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Advertencia sobre la
vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia: Quiénes no deben
recibirla y por qué
El brote de fiebre amarilla que afecta
a Colombia ha encendido las alarmas de las autoridades sanitarias, con
un saldo de 79 muertes registradas hasta el 20 de abril.
El Ministerio de Salud y Protección Social ha intensificado su campaña
de vacunación para contener la propagación del virus, que ha tenido un
impacto en el departamento del Tolima, donde se han concentrado 61 casos
y 23 fallecimientos.
Sin embargo, la Asociación Colombiana de Reumatología (Asoreuma) ha
emitido una advertencia clave: no todas las personas son aptas para
recibir esta vacuna, lo que ha generado un llamado a la precaución en la
aplicación masiva del biológico.
De acuerdo con Asoreuma, la vacuna contra la fiebre amarilla, que
utiliza un virus vivo atenuado, puede representar un riesgo para ciertos
grupos de la población, especialmente aquellos con sistemas
inmunológicos comprometidos.
La asociación enfatizó que los pacientes con enfermedades reumatológicas
bajo tratamiento con medicamentos inmunosupresores no deberían recibir
esta inmunización, ya que su organismo podría no ser capaz de controlar
el virus atenuado, lo que podría derivar en una infección activa en
lugar de la protección esperada.
“Es fundamental informar que la vacuna contra la fiebre amarilla no se
recomienda en pacientes inmunosuprimidos”, señaló Asoreuma, subrayando
la importancia de consultar con un médico antes de proceder con
cualquier vacunación.
Vuelve debate por
necesidad que algunos ven de regular la consulta previa
En sectores como energía e
infraestructura explican que una de las razones por las cuales se frenan
proyectos o se demoran demasiado en comenzar es por la consulta previa
que se exige con los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y Rom.
Dicen que cada vez es mayor el tiempo para que se lleve a cabo cada
proceso y que también crece el número de comunidades que exige
participar. En tanto que expertos en este tema manifiestan que hace
falta una ley estatutaria que regule el tema.
El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se refirió este fin de semana a
la crisis energética y reiteró su preocupación por el riesgo de
apagones. Manifestó que en la problemática hay que contar la consulta
previa por las demoras que implica para realizar los proyectos de
actualización del sistema.
“Alertamos sobre la crisis energética que vive Colombia: las demoras en
las consultas previas para ejecutar los proyectos de generación y
transmisión de energía, más las deudas del Gobierno con las empresas,
son una combinación que pueden poner al país en riesgo de apagones. La
energía más cara es la que no se tiene, por eso le pido al Gobierno que
asuma su responsabilidad con el sector energético”, enfatizó Cepeda
Sarabia.
Camilo Sánchez , presidente de Andesco (Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Públicos y Comunicaciones) afirmo en una entrevista. “Lo
que hemos dicho es que es muy complicado tener este mecanismo como lo
están haciendo porque cambia bastante según la región, cosa que no debía
ser de esa manera. Y además estamos muy preocupados porque se han
demorado mucho los proyectos, y se están demorando dos y tres años más
de lo previsto”.
Añadió el directivo que “estamos viendo además que intervienen muchas
comunidades que van apareciendo durante el tiempo y posteriormente
demoran la posibilidad de desarrollar las inversiones. Estamos en ese
tema muy angustiados porque creemos que esto ha disminuido la velocidad
con que se venía pensando podíamos hacer proyectos en el tema de
infraestructura energética, de gas y de TIC”.
Agregó Sánchez que “aquí no es para echarle la culpa a este Gobierno, lo
que pasa es que ahora hay muchas más comunidades que se están haciendo
partícipes de los procesos. Pero lo que sí hay que hacer es volver un
instrumento que sea técnico, que sea igual en todo el territorio y que
las comunidades participen, pero que sea tomado en cuenta argumentos
técnicos y no simplemente ideológicos”.
Explicó el presidente de Andesco que existen varios proyectos frenados
por el tema de la consulta previa. “Hay unos que han avanzado como el de
la Colectora (La Guajira), que ha sido muy importante, pero que ya tiene
retrasos de más de 4 años en el momento. Pero hay otra cantidad de
proyectos que no han podido avanzar, el tema de La Guajira,
fundamentalmente eólicos y solares. Hay muchos proyectos en lo que tiene
que ver con termoeléctricas en donde también están los procesos bastante
demorados”.
Alertó también porque “ahorita, por
ejemplo, uno muy importante es el de la transmisión. Todo lo que tiene
que ver con traer las antenas de transmisión para poder hacer la traída
de la energía al centro del país, nos estamos quedando muy cortos porque
no están permitiendo que se pongan esas torres de energía para traer
esas redes”.
La ley estatutaria
El exministro Francisco José Lloreda dio su apreciación sobre la forma
como se lleva a cabo la consulta previa en el país, especialmente por lo
que conoció de la
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misma cuando se desempeñó de
presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP).
“La consulta previa se prostituyó en
Colombia, hay casos en los que se ha aplicado como debe, pero en muchos
otros se convirtió en un instrumento de chantaje y extorsión.
Infortunadamente, las comunidades indígenas se han negado a que a través
de una ley estatutaria se regule la consulta, por una razón: porque no
están interesadas en que se establezcan reglas en su aplicación”.
Dijo también Lloreda que le ha
correspondido a la Corte Constitucional “llenar vacíos legales bajo una
mirada claramente garantista. En mi sentir, el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo, que es el marco legal bajo el
cual se adelantan las consultas previas, en el caso de Colombia se ha
terminado por interpretar de una manera equivocada, y de ahí que no sean
pocos los casos donde el desarrollo del país se ve frenado por esta
aplicación indebida”.
El exministro puso de presente que desde hace más de 10 años y en
distintos gobiernos se ha intentado tramitar en el Congreso una ley
estatutaria “que defina, por ejemplo, quiénes son interlocutores válidos
de parte de las comunidades; cuáles son los rangos de costo de una
consulta previa; cuáles son los tiempos a establecer, pues
infortunadamente se han tornado indefinidos; cuándo se considera que hay
un impacto directo en una comunidad”, entre otros.
Indicó que algunos de estos temas han sido abordados por la Corte
Constitucional, “y lo que existe es un rompecabezas jurisprudencial que
le permite a quienes quieren abusar de este instrumento hacerlo”.
Reiteró que desde hace más de una década se ha intentado regular el
mecanismo, pero “ha faltado voluntad política de algunos gobiernos y el
Congreso no ha querido meterle el hombro, y como el proyecto de ley debe
ser consultado previamente con las comunidades, pues se cae en un
círculo vicioso de entorpecimiento porque éstas no están interesadas en
que esto se regule”.
Fallos de tutela
Por su parte, Juan Carlos Lancheros, especializado en derecho
constitucional y consultor en consulta previa, entre otros temas, dijo
que “la Convención del 169 se incorporó en Colombia desde 1991 a través
de la Ley 21, y esa Ley no ha tenido una revisión integral de
constitucionalidad por parte de la Corte porque en esa época no se
requería”.
Añadió que eso ha generado varias dificultades “porque la Corte
Constitucional por vía de sentencias de tutela ha terminado
desarrollando el derecho a la consulta previa caso a caso y sector por
sector. Entonces, no siempre hay una lectura integral de la consulta
previa en los sectores por tipos de población. No es lo mismo la
consulta previa para indígenas que la consulta previa para afros,
población afrocolombiana o para Rom, para población raizal”.
Explicó Lancheros que por esta
situación hay un desarrollo fragmentado y parcial de la consulta previa.
“Eso evidentemente como está contenido en sentencias de la Corte
Constitucional y en muchas de esas sentencias se desarrolla doctrina que
puede ser a través de tutelas de salas de revisión, no siempre ni en
todas las ocasiones tiene todo el consenso de la Corte Constitucional y
en muchas ocasiones por ser sentencias supremamente largas reciben
interpretaciones muy variadas”, no solamente por los magistrados sino
por quienes tienen que aplicarlas, dijo.
El experto señaló que la consulta previa requiere una ley estatutaria
para desarrollarla porque se refiere a un derecho fundamental de las
comunidades étnicas, “y para que pueda expedirse esa ley se requiere a
su vez una consulta previa. Entonces, eso ha obstaculizado el trámite de
los múltiples proyectos que se han presentado por parte del gobierno y
de congresistas”.
Campaña de
vacunación contra fiebre amarilla costaría entre $600.000 millones y $1
billón
Un costo de entre $600.000 millones y
$1 billón tendría la campaña de vacunación para combatir el brote de
fiebre amarilla en al menos 10 departamentos, y que ya ha cobrado la
vida de 34 personas. Parte de esos recursos el Gobierno los sacaría de
recursos que están en fideicomisos en los bancos soportando contratos de
vías concesionadas 4G. Así lo anunció el presidente Petro en una
alocución en la Casa de Nariño.
El jefe de Estado dijo que plata no hay en caja porque el presupuesto de
2025 está desfinanciado, “y esta es una emergencia y es de vida o
muerte, y necesitamos hasta ahora un cálculo inicial $600.000 millones,
que puede elevarse dependiendo de la velocidad de la enfermedad a $1
billón”.
Se preguntó Petro, “¿y entonces de dónde va a salir la plata? Lo voy a
decir bien claro: de las concesiones 4G y 5G de Colombia que se han
dedicado a guardar la plata es en los bancos en fideicomiso porque no
están cumpliendo los contratos de construcción de las carreteras”.
Explicó que le pidió a la ANI y al Ministerio de Hacienda que visiten de
inmediato las vías 4G y 5G concesionadas “para determinar el grado de
incumplimiento, y por tanto la estafa hecha a la nación con ayuda de
funcionarios públicos llenando las arcas de los bancos”.
Añadió que son cerca de $8 billones que están en los bancos para
soportar contratos de concesión de vías 4G y 5G, “dineros que,
necesitándolos el Gobierno, siendo del Gobierno han terminado guardados
por contrato en fideicomisos de estos bancos”.
Advirtió el presidente que si los recursos que asuma el Gobierno por
incumplimientos de los concesionarios de vías 4G y 5G no son suficientes
para financiar cerca de $1 billón que costaría la campaña de vacunación
por el brote de fiebre amarilla, “vamos a la emergencia económica”.
Enfatizó el jefe de Estado que “con los mecanismos extraordinarios
buscaremos financiar lo más pronto posible la totalidad del programa
para que Colombia pueda salir airosa de un virus que indudablemente es
mortal”.
Declaran emergencia sanitaria
Materializando el anuncio que hizo en días pasados el presidente Petro,
el ministro de
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Salud, Guillermo Jaramillo, declaró
oficialmente la emergencia sanitaria por la fiebre amarilla en todo el
territorio nacional, ante la circulación activa del virus en varias
regiones y el riesgo de expansión hacia zonas urbanas.
La medida contempla vacunar a la
población desde nueve meses hasta 59 años, con mayor énfasis en las
zonas en que circula el mosquito que transmite la enfermedad. Por el
calentamiento climático las autoridades sanitarias del país han
encontrado que el zancudo ya puede vivir en zonas altas, al menos hasta
los 2.100 metros sobre el nivel del mar, como se ha visto por algunos
casos de personas que fueron afectadas en el Eje Cafetero.
Hasta este momento han sido inmunizadas, en los 32 departamentos y
contando hasta el 20 de abril, sábado, domingo santo, 542.363 personas,
la mayoría en el Tolima y en las zonas que hemos detectado están
vulnerables y expuestas.
El Ministerio de Salud informó también
que han sido distribuidas, hasta este momento, 3.710.510 vacunas en los
32 departamentos.
Igualmente, el presidente recomendó a los colombianos que van a viajar a
zonas de riesgo aplicarse la vacuna con tiempo, “en la medida en que con
aplicar la vacuna de inmediato no estamos a salvo, hay que esperar 10
días, por tanto, todo viajero que necesite ir a estas zonas debe saber
esta información, debe esperar 10 días después de la vacuna”.
A su turno, el alcalde de la capital de la República, Carlos Galán,
confirmó que “dos personas fallecieron en Bogotá por fiebre amarilla.
Repito, son personas que llegaron a Bogotá, no se contagiaron en Bogotá,
sino que llegaron ya contagiadas”.
Sindicatos proponen
hoja de ruta para una transición energética justa
El 1° de mayo, Día Internacional del
Trabajo, algunos líderes sindicales vinculados a organizaciones de
trabajadores del sector energético del país alzarán su voz para exigir
una transición energética que no solo sea sostenible, sino también justa
y participativa. Frente a la urgencia climática y los desafíos
económicos, las organizaciones de trabajadores reafirman su compromiso
con la construcción de un futuro donde el empleo digno y la
sostenibilidad ambiental vayan de la mano.
Colombia avanza hacia la transición
energética, un paso necesario para enfrentar la crisis climática global.
Sin embargo, este cambio no puede ser únicamente tecnológico: para ser
verdaderamente transformador debe priorizar la protección de los
derechos laborales y garantizar oportunidades tangibles para las y los
trabajadores de sectores como el carbón, el petróleo y, en general, de
la energía convencional.
Desde los sectores de la generación
eléctrica, el petróleo y el carbón, líderes sindicales como Rafael
Betancourt (SINTRAELECOL) advierten que aunque existen enormes
oportunidades de reconversión laboral con la transición energética,
también persisten graves riesgos de pérdida de empleos, cierres de
empresas y desigualdad social si no se establecen políticas claras y
participativas: “Vemos oportunidades de recambio y reivindicación
laboral, pero la falta de una hoja de ruta clara puede generar
incertidumbre y profundizar la precariedad en sectores ya vulnerables”,
explica Betancourt.
Los retos son grandes. Según estos actores, se estima que cerca de
40.000 empleos directos podrían perderse en los próximos años en los
sectores tradicionales, mientras que la transición podría generar unos
120.000 nuevos puestos de trabajo en áreas como la energía solar, eólica
y geotérmica. No obstante, la falta de programas de formación para el
trabajo técnico en energía renovable y el riesgo de dejar atrás a las
comunidades rurales más vulnerables son preocupaciones reales que los
sindicatos llevan años denunciando.
Desde Sintraelecol (Sindicato de los trabajadores de la energía de
Colombia) y Sintracarbón (Sindicato de los trabajadores de la industria
del carbón), los sindicatos trabajan para impulsar acuerdos sectoriales
que garanticen derechos laborales, salarios dignos y formación técnica
ambiental continua. Iniciativas como la creación del Centro de
Innovación e Investigación para el Desarrollo Justo del Sector Minero
Energético de Colombia (CIPAME), o el Diplomado para la Transición
Energética Justa junto a la Universidad Industrial de Santander (UIS)
son ejemplo del compromiso sindical.
Por otro lado, Coomustier, una cooperativa líder en transición
energética y reconversión laboral en Colombia, percibe la transición
energética como una oportunidad crucial para reconvertir las capacidades
laborales y avanzar hacia modelos de empleo sostenible, pero también
como un proceso lleno de riesgos si no se establecen políticas públicas
claras. La falta de programas de formación, la ausencia de garantías
laborales en cierres de proyectos minero-energéticos y el riesgo de
profundizar la desigualdad social son preocupaciones urgentes.
Propuestas Concretas
Diferentes líderes sindicales y organizaciones de trabajadores se han
planteado propuestas que incluyen:
- Mesas de diálogo tripartitas entre gobierno, empresas y trabajadores.
- Programas de capacitación técnica en energías renovables,
infraestructura verde y servicios ecosistémicos.
- Fondos específicos para financiar la reconversión laboral y el
emprendimiento local.
- Asegurar la participación de comunidades y organizaciones sociales en
el diseño de políticas públicas.
Acompañando este proceso, el proyecto Renova-Acción, impulsado por
Movilizatorio, coopera con sindicatos y comunidades en la construcción
de nuevas narrativas para facilitar espacios de diálogo que respalden la
transición justa y responsable. Renova-Acción está abriendo
oportunidades para que los trabajadores compartan sus preocupaciones y
diseñen propuestas concretas, al demostrar que los sindicatos no solo
quieren ser parte del tránsito a la sostenibilidad, sino liderarlo.
En el Día del Trabajo, los trabajadores citados envían un mensaje claro:
es posible y necesario construir un modelo de transición energética que
no sacrifique derechos laborales, sino que los fortalezca, demostrando
que lo ambiental y la dignidad laboral pueden ir de la mano.
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