Con esta demanda, la ANT inicia una nueva etapa en los procesos agrarios tras la Sentencia C-294 de 2024, mediante la cual la Corte Constitucional declaró inexequible la competencia que tenía la entidad para decidir de fondo estos casos bajo el Decreto Ley 902 de 2017. A partir de ahora, los procesos agrarios deberán tramitarse en dos fases: una administrativa y otra judicial. "Esta demanda, que la Agencia Nacional de Tierras presenta ante la jurisdicción ordinaria debido a la falta de una ley que regule la Jurisdicción Agraria, no solo es una acción jurídica, sino también una medida de protección para las comunidades campesinas y pescadoras de la región", afirmó Felipe Harman, director de la ANT.

El conflicto involucra a hacendados, campesinos y pescadores que han ocupado el territorio de forma irregular. Según la entidad, el caso reviste especial importancia porque se relaciona con derechos colectivos de comunidades rurales que han sido víctimas de desplazamientos forzados, acaparamiento de tierras y hechos violentos, incluyendo el asesinato de tres de sus integrantes. Estas situaciones han sido puestas en conocimiento de la Comisión de la Verdad y otras autoridades.

Dos guerrilleros del ELN fueron abatidos en Ocaña tras operativo militar en Catatumbo

La crisis humanitaria que azota al Catatumbo, en Norte de Santander, sigue siendo motivo de preocupación nacional. En medio de una ofensiva militar para recuperar el control del territorio, dos miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron dados de baja el viernes 12 de abril en un operativo conjunto del Ejército Nacional y la Policía, realizado en el municipio de Ocaña.

Los guerrilleros pertenecían al frente Camilo Torres Restrepo, uno de los más activos en la región. La acción, anunciada por el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, también dejó a otros dos integrantes del grupo subversivo capturados, uno de ellos herido durante el enfrentamiento. En el operativo, las autoridades incautaron armas de fuego, granadas, municiones, vehículos y documentos clave para el seguimiento a esta estructura armada.

Desde enero de este año, la situación en el Catatumbo se ha tornado crítica. La arremetida del ELN contra la población civil, bajo el argumento de estar tras disidentes de las FARC, ha dejado un saldo devastador: decenas de personas asesinadas, múltiples secuestros y más de 60.000 desplazados, según la Procuraduría General de la Nación. El Gobierno nacional, ante la gravedad del panorama, decretó la
 

“La ofensiva contra los grupos armados ilegales no se detiene. Seguiremos trabajando sin descanso por recuperar el territorio y proteger a las comunidades en esta importante región del país”, expresó el ministro Sánchez a través de su cuenta de X, haciendo un llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando.

Las autoridades han dispuesto varias líneas para recibir información bajo estricta reserva: la línea contra el terrorismo (323 273 4707), la línea contra el crimen (314 358 7212) y la línea 107, habilitada las 24 horas. El compromiso, aseguran, es no ceder ni un paso ante el terror que por años ha golpeado a las comunidades del nororiente colombiano.

Defensa niega que expresidente de la Nueva EPS se apropiara de recursos

La defensa del expresidente de la Nueva EPS José Fernando Cardona Uribe, a quien la Fiscalía le imputó cargos junto con otros exdirectivos por presuntamente desviar millonarios recursos de la entidad, señaló que la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación, es en virtud a la presunta apropiación de recursos por parte de su defendido, sin embargo, señaló que estos recursos no fueron apropiados y quedaron dentro de la misma EPS.

“Queremos indicar a la opinión pública que en la imputación nunca se ha hablado de 5 billones de pesos como distintos actores lo han manifestado, sino el organismo estableció un alcance de 70 mil quinientos millones de pesos que corresponden a las utilidades generadas entre el 2019 a 2023”, sostuvo.

Recalcó que de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía los recursos quedaron en la compañía para el pago de deudas anteriores que tenía esa entidad.

“Sin embargo, tras las investigaciones hechas por la Fiscalía se determinó que ni el doctor Cardona, ni terceros se apoderaron de recursos y los mismos quedaron en la compañía para el pago de deudas anteriores por los servicios de salud que se prestaron a los colombianos que se encontraban afiliados a la EPS”, aseguró el abogado.

“El ente acusador, precisó, según el acta de la audiencia que ‘’este delegado (el fiscal) nunca dijo que la apropiación haya sido o que haya salido, sino que fue en favor de la misma Nueva EPS. (sic)’’ Es decir, no hay enriquecimiento a favor del imputado, ni de terceros, ni para financiar campañas o para pagar facturas de pacientes fantasmas sino a favor de la misma EPS”, dijo.

Apuntó que “no es cierto que exista ocultamiento de facturas, pues están: en el procedimiento de auditorias, en la liquidación y eso se ve en los diferentes módulos del sistema”.