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Consejo de Estado niega
demanda para tumbar la elección de la fiscal Camargo

El Consejo de Estado negó una solicitud de seis
ciudadanos que demandaron solicitando la nulidad del acto de elección de
la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.
En la decisión estuvo como magistrada ponente, Gloria María Gómez
Montoya. Tras la decisión, el tribunal ordenó sentencia anticipada en el
proceso de nulidad contra la fiscal Camargo.
Además, rechazó una petición de la Presidencia de la
República que buscaba dejar sin efectos dicha demanda donde pedía al
Consejo de Estado declarar ineptitud de las demandas contra la fiscal,
con el argumento de que no se habían individualizado debidamente los
actos administrativos de la elección y la formulación de los cargos
contra la elección de la Fiscal Luz Adriana Camargo.
Al rechazo de la petición de la Presidencia, el Consejo de Estado
declaró que la misma no pudo probar la “excepción de ineptitud de la
demanda”. Es decir, el recurso que formuló para declarar ineptitud
porque la ley no le impone al presidente reglas para seleccionar
candidatos de la terna de fiscal general.
Estas demandas fueron impuestas por los ciudadanos, Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe, Harold Eduardo Sua Montaña, Jhon William García Castro,
Stefany Feney Gallo Herrera, Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y Juan
Manuel Retis, "en ejercicio del medio de control consagrado en el
artículo 139 de la ley 1437 del 2001".
La sentencia anticipada dictada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, es decir, (antes de que se hayan agotado todas las etapas del
proceso judicial, cuando se considera que no hay pruebas por practicar o
que el debate probatorio no es necesario para llegar a una decisión), de
manera que, según el tribunal las demandas seguirán en curso,
sosteniendo que las pretensiones de y los actos administrativos atacados
están claros.
En uno de los apartados de la sentencia se puntualiza: "Declarar no
probada la excepción de ineptitud de la demanda, invocada por la
presidencia de la República, por las razones expresadas en la parte
considerativa de esta providencia".
Queda libre policía
señalado en la red de contrabando ‘Papá Pitufo’

El juzgado 65 penal municipal de Control de Garantías dejó en libertad
al intendente de la Policía José Helí Alzate Moncayo quien hace parte de
los capturados en mayo de
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2024 por supuestos vínculos con la red
del contrabando de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.
La decisión fue adoptada por parte del juez Iván Darío
Valderrama Romero al considerar que se vencieron los términos en el
proceso para la respectiva presentación del escrito de acusación por
parte de la Fiscalía General.
El uniformado tenía medida de aseguramiento de detención domiciliaria,
tras otra decisión adoptada por el Juzgado 62 Penal Municipal de Control
de Garantías de Bogotá, como supuesto autor de los delitos de concierto
para delinquir agravado en concurso heterogéneo con cohecho por dar u
ofrecer.
De acuerdo con las investigaciones este uniformado en
sindicado de mover, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP),
grandes sumas de dinero destinadas al pago de sobornos a funcionarios
públicos con el fin de que omitieran los respectivos controles en las
aduanas del país.
Esta decisión se produce poco después de que una juez de control de
garantías de Bogotá determinó no prorrogar la medida de aseguramiento
privativa de la libertad proferida contra Alzate Moncayó y Ricardo
Orozco Baeza, alias El Bendecido, este último quien aparece en los
organigramas de la Fiscalía como la segunda cabeza en la red de
contrabando que durante varios años lideró Diego Marín Buitrago, alias
Papá Pitufo.
Alias el Bendecido fue capturado por parte de las autoridades el 14 de
marzo del año pasado y se le considera una pieza clave en esta
estructura criminal de la cual su máximo jefe es alias Papá Pitufo,
quien sigue detenido en Portugal a la espera de que se defina su
solicitud de asilo al gobierno de ese país y su eventual extradición a
Colombia.
Trasladan a Jaime Saade
a La Tramacúa tras escándalo por fallas en su custodia

En medio de un creciente malestar por lo que se considera
un trato privilegiado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC) trasladó a Jaime Saade, condenado por el asesinato de Nancy
Mestre en 1994, a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en
Valledupar. La decisión se tomó luego de que el recluso ingresara sin la
debida custodia a una cita médica en Barranquilla, lo que puso en
entredicho los protocolos de seguridad del penal El Bosque.
El hecho ocurrió cuando Saade fue llevado a una consulta en el norte de
la ciudad y, según trascendió, ingresó al consultorio sin vigilancia
pese a varios llamados del personal médico. La falta de control encendió
las alarmas y motivó el inmediato traslado del interno a un centro de
reclusión más estricto.
“Nos sorprende el traslado, pero confiamos en que se garantice el debido
proceso y que se mantenga el enfoque en su resocialización”, señaló Raúl
Romero, abogado de la familia Mestre, aunque dejó ver su preocupación
por el manejo que se le ha dado al caso.
La historia de Jaime Saade ha estado marcada por la indignación pública
desde el 1 de enero de 1994, cuando Nancy Mestre, su novia, fue hallada
con un disparo en la cabeza tras haber pasado la noche con él. El relato
de su padre, Martín Mestre, aún estremece: “Estaba pisando la sangre de
mi
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hija sin saberlo, mientras la madre de
Saade limpiaba la escena del crimen”.
Aunque en un principio se alegó un intento de suicidio,
las inconsistencias en la escena, el rastro de pólvora en la mano
izquierda de Nancy (ella era diestra) y la huida de Saade del país,
llevaron a su condena en 1996. Tras años prófugo en Brasil bajo
identidad falsa, fue capturado en 2023 y extraditado a Colombia en abril
de 2024.
Hoy, Saade enfrenta su condena en un entorno carcelario más severo,
mientras la familia de Nancy Mestre continúa buscando justicia plena,
casi 30 años después del crimen que marcó a una generación.
Fiscalía imputará a
María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla

La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia radicó una solicitud para la programación de la audiencia de
imputación de cargos en contra de María Alejandra Benavides, exasesora
del exminsitro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y salpicada en el escándalo
de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD).
La exfuncionaria es señalada por la Fiscalía por su presunta
participación en el delito de tráfico de influencias de servidor
público. Su nombre ganó importancia en el expediente del caso de la
UNGRD, luego de que Benavides mencionara que el exministro Bonilla, con
quien trabajaba, tendría conocimiento de los hechos de corrupción y
desviación de contratos y recursos al interior de la entidad encargada
de la atención de desastres en el país.
En septiembre de 2024, la casa de Benavides fue allanada por las
autoridades, que buscaban información sobre su posible relación con el
entramado de corrupción. La diligencia le produjo tal impacto
psicológico, que tuvo que internarse en la clínica Monserrat, de Bogotá.
Fue allí donde decidió hablar ante la Fiscalía y entregar la información
que conocía sobre la feria de contratos que se habría orquestado en la
UNGRD.
“Él me usó, él usó el hecho de ser ministro de Hacienda, que a él no le
importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá
adentro”, le dijo en su momento Benavides a la fiscal María Cristina
Patiño. Según su declaración, Bonilla la habría utilizado como
intermediaria para lograr que las comisiones económicas en el Congreso
apoyaran conceptos de crédito presentados por el Gobierno.
Su declaración también salpicó al exministro del Interior, Luis Fernando
Velasco, y al asesor de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo. Además de un
puñado de congresistas que, para la fecha de los hechos, hacían parte de
las comisiones de crédito. Según sus declaraciones, en diciembre de 2023
se habría desplegado una operación de compra de congresistas con la
venia del exministro Bonilla.
La razón: el Gobierno necesitaba destrabar varios de sus proyectos en el
Congreso; entre ellos, la aprobación de grandes créditos con bancos
internacionales, por lo que Bonilla habría puesto el ojo en los
intereses de quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de
Crédito Público. El pago por destrabar los conceptos económicos del
Gobierno se habría resumido en tres proyectos viabilizados por $92.000
millones en los departamentos de Arauca, Córdoba y Bolívar.
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