Reservistas israelíes se rebelan contra Netanyahu

El respaldo interno a la guerra en Gaza comienza a resquebrajarse en Israel. Una creciente ola de oposición proviene ahora de quienes han sido pilares del conflicto: los reservistas militares. Miles de ellos, procedentes de distintas ramas de las Fuerzas de Defensa de Israel, están firmando cartas abiertas y uniéndose a protestas para exigir el fin de los combates y priorizar la liberación de los rehenes aún retenidos por Hamás.

A inicios de abril, una primera carta firmada por más de mil miembros de la fuerza aérea marcó el inicio de este movimiento inédito. Desde entonces, el número ha superado las 12.000 firmas, incluyendo soldados de unidades de élite y altos mandos retirados. El mensaje es claro: continuar con la ofensiva no solo es ineficaz, sino que pone en riesgo la vida de los aproximadamente 24 rehenes que aún estarían vivos en Gaza.

Para muchos firmantes, como el exjefe del Mossad, Danny Yatom, la raíz del problema es el propio primer ministro. “Netanyahu no piensa en los rehenes, ni en el país. Piensa en su supervivencia política”, aseguró. Y aunque algunos han sido críticos del mandatario desde antes del 7 de octubre, cuando comenzó esta guerra tras el ataque de Hamás, muchos otros hablan desde el dolor de haber servido con la convicción de estar haciendo lo correcto.

Uno de ellos es “Yoav”, un reservista de infantería que combatió en Gaza y ahora se niega a volver. “Creía que estaba ayudando. Pero esto ya no es una guerra por justicia. Es perder nuestro país”, expresó desde un parque en Jerusalén.

Las consecuencias ya se sienten: el número de reservistas que responden al llamado ha caído drásticamente. Algunos informes indican una asistencia de apenas el 50-60 %, lo cual supone un golpe crítico para unas fuerzas armadas que dependen en gran medida de este contingente.

Pese a la presión, Netanyahu desestima las críticas, calificándolas de “propaganda de anarquistas”. Pero las protestas en Tel Aviv, las encuestas y el descontento en los cuarteles muestran que la fractura social es real. Y mientras los rehenes siguen bajo tierra, el país se pregunta si la lucha es aún por ellos, o por los intereses de un gobierno cada vez más aislado.

Jueza anula orden de captura contra Evo Morales en medio de tensa antesala electoral

A poco más de tres meses de las elecciones presidenciales en Bolivia, la justicia ha dado un inesperado giro en favor de Evo Morales. La jueza departamental Lilian Moreno anuló la orden de captura que pesaba contra el exmandatario, así como todos los actos investigativos relacionados con una antigua denuncia por presunta relación con una menor de edad.

Morales, quien gobernó entre 2006 y 2019, aspira a retornar al poder en los comicios del 17 de agosto, pese a un fallo constitucional que prohíbe la reelección continua o discontinua por más de una vez. Su intento ha sido visto por muchos como una apuesta arriesgada, sobre todo en un país que aún debate las secuelas políticas del convulso 2019, cuando Morales abandonó el poder tras denuncias de fraude electoral y protestas generalizadas.

Desde octubre de 2024, el líder cocalero permanecía refugiado en la región del Chapare, su bastión político, donde fue protegido por simpatizantes que bloquearon los intentos de su detención. La anulación de la orden judicial no solo supone un alivio legal, sino también un impulso simbólico para su regreso a la arena política.

“Después de mucho tiempo siento que llegó la justicia”, escribió Morales en su cuenta de X, celebrando la decisión que le permitirá, en sus palabras, iniciar una caravana hacia La Paz para inscribir oficialmente su candidatura el próximo 16 de mayo.

El caso que originó la orden de captura se remonta a una denuncia de 2015, cuando Morales habría tenido una relación con una adolescente de 15 años, con quien habría tenido una hija un año después. En 2024, la Fiscalía de Tarija reabrió el expediente con una nueva tipificación penal, acusando al expresidente de trata de personas. No obstante, la jueza Moreno acogió los argumentos de la defensa, que calificó la nueva investigación como una reinterpretación ilegal de un caso previamente cerrado.

Para analistas como Carlos Cordero, de la Universidad Católica Boliviana, la decisión judicial no implica una habilitación definitiva para que Morales sea candidato, pero sí representa “un aliento moral” en su carrera por volver al poder.

Mientras el oficialismo guarda silencio, Morales acusa a su exaliado y actual presidente, Luis Arce, de liderar una persecución política con el objetivo de eliminarlo del mapa electoral. La contienda, sin duda, será tan judicial como política.

Trump busca eliminar el TPS para venezolanos y lleva el caso ante la Corte Suprema

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha elevado a la Corte Suprema su intención de terminar con las protecciones migratorias conocidas como TPS (Estatus de Protección Temporal) para más de 300.000 ciudadanos venezolanos que residen en el país. Esta medida, originalmente bloqueada por un tribunal inferior en California, ha generado un nuevo pulso judicial en pleno desarrollo de su segundo mandato.

La controversia comenzó cuando Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional designada por Trump, anunció a inicios de año el fin del TPS para los venezolanos, una figura que les permite residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras su país enfrenta condiciones inseguras o extraordinarias. Grupos de beneficiarios acudieron a la justicia argumentando que la decisión era ilegal por violar los procedimientos administrativos federales, además de estar motivada por prejuicios políticos y raciales.

El tribunal federal en California les dio la razón, frenando la orden de Noem que estaba prevista para entrar en vigor a finales de marzo. Posteriormente, el Noveno Circuito de Apelaciones también rechazó el intento del Gobierno de revocar ese fallo, dejando vigente la protección temporal para los migrantes afectados.

Ahora, Trump recurre al máximo tribunal del país. En su apelación, la administración sostiene que la decisión judicial “interfiere con prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo” y entorpece decisiones de política migratoria que, según el Congreso, deben tomarse con agilidad y discreción.