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Caso Uribe: Revelan
audio en que exparamilitar promete revelar toda la verdad
El exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias
'víctor', sigue declarando en medio del juicio que se adelanta contra el
expresidente Álvaro Uribe, por presunta manipulación de testigos.
En medio de la diligencia de este martes 8 de abril, la fiscal delegada
Marlene Orjuela, reveló un audio del 2019 en el que el testigo dijo que
iba a contar toda la verdad ante la Corte Suprema de Justicia, sobre el
dinero que le habrían ofrecido a cambio de declarar contra el senador
Iván Cepeda en ese proceso.
En el audio, alias 'víctor' habló con el abogado Juan José Salazar
(suplente de Diego Cadena), procesado por ese mismo caso y se refirió a
$60 millones que supuestamente estaba pidiendo. “Desde este momento, yo
soy el enemigo de ustedes. Era amigo, ahora soy enemigo”, se escucha en
uno de los apartes del audio revelado hoy por la Fiscalía en la
diligencia."Hermano, para que tengan pendiente este audio... en la Corte
(Suprema) voy a hablar, voy a hablar la verdad sobre todo, sobre la
masacre de Ríosucio, quiénes tuvieron que ver ahí, el primo de su papá
(Álvaro Uribe), ahí la reunión de lo que hubo con su papá... todo eso",
dijo el testigo.
En la comunicación, el exparamilitar agregó que "yo no me
preocupo por eso. Es que yo no le estoy ni pidiendo, ni le estoy
extorsionando ni nada de eso. Como vuelvo y le reitero, él fue el que me
mandó a buscar, yo no lo busqué a él. Él fue el que mandó a Diego a
buscarme acá, yo estaba quieto acá". "Voy a esclarecer todo esto con con
puntos y señales, lo que le mostré de todas las amenazas mías y lo que
tengo guardado aquí, que son las pruebas que voy a demostrar contra
Uribe, contra todos ellos yo las demuestro y ya y que me venga el mundo
encima. Sé que me van a matar", indicó.
Corrupción en la UNGRD:
Fiscalía niega principio de oportunidad a Sandra Ortiz
La Fiscalía General de la Nación dejó en claro que
rechazó la posibilidad de concretar un principio de oportunidad con la
exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz, quien se
encuentra implicada en el escándalo de corrupción en la Unidad de
Gestión del Riesgo (UNGRD).
El grupo de tareas especiales de la Fiscalía señaló que la colaboración
con la justicia que ha brindado Sandra Ortiz en los acercamientos con
los investigadores se funda en información confusa, contradictoria y no
se sustenta en evidencias objetivas.
“La Fiscalía Novena
Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ha sostenido acercamientos
con la exconsejera para las regiones de la Presidencia de la República,
Sandra Liliana Ortiz Nova, en aras de concretar una posible negociación
judicial y
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obtener nuevos elementos materiales
probatorios que permitan consolidar uno de los frentes investigativos”,
dijo la Fiscalía a través de un comunicado.
La Fiscalía precisó que “durante los encuentros, la defensa de la
procesada ha solicitado inmunidad penal total a través de la celebración
de un principio de oportunidad, pretensión que ha rechazado el equipo de
fiscales frente a la gravedad de los delitos de lavado de activos y
tráfico de influencias de servidor público por los cuales fue imputada y
está próxima a ser acusada, y por considerar que la colaboración que
ofrece a la justicia se funda en información confusa, contradictoria y
no sustentada en evidencias objetivas que corroboren sus afirmaciones,
que por esa misma razón no superaría la valoración y el control
judicial”.
Ante este escenario, la Fiscalía acusará a la exfuncionaria este jueves
10 de abril ante el Juzgado octavo Penal Especializado de Bogotá, por
los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor
público.
“La Fiscalía General de la Nación tiene en marcha múltiples actividades
investigativas para avanzar en la identificación y judicialización de
los responsables del direccionamiento de la contratación y apropiación
de recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD)”, enfatizó la Fiscalía
Ante esta situación, Sandra Ortiz manifestó que revelaría públicamente
los términos de los acercamientos y los detalles que dice conocer sobre
el entramado de corrupción, lo cual hace bajo su responsabilidad y sin
que ello comprometa a la Fiscalía en el marco de la justicia premial.
Sin embargo, no se descarta que la exconsejera de regiones pueda buscar
un preacuerdo con la Fiscalía, una vía que tendría que darse antes de
iniciar el juicio en su contra.
Imputan a Daniel
Quintero por presuntas irregularidades en el caso del lote "Aguas Vivas"
Durante más de cuatro horas, la Fiscalía General de la
Nación narró las aparentemente irregularidades que habría cometido tanto
el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle y otros diez
exfuncionarios de la administración 2020 - 2023 en esta ciudad, con
respecto al lote Aguas Vivas, ubicado entre El Poblado y la Av Las
Palmas.En el caso del exalcalde Daniel Quintero, este fue imputado por
los presuntos delitos de peculado por apropiación y prevaricato por
acción. Junto a él, otros exfuncionarios también fueron imputados por el
ente acusador.
De acuerdo con la fiscal, los señalados cometieron reiteradas
irregularidades en favor de terceros. Aseguró que los procesados
pretendieron comprar un lote que ya era propiedad del Estado, haciendo
alusión al mencionado lote de Aguas Vivas.
La jornada tuvo dos momentos: primero fue el turno para
la imputación de Carlos Mario Montoya, Karen Viviana Delgado, Sergio
Andrés López, Natalia Andrea Jiménez, Alethia Carolina Arango y Leidy
Jiménez Echavarría, quienes -según la fiscal- actuando como servidores
públicos mediante acuerdo común y con división de "trabajo criminal" se
interesaron indebidamente en la modificación del contrato del discutido
lote.
En un segundo momento, el ente acusador imputó al
exalcalde Daniel Quintero y a Fabio Andrés García Trujillo, exsecretario
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General de la Administración de Medellín durante su
gobierno, aparentemente como presuntos responsables de los delito de
peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por
acción.Así mismo, imputó por peculado por apropiación a José Fernando
Rueda Salazar, quien se desempeñó como el representante legal de
Técnicas Constructivas.
Seguida de este, fue la imputación de Juan Diego de Jesús
Moreno Barón, representante legal de IDC Inversiones; y otro particular
identificado como Juan Manuel Villegas Márquez.
El sustento de la Fiscalía, en el caso del exalcalde fue
que este, al parecer, favoreció a privados con el lote de Aguas Vivas,
no solo por el retorno irregular cuando el bien ya hacía parte del
distrito, sino, por no impartir control sobre el mismo.
De igual forma, el ente acusador dijo que el exalcalde
desconoció "de manera directa y arbitraria”, las competencias para
cambiar el uso del suelo del lote Aguas Vivas, expidiendo el decreto 412
de 2023, por medio del cual se reglamenta el Valle del Software y se
permitía otro tipo de construcciones de carácter comercial en este
lugar.
Procuraduría cita a
declarar a cuatro funcionarios por caso que salpica a esposa del
MinSalud
La Procuraduría General de la Nación ordenó practicar las
primeras pruebas y citó a rendir una declaración juramentada a cuatro
funcionarios y contratistas dentro de la investigación preliminar tras
las denuncias que involucran a Beatriz Gómez Consuegra, esposa del
ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, con supuestas presiones
indebidas y abuso de autoridad en un millonario contrato de un buque
hospital.
Dentro de las pruebas, la Procuraduría citó a rendir una declaración
juramentada a Lina Baracaldo y Mario Castro, agente interventora y
asesor jurídico de la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia, así como a
Mónica González, y Nayith Arango, directora de medidas especiales y
contratista de la Supersalud, respectivamente, para que expongan lo que
les conste en torno a esta investigación cuyas denuncias recaen sobre la
esposa del Ministro de Salud.
Según las denuncias, Gómez Consuegra habría sobrepasado los límites de
sus competencias, emitiendo órdenes y adoptando decisiones en procesos
que son directamente competencia del ministerio, liderado por su esposo.
Gómez Consuegra habría ejercido presiones sobre funcionarios del
Hospital San Rafael de Leticia y forzado la firma de un contrato por más
de 55 mil millones de pesos, sin el respaldo técnico ni jurídico
correspondiente, para la adquisición de un buque hospital destinado a
las comunidades apartadas del Amazonas, según reveló Daniel Coronel.
En el mismo auto de apertura de investigación, la Procuraduría le da un
plazo de ocho días al Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud
y a la E.S.E Hospital San Rafael de Leticia para que remitan a ese
organismo toda una serie de documentos e informaciones en medio físico
y/o magnético.En el caso del Ministerio de Salud se ordena entregar
copia de la totalidad de los antecedentes administrativos y estado
actual del proceso del proyecto de transporte hospitalario fluvial en la
Amazonia Colombiana a través de la E.S.E. Hospital San Rafael de
Leticia. Además, se le solicita copia del manual de funciones y de
contratación del ministerio, vigente para la época de los hechos.
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