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Viceministro de MinTIC presentó
su renuncia irrevocable al cargo
Gabriel Jurado, viceministro de la Conectividad del Ministerio de las
TIC presentó su renuncia irrevocable. El funcionario expresó
preocupación por la conectividad y los proyectos que se están
ejecutando.
Esta decisión llega en un momento crucial para el desarrollo digital del
país, justo cuando Colombia está en plena expansión de su
infraestructura tecnológica.
Durante su tiempo en el cargo, Jurado lideró varios proyectos relevantes
para el cierre de la brecha digital en Colombia. Uno de los logros más
destacados fue la subasta de 5G, que atrajo más de 1.433 estaciones base
al país, revolucionando las telecomunicaciones móviles. Además, su
gestión permitió la reorganización reglamentaria del sector, regulando
de manera más justa y equitativa los pagos por el uso del espectro
radioeléctrico.
Otro de los proyectos destacados fue la expedición del Plan Nacional de
Expansión de la Conectividad Digital, que busca garantizar el acceso a
internet en zonas remotas del país. Además, impulsó iniciativas como
"Conectividad para Cambiar Vidas" y el programa de Juntas de Internet.
A pesar de estos logros, la renuncia de Jurado está motivada por su
preocupación sobre la continuidad de algunos proyectos de conectividad.
La limitación de recursos fiscales y de tesorería eponen en riesgo la
expansión de la conectividad en áreas más vulnerables del país".
En su carta de renuncia, Jurado expresó su inquietud por el impacto que
esto podría tener en el desarrollo social y económico de Colombia, ya
que un pueblo sin acceso a la información y el conocimiento está
condenado a la ignorancia y la pobreza.
La renuncia de Jurado coincide con cambios en el Ministerio de las TIC.
Recientemente, el presidente Gustavo Petro nombró a Julián Molina como
ministro de la cartera, lo que hizo un reajuste en la estructura de la
administación.
Enrique Peñalosa será candidato
presidencial para 2026
El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció su aspiración
a la Presidencia de Colombia en 2026. En entrevistas concedidas
a la revista Semana y BLU Radio, Peñalosa afirmó que está
convencido de ser la mejor opción para liderar el país y
revertir lo que considera los "desastres" del actual gobierno.
“Como buen político, estoy convencido de que sería el mejor
presidente para sacar a Colombia adelante”, aseguró Peñalosa,
destacando su experiencia en la gestión pública y su desempeño
al frente de la Alcaldía de Bogotá, donde afirma haber
“recuperado la ciudad del desastre que dejó Petro”. Según el
exmandatario, su gobierno se enfocará en fortalecer la
seguridad, el desarrollo económico, la infraestructura y la
inversión privada.
El precandidato enfatizó la necesidad de construir una coalición
política basada en un equipo "cohesionado y con ideas claras".
Explicó que la selección del candidato de su sector se realizará
mediante encuestas o consultas, buscando que "la persona con
mayores posibilidades de ganar sea el candidato".
Críticas al gobierno y apuesta por la inversión privada
Peñalosa no escatimó en críticas al gobierno de Gustavo Petro,
al que calificó como "un desastre". Aseguró que la crisis del
país es grave, pero remarcó que Colombia cuenta con los recursos
para salir adelante si se adoptan medidas gerenciales eficientes
y orientadas a la inversión privada. "Colombia puede progresar,
pero con gerencia, sin carreta, con obras e inversión privada",
afirmó.
En cuanto a la economía, el exalcalde
sostuvo que los empresarios han optado por
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invertir fuera del país debido a la
falta de confianza en el actual modelo de gobierno. Además,
cuestionó la política ambiental que, según él, ha frenado la
minería y la producción de petróleo. "El problema ambiental
número uno de Colombia es la pobreza", subrayó, argumentando que
el desarrollo económico y la generación de empleo deben ser
prioridades.
Infraestructura y crecimiento urbano
Otro de los puntos centrales de su discurso fue la necesidad de
impulsar proyectos de infraestructura y vivienda. Peñalosa
rechazó los argumentos que frenan la expansión urbana,
asegurando que las ciudades ocupan solo el 0,3% del territorio
nacional. "Hay 300 veces más tierra que la que ocupan las
ciudades", enfatizó.
Según el precandidato, las restricciones a la construcción de
vivienda en Bogotá han obstaculizado el crecimiento necesario
para garantizar un nivel adecuado de calidad de vida. Insistió
en que la infraestructura adecuada es clave para el bienestar de
los ciudadanos y que es necesario eliminar trabas burocráticas
que impiden el desarrollo de proyectos esenciales.
Definición de su candidatura y posibles aliados
Peñalosa aseguró que no buscará recolectar firmas para su
candidatura, sino que se presentará con el aval de un partido
político, aunque no reveló cuál. Además, indicó que ha mantenido
conversaciones con varios sectores para conformar una coalición
de aspirantes "técnicos y gerenciales". Aunque evitó dar nombres
concretos, mencionó que le gustaría contar con figuras como
David Luna, Juan Daniel Oviedo, Germán Vargas, Mauricio Cárdenas
y Marta Lucía Ramírez.
La selección del candidato dentro de su coalición se definiría
mediante encuestas entre octubre y diciembre de 2025, buscando
una candidatura única con mayores posibilidades de triunfo en
2026.
Con este anuncio, Enrique Peñalosa se suma a la creciente lista
de precandidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño en las
próximas elecciones, presentándose como una opción basada en la
gestión técnica, la inversión privada y el desarrollo de
infraestructura.
¿Cuánto puede costar la consulta
popular propuesta por Petro?
Estos son los costos más recientes de los mecanismos de
participación ciudadana incluida la consulta popular
que se celebró en 2018 y que fue llamada la consulta anticorrupción.
Vale señalar que se necesita participación de no menos de la tercera
parte de los electores que componen el censo electoral.
El referendo promovido por el entonces presidente Álvaro Uribe en 2003
contó con un censo de 25.069.773 votantes tuvo una participación del
26,2% y un costo de 112.107.000.000.
Por su parte el Plebiscito por la Paz en 2016, durante el mandato de
Juan Manuel Santos tuvo un censo de 34.889.945 votantes, con una
participación de 37,4% y tuvo un costo de 350.000.000.000.
Así mismo, la consulta anticorrupción en 2018 promovida por la senadora
Claudia López, la representante a la Cámara Angélica Lozano y el
activista Carlos Felipe Parra contaba con un censo de 36.421.026
votantes y tuvo una participación de 32,04%. Tuvo un costo de
310.479.000.000.
En esta ocasión votaron 11.674.951 colombianos, se necesitaban al menos
12.140.342 votos para que la consulta fuera aprobada.
Por su parte, la consulta popular que busca la aprobación de la reforma
a la salud y laboral y que busca promover el gobierno Petro contaría con
un censo de 40.963.370 votantes y el costo varía de acuerdo a la fuente
consultada.
Lo que significa que para ser aprobada debe tener una participación
mínima de 13.654.457 ciudadanos, de los cuales al menos 6.827.229 deben
votar afirmativamente en cada pregunta.; es decir, algo más del 50%.
¿Cuánto costaría?
Álvaro Hernán Prada, presidente del Consejo Nacional Electoral comentó
que este proceso puede costar alrededor de 600.000 millones de pesos. Es
decir, casi el doble de la que se celebró en 2018.
De parte de la Misión de Observación Electoral (MOE), se cree que los
costos pueden estar rondando por encima de los 300.000 millones de
pesos.
El exregistrador delegado Alfonso Portela dijo que estaba por el orden
de 500.000 millones.
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Por ahora lo único cierto es que el primer paso de esta consulta debe
ser aprobado en el Senado de la República.
Expiden decreto que modifica jornada
escolar y laboral en colegios públicos
El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, expidió el
Decreto 0277 del 12 de marzo de 2025, mediante el cual se introducen
modificaciones en la jornada escolar y la jornada laboral de los
docentes en instituciones educativas estatales.
La medida busca mejorar la distribución del tiempo en los colegios
públicos, asegurando un equilibrio entre las actividades pedagógicas, el
bienestar de los estudiantes y las condiciones laborales de los
maestros.
Principales cambios en la jornada escolar
Con la nueva normativa, el horario escolar será definido por cada rector
al inicio del año lectivo, garantizando el cumplimiento de 40 semanas
académicas establecidas en la Ley 115 de 1994. Además, el decreto fija
las siguientes intensidades horarias mínimas para cada nivel educativo:
Preescolar: 20 horas semanales
Educación básica primaria: 25 horas semanales (1.000 horas anuales).
Educación básica secundaria y media académica: 30 horas semanales (1.200
horas anuales).
Media técnica: 37 horas semanales (1.480 horas anuales).
Un cambio clave es la incorporación del "descanso pedagógico
estudiantil", considerado como una actividad curricular. Según el
decreto, se destinarán cinco minutos de cada hora de clase a este
descanso, con el objetivo de promover el bienestar y la formación
integral de los estudiantes.
Asimismo, se mantiene la posibilidad de ajustar los horarios en función
de las particularidades económicas, culturales y climáticas de cada
región del país.
Modificaciones en la jornada laboral docente
El decreto establece que la jornada laboral de los docentes en los
colegios públicos continuará siendo de ocho (8) horas diarias, pero con
una distribución específica:
Seis (6) horas continuas deberán cumplirse dentro del establecimiento
educativo, dedicadas a la enseñanza y actividades complementarias.
Las dos (2) horas restantes podrán realizarse de manera autónoma,
incluyendo tareas como planificación académica, evaluación, reuniones,
investigación y orientación a la comunidad educativa.
Para los docentes orientadores y de apoyo pedagógico, se aplicará la
misma jornada de ocho horas diarias, con seis horas continuas en la
institución y dos horas adicionales de trabajo autónomo.
Además, en los colegios donde operen dos jornadas escolares (mañana y
tarde), la jornada presencial de los docentes se ajustará sin extender
el tiempo de permanencia en la institución.
Acuerdo con FECODE y origen del decreto
Estos cambios son resultado de los acuerdos alcanzados en julio de 2023
entre el Gobierno Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de
la Educación (FECODE). En dichas negociaciones, se reconoció la
necesidad de revisar el Decreto 1850 de 2002 para evitar enfoques
punitivos en la supervisión docente y mejorar las condiciones laborales
en el sector educativo.
El decreto también otorga mayor autonomía a los rectores y directivos
para distribuir la jornada escolar y las asignaciones académicas en cada
institución, en consulta con los Consejos Directivos y Académicos.
Vigencia del Decreto 0277 de 2025
El nuevo decreto entrará en vigor de manera inmediata tras su
publicación en el Diario Oficial, estableciendo un nuevo marco
regulatorio para el funcionamiento de las instituciones educativas
oficiales en el país.
La implementación de estas medidas será supervisada por el Ministerio de
Educación, que evaluará el impacto de los cambios en la calidad del
servicio educativo y el bienestar de la comunidad escolar.
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