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Denuncian otro caso de
uso de cepo en menores Emberá en Bogotá
La Secretaría Distrital de Integración Social denunció
ante la Fiscalía General de la Nación un nuevo caso de castigo físico
con cepo a cuatro menores de edad pertenecientes a la comunidad Emberá
en el Alojamiento Temporal UPI La Rioja, ubicado en Bogotá.
El hecho fue reportado tras la ausencia de uno de los adolescentes del
Centro Amar, situación que alertó al personal de la entidad. Al indagar
en la UPI La Rioja, se constató que el joven había sido retenido en un
cepo, mecanismo tradicional indígena utilizado como castigo.
Activación inmediata de rutas de protección
Una vez conocidos los hechos, se procedió con la
verificación de identidad de los menores y la activación de las rutas de
prevención de vulneración de derechos. Las acciones incluyeron:
Denuncia ante la Fiscalía, para que se investiguen posibles delitos de
violencia intrafamiliar (Art. 229 C.P.) y/o maltrato mediante
restricción de la libertad física (Art. 230 C.P.).
Reporte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF),
cuya defensora de familia confirmó que los adolescentes habían sido
liberados recientemente del cepo y se encontraban en sus instituciones
educativas.
Articulación con la Secretaría de Salud, el ICBF y la Consejería de Paz,
ya que el castigo fue presuntamente impuesto por el consumo de
sustancias psicoactivas.
Además, se llevó a cabo un abordaje de diálogo intercultural con voceros
de la comunidad para lograr la liberación de los menores.
Rechazo al uso del cepo y llamado al respeto por los derechos de la
niñez
El cepo, que consiste en sujetar a una persona por las extremidades
durante horas o días, representa una grave vulneración de derechos,
contraria al Artículo 44 de la Constitución y a la Ley 2089 de 2021, que
prohíbe todo tipo de castigo físico, tratos crueles, humillantes o
degradantes contra niños, niñas y adolescentes.
La Secretaría de Integración Social rechazó enfáticamente estos hechos y
reiteró que los derechos de los menores están por encima de prácticas
culturales o colectivas de las comunidades étnicas. La entidad exhortó a
la población Emberá de la UPI La Rioja a abstenerse de aplicar la
justicia indígena tradicional en dicho predio, ya que no se cumplen los
requisitos establecidos por la Corte Constitucional para la activación
de dicha jurisdicción, entre ellos el factor territorial, pues se trata
de un bien fiscal del Distrito.
Precedentes del uso del cepo en Bogotá
Este no es el primer caso. En agosto de 2024, se denunció un hecho
similar en el Parque Nacional, donde también se utilizó el cepo contra
menores Emberá. En ese momento, el alcalde Carlos Fernando Galán expresó
su rechazo categórico y recordó que ese lugar no está bajo jurisdicción
indígena.
Además, el mandatario anunció la ampliación de las denuncias por
usurpación de funciones públicas y reiteró el compromiso de su
administración para proteger a la niñez frente a cualquier forma de
violencia.
La Secretaría Distrital de Integración Social manifestó que continuará
denunciando ante las autoridades competentes cualquier hecho que ponga
en riesgo la integridad de niños y adolescentes. También hizo un llamado
a las comunidades indígenas para que reemplacen el castigo por el
diálogo, el afecto y la educación, como pilares fundamentales para una
crianza libre de violencia.
“La garantía de los derechos de la niñez está por encima de cualquier
tradición o costumbre”, reiteró el gobierno distrital, haciendo énfasis
en la necesidad de fortalecer los mecanismos de diálogo intercultural y
asegurar que ninguna práctica cultural vulnere los derechos
fundamentales de los menores.
Reportan ataque con
explosivos contra la Policía en Buenos Aires, Cauca
Un nuevo atentado contra la Policía se registró en el
municipio de Buenos Aires, en el norte de Cauca, en las primeras horas
del día del trabajo. Un artefacto explosivo, presumiblemente una granada
de fragmentación, fue lanzado contra una estación, causando daños
materiales en la sede policial, en la Alcaldía y en tres viviendas
cercanas.
El alcalde de Buenos Aires, Pablo César Peña, confirmó que, pese a la
magnitud del ataque, no se registraron víctimas fatales.
Según informes del Ejército Nacional y la Tercera
División, el atentado ocurrió en la zona central del municipio, conocido
por ser un área de conflicto debido a la presencia de grupos armados al
margen de la ley. Aunque el objetivo principal fue la estación de
Policía, también hubo hostigamiento contra los uniformados presentes en
el lugar.
Afectaciones
El ataque causó daños en tres viviendas cercanas y en la Alcaldía local,
además de los daños materiales en la estación policial. El Departamento
de Policía Cauca destacó que la reacción inmediata del personal policial
permitió repeler el ataque rápidamente, limitando las afectaciones a
daños materiales.
Las autoridades aún no han identificado a los
responsables del atentado, pero se sospecha que pueda tratarse de la
estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, un grupo
armado que delinque en esta zona. Las autoridades del Cauca, la Policía
Nacional y el Ejército han desplegado medidas de seguridad adicionales
como parte de la estrategia para enfrentar el 'plan pistola' contra la
Policía a nivel nacional.
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El Gobierno Local y las fuerzas de
seguridad del municipio convocarán un consejo de seguridad en las
próximas horas para analizar la situación y reforzar las medidas
preventivas.
Alza en homicidios
marca el inicio del año en la capital
El primer trimestre de 2025 se perfila como el más
violento en términos de homicidios desde 2019. A corte del 31 de marzo
se registraron 281 homicidios en Bogotá, lo que representa un aumento
del 18,5% frente al mismo periodo del año anterior.
Lo anterior explicado en la primera edición de este nuevo producto que,
según explicaron, combinará datos, análisis, debates del Concejo de
Bogotá y respuestas de la Administración, así como recomendaciones
técnicas que faciliten la comprensión de los principales desafíos
urbanos y generar puentes entre la ciudadanía, los medios de
comunicación, la academia y los tomadores de decisión.
La primera edición del boletín está dedicada a la seguridad en
Bogotá, y aborda tres temas fundamentales:
- Homicidios, con un análisis del aumento registrado en el primer
trimestre de 2025.
- Denuncia, sus retos y avances en la relación entre ciudadanía e
institucionalidad.
- Violencias basadas en género, con foco en los delitos que afectan
principalmente a las mujeres.
En lo que respecta al aumento de homicidios, se presentó principalmente
durante marzo, un mes atípicamente violento en el que se registraron 106
casos; el mayor número desde 2016 para este mismo mes.
La tendencia genera expectativa
A pesar de un marzo problemático, la tendencia del homicidio de los
últimos 7 meses apunta hacia una reducción. Durante el inicio de 2024 el
homicidio aumentó de manera sostenida, no obstante, en septiembre la
tendencia general se revirtió y desde entonces este delito parece
reducirse. Los próximos meses dirán si marzo fue el reinicio de un
deterioro o una excepción dentro de un panorama favorable.
Asimismo, aunque la dinámica del homicidio no es lineal, para acercarse
a la meta del Plan Distrital de Desarrollo − 8 homicidios por cada
100.000 habitantes (637 homicidios en 2027) − la ciudad debería cerrar
2025 con un máximo de 12,8 por cada 100.000 habitantes (o 1.015 casos).
Esto implica reducir al menos 189 homicidios respecto al 1.204
registrados en 2024, una meta que parece difícil tras el aumento
evidenciado en el primer trimestre.
El rol de las armas de fuego
El aumento de homicidios entre 2023 y 2024 se explica principalmente por
un mayor uso de armas de fuego, mientras que los casos con arma blanca u
objetos contundentes se mantuvieron estables. Esta tendencia continúa en
2025, y se suma a los 6 homicidios con artefactos explosivos en San
Bernardo, una cifra que no se veía desde el primer trimestre de 2019, y
que podría dar indicios del fortalecimiento de estructuras criminales en
la ciudad.
¿Qué dice el Concejo?
Durante el primer trimestre del año, el Concejo de Bogotá abordó la
problemática del homicidio en debates de control político liderados por
las bancadas de Alianza Verde (17 de enero), Centro Democrático (18 de
marzo) y Colombia Justa Libres (26 de marzo). En estos espacios, las y
los concejales alertaron sobre el incremento sostenido de homicidios,
cuestionaron las explicaciones oficiales y pusieron en duda la
viabilidad de alcanzar la meta a una tasa de un solo dígito.
Se puso en entredicho la hipótesis de la Secretaría de Seguridad, que
atribuye gran parte de los homicidios a retaliaciones entre
organizaciones criminales, señalando que esta explicación invisibiliza
otros factores estructurales y dificulta la implementación de acciones
efectivas.
En ese sentido, puntualizaron como propuestas de acción fortalecer los
sistemas de inteligencia para anticipar y desarticular dinámicas
criminales; garantizar la judicialización de los homicidios y reducir la
impunidad; y recuperar entornos escolares como espacios seguros y de
prevención.
¿Qué está haciendo la Administración?
La Secretaría de Seguridad reconoció el aumento de los homicidios,
especialmente del sicariato, como una tendencia en consolidación desde
2016. Sin embargo, destacó una reducción general entre noviembre de 2024
y febrero de 2025, y reportó un aumento en las capturas por homicidio.
La administración trabajó en estos tres frentes principalmente:
- Definición de secuencias de entrada en los territorios más críticos
por parte de SIJIN Y CTI de la Fiscalía para mitigar aumento de ciclos
de violencia, proteger la integridad de funcionarios para que puedan
hacer sus labores de investigación y mejorar los resultados en dicha
materia.
- Oferta distrital intensiva en micro-territorios priorizados.
- Seguimiento individual de CAIs y necesidades de servicio en
territorios priorizados para hacer más eficientes su trabajo de
patrullaje.
Recomendaciones
Bogotá Cómo Vamos insistió en que se debe avanzar en una caracterización
más precisa del homicidio que permita diseñar e implementar medidas
acordes con las particularidades de este delito y sus diferentes
móviles. Esta tarea debe ir acompañada del fortalecimiento del
inventario criminal y de la articulación con actores clave como el
sector privado y la sociedad civil, con el fin de consolidar una
gobernanza más efectiva de la seguridad.
“Dado el creciente uso de armas de fuego como principal medio para
cometer homicidios, se señala la necesidad de fortalecer el control de
armas, evidenciando debilidades tanto a nivel nacional como distrital.
Priorizar el rastreo de rutas de ingreso, así como robustecer los
protocolos y mecanismos de control en coordinación con entidades como
Indumil, son pasos fundamentales para prevenir y contener este delito”,
agregaron.
¿Cómo va la denuncia en Bogotá?
Si bien el panorama de la denuncia ciudadana presenta avances sostenidos
y el porcentaje de personas que deciden denunciar ha venido aumentando
por tercer año consecutivo, los datos revelan profundas
brechas en la confianza
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institucional y en la atención a las víctimas.
Según la más reciente Encuesta de Percepción Ciudadana 2024, el 85% de
las personas que denuncian, no lo hacen por desconfianza en el proceso:
- 54,2% no cree que denunciar genere una solución.
- 31,4% ya lo ha hecho antes y no pasó nada.
Estas cifras reflejan la necesidad urgente de seguir construyendo la
confianza en las instituciones encargadas de garantizar justicia. La
denuncia no debe ser solo un trámite: debe ser el inicio de un proceso
que responda, acompañe y proteja a las víctimas, enfatizó Bogotá Cómo
Vamos.
El hurto, el delito más denunciado
Según el análisis de datos entre enero y marzo de 2025, el hurto común
(que incluye hurtos a personas, residencias, comercios, automotores,
motocicletas y entidades financieras) es el delito más común en la
ciudad. En 2024 se registraron 157.248 casos, mejorando lo proyectado en
la meta del Plan de Desarrollo, que es de 165.050 para 2027.
Este comportamiento, junto con el aumento sostenido de las denuncias,
sugiere que los hurtos podrían estar reduciéndose de forma real y no
solo por subregistro. Además, el primer trimestre de 2025 mantiene esta
tendencia a la baja, alejándose del pico crítico de 2023.
Por otra parte, el pasado 27 de febrero, la bancada de la Unión
Patriótica lideró un debate de control político centrado en el programa
AIDE (Asistencia Integral a la Denuncia). Allí, las y los concejales
señalaron importantes limitaciones estructurales que afectan la eficacia
del proceso:
En 2024, AIDE acompañó 1.217 denuncias: 52% fueron asistencias directas
y 48% fueron orientaciones.
Según los concejales que intervinieron en el debate, el hecho de que la
mayoría de estas atenciones no avance más allá de la radicación ante la
Fiscalía representa una pérdida de recursos y esfuerzos institucionales.
Se criticó que el Distrito no está utilizando herramientas clave como el
sistema de cámaras del C4 para aportar pruebas que fortalezcan los
casos.
Solo existen 5 duplas psico-jurídicas (10 profesionales en total) para
atender casos de violencia contra la mujer y riesgos de feminicidio, lo
que en 2024 permitió 1.574 atenciones.
Según explicó Bogotá Cómo Vamos, el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá
Camina Segura 2024-2027 plantea como eje principal fortalecer la
confianza ciudadana. En este marco, la denuncia de delitos se reconoce
como un indicador clave, por lo que la actual administración ha
continuado los esfuerzos de la Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE),
iniciados en 2023 para acompañar este proceso.
Este es el balance de las acciones de asistencia y orientación
realizadas hasta abril de 2025, en comparación con el mismo periodo de
2024:
En 2025 se realizaron 400 atenciones (380 asistencias directas y 20
orientaciones), lo que representa un aumento frente a las 323 atenciones
de 2024.
También se observa un incremento en las actividades territoriales,
pasando de 81 en abril de 2024 a 93 en abril de 2025.
Violencias basadas en género
Los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar siguen afectando en
mayor proporción a las mujeres en Bogotá. En 2024, el 75% de las
víctimas de delitos sexuales y el 73% de las víctimas de violencia
intrafamiliar fueron mujeres, lo que reafirma la necesidad de políticas
con enfoque de género robustas y eficaces.
Las denuncias por delitos sexuales casi se duplicaron entre 2020 y 2024,
pasando de 5.101 a 9.688 casos. A pesar de lo alarmante que puede
parecer este aumento del 90%, es importante matizar: este fenómeno
podría explicarse también por una mayor conciencia colectiva, cambios
culturales y mejor acceso a rutas de denuncia. Es posible que hoy se
denuncien más hechos que antes no se reconocían como delitos.
Murió subintendente de
la Policía tras atentado en Remedios
En las últimas horas, se confirmó la muerte del
subintendente de la Policía Nacional Robinson de Jesús Acevedo
Castrillón, quien fue víctima de un atentado sicarial en el municipio de
Remedios el pasado 21 de abril.
El uniformado, que había sido herido de gravedad con un disparo en la
cabeza, se encontraba internado en la unidad de cuidados intensivos del
Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, donde finalmente falleció debido
a la gravedad de las heridas.
Durante el ataque, también resultaron heridos una mujer y un menor de
edad, quienes se encontraban en el lugar de los hechos. El atentado se
enmarca dentro del denominado 'plan pistola', una escalada de violencia
presuntamente liderada por el Clan del Golfo en retaliación por los
recientes operativos de la fuerza pública.
La muerte del subintendente Acevedo eleva a ocho los miembros de la
fuerza pública asesinados en Antioquia en menos de dos semanas, y a seis
los policías víctimas de este plan criminal.
El director general de la Policía Nacional, brigadier general William
Fernando Triana, lamentó el fallecimiento del uniformado y expresó su
solidaridad con la familia. “Todo nuestro acompañamiento a su apreciada
familia, con el férreo compromiso institucional de identificar y
capturar a los asesinos y ponerlos a disposición de la justicia”, señaló
el alto oficial, quien además confirmó que un equipo especial de
investigación criminal avanza en el esclarecimiento del hecho.
En memoria de Acevedo y otros uniformados caídos, se rindió un homenaje
en la Gobernación de Antioquia, donde también se denunció el accionar de
estructuras criminales. El general Triana fue enfático: “Unidos
doblegaremos a los criminales”.
Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció
el incremento de la recompensa a 500 millones de pesos por información
que permita la captura de los responsables. Además, identificó a los
presuntos autores materiales del crimen como alias ‘Carrillo’ y ‘Matías’
o ‘Chuzo’, supuestos integrantes de la subestructura Jorge Iván Arboleda
del Clan del Golfo.
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