta iniciativa de 83 artículos vio la luz verde.
No obstante, lo que es una victoria para el Gobierno nacional, sus
bancadas y los acuerdos con diferentes partidos, ha resultado en blanco
de críticas tanto en el sector político como en el sector de la salud,
donde la iniciativa parece no contar con un respaldo mayoritario de
profesionales ni pacientes.
El espejo
De manera inicial, en cuanto a los gremios, el comunicado que mayores
reacciones generó fue el emitido por Fecode. El gremio de los profesores
elevó una queja sobre el manejo del sistema de salud por parte de la
Fiduprevisora, que cumple las funciones principales de regulación del
sistema, tal cual lo haría la Adres en la nueva propuesta del Gobierno
nacional.
El gremio expresó
preocupaciones alarmantes con un sistema cada vez peor, del que destacan
“un papel pobre en la dirección de la estrategia de estabilización y
consolidación de modelo y, por el contrario, han primado antiguas
prácticas nocivas, hoy envueltas en escándalo de presunta corrupción,
dejó vencer 2.914 contratos a entidades médicas, para ahondar la crisis
a partir del 1.° de enero de 2025; mientras que se oculta el hecho de
que al 70 % de los prestadores se les paga el 70 % de sus servicios con
base en la facturación”.
Y es que, como puntualizaron algunos parlamentarios en medio de la
discusión de la reforma, el sistema que hoy aplica en Fecode es el
modelo que buscaría seguir el Gobierno, eliminando las EPS como las
mediadoras en el sistema de salud. No obstante, estos argumentos no
fueron tenidos en cuenta.
Ahora bien, para Duvalier Sánchez, representante a la Cámara de la
Alianza Verde, “hay que tener mucho cuidado con crear un ‘Leviatán’ en
la Adres, una entidad con tantas responsabilidades que al final no haga
ninguna bien”. Además, el parlamentario dijo que de acuerdo con el
texto, esta entidad va “a contratar, a supervisar, a planear, a
financiar como un banco y a auditar. Son tantas cosas que al final puede
terminar colapsando”.
Impacto fiscal
Frente al impacto fiscal, el principal opositor a la medida ha sido la
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Bruce Mac Master,
presidente de este gremio, ya había rechazado la medida, asegurando que
no tiene en cuenta a los pacientes en el sistema.
Además, a través de un comunicado agregaron que hay una diferencia
importante entre las estimaciones del Gobierno y lo proyectado en
gremios frente a la reforma. En este sentido, la ANDI asegura que
mediante estudios técnicos se determinó que “la reforma a la salud no es
sostenible con la realidad fiscal del país. Los cálculos arrojan un
déficit de $141,1 billones en los próximos 10 años, mientras que los
cálculos del Ministerio arrojaban un superávit de $21,8 billones”.
En una línea similar y
respaldada con los reportes tanto de la ANDI como de las asociaciones de
profesionales de la salud y los pacientes, la representante Catherine
Juvinao cuestionó que en la reforma “en el segundo concepto del
Ministerio de Hacienda se eliminó los concerniente a la construcción de
los CAPS, que son $8,1 billones; se eliminó los concerniente al sistema
de información por valor de $1 billón; se excluyó la formalización del
talento humano en salud, que tenía un valor de $8 billones; no se
contemplaron los pasivos de la Nueva EPS para ser gestora por $2
billones”.
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De otra parte, el representante Julio César Triana, de
Cambio Radical, dijo en relación con el impacto fiscal, que “una reforma
a la salud de la que no sabemos cuánto le cuesta al país, ni cuánto le
va a costar a cada ente territorial, ni cuántos de esos recursos le van
a poner del Presupuesto General de la Nación, lo que va a hacer es dar
funciones a los entes territoriales y municipios para luego dejarlos
solos”.
Estatización y méritos
Por otro lado, Triana destaca que en la reforma solo se están
trasladando funciones y con ello se “rompe la autonomía territorial. Que
sea el Ministerio de Salud el que termina determinando quiénes son los
profesionales de la salud que llegan a cada ente territorial sin duda es
un abuso”. Además, el parlamentario cuestionó la infraestructura, de la
cual dijo es insuficiente para acoger el nuevo modelo de salud.
De su parte, el parlamentario Alejandro García advirtió que “la
corrupción cambiará de manos”. Aunque dijo que se han presentado miles
de casos de corrupción, apuntó que en el nuevo modelo “no va a haber un
proceso de selección transparente y con méritos, sino que puede ser
elegido con la política territorial, y con ello hay un enorme riesgo de
sobrefacturación y captura de los recursos. Lo público por ser público
no quiere decir que sea transparente o eficiente”, destacó en este
diario.
Asimismo, Andrés Forero, vocero del Centro Democrático en esta
corporación, señaló otro aspecto clave y es la falta de una cabeza
visible para la atención al usuario. En este sentido, Forero le dijo a
los medios que “el Gobierno, en lugar de facilitar las cosas a los
pacientes, está dando prioridad a la imposición de su ideología. Hoy por
hoy, si una persona siente que no se le garantiza el derecho a la salud,
puede entutelar a una EPS. Ahora, con eso no queda claro, se diluye esa
posibilidad. Aunque trataron de que sean las gestoras, hay territorios
en donde no habrá gestoras”.
Además, agregó que “dejaría de existir la UPC. Aquí la parten por la
mitad. Dicen que un segmento va a garantizar a través de subsidio la
oferta a los CAPS y, por otro lado, de forma residual, va a garantizar
la mediana y alta complejidad. Allí, al fragmentar los recursos,
fragmentan la atención y afectan a los pacientes”.
También, Piedad Correal, del Partido Liberal, señaló en una línea
similar que “se está diluyendo la responsabilidad. ¿A quién se puede
entutelar el día de mañana? ¿A la Adres, al Ministerio de Salud, a los
CAPS, al municipio? Y con ello, ¿quién va a garantizar el derecho a la
salud?”.
Finalmente, para los representantes también existe un riesgo de vicio de
trámite. Catherine Juvinao, Hernando González, Mauricio Parodi y Carlos
Edward Osorio advirtieron que el trámite no fue el correcto. Para
Osorio, el problema de base es que “tiene disposiciones que tocan,
vinculan y comprometen el núcleo esencial, el derecho fundamental de la
salud. Este proyecto sí o sí debió haber sido tramitado como ley
estatutaria. Eso supone que debió ir a comisiones primeras y ser
aprobado por mayorías calificadas”.
Finalmente, González le dijo a este diario que el
problema radicaría en “que uno de los vicios fue haber puesto a votar a
la gente sin que se hayan resulto las recusaciones. Segundo, votaron
artículos que necesitan mayorías absolutas y se resolvieron con mayorías
simples. Eso va a tener problemas. Además, varios artículos se votaron
sin tener discusión”, advirtiendo que podría tener esta reforma el mismo
camino que la reforma pensional, que podría caerse.
Aceptan renuncia de Camilo Romero como
embajador de Argentina
Este viernes, el presidente
Gustavo Petro aceptó la renuncia del embajador de Colombia en Argentina,
Camilo Torres, luego de que el pasado 5 de febrero presentará su carta,
correspondiendo a su intención de participar en las elecciones
presidenciales de 2026.
A través de su cuenta de X, Romero afirmó que el pasado domingo tuvo una
conversación con el presidente Gustavo Petro, donde lograron discutir
diferentes temas entre los cuales se incluyó la creación de un 'Frente
Amplio', misma idea compartida días antes por el ministro del Interior,
Armando Benedetti.
"Se abre un cruce de caminos, donde seguramente se sabrá quienes estamos
con la gente, la defensa de sus conquistas sociales y de los mínimos de
la democracia, y quienes deciden irse con el modelo fracasado del
pasado, del autoritarismo, que llevó al país a las vergüenzas de su
democracia", indició el diplomático.
Además, Romero señaló que la decisión de volver a Colombia había sido
conversada en diciembre, durante la visita de Petro a Pepe Mujica,
momento en el que se había planteado el nombre de 'Frente Amplio'.
"Le reiteré mi gratitud al presidente Petro porque ha impulsado el
llamado que desde la Embajada sobre un necesario nuevo momento de la
integración de América Latina frente a la defensa de las causas
ciudadanas y de los mínimos en una democracia, tan amenazados hoy por un
sector político obsesionado con arrebatar derechos a la gente y llenar
los bolsillos de unos pocos mientras se ahonda la desigualdad y pobreza
para millones", señaló.
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