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Procuraduría investiga
millonario contrato por servicios TIC de más de $37.000 millones
La Procuraduría General de la Nación inició una
investigación disciplinaria por presuntas irregularidades en la
adjudicación y suscripción de un contrato superior a los 37.000 millones
de pesos para servicios tecnológicos de información y comunicaciones
(TIC).
Los hechos objeto de investigación se derivaron de un proceso de
selección, tramitado por Enterritorio, -Empresa Industrial y Comercial
del Estado, de carácter financiero, adscrita al Departamento Nacional de
Planeación (DNP) - con un presupuesto estimado que supera los $37 mil
millones, para la prestación de servicios integrales de TIC, con el fin
de realizar la administración, operación, mantenimiento y gestión de su
plataforma tecnológica.
En el marco de este expediente, la Procuraduría General de la Nación
determinó abrir investigación disciplinaria contra el entonces
subgerente de operaciones de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo
Territorial, Enterritorio, Fabián Darío Romero Moreno, para determinar
si incurrió o no en algún tipo de falta de carácter disciplinario.
Según las investigaciones, a uno de los proponentes no se le asignó el
puntaje establecido en los términos y condiciones de la contratación por
emprendimientos y empresas de mujeres y vinculación de personal con
discapacidad pese acreditar los requisitos solicitados por la entidad
pública, con el cual pudo resultar adjudicatario en la invitación
señalada.
Contratista Emilio
Tapia, condenado por Centros Poblados, volvió a quedar en libertad
Con previa orden de una juez recuperó su libertad el
contratista Emilio Tapia Aldana, condenado por escándalos de corrupción
del cartel de la contratación en Bogotá y los graves hechos detectados
en el expediente de Centros Poblados.
El polémico contratista se encontraba recluido en la cárcel El Bosque de
la ciudad de Barranquilla, y su libertad se hizo efectiva el lunes 14 de
abril, sobre las seis de la tarde, en atención a la orden emitida por
parte de Claribel Onisa Fernández Castellón, juez Primero de Ejecución
de
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penas y Medidas de Seguridad de la
capital del Atlántico.
Por los hechos relacionados con el
escándalo de corrupción de Centros Poblados, Emilio Tapia había sido
condenado a 76 meses de prisión como autor de los delitos de falsedad
documental, fraude procesal y peculado por apropiación agravado.
Sin embargo, según el fallo de la juez
de ejecución de penas, reconoció que el contratista desde su detención
en septiembre de 2021 hasta marzo de 2025, ha cumplido 48 meses y 10
días de reclusión, sumando tiempo efectivo y redención por estudio y
trabajo en la cárcel.
Bajo este escenario, para la juez, Emilio Tapia superó el umbral de 45,6
meses exigido por ley para acceder al beneficio de la libertad
condicional.
“Dicho subrogado de la libertad condicional se le concede por un periodo
de prueba de 27 meses y 20 días, que es el tiempo que le falta para
cumplir la totalidad de la pena de prisión que le fue impuesta”, señala
la decisión de la juez del caso.
La libertad se hizo efectiva, pese a la oposición que expresó la
Procuraduría General de la Nación al considerar que Emilio Tapia no
cumplió con los requisitos exigidos por la ley para acceder a este
beneficio judicial.
Para el procurador delegado Antonio Padilla Oyaga, el contratista Emilio
Tapia, entre otros aspectos, tenía un impedimento legal, porque
reincidió en delitos asociados actos de corrupción e incluso fue
condenado por la justicia.
Investigan desaparición
del empresario caleño Jorge Hernando Uribe; hay un capturado
La Policía Metropolitana de Cali encontró el vehículo
del empresario caleño Jorge Hernando Uribe, quien está reportado como
desaparecido desde el pasado 6 de abril.
El hallazgo se dio en la vereda El Estero, corregimiento de Navarro,
zona rural de Cali. La información fue confirmada a través de un
comunicado en donde también fue indicado que, en ese mismo lugar, las
autoridades encontraron los restos óseos de una persona pero que su
identidad será establecida por parte de Medicina Legal.
"A través de labores de vecindario nos señalan quién
presuntamente había dejado el vehículo y en esta búsqueda, cuando esta
persona es encontrada y, al notar la presencia de la Policía, emprende
la huida, es capturado y al regresar al lugar, que es una casa en medio
de un cañaduzal, se encuentran los restos óseos de una persona",
manifestó el general Carlos Oviedo.
Según el oficial, desde la desaparición Jorge Hernando Uribe el 6 de
abril, el Gaula de la Policía estuvo tras la pista del paradero, en
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un caso priorizado, no en vano, la
Gobernación del Valle del Cauca ofreció $100 millones de recompensa por
información que permita dar con el paradero del empresario.
Desde allí, las autoridades miraron cámaras de seguridad en la ciudad y
siguieron el rastro del vehículo, desde que Uribe se reunió con un
hermano hasta encontrarlo abandonados días después en dicho zanjón.
"El capturado fue dejado a disposición
de la autoridad y en este momento tiene medida de aseguramiento por
desaparición forzada, homicidio", puntualizó el oficial.
Según la hija, Jorge Hernando salió
con una camiseta blanca básica, con un pantalón de pijama blanco con
rayas verdes, medias rojas y zapatos de cuero negro y se movilizaba en
un vehículo gris marca Volkswagen plateado.
El empresario desaparecido es hermano de Juan Carlos Uribe, quien se
desempeñó como jefe de protocolo de la Gobernación del Valle del Cauca
durante el primer periodo de la gobernadora Dilian Francisca Toro y
hermano de un exgerente de un reconocido medio radial. Su familia
también está preocupada porque Juan Carlos tiene una condición de salud
para la cual necesita el consumo diario de medicamentos como Jardiance
de 10mg, Losartán 50 mg y Amlodipino.
Confirman 15 años de
cárcel para el expresidente de Saludcoop
El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena
impuesta al expresidente de la desaparecida EPS Saludcoop, Carlos
Gustavo Palacino Antia y el exvicepresidente financiero de la entidad,
Javier Mauricio Sabogal Jaramillo, por supuestos recobros ilegales ante
el Fosyga.
En segunda instancia quedó en firme la sentencia, al declararlos
culpables como autores de los delitos de estafa, fraude procesal y
falsedad en documento privado.
En el fallo se le condena a Palacino Antia y a Sabogal Jaramillo a una
pena de 15 años y un mes de prisión, además de pagar una multa
equivalente a 820 salarios mínimos legales mensuales vigentes y atender
una inhabilidad de 7 años y 8 meses para ejercer funciones públicas.
Con base en las investigaciones adelantadas por la Fiscalía, se
estableció que los dos exdirectivos en ejercicio de sus funciones
expidieron cheques de manera sistemática para pagar supuestos servicios
de salud y atención de pacientes entre enero de 2010 y mayo de 2011, los
cuales no fueron entregados a sus beneficiarios y en su lugar se
guardaron o anularon.
Sin embargo, los fiscales a cargos del caso detectaron que la entonces
EPS recurrió ante el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosysa) como si
hubiera cumplido con los pagos y recibió 14.269 millones de pesos por
concepto de 2.912 recobros.
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