Bogotá, Colombia -Edición: 779

 Fecha: Miércoles 02-04-2025

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NACIONAL

 

 

 

Vía Quibdó-Pereira sigue cerrada debido a camión abandonado por ELN

 

 

Desde horas de la mañana de este miércoles 1 de abril, se encuentra cerrada la vía Quibdó-Pereira por un carrotanque de gasolina que fue atravesado en la carretera y podría tener explosivos. Esta acción fue atribuida a la guerrilla del ELN tras notar las siglas y la bandera de la organización criminal marcadas en el vehículo.

La comunidad de El Tabor, municipio de Tadó, en el Alto San Juan tuvo que evacuar sus viviendas por el peligro inminente. Por varias horas se espera por la intervención del Ejército.

“Esto confirma la necesidad urgente de reforzar el control en las vías de acceso al departamento en donde se vienen presentando reiteradamente estos eventos”, indicó la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.


Por otra parte, los despachos de buses desde la terminal de transporte de Pereira hasta la zona están suspendidos. El gerente de Terminal de Pereira, Héctor Artunduaga, que e transporte intermunicipal solo llega hasta el corregimiento de Santa Cecilia, es decir, hasta el municipio de Puerto Rico, Risaralda.

La situación de violencia en la región llevó a que el Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sanchez, priorizara el desarrollo de una consejo de seguridad extraordinario con la Alcaldía de Buenaventura, la Gobernación del Valle, el Ministerio del interior, el Ministerio de Justicia, el Comisionado de Paz y la Fiscalía.

“La solución a esta problemática debe ser de manera integral por medio de la acción unificada del Estado. La decisión de recuperar el control territorial de estos criminales es absoluta”, resaltó el ministro.

 

Confirman ingreso irregular a campos de Ecopetrol en Rubiales

 

 

El martes, Ecopetrol confirmó el ingreso irregular de personas ajenas a las operaciones, durante las manifestaciones que desarrollan comunidades indígenas en Puerto Gaitán y Meta, el pasado lunes 31 de marzo a las instalaciones de los campos Rubiales, la Estación Centauros y el Centro de Generación Caño Sur.
 

La petrolera realizó un llamado al diálogo y a la búsqueda de la construcción colectiva para poder resolver el conflicto, asegurando que dicho ingreso puso en riesgo a la integridad de todas las personas que se encontraban presentes, incluyendo a los manifestantes.

"Esta acción ha puesto en riesgo la integridad de todas las personas que se encontraban allí presentes, incluidos los propios manifestantes, así como del medio ambiente y las instalaciones", se lee en el comunicado de Ecopetrol.

Como ya se sabe, desde el pasado viernes 28 de marzo, las comunidades han realizado bloqueos en las vías internas de los campos Rubiales y Caño Sur, impidiendo el desarrollo de las actividades de la empresa.

 

"Ecopetrol rechaza estas vías de hecho y hace un llamado al diálogo y la búsqueda de la construcción colectiva para la resolución

 

 

 

de conflictos con la institucionalidad como mecanismos del buen relacionamiento y la transformación del territorio, de manera que se logre recuperar la normalidad en la región", puntualizó la petrolera.

 

Ordenan suspensión de operaciones en Campo Rubiales

Los trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética (Utipec) anunciaron que Ecopetrol ordenó el cierre total de las operaciones en el Campo Rubiales debido a las constantes manifestaciones que han afectado las labores.

"Ante el sabotaje por parte de comunidades indígenas que protestan en la zona, la Empresa Colombiana de Petróleos –Ecopetrol–, ha ordenado el cierre total de operaciones en el Campo Rubiales. Ecopetrol anunció hace pocos minutos el Cierre Total de sus Operaciones en Campo Rubiales", aseguró Utipec.

Bloqueos de las comunidades indígenas

Desde el pasado viernes 28 de marzo, las comunidades indígenas mantienen bloqueos entre Puerto Gaitán y Puerto Rubiales, exigiendo la restitución de tierras, el reconocimiento de sus territorios ancestrales y el cumplimiento de acuerdos previos por parte de las operadoras, entre los cuales se encuentra la petrolera.

 

Medidas por crisis humanitaria en el Catatumbo pide C. Constitucional

 

 

Durante las primeras semanas de enero de 2025, la crítica situación humanitaria y de seguridad en el Catatumbo generó alertas por parte de autoridades, medios de comunicación, firmantes del Acuerdo de Paz y otras organizaciones civiles. Los datos oficiales revelan un panorama alarmante: alrededor de 52.229 personas desplazadas forzosamente y 21.193 confinadas. Por su parte, 153 firmantes del Acuerdo han sido desplazados, 35 confinados, 10 desaparecidos y siete asesinados.

 

Ante la gravedad de estos acontecimientos, mediante el Auto 244 de 2025, las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022 de la Corte Constitucional solicitaron información y pruebas sobre las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, las entidades territoriales y otras autoridades para proteger a las personas desplazadas y a los firmantes del Acuerdo de Paz.

La Corte reiteró su preocupación por los confinamientos. Ante el alarmante aumento de esta problemática en la última década, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 ordenó al Gobierno Nacional, mediante el Auto 811 de 2021, la creación de una ruta integral de atención para las víctimas de confinamientos. En el contexto de la crisis actual, la Corte exige información inmediata sobre el estado de dicha ruta, incluyendo su diseño, marco jurídico y grado de implementación.

 

El Auto 244 de 2025 también preguntó, entre otros temas, por las medidas adoptadas para agilizar la toma de declaraciones y el registro de las víctimas de desplazamientos forzados y confinamientos en el Catatumbo, así como para fortalecer la coordinación interinstitucional y promover soluciones duraderas, eficaces y oportunas.

Asimismo, la Corte expresó su especial preocupación ante la persistencia de actos de violencia contra la población firmante del Acuerdo de Paz. A pesar de advertencias y órdenes dictadas por la Sala de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022 para asegurar la atención integral de la población firmante del Acuerdo y evitar nuevos ataques, la grave situación continúa.

 

Concretamente, a través del Auto 1273 de 2024, esta Sala insistió en la urgencia de adoptar medidas integrales de seguridad para los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y los demás espacios colectivos de reincorporación, como el AETCR Caño Indio, ubicado en Tibú, Norte de Santander.

 

En dicho auto, la Sala le ordenó al Gobierno nacional y a otras entidades nacionales y

 

 

 

territoriales atender, desde una perspectiva de seguridad humana, los riesgos de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes en contra de la población firmante de paz, con base en todos los subcomponentes de las garantías de seguridad del Acuerdo de Paz, no solo a partir de las medidas de protección.

 

Ante la gravedad de la situación humanitaria, la Corte requirió información detallada sobre el estado de cumplimiento de dicho auto en la región del Catatumbo y en otras regiones del país donde la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre riesgos de nuevas emergencias humanitarias.

Con estas acciones, al margen del examen de constitucionalidad de la declaratoria de conmoción interior y su desarrollo, la Corte Constitucional reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las personas desplazadas por la violencia y firmantes del Acuerdo de Paz, y subraya la urgencia de una acción gubernamental integral, rápida y eficaz ante crisis humanitarias recurrentes como la del Catatumbo.

 

Los gobiernos nacional y territorial deben prevenir y atender de manera oportuna y articulada estas situaciones que atentan gravemente contra los derechos fundamentales de civiles que le han apostado a la paz.

La actual comunicación se emite desde la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, integrada por la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien la preside, la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Juan Carlos Cortés González.

Asimismo, por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia SU-020 de 2022, integrada por la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, quien la preside y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Miguel Polo Rosero.

 

Reportan intoxicación de 16 estudiantes del Sena en Barranquilla

 

 

El Sena regional Atlántico avanza en las investigaciones para esclarecer un caso de intoxicación masiva reportado en el Nodo de Comercialización y Servicios Financieros de la institución, ubicado en la Urbanización Las Cayenas de Barranquilla. Según las versiones preliminares, el incidente ocurrió el pasado jueves 27 de marzo, cuando una estudiante compartió un dulce con sus compañeros, lo que resultó en que al menos 16 estudiantes presentaran complicaciones de salud minutos después.

Tras el suceso, los estudiantes fueron trasladados a varios centros asistenciales en Barranquilla para recibir atención médica. 13 de los aprendices fueron dados de alta luego de presentar mejoría, mientras que los otros 3 continúan bajo observación médica, a la espera de los resultados de los exámenes que ayudarán a determinar la causa exacta de sus malestares.

El Sena Atlántico activó la ruta de atención con las autoridades sanitarias para asegurar una atención oportuna. Además, la institución indicó que ya se realizó un seguimiento a los estudiantes, tanto a los dados de alta como a los que permanecen en observación.

Investigación en curso

En cuanto a las causas del incidente, el Sena indicó que el Centro de Comercio y Servicios ya ha dialogado con la estudiante que compartió las golosinas, quien aseguró que estas fueron adquiridas en un almacén de cadena. Las autoridades sanitarias están llevando a cabo las investigaciones para determinar la causa exacta del malestar que sufrieron los estudiantes, mientras que el Sena espera los resultados de dichos estudios para tomar las medidas necesarias.

Este incidente ha generado preocupación en la comunidad estudiantil y entre los padres de familia, quienes esperan conocer los resultados de la investigación y la pronta recuperación de los estudiantes afectados.


El Centro de Comercio y Servicios continúa su seguimiento y espera el final de las investigaciones para aclarar los hechos, asegurando que todos los estudiantes reciban el apoyo necesario durante este proceso.

 

 

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