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Germán Ávila Plaza asume como
nuevo ministro de Hacienda en el gobierno Petro
El presidente
Gustavo Petro ha designado a Germán Ávila Plaza como el nuevo
ministro de Hacienda, en reemplazo de Diego Guevara, quien
renunció al cargo tras una conversación con el mandatario. La
noticia se confirmó con la publicación de la hoja de vida de
Ávila en el portal oficial de la Presidencia.
El nuevo jefe de la cartera económica llega al cargo luego de
desempeñarse como presidente del Grupo Bicentenario,
conglomerado que agrupa entidades estatales como el Fondo
Nacional del Ahorro, Bancóldex y el Banco Agrario. Su
trayectoria en el sector financiero y de vivienda social se
extiende por más de 30 años.
La salida de Guevara se dio pocos días atrás, tras lo que
describió como una charla "tranquila y amable" con Petro. En su
mensaje de despedida, publicado en X, el exministro agradeció la
oportunidad de haber servido en el gobierno, primero como
viceministro y luego como titular de la cartera. Sin embargo,
fuentes de la Casa de Nariño aseguraron que su dimisión estuvo
relacionada con diferencias en torno al manejo del gasto público
y la necesidad de ajustar el presupuesto de la Nación.
Ávila Plaza, economista egresado de la Universidad Nacional, ha
tenido un papel destacado en el sector de la vivienda social.
Dirigió la empresa Construcciones y Diseños Planificados durante
más de una década y estuvo al frente de la Federación Nacional
de la Vivienda Popular (Fenavip) por casi 30 años. No obstante,
su paso por esta última entidad no ha estado exento de
cuestionamientos. En 2009, se alertó sobre posibles
irregularidades en la compra de terrenos para proyectos de
vivienda de interés social, lo que llevó a procesos judiciales.
Ávila ha sostenido que Fenavip solo actuó como representante
gremial y que no hubo un manejo inadecuado de los recursos.
El nuevo ministro también cuenta con una relación de vieja data
con el presidente Petro. En su libro "Una vida, muchas vidas",
el mandatario lo menciona como un compañero en sus primeros años
de militancia política en el M-19.
Con su llegada al Ministerio de Hacienda, Germán Ávila tendrá el
reto de mantener el equilibrio fiscal del país en un momento de
grandes presiones económicas. Sus decisiones marcarán el rumbo
de las finanzas nacionales en lo que resta del gobierno de
Gustavo Petro.
Debate por reducción de salarios
de congresistas enfrenta a senadores en el Capitolio
El proyecto de ley
que busca reducir los salarios de los congresistas desató una
intensa discusión en la Comisión Primera del Senado. La
iniciativa, promovida por los senadores del Pacto Histórico Iván
Cepeda y María José Pizarro, enfrenta oposición con argumentos
que sus autores califican como "pretextos" para hundir la
propuesta.
Desde la oposición
han señalado que la medida debería extenderse a otros altos
funcionarios del Estado y que su presentación en el Congreso no
fue oportuna. Cepeda, a través de redes sociales, cuestionó
estas razones y pidió claridad en la postura de los
legisladores: “No más evasivas, que voten a favor o en contra”.
Por su parte,
Pizarro recordó intentos anteriores de reducir los salarios y
criticó la
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falta de coherencia en las
justificaciones para hundir la propuesta. “Lo hunden porque incluye los
altos salarios del Estado y también porque no lo incluye. ¿Quién los
entiende?”, expresó.
El senador liberal Alejandro
Chacón argumentó que la reducción salarial debería aplicarse a todas las
altas dignidades del país. También criticó que el debate se haya
convertido en un ataque constante a los congresistas. “Hacer política
contra los congresistas se ha vuelto el eje de la actividad política”,
afirmó.
Otro punto de tensión lo marcó el senador del Partido Verde ‘Jota Pe’
Hernández, quien recordó que su proyecto sobre el mismo tema fue el que
más lejos llegó en el Congreso, aunque finalmente no prosperó en la
Cámara. El congresista acusó a la bancada de Gobierno de hacer "campaña"
con la nueva iniciativa y aseguró tener pruebas de que en el pasado se
han opuesto a propuestas similares. A pesar de sus críticas, manifestó
su apoyo al proyecto.
La representante Catherine Juvinao, del Partido Verde, sugirió que esta
medida se incluya en la consulta popular convocada por el presidente
Petro. Explicó que, dado el alto costo de la consulta, cercano a los
$300.000 millones, debería aprovecharse para abordar una "causa de
justicia social que une al país" y que sería imposible de aprobar en el
Congreso.
El debate sigue abierto, y aunque la reducción de salarios de los
congresistas es una demanda popular, su aprobación enfrenta resistencias
políticas que podrían frenar nuevamente la iniciativa.
Ministra Buitrago asumirá caso
disciplinario contra Benedetti por presunta violencia de género
El gobierno del presidente
Gustavo Petro designó a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago,
como canciller ad hoc para tramitar la investigación disciplinaria
contra Armando Benedetti, actual ministro del Interior, por un caso de
presunto maltrato a su esposa, Adelina Guerrero. Este episodio, ocurrido
en Madrid cuando Benedetti era embajador ante la FAO, ha generado una
fuerte controversia y cuestionamientos sobre la postura del Ejecutivo
frente a la violencia de género.
El caso se remonta a julio de 2024, cuando la Policía española recibió
una denuncia por un supuesto episodio de violencia en la residencia de
la familia Benedetti Guerrero. Según reportes iniciales del diario El
País, Guerrero denunció que su esposo la habría amenazado con un
cuchillo y dañado su ropa. Sin embargo, las autoridades no procedieron
con la detención del diplomático debido a su inmunidad y porque el hecho
no ocurrió en flagrancia. Posteriormente, Guerrero retiró la denuncia y
aseguró que no había sido víctima de maltrato.
A raíz de estos hechos, el entonces canciller Luis Gilberto Murillo
anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra de
Benedetti. "Reafirmamos nuestro rechazo y condena absoluta a cualquier
tipo de agresión en contra de las mujeres", declaró en su momento el
excanciller. No obstante, a pesar de la gravedad de las denuncias, el
proceso no ha avanzado con contundencia y Benedetti ha consolidado su
posición como una de las figuras clave dentro del gabinete.
El
nombramiento de Buitrago como canciller ad hoc se produjo después de que
la actual ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, se declarara
impedida para seguir con el caso. Sarabia argumentó que había sido
víctima de maltrato y ataques machistas por parte de Benedetti, los
cuales quedaron registrados en audios que se filtraron hace algunos
años. Además, recordó que había trabajado como asesora del ahora
ministro del Interior en el Senado, lo que representaba un conflicto de
intereses.
El
nombramiento de Buitrago podría darle un nuevo impulso al proceso
disciplinario, aunque persisten dudas sobre si realmente
habrá consecuencias para Benedetti. La
designación de una alta funcionaria para tramitar el caso
en segunda instancia demuestra que el gobierno
busca dar una
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imagen de transparencia, pero críticos aseguran que el
poder político del ministro podría terminar blindándolo de cualquier
sanción.
El desenlace de esta investigación será crucial no solo para el futuro
de Benedetti dentro del gobierno, sino también para la credibilidad de
la administración Petro en temas de lucha contra la violencia de género.
Incertidumbre en el nuevo modelo de
pasaportes: Retrasos, dudas y señalamientos
La transición del sistema de
pasaportes en Colombia se encuentra en un limbo. Tras el fin del litigio
con la empresa Thomas Greg & Sons, que desistió de su demanda contra el
Estado, la atención ahora se centra en el nuevo esquema de producción de
estos documentos, basado en un acuerdo con el gobierno de Portugal. Sin
embargo, el proceso enfrenta obstáculos que ponen en duda su viabilidad
dentro de los plazos previstos.
Desde hace seis meses, el
gobierno colombiano, en cabeza del entonces canciller Luis Gilberto
Murillo, anunció su alianza con Portugal para la transferencia de
infraestructura y tecnología a la Imprenta Nacional. La idea era que
esta entidad asumiera la producción de pasaportes a partir del 1 de
septiembre de este año. Sin embargo, la Cancillería, bajo el mando de
Laura Sarabia, reveló que la fecha de inicio aún está en evaluación,
generando incertidumbre sobre la continuidad del servicio y la
eficiencia del nuevo modelo.
El acuerdo con Portugal no ha estado exento de críticas. Un derecho de
petición del representante Andrés Forero (Centro Democrático) llevó a la
Cancillería a reconocer que el gobierno portugués solo aprobó la
propuesta el pasado 28 de febrero, lo que ha causado un retraso de al
menos dos meses en su revisión. Además, hasta la fecha no se han
destinado recursos del Presupuesto General de la Nación para este
proceso ni se han hecho pagos al gobierno portugués, lo que refuerza la
percepción de que la implementación del nuevo esquema sigue en el aire.
Expertos en contratación pública han señalado que la elección de
Portugal podría representar un desafío mayor al esperado. La abogada
Alexandra Lozano advierte que la Imprenta Nacional no cuenta con
experiencia en la fabricación de documentos de alta seguridad, lo que
hace difícil que pueda asumir esta responsabilidad en un corto plazo.
Para el profesor Juan David Duque Botero, de la Universidad de Los
Andes, la falta de claridad en los tiempos de ejecución podría derivar
en una nueva prórroga para Thomas Greg & Sons, dado que la producción de
pasaportes no puede detenerse.
Actualmente, Thomas Greg & Sons sigue operando bajo un contrato de
urgencia manifiesta, firmado en octubre de 2024, con un costo de 206 mil
millones de pesos y vigencia hasta agosto de este año. Un informe
interno de la Cancillería evidenció que la Imprenta Nacional aún tiene
debilidades institucionales que dificultarían asumir la totalidad del
proceso de producción de pasaportes en el corto plazo.
Mientras tanto, el proceso también se ha visto envuelto en señalamientos
políticos. La revisión de la propuesta portuguesa coincide con la salida
de funcionarios cercanos al excanciller Álvaro Leyva, quien ha sido
crítico de la actual Cancillería. Leyva ha negado cualquier injerencia
en la elección de Portugal como aliado en la producción de pasaportes,
pero las sospechas en torno a su hijo, Jorge Leyva, y sus viajes a
Europa para reunirse con empresarios del sector, han generado dudas
sobre la transparencia del proceso.
El senador Nicolás Echeverry, del partido Conservador, ha manifestado
que existen sospechas sobre las verdaderas razones detrás de la elección
de Portugal, mientras que en sectores políticos crece la preocupación
por la falta de certezas sobre el futuro del sistema de pasaportes. Por
ahora, el país sigue a la espera de una definición que garantice la
continuidad del servicio sin traumatismos y que evite que el proceso
termine envuelto en nuevos escándalos y controversias.
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