Desde su reclusión en una guarnición militar, Pinilla Álvarez negoció un preacuerdo con el ente investigador, en el que se comprometió no solo a devolver el dinero robado, sino también a seguir colaborando con la justicia para desmantelar en entramado corrupto. El preacuerdo se dio por los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, por lo que obtendrá una rebaja del 45 % de la pena, es decir, cinco años y ocho meses de prisión.

Durante la sustentación del ente acusador, realizada por la fiscal María Cristina Patiño, quien dirige el grupo de tareas especiales para el caso UNGRD, se puso de presente que Pinilla fue el primero de todos los vinculados a la investigación en tener intención de revelar los hechos que llevaron a que se destaparan hechos de corrupción al interior de la entidad encargada de atender desastres, y entregar otros nombres de quienes habrían participado en el desfalco.

Para la representante de la Fiscalía, los detalles que entregó Pinilla fueron claves para expandir el caso y llegar a otros nombres de altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro y congresistas. Dentro del paquete de nombres figuran Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones y la ficha más importante del Ejecutivo en ir a prisión por el escándalo; Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de Inteligencia; Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior y legisladores como Iván Name, Andrés Calle, Wadith Manzur, Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.

A Armando Benedetti le cayó otro juicio, esta vez en la Corte Suprema por injuria

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia asumió el juicio contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por el presunto delito de injuria agravada en perjuicio de la exdirectora del ICBF, Lina Arbeláez, debido a su condición de aforado.
 

El proceso se trasladó a la Corte Suprema, tras una solicitud del apoderado de Benedetti, quien el pasado 3 de marzo pidió al juez penal encargado del caso que remitiera el expediente a la Corte, debido a la inmunidad procesal del ministro. Esta solicitud fue aprobada el 4 de marzo por el juez, quien declaró que había perdido competencia sobre el asunto. En los próximos días, se emitirá un auto en el que se adecuará el procedimiento a las formalidades del nuevo Código de Procedimiento Penal, y se fijará la fecha para iniciar la fase de juicio, que se llevará a cabo en una audiencia dispuesta por la Sala. Además, se prevé que se designe a un fiscal delegado ante la Corte Suprema para que se haga cargo del caso. No obstante, existe la posibilidad de que el proceso continúe con el fiscal delegado que actualmente lleva el caso.

Este proceso penal se originó a raíz de unas declaraciones realizadas por Benedetti en la plataforma X en las que acusó a Arbeláez de corrupción durante su gestión al frente del ICBF.

El ministro sostuvo que la corrupción en la entidad fue "voraz" y acusó a la exdirectora de haber "saqueado" el instituto.

MinJusticia defiende la clasificación de la hoja de coca: "No causa daño ni dependencia"

En el marco de la 68ª sesión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas (CND68), la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió la revisión de la clasificación de la hoja de coca como estupefaciente sometido a fiscalización internacional.

Durante su intervención, la ministra sustentó su propuesta en el artículo 3 de la Convención Única de Estupefacientes de 1961, que permite incluir ciertos preparados en la Lista III si la Organización Mundial de la Salud (OMS) determina que no se prestan a uso indebido.

Buitrago destacó que la hoja de coca y la cocaína son sustancias distintas y aseguró que la evidencia científica respalda una reevaluación de su estatus legal.Para la ministra, la clasificación vigente no toma en cuenta posibles usos beneficiosos de la hoja y tampoco en los usos farmacéuticos, teniendo en cuenta que se realizan investigaciones en áreas como comestibles y combustibles.