Bogotá, Colombia -Edición: 791

 Fecha: Miércoles 30-04-2025

 

 

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JUDICIAL

 

 

 

Un suboficial murió en accidente de helicóptero de la Armada Nacional en Bolívar

 

 

Se presentó un accidente aéreo en la población de Malagana (Mahates, Bolívar). Un helicóptero Bell 412EP de la Armada Nacional de Colombia, tripulado por cuatro militares, al perecer sufrió fallas técnicas y se precipitó en un lago.

 

Según se sabe hasta el momento, uno de los tripulantes perdió la vida. Se trata del suboficial segundo Yordy Steven Carvajal Rodríguez. Otros tres militares habrían resultado heridos: dos suboficiales y un oficial. Imágenes de redes sociales muestran cómo personas de la zona acuden a su rescate.

Información preliminar indica que la aeronave había despegado poco tiempo antes del accidente, desde las instalaciones de la Infantería de Marina. Pero su precipitación se dio cuando el helicóptero, al parecer por fallas técnicas en el motor, perdió potencia y se desplomó.

Los militares se dirigían a la región de los Montes de María. Algunas versiones indican que estaban abasteciéndose de agua en el lago en el que ocurrió el accidente, ubicado cerca al Batallón de Infantería de Marina No. 13. Otra información dicen que llevaban víveres para la tropa.

Al cierre de esta edición no se ha hecho un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades.

 

Tras firma de preacuerdo, Sneyder Pinilla fue condenado a 5 años y 8 meses de cárcel

 

Sneyder Pinilla Álvarez, exsubidrector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), deberá pagar una condena de cinco años, ochos meses y un día de prisión. Así lo determinó el Juzgado 10 Penal Especializado de Bogotá, el martes 29 de abril, luego de confirmar la sentencia en virtud del preacuerdo suscrito entre el exfuncionario y la Fiscalía. La pena se da por la participación de Pinilla en los delitos de concierto para delinquir y peculado por apropiación, ambos agravados, por cuenta de la corrupción en la entidad, durante 2023 y 2024.

 

 

El fallo judicial también indica que Pinilla —quien fuera la mano derecha de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, también procesado por delitos de corrupción—, deberá pagar una multa de más de 3.500 salarios mínimos y no podrá ejercer funciones públicas, ni ser inscrito como candidato a cargos de elección popular ni contratar directamente con el Estado durante el mismo tiempo de la pena impuesta.

 

 

 

La jueza Martha Cecilia Artunduaga Guaraca avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el exfuncionario, en la que el ente investigador le otorgó una rebaja del 45 % de la pena debido a su colaboración con la justicia. Pinilla Álvarez no solo confesó su participación en el entramado de corrupción, sino, también, fue testigo en contra de al menos 25 personas investigadas por la corrupción en la Unidad, entre ellas funcionarios de alto nivel del gobierno del presidente Gustavo Petro y congresistas.

Para otorgar ese beneficio, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva el expediente, le expuso a la jueza Artunduaga Guaraca que el exsubidrector de la UNGRD también devolvió un total de $618 millones que se apropió gracias al desfalco de la entidad. Y aunque su defensa solicitó prisión domiciliaria, este beneficio le fue negado por parte del juzgado capitalino.

Ante esa negativa, el ahora condenado exfuncionario solicitó continuar detenido y cumplir la totalidad de su condena en una guarnición militar, debido a temas de seguridad por las amenazas que ha recibido desde que prendió el ventilador a mediados de 2024. La solicitud fue aceptada por el despacho judicial, el cual señaló que podrá seguir privado de la libertad en la misma prisión de alta y media seguridad del Ejército.

 

Diferentes medios de comunicación nacionales conocieron que, durante la negociación entre Pinilla Álvarez y la Fiscalía, la entidad tuvo en cuenta que el exfuncionario fue el primero de todos los vinculados a la investigación en tener intención de revelar los hechos que llevaron a que se destapara la red de corrupción al interior de la entidad encargada de atender desastres, y entregar otros nombres de quienes habrían participado en el desfalco.

 

Exigen a la Comisión de Acusación abrir investigación a Vladimir Fernández por escándalo UNGRD

 

 

Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue radicada una solicitud para que se investigue al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández dentro del caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

 

La denuncia fue presentada por el representante del Centro Democrático Christian Garcés, tras las revelaciones publicadas por medios de comunicación de talla ancional en las que la exconsejera Sandra Ortiz le dice a la Fiscalía que entregó alrededor de 3.000 millones de pesos, procedentes de esa entidad, al entonces presidente del Senado, Iván Name, para acelerar la elección de Fernández.

Según Garcés, “la gravedad de estas declaraciones amerita que se investigue de manera oportuna e imparcial si el magistrado Fernández tuvo conocimiento, participación, beneficio o cualquier grado de vinculación en el entramado de corrupción denunciado, con ocasión de su elección”.
 

De hecho, en los chats que se revelaron entre Ortiz y Fernández, se da cuenta de que la entonces consejera organizó un desayuno en la Presidencia del Congreso

 

 

 

de la República a la que asistió el senador Iván Name, Sandra Ortíz, Vladimir Fernández y Carlos Ramón González.

 

Name admitió que sí sostuvo un encuentro con el candidato a magistrado previo a la elección, pero advierte que también se reunió con los otros dos candidatos de la terna y que jamás lo hizo a cambio de una contraprestación económica de parte del Gobierno.

 

Exministro Velasco y Jaime Ramírez respondieron ante la Corte Suprema por el caso INVÍAS

 

 

Por espacio de más de dos horas rindió declaración en calidad de testigo ante la Corte Suprema de Justicia el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, dentro de la investigación que se sigue por el escándalo de la supuesta asignación de millonarios contratos del INVÍAS.

 

En desarrollo de este caso se indagan millonarios contratos con destinación para diferentes regiones del país, además de convenios en varias zonas, por el presunto direccionamiento de recursos para asegurar votos de parlamentarios en la Comisión de Crédito Público.

En el marco de este proceso están siendo indagados por parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al menos 28 congresistas, por hechos relacionados con un posible tráfico de influencias en la adjudicación de obras viales.

A su salida de la diligencia ante el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema Marco Antonio Rueda Soto el exministro aseguró que contó lo que consta y respondió a las preguntas que se le formularon frente al caso.

“Es la responsabilidad que tiene un ciudadano y fui citado como testigo por el señor magistrado para que le contara a la Corte Suprema, a su sala de instrucción, lo que me consta frente a una investigación que la sala de instrucción está haciendo y eso fue lo que dije. Vine y conté todo lo que me consta. Bueno, frente a este tema del direccionamiento de contratos, este capítulo de INVÍAS”, dijo Velasco.

De igual forma, reapareció en los tribunales, el exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Jaime Ramírez Cobo, quien rindió por cerca de dos horas declaración en calidad de testigo ante la Corte Suprema de Justicia dentro de este mismo capítulo de investigación.

Al termino de la diligencia se negó a dar declaraciones a los medios, tras señalar que se trata de una declaración de carácter reservada por instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Esta investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia se sustenta en la investigación que la Fiscalía compulsó a la Corte tras recibir en marzo pasado el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien aportó información a los investigadores sobre cómo se habría dado el direccionamiento de ‘cupos’ políticos a congresistas a cambio de su respaldo en la Comisión de Crédito Público.

 

 

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