Bogotá, Colombia -Edición: 789

 Fecha: Viernes 25-04-2025

 

 

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JUDICIAL

 

 

 

Consejo de Estado niega demanda para tumbar la elección de la fiscal Camargo

 

 

El Consejo de Estado negó una solicitud de seis ciudadanos que demandaron solicitando la nulidad del acto de elección de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

En la decisión estuvo como magistrada ponente, Gloria María Gómez Montoya. Tras la decisión, el tribunal ordenó sentencia anticipada en el proceso de nulidad contra la fiscal Camargo.

 

Además, rechazó una petición de la Presidencia de la República que buscaba dejar sin efectos dicha demanda donde pedía al Consejo de Estado declarar ineptitud de las demandas contra la fiscal, con el argumento de que no se habían individualizado debidamente los actos administrativos de la elección y la formulación de los cargos contra la elección de la Fiscal Luz Adriana Camargo.

Al rechazo de la petición de la Presidencia, el Consejo de Estado declaró que la misma no pudo probar la “excepción de ineptitud de la demanda”. Es decir, el recurso que formuló para declarar ineptitud porque la ley no le impone al presidente reglas para seleccionar candidatos de la terna de fiscal general.

Estas demandas fueron impuestas por los ciudadanos, Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Harold Eduardo Sua Montaña, Jhon William García Castro, Stefany Feney Gallo Herrera, Larzon Steve Cárdenas Delgadillo y Juan Manuel Retis, "en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 139 de la ley 1437 del 2001".

La sentencia anticipada dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado, es decir, (antes de que se hayan agotado todas las etapas del proceso judicial, cuando se considera que no hay pruebas por practicar o que el debate probatorio no es necesario para llegar a una decisión), de manera que, según el tribunal las demandas seguirán en curso, sosteniendo que las pretensiones de y los actos administrativos atacados están claros.

En uno de los apartados de la sentencia se puntualiza: "Declarar no probada la excepción de ineptitud de la demanda, invocada por la presidencia de la República, por las razones expresadas en la parte considerativa de esta providencia".

 

Queda libre policía señalado en la red de contrabando ‘Papá Pitufo’

 


El juzgado 65 penal municipal de Control de Garantías dejó en libertad al intendente de la Policía José Helí Alzate Moncayo quien hace parte de los capturados en mayo de

 

 

 

2024 por supuestos vínculos con la red del contrabando de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

 

La decisión fue adoptada por parte del juez Iván Darío Valderrama Romero al considerar que se vencieron los términos en el proceso para la respectiva presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía General.

El uniformado tenía medida de aseguramiento de detención domiciliaria, tras otra decisión adoptada por el Juzgado 62 Penal Municipal de Control de Garantías de Bogotá, como supuesto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con cohecho por dar u ofrecer.

 

De acuerdo con las investigaciones este uniformado en sindicado de mover, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), grandes sumas de dinero destinadas al pago de sobornos a funcionarios públicos con el fin de que omitieran los respectivos controles en las aduanas del país.

Esta decisión se produce poco después de que una juez de control de garantías de Bogotá determinó no prorrogar la medida de aseguramiento privativa de la libertad proferida contra Alzate Moncayó y Ricardo Orozco Baeza, alias El Bendecido, este último quien aparece en los organigramas de la Fiscalía como la segunda cabeza en la red de contrabando que durante varios años lideró Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

Alias el Bendecido fue capturado por parte de las autoridades el 14 de marzo del año pasado y se le considera una pieza clave en esta estructura criminal de la cual su máximo jefe es alias Papá Pitufo, quien sigue detenido en Portugal a la espera de que se defina su solicitud de asilo al gobierno de ese país y su eventual extradición a Colombia.

 

Trasladan a Jaime Saade a La Tramacúa tras escándalo por fallas en su custodia

 

 

En medio de un creciente malestar por lo que se considera un trato privilegiado, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) trasladó a Jaime Saade, condenado por el asesinato de Nancy Mestre en 1994, a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar. La decisión se tomó luego de que el recluso ingresara sin la debida custodia a una cita médica en Barranquilla, lo que puso en entredicho los protocolos de seguridad del penal El Bosque.

El hecho ocurrió cuando Saade fue llevado a una consulta en el norte de la ciudad y, según trascendió, ingresó al consultorio sin vigilancia pese a varios llamados del personal médico. La falta de control encendió las alarmas y motivó el inmediato traslado del interno a un centro de reclusión más estricto.

“Nos sorprende el traslado, pero confiamos en que se garantice el debido proceso y que se mantenga el enfoque en su resocialización”, señaló Raúl Romero, abogado de la familia Mestre, aunque dejó ver su preocupación por el manejo que se le ha dado al caso.

La historia de Jaime Saade ha estado marcada por la indignación pública desde el 1 de enero de 1994, cuando Nancy Mestre, su novia, fue hallada con un disparo en la cabeza tras haber pasado la noche con él. El relato de su padre, Martín Mestre, aún estremece: “Estaba pisando la sangre de mi
 

 

 

hija sin saberlo, mientras la madre de Saade limpiaba la escena del crimen”.

 

Aunque en un principio se alegó un intento de suicidio, las inconsistencias en la escena, el rastro de pólvora en la mano izquierda de Nancy (ella era diestra) y la huida de Saade del país, llevaron a su condena en 1996. Tras años prófugo en Brasil bajo identidad falsa, fue capturado en 2023 y extraditado a Colombia en abril de 2024.

Hoy, Saade enfrenta su condena en un entorno carcelario más severo, mientras la familia de Nancy Mestre continúa buscando justicia plena, casi 30 años después del crimen que marcó a una generación.

 

Fiscalía imputará a María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla

 

 

La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud para la programación de la audiencia de imputación de cargos en contra de María Alejandra Benavides, exasesora del exminsitro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La exfuncionaria es señalada por la Fiscalía por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias de servidor público. Su nombre ganó importancia en el expediente del caso de la UNGRD, luego de que Benavides mencionara que el exministro Bonilla, con quien trabajaba, tendría conocimiento de los hechos de corrupción y desviación de contratos y recursos al interior de la entidad encargada de la atención de desastres en el país.

En septiembre de 2024, la casa de Benavides fue allanada por las autoridades, que buscaban información sobre su posible relación con el entramado de corrupción. La diligencia le produjo tal impacto psicológico, que tuvo que internarse en la clínica Monserrat, de Bogotá. Fue allí donde decidió hablar ante la Fiscalía y entregar la información que conocía sobre la feria de contratos que se habría orquestado en la UNGRD.

“Él me usó, él usó el hecho de ser ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban allá adentro”, le dijo en su momento Benavides a la fiscal María Cristina Patiño. Según su declaración, Bonilla la habría utilizado como intermediaria para lograr que las comisiones económicas en el Congreso apoyaran conceptos de crédito presentados por el Gobierno.

Su declaración también salpicó al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y al asesor de la Presidencia, Jaime Ramírez Cobo. Además de un puñado de congresistas que, para la fecha de los hechos, hacían parte de las comisiones de crédito. Según sus declaraciones, en diciembre de 2023 se habría desplegado una operación de compra de congresistas con la venia del exministro Bonilla.

La razón: el Gobierno necesitaba destrabar varios de sus proyectos en el Congreso; entre ellos, la aprobación de grandes créditos con bancos internacionales, por lo que Bonilla habría puesto el ojo en los intereses de quienes integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El pago por destrabar los conceptos económicos del Gobierno se habría resumido en tres proyectos viabilizados por $92.000 millones en los departamentos de Arauca, Córdoba y Bolívar.

 

 

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