Piden a la Corte acumular demandas a la reforma pensional

LA PRIMERA demanda que se presentó en agosto del año pasado contra la reforma pensional por la senadora Paloma Valencia, sería también la primera en ser fallada por la Corte Constitucional, pues este proceso que tiene como sustanciador al magistrado Jorge Ibáñez es el más avanzado, quien tiene plazo hasta el 22 de mayo para radicar la ponencia ante la Sala Plena. Teniendo esto en cuenta un ciudadano solicitó acumular en la misma 23 demandas más o, de lo contrario, anunció que presentará una nulidad de lo actuado hasta ahora.

El accionante señala que el artículo 5 del Decreto 2067 de 1991, le ordena a la Corte Constitucional acumular las demandas respecto de las cuales exista una coincidencia total o parcial de las normas acusadas y ajustará equitativamente el reparto de trabajo.

“Como interviniente en el asunto de la referencia, al señor magistrado sustanciador con el respeto debido, nuevamente me permito solicitarle se sirva disponer acumular al expediente D- 015989 las siguientes demandadas y otras que estén en trámite, en el estado en que se encuentren y que cumplan con los supuestos establecidos en el artículo 5 del Decreto 2067 de 1991”, señala el accionante.

Añade que la norma a la que hace referencia impone una obligación a la Corte Constitucional de acumular las demandas respecto de las cuales exista coincidencia total o parcial de las normas acusadas, sin que imponga requisitos, discrecionalidad, condicionamientos o etapa en la que se encuentren los procesos que ordena acumular.

“En el presente caso, en las más de veinte demandas señaladas, existe coincidencia total porque se demanda el texto completo de la ley 2381 de 2024. En algunos casos, respecto de la norma demandada, ley 2381, la Corte Constitucional, acumuló unas demandas, en otros casos no lo hizo, desconociendo que el artículo 5 del Decreto 2067 de 1991, le impone a la Corporación la obligación de acumular las demandas respecto de las cuales exista una coincidencia total o parcial de las normas acusadas”, argumenta el accionante.

Agrega que el propósito de la norma no es otro que buscar la economía procesal, imprimir celeridad en las actuaciones, evitar eventuales decisiones contradictorias, duplicidad de actuaciones y de decisiones, “como viene ocurriendo”, sostiene.

Enfatizó que “someter a la Corte Constitucional a fallar cada una de las veinte demandas, que hasta hoy se han radicado, en expedientes diferentes, donde hay coincidencia total en las normas acusadas, constituye un enorme desgaste para la Rama Judicial, para la Corte Constitucional y pérdida de tiempo para los señores magistrados y señoras magistradas, cuando esas veinte demandas podrían resolverse en una sola sentencia”.

Señala el ciudadano que de no efectuarse la acumulación en los términos del artículo 5 del Decreto 2067 de 1991, se desconoce el debido proceso consagrado constitucionalmente en el artículo 29 de la C.P. y en particular, se vulnera la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

Manifiesta que “adicionalmente se desconoce el principio de igualdad porque unas demandas fueron acumuladas y otras no sin que se conozca el criterio de la Corte Constitucional para efectuar la acumulación o para no realizarla. Simplemente aparece en los procesos acumulados la anotación: ‘la Sala Plena dispuso acumular el presente proceso al radicado…”.

Advierte que el 26 de febrero de 2025 “formulé la misma solicitud al señor magistrado sustanciador de la demanda de la referencia, reiterada el 25 de marzo de 2025, sin que la Corte Constitucional, hasta la fecha, haya adoptado una decisión expresa o explicado objetivamente las razones por las cuales considera procedente la acumulación o no pertinente la acumulación”.

Enfatizó que el reglamento de la Corte Constitucional establece que el presidente debe informar a la Corporación sobre la existencia de los negocios que por sus características requieran acumulaciones o aconsejen ponencia múltiple.

Con base en lo anterior, el accionante solicitó al magistrado Jorge Ibáñez “se sirva ordenar acumular a la demanda de la referencia, los procesos relacionados en este escrito y los que con posterioridad se radiquen”.

Añadió que “en caso de que la Corte Constitucional no acceda o no se pronuncie sobre la solicitud de acumulación que he venido solicitando de tiempo atrás, promuevo la nulidad de la actuación a partir del momento en que la Corporación omitió el cumplimiento de la obligación impuesta de acumular las demandas que cumplen los requisitos del artículo 5 del decreto 2067 de 1991, por desconocer el debido proceso y la observancia de las formas propias de cada juicio”.

Se ha dilatado el fallo

La pensional es la única de las tres grandes reformas sociales que ha logrado sacar hasta el momento el Gobierno, pues la laboral fue hundida en dos oportunidades y la de salud es alta la probabilidad de que se archive en los próximos días en la Comisión Séptima del Senado, en tercer debate.

Tras la aprobación de la pensional en junio del año pasado, se desató una verdadera artillería jurídica en su contra por parte de la oposición y algunos ciudadanos, especialmente porque se habrían producido vicios de trámite en el Congreso. El principal es que no tuvo cuarto debate en la plenaria de la Cámara porque se aprobó una proposición para acoger el texto que venía

Ya con la ponencia lista se abrió la posibilidad de que la Corte tome una decisión sobre la exequibilidad o no de la reforma pensional antes de que entre en vigor el próximo primero de julio. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado al caer en cuenta el Alto Tribunal que cometió un error en el proceso porque olvidó decidir un impedimento que presentó en septiembre pasado la magistrada Diana Fajardo para intervenir en el estudio de esta demanda.

Lo que debió ocurrir es que la Corte antes de darle continuidad al proceso por la demanda de la senadora Valencia, decidiera sobre si aceptaba o no el impedimento de la togada Fajardo, pero se pasó por alto hacerlo. En ese lapso llegó la ponencia que presentó la entonces procuradora Margarita Cabello pidiendo el hundimiento de la reforma.

Como consecuencia, lo actuado en este expediente quedó invalidado y por ello el magistrado Ibáñez tiene que radicar en los próximos días de nuevo la ponencia ante la Sala Plena, y también el ahora procurador Gregorio Eljach se vio en la necesidad de presentar un nuevo concepto del Ministerio Público, en el cual se aparta de su antecesora Cabello porque pidió a la Corte declarar exequible la reforma pensional, pues a su juicio el trámite en el Congreso se cumplió dentro del marco legal.

Por presuntas amenazas, senador Pinto denunciará a Petro ante la CIDH

El senador liberal Miguel Ángel Pinto anunció este jueves que presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de lanzar amenazas de muerte contra los congresistas que no respalden su propuesta de convocar una consulta popular. La advertencia del parlamentario se suma a un creciente clima de tensión institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo.

"Sus irracionales aseveraciones serán denunciadas penalmente ante la Comisión de Acusaciones, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ante la comunidad internacional, así como sus amenazas de muerte, a los congresistas que no voten su consulta. Se pasó de...”, expresó Pinto a través de su cuenta de X, dejando en evidencia su preocupación frente al tono de los recientes discursos del jefe de Estado.

La controversia se desató tras una intervención del presidente Petro en un evento público que se desarrolló en el marco de las manifestaciones del Día del Trabajador, donde, al referirse a la posible negativa del Congreso a aprobar la consulta popular que ha propuesto, pronunció frases que fueron interpretadas por algunos sectores como amenazas.

“Ellos están pensando, ¡uy!, de rabia no les aprobemos la consulta… Si como no…”, dijo el mandatario, al tiempo que levantaba una bandera de color rojo y negro, la cual explicó simboliza “libertad o muerte”. “El pueblo de Colombia la vuelve a levantar para que no nos tomen por pendejos. Ha llegado la hora del pueblo. No hay paso atrás”, añadió.

Para Pinto, estas palabras configuran una presión indebida que pone en riesgo la integridad de los legisladores y vulnera los principios democráticos.

El anuncio de Pinto se da en medio de la discusión sobre los límites del lenguaje presidencial y el respeto a la división de poderes. Mientras desde el Gobierno se defiende el discurso de Petro como una expresión simbólica y política, sectores de oposición insisten en que se trata de una amenaza inaceptable.

Las 8 acciones del actual Gobierno contra los trabajadores, según A. Uribe

El expresidente se manifestó a través de un video en sus redes sociales durante el primero de mayo, Día Internacional del Trabajo y la fecha señalada en el que el presidente Gustavo Petro radicó la consulta popular en el Congreso de la República.

De acuerdo con el exmandatario estas son las ocho acciones del Gobierno contra los trabajadores.

Acción 1: "La inseguridad, el narcotráfico y el discurso oficial agresivo, desmotivan la creación de empleo formal. La informalidad ubicada en 57,8% continúa creciendo. En el último año el número de trabajadores informales creció en 952.209. La informalidad en Colombia es mayor que en

Estas son las 12 preguntas que radicó Petro en el Senado

En el Salón de la Constitución del Congreso de la República el presidente Gustavo Petro radicó las 12 preguntas que hacen parte de la consulta popular.

El secretario del Senado Diego González firmó el documento entregado por el mandatario. Ahora el Senado tendrá un mes para decidir si es viable que los colombianos vayan a las urnas para votar por el rumbo de la iniciativa del Gobierno.

¿Qué pasa si no vota la mayoría exigida o votan de manera negativa? Finaliza el trámite de la iniciativa de consulta popular.

Las preguntas que deben ser discutidas en el Congreso son las siguientes:

1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% por el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por períodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?

7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?

10 ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?