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normalidad y terminó dejando un evidente malestar en la administración distrital.

Según testigos, la discusión estuvo marcada por la falta de espacio para la deliberación. La votación, encabezada por el Gobierno Nacional, favoreció la restauración de la torre central, una decisión con la que la Alcaldía no está completamente alineada. Aunque la administración de Carlos Fernando Galán no se opone a la rehabilitación, sí ha manifestado su preocupación por la falta de claridad en la negociación del predio y la necesidad de definir la participación de la Nación en el litigio con la empresa española Copasa, contratista encargada de la demolición de la estructura.

El valor del complejo hospitalario sigue siendo un punto de discordia. Existen dos avalúos distintos: uno de Catastro Distrital, que lo estima en 365.606 millones de pesos, y otro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que lo sitúa en 391.195 millones de pesos. A pesar de esto, el Gobierno Nacional aún no ha definido cómo financiar la compra del hospital, lo que ha generado incertidumbre sobre el futuro de la torre.

Otro tema que generó controversia en la junta fue la decisión de entregar el edificio de Mantenimiento al programa de telesalud de la Universidad Nacional, en lugar de permitir su uso temporal por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La Alcaldía de Bogotá había solicitado discutir la necesidad de una sede provisional para Medicina Legal, pero el Ministerio de Salud dejó claro que esta decisión deberá ser abordada por la junta directiva del Instituto.

Desde el Distrito, la sensación que quedó tras la reunión fue de frustración. La Secretaría de Salud expidió un comunicado en el que expresó que "no se advierte ningún avance" en la adquisición del complejo y pidió que la Nación asuma un rol más activo en la negociación y el litigio con Copasa. "Como ente propietario, planteamos en la Junta la necesidad de resolver las incertidumbres del Distrito antes de avanzar con las actividades de rehabilitación del edificio central", indicó Juan Guillermo Correa García, secretario de Salud (e).

Por su parte, Mario Hernández, director del proyecto de recuperación del San Juan de Dios en el Ministerio de las Culturas, aseguró que el Gobierno está comprometido con la restauración y que todas las inquietudes del Distrito fueron respondidas. Agregó que la torre central no será demolida y que se está buscando una solución articulada con la Alcaldía para que el hospital pueda operar sin necesidad de cambiar de propietario.

El futuro del San Juan de Dios sigue en el aire. Mientras el Gobierno insiste en la recuperación de su torre central, el Distrito exige claridad en los términos de la negociación y la resolución del litigio con Copasa. Por ahora, el hospital más emblemático de Bogotá sigue siendo objeto de un pulso político que parece estar lejos de resolverse.

El preocupante rastro de las granadas en manos de bandas criminales en Bogotá

La reciente ola de atentados con granadas en Bogotá ha puesto en evidencia una realidad alarmante: armamento de alto poder destructivo está llegando a las manos de bandas criminales que operan en la ciudad. En lo corrido del año, se han incautado cuatro de estos explosivos, mientras que otras tres han detonado en el barrio San Bernardo, en Los Mártires. La situación se ha agravado en las últimas semanas con explosiones en Kennedy y el hallazgo de una granada en Santa Fe, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades.

El caso más reciente se registró el pasado 18 de marzo, cuando la Policía capturó a un hombre de 34 años que intentó esconderse en un hotel del centro de la ciudad con un artefacto explosivo en su poder. Aunque se desconoce su objetivo, este episodio refuerza la preocupación sobre el origen y la distribución de este tipo de armamento en la capital.

Las investigaciones han revelado que detrás de estos atentados estarían estructuras criminales como 'El Tren de Aragua', 'Los Costeños', 'Los Venecos' y 'Satanás', grupos que han convertido a sectores como San Bernardo en verdaderos campos de batalla. No obstante, la gran interrogante sigue siendo la misma: ¿cómo acceden estas bandas a explosivos que deberían estar bajo estricta vigilancia del Estado?

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, ha pedido una intervención de la Nación para esclarecer de dónde provienen
 

estas armas y cómo llegan a la ciudad. "Necesitamos saber cuál es la fuente de esas granadas, por qué ruta llegan a la ciudad y cuáles son las estructuras de comercio de armas que están operando", indicó el funcionario en una sesión del Concejo de Bogotá.

Las cifras de la Policía reflejan la magnitud del problema. En lo que va del año, han sido capturadas 314 personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y se han incautado 274 armas. A pesar de estos operativos, la presencia de granadas en las calles sigue siendo una amenaza latente.

Una preocupación adicional es que algunas de estas armas provienen de instituciones oficiales. En septiembre del año pasado, una granada de fragmentación IMC MG M26, de uso exclusivo de la Fuerza Pública y producida por Indumil, detonó en el barrio María Paz, dejando una persona muerta y siete heridas. Este hecho puso en la mira la posible filtración de armamento desde fuentes oficiales hacia el crimen organizado.

Las investigaciones han permitido identificar redes de tráfico de armas que operan en la ciudad. Hace un mes, la Policía Metropolitana, en coordinación con la Fiscalía, capturó a 'Los Cosos', una banda que se dedicaba a la compra y distribución ilegal de armamento en Kennedy, Bosa y Soacha. Según la Policía, este grupo lograba vender hasta 30 armas al mes, muchas de ellas provenientes de Indumil. Su cabecilla, alias Alfredo, conseguía las armas mientras que alias Javier y alias Israel se encargaban de traficar con ellas.

El experto en seguridad César Niño advirtió que San Bernardo se ha convertido en un "puerto" de armamento ligero y, en ocasiones, de armas más pesadas. "Se trata de un negocio entre estructuras criminales que se ha fortalecido por la falta de inteligencia policial efectiva", sostuvo.

El panorama es crítico y requiere acciones inmediatas. El tráfico de armas sigue siendo un negocio lucrativo para el crimen organizado, mientras que los ciudadanos siguen expuestos a la violencia que generan estos grupos. La gran pregunta sigue sin respuesta: ¿cómo se están filtrando estas armas y qué se está haciendo para evitarlo?

Guardianes del Orden: La apuesta de la Alcaldía para mejorar la seguridad en Bogotá

En medio de una creciente preocupación por la seguridad en Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán ha propuesto la creación de los "Guardianes del Orden", una iniciativa que busca mitigar los problemas de convivencia sin la intervención directa de la Policía. La medida ha generado diversas reacciones, desde el apoyo ciudadano hasta críticas de expertos y el Gobierno Nacional.

El origen de esta propuesta radica en el evidente déficit de policías en la ciudad. Según la ONU, una metrópoli debe contar con al menos 300 uniformados por cada 100.000 habitantes, pero Bogotá apenas llega a 197, lo que representa una brecha de más de 8.200 agentes. Ante esta situación, Galán ha insistido en que la ampliación del pie de fuerza es una decisión del Gobierno Nacional, y que la administración distrital debe buscar soluciones con los recursos disponibles.

Los Guardianes del Orden se encargarán de resolver disputas menores, como conflictos vecinales por ruido o problemas con mascotas, permitiendo que la Policía se enfoque en crímenes de mayor gravedad. Según el alcalde, este grupo estará conformado por personas con experiencia en manejo de conflictos, incluyendo exmiembros de la fuerza pública. No portarán armas ni asumirán funciones policiales, sino que actuarán como mediadores para fortalecer la convivencia ciudadana.

A pesar de sus intenciones, la propuesta ha sido objeto de críticas. El presidente Gustavo Petro la comparó con las controvertidas Convivir de los años 90, asociaciones privadas de seguridad que fueron vinculadas con la expansión paramilitar. Por su parte, Leonardo González, director de Indepaz, advirtió que delegar funciones de seguridad a grupos no institucionales podría derivar en abusos y violaciones de derechos humanos.

Mientras la discusión continúa, lo cierto es que la ciudad necesita soluciones urgentes para mejorar la seguridad. Con la puesta en marcha de los Guardianes del Orden y la reactivación de 300 cámaras de vigilancia, la administración de Galán busca enfrentar un desafío que sigue siendo una de las mayores preocupaciones de los bogotanos.

Alerta en Bogotá por pico de enfermedades respiratorias: Bebés, los más afectados

Bogotá se prepara para enfrentar un nuevo pico de enfermedades respiratorias en las próximas semanas, según alertaron expertos en salud. El doctor Mauricio Alejandro Pino, gerente de la Clínica Infantil Santa María del Lago, advirtió que los bebés de cero a seis meses serán los más vulnerables en esta primera etapa.

De acuerdo con el especialista, el aumento de las lluvias y los cambios en las condiciones climáticas facilitarán la circulación del virus sincitial respiratorio, un patógeno que puede generar complicaciones graves en los más pequeños, incluso requiriendo cuidados intensivos. Se estima que este aumento de casos ocurra entre finales de marzo y principios de abril.

En una segunda etapa, prevista para mayo, el impacto del virus se extendería a todos los niños, por lo que se recomienda a los padres extremar medidas de prevención. Entre las principales acciones sugeridas están el uso de tapabocas en casa, el lavado constante de manos y evitar el contacto de los menores con personas que presenten síntomas de gripa.

Las autoridades médicas insisten en que, además de los bebés, los niños en general y los adultos mayores son los más propensos a desarrollar complicaciones severas debido a su sistema inmunológico más débil. Por ello, el llamado es a reforzar los cuidados y estar atentos a cualquier signo de alarma que pueda requerir atención médica inmediata.

Distrito y Gobierno Nacional chocan por la torre central del San Juan de Dios

El complejo hospitalario San Juan de Dios vuelve a ser el escenario de una disputa entre la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno Nacional. La controversia gira en torno a la rehabilitación de la torre central, un tema que ha generado tensiones entre ambas partes en los últimos años y que se agudizó tras la más reciente junta de conservación.

El encuentro, realizado el pasado viernes en el mismo hospital, fue convocado por el Ministerio de Salud y contó con la participación de altos funcionarios, entre ellos la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani; el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; y el secretario de Salud (e) de Bogotá, Juan Guillermo Correa. Sin embargo, la reunión no transcurrió con